La respuesta formal
de la ONU está sujeta al tiempo de que disponga para analizar el documento
colombiano el Consejo de Seguridad, actualmente dedicado a la cuestión nuclear
de Corea del Norte, la crisis humanitaria en Siria, o la amenaza que supone el
Estado Islámico; para citar algunos de los asuntos a estudio por el organismo.
El gobierno
colombiano solicitó el pasado martes 19 de enero al Consejo de Seguridad de la
ONU “una misión de verificación de cese del fuego bilateral definitivo y
dejación de armas”, que fue concertado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc), en la mesa de negociaciones para la paz que mantiene en La
Habana desde el 26 de agosto de 2012.
La respuesta formal
de la ONU está sujeta al tiempo de que disponga para analizar el documento
colombiano el Consejo de Seguridad, actualmente dedicado a la cuestión nuclear
de Corea del Norte, la crisis humanitaria en Siria, o la amenaza que supone el
Estado Islámico; para citar algunos de los asuntos a estudio por el organismo.
El miércoles 20
Farhan Haq, portavoz del Secretario General de Naciones Unidas, dijo que la
organización recibió con ”beneplácito la petición de las partes” y agregó que
Ban ki moon “felicitó al Gobierno colombiano y a las Farc por otro avance
significativo hacia la resolución pacífica del conflicto”.
El presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, informó que no habrá cascos azules en Colombia y que los
funcionarios internacionales que lleguen al país para el cumplimiento de la
verificación acordada, no portarán armas.
La misión
internacional permanecerá en territorio colombiano durante 12 meses renovables
según lo requiera el proceso de verificación de cese del fuego bilateral y
definitivo.
Los países a ser
tenidos en cuenta para integrar la misión de la ONU son miembros de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con excepción de los
fronterizos por tierra y mar con Colombia: Brasil, Costa Rica, Ecuador,
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.
La razón de que no
sea la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y sí la Celac, estriba -en
opinión de la canciller colombiana, María Ángela Holguín- en que “Colombia
quiere que la región entera sea partícipe del proceso”, y no solamente los
países sudamericanos nucleados en Unasur.
Un punto central es
la dejación de armas de las Farc, procedimiento que “será [realizado] ante el
componente internacional mediante un protocolo que se negocia en estas horas en
La Habana”, afirmó Holguín, y que garantizará la no reutilización de las armas
por la guerrilla colombiana.
Las Farc no
entregarán su armamento al gobierno colombiano pues no se consideran derrotadas
y para ellas es importante, desde lo simbólico, entregarlas a un tercero y no a
quienes han combatido desde el 23 de setiembre de 1963.
Para las Fuerzas
Armadas de Colombia (FAC), “el proceso de negociación entra en su verdadera
etapa final”, declaró el miércoles 20 el ministro de Defensa colombiano, Luis
Carlos Villegas, [desde que] “los compromisos de la Farc ya no son solamente
con Colombia, sino con la comunidad internacional”.
Es ”el final de la
guerra en Colombia”, vaticinó el principal negociador del gobierno y ex
vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle.
“Bendiciones para
Colombia (…) estamos muy cerca de la paz”, auguró por su parte el comandante y
negociador de las Farc, Luciano Marín Arango, (a) ´Iván Márquez´.
Zonas para
desmovilizados. Otro tema central en la nueva etapa en que ingresó el proceso
de paz -cuya firma final está prevista para el 23 de marzo- es la definición de
las zonas en que serán concentrados los 8.000 u 11.000 guerrilleros- según se
acepte las cifras gubernamentales o de otras fuentes- a ser desmovilizados.
En un momento de la
ardua negociación que lleva este proceso, las Farc aspiraban a ubicarse en
determinados puntos de concentración bajo su control que denominaron “Terrepaz”.
Sépase que en 2001
las Farc mantenían presencia territorial en más de 500 de los 1.101 municipios
colombianos; y en muchos de ellos prevaleciendo su autoridad que revestía “una
forma sui generis de república independiente, ya que la fuerza pública del
Estado no tiene presencia en dichas regiones”, anotaba hace una década y media
el investigador Marino Arroyave López (1963 - 2001).
Pero la posición
actual del gobierno es que sean las fuerzas armadas colombianas y la policía
nacional las que controlen dichos puntos de concentración guerrillera.
Holguín, sobre este
aspecto, dijo que la ubicación geográfica y la cantidad de sitios de
concentración de desmovilizados, se negocia actualmente en la “subcomisión de
fin del conflicto”, que sesiona en Cuba. Agregó que la verificación del cese
del fuego a realizarse en todos los lugares de concentración de desmovilizados,
será “tripartita: gobierno, las Farc y la misión internacional; en cada sitio
estarán los tres verificando”.
Quedó acordado en La
Habana que los aspectos controversiales que puedan surgir en este monitoreo,
siempre serán dirimidos por la misión internacional.
A principios de 2015,
refiriéndose a eventuales penas de prisión para los integrantes de las Farc,
Santos declaro a El País de Madrid que “nadie va a entregar las armas para irse
a morir a una cárcel”.
El 31 de mayo de ese
año, uno de los jefes guerrilleros negociadores en La Habana, Félix Antonio
Muñoz (a) “Pastor Alape”, en entrevista con El Tiempo de Bogotá, no descartó la
posibilidad de pagar penas en sitios especiales de reclusión.
Financiamiento. La
financiación de esta operativa correrá por cuenta de la ONU, básicamente a
partir de los aportes de EEUU y Japón, así como fondos provenientes del estado
colombiano.
El costo total del
postconflicto calculado en 2013, cuando se aprobó la Ley N° 1.448, de Victimas
y Restitución de Tierras, se fijó en no menos de US$ 30 mil millones, de los
cuales la mitad sería destinada a reparaciones económicas. Recuérdese que
Colombia tiene siete millones de víctimas de la cuales la mayoría son
desplazados a consecuencia del conflicto armado.
El conflicto armado
que vive Colombia tiene un impacto negativo directo estimado en 75.000 millones
de dólares anuales, según el experto estadounidense Suart Diamon, en
declaraciones al periódico colombiano Portafolio realizadas en julio de 2015.
La guerra le cuesta a Colombia el equivalente a 4 puntos del PBI colombiano.
Para el economista
colombiano Salomón Kalmanovitz, en condiciones de paz, el país tendría un
crecimiento de 1,5 a 2 puntos adicionales del PBI.
Cuestionadores. El
procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, cuestiona el pedido de
verificación de la administración Santos, y cursó una carta a la Corte Penal
Internacional (CPI), en la que sostiene que el acuerdo de justicia al que
llegaron el gobierno y las Farc, constituye “un pacto de impunidad” que
estimula la repetición de crímenes atroces.
Ya en noviembre de
2013, Ordóñez, basándose en un informe emitido por la CPI, había adelantado sus
críticas al marco jurídico del proceso de paz, por entender que va en contravía
de los tratados internacionales firmados por Colombia sobre la aplicación de
justicia a los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y
genocidios. En esa oportunidad destacó que existen 218 condenas al respecto. A
comienzos de 2015, Ordoñez envió a la CPI un informe sobre desaparición forzada
en el que reseñó hechos presumiblemente imputados a las Farc donde consta la
existencia de 2.760 secuestrados.
También reiteró
cuestionamientos a la justicia transicional acordada en La Habana, la ONG Human
Watch Rigths (HWR) que, desde mayo de 2012, ha señalado que Colombia corre el
riesgo de incurrir en “impunidad generalizada de delitos aberrantes”, cometidos
por los actores del conflicto.
El representante de
la ONU en Bogotá, Fabrizio Hochchild, ha rechazado las medidas de amnistía sea
cual sea el nombre que se les dé: “Amnistía a crímenes de lesa humanidad no
puede ser apoyada por las Naciones Unidas”.
Santos ha destacado
el apoyo dado por la Unión Europea y la OEA y respondió a HRW que “no habrá
impunidad y sí habrá verdad y reparación a la víctimas”, así como también que
“para soldados y policías habrá régimen especial diferenciado, simultáneo,
equilibrado y equitativo”, basado en el Derecho internacional Humanitario, en
respuesta a otra de las inquietudes de HWR y agregó que “hay crímenes tan
graves que ni la ley ni nuestra conciencia nos permiten amnistiarlos. Estos
serán juzgados y sancionados”.
Hugo Machin
hugomachinfajardo@gmail.com
@hmachin
Uruguay
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