A la presidenta Dilma
Rousseff se le observa desconcertada. Su rostro denota sorpresa, anonadamiento;
no de indignación, miedo o cólera ante el mundo que se le vino encima. Comete
errores políticos inaceptables para su alta investidura, incluso para su pasado
combativo, y su experiencia en los anteriores cargos públicos, como Ministra de
Minas y Energía y Jefe de Gabinete presidencial de Lula; que, luego del
Presidente, son los dos cargos más importantes del Poder Ejecutivo en Brasil. Y
justamente uno de esos errores políticos
fue nombrar a su antiguo jefe, investigado por corrupción, en el cargo
que ella misma ocupara en años anteriores: Jefe de Gabinete. Nombramiento que
obviamente fue tan grave como el delito que se imputa a su mentor, por cuanto
fue una vulgar jugada de viveza para evadir o entorpecer la administración de
la justicia, lo cual provocó la esperada reacción de la sociedad, cansada ya de
las trampas y trampitas de sus dirigentes políticos.
Y el otro error,
quizá por eso la cara de desconcierto de ¿por qué a mí?, fue contraatacar
señalando que se le quiere dar un golpe a través de un juicio político, lo cual
repiten Lula, Maduro, Morales, Cristina desde su castillo y, por supuesto,
Ernesto Samper desde su atalaya bien pagada de Unasur.
La realidad es que sí. Se le quiere hacer un
juicio político, figura jurídica prevista en la Constitución de Brasil. Tal
como en el pasado se le hizo a Collor de Melo, a Fernando Lugo en Paraguay, a
Abdalá Bucaram en Ecuador, a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, a Manuel Zelaya
en Honduras y a Otto Pérez Molina en Guatemala; también a Richard Nixon y al
propio Bill Clinton en los Estados Unidos.
A todos ellos, sus
respectivos Congresos y la sociedad les siguió un juicio político.
A esta altura, se impone
precisar que el juicio político o impeachment como se le denomina en el derecho
anglosajón, es para determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus cargos a) por mal desempeño, b) delitos cometidos en
ocasión del ejercicio de sus funciones o delitos comunes.
Mal desempeño, todos
los nombrados anteriormente, quizá con la excepción de Clinton, que el Congreso
conoció su caso no por el affaire con Mónica Lewinski, sino por haberle mentido
a un fiscal federal.
Los antecedentes de
nuestro juicio político hay que buscarlos en
las Leyes de India, y en el impeachment anglosajón, nacido por supuesto
en Inglaterra, en su histórica lucha por controlar el poder del Rey, sus
abusos, valga decir. La Rousseff tiene suerte, porque de estar en el siglo XIV
no solo la encierran en la Torre, sino la decapitan, como acostumbraban hacer
los hijos de Albión, a los hallados culpables.
El juicio político,
es uno de los mecanismos más auténticamente democrático inventado por el
hombre, para controlar los abusos o desaciertos de sus gobernantes que pongan
en peligro la paz social, la moral pública o el orden legal establecido.
Igual pasa con el
maduro de venezuela (esas palabras en minúscula). Grita, clama, se queja,
amenaza que lo quieren sacar. Pues sí, lo queremos sacar por inútil y corrupto,
por violador de los Derechos Humanos, y porque así lo prevé la Constitución de
Venezuela y lo exige la nación.
Juan Jose Monsant
Aristimuño
jjmonsant@gmail.com
@jjmonsant
El Salvador
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