En este artículo, no evaluaremos el Decreto de
Emergencia Económica que solicitó el Presidente de la Republica ante la
Asamblea Nacional (15/01/2016), en razón a lo inocuo de su contenido y por
haberlo negado la AN (22/01/16); siendo que dicho instrumento fue sustentado en la acomodaticia “guerra
económica” así como en estrafalarios argumentos oficialistas (que denotan una
confusión de conceptos) tales como que “la emergencia económica en el país es
consecuencia de la caída en los precios del barril de petróleo” y que “una de
las fallas del Gobierno ha sido que aún no ha podido pasar del modelo rentista
petrolero a un sistema económico socialista productivo que impulse la economía
productiva (sic).
¿Venezuela
presenta en 2016 una crisis financiera o económica? Una anormalidad financiera
ha de entenderse como una situación de sobreendeudamiento, en razón de no poder
cancelar los compromisos habida cuenta que los ingresos son inferiores a los
gastos (déficit fiscal) lo cual induce, por una parte, que se consuman los ahorros
(reservas internacionales) y por otra a solicitar nuevos préstamos cuyo otorgamiento estará supeditado a un
potencial incremento de los ingresos en respuesta a un crecimiento de la
economía real, en simultaneidad con un
ajuste horizontal de los gastos. De no procurar y lograr un auxilio financiero,
se entraría en una crisis estructural tal como la que experimenta el país cuya
esencia se “descubre” la última semana de 2014 cuando el precio promedio de la
cesta petrolera inicia un descenso desde $ 88/b hasta $ 21,6/b (22/01/16),
lapso durante el cual la Nación dejó de
percibir más de $ 102.000 millones; hecho que no impidió la irresponsable
conducta parlamentaria (la saliente) de aprobar un Presupuesto Nacional para
2016 con una insuficiencia que supera los $ 15.000 millones, monto equivalente
a casi la totalidad de nuestras reservas internacionales: $ 15.575 millones
(19/01/16), y en consecuencia muy superior a los $ 1.947 millones de divisas en
efectivo. Tan reprochable desastre financiero, fue mayormente inducido por el
despilfarro gubernamental de unos $ 2
billones hasta perfilar un catastrófico escenario económico, que ahora el
Gobierno con manifiesta agnotología (actos deliberados para sembrar la
confusión y el engaño) y asumiendo que la ignorancia es poder, pretende con palpable obscurantismo (defensa
de ideas irracionales o retrogradas),
desviar la atención de su indefinido modelo de organización
económico-social hacia el reduccionista planteamiento que dicha catástrofe es
solo consecuencia de 14 meses de caída en precios del petróleo, contrastando
con más de 15 años de bonanza fiscal.
Dando por válido que la economía es la ciencia que
estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y
servicios, ha de asumirse entonces que una crisis económica es medularmente una
situación de escasez de productos y servicios, que para el caso venezolano está
inducido por improvisaciones dogmáticas de ideologías descontextualizadas y por
fallas burocráticas relacionadas con la estructuración de los medios y modos de
producción bajo un modelo sin visión de
país.
Venezuela
refleja una clara interconexión entre la crisis económica y la financiera
impulsada, muy especialmente, por la “función legislativa” que en
revolución asumió la presidencia de la
república ante la renuncia de sus competencias por parte de la AN para
transferirlas al Poder Ejecutivo por intermedio de leyes habilitantes. Vale
citar, que la CRBV (1999) establece en su Art. 203 que las leyes habilitantes
son sancionadas a fin de establecer directrices ¡en cualquier materia de
interés nacional! a diferencia de la Constitución de 1961 que solo permitía
poderes especiales en materia económica y financiera (modificación que hoy
genera nostalgia ante su indebida e ineficiente aplicación); siendo que en 37
años de democracia (1961-1998) el Congreso apenas aprobó 6 leyes habilitantes
que dieron origen a 172 Decretos con Rango y Valor de Ley, mientras que en 16
años de “revolución” (1999-2015) la AN aprobó 6 leyes habilitantes que
detonaron en 284 Decretos. De ese total, 215 correspondieron al periodo
constitucional de H. Chávez, (75,7% del
total) bajo la bondad parlamentaria de 4 leyes habilitantes en 54 meses de
ejercicio plenipotenciario (32% de su mandato); siendo la 1ª LH en 1999 por 6 meses,
la 2ª LH en 2000 por 12 meses, la 3ª LH en 2007 por 18 meses y la 4ª LH en 2010
por otros 18 meses (al poco tiempo de instalada la nueva AN y luego de haber
concretado el oficialismo, con repugnantes saltos de “talanquera”,
una mayoría calificada que no logró con votos). En apretada síntesis,
podemos mencionar algunas materias “legisladas” por el Presidente: declararó su
Gobierno como socialista; reformó la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrícola; apuntaló un modo productivo socialista;
instrumentó el “Primer Plan Económico Socialista; declaró de utilidad pública e
interés social los bienes “necesarios para la producción, distribución y
comercialización de alimentos y otros producto regulados; y un largo etcétera.
El actual Presidente, ha contado con 2 leyes
habilitantes que le permitió “legislar” con poderes especiales durante 21 meses
de su mandato de 33 meses (64% de su gestión), aprobando 69 Decretos mediante:
1ª LH en noviembre 2013 por 12 meses ( a 7 meses de iniciado su mandato) con la
finalidad de batallar contra la guerra económica, regular la economía y
combatir la corrupción y la especulación; y la 2ª LH en marzo 2015 por 9 meses
(4 meses después de haber concluido la 1ª LH), con el propósito de garantizar
los derechos de soberanía y protección del pueblo y el orden constitucional
(¿?) Es de resaltar, que la vigencia de la 2ª LH culminó el 31/12/2015 y apenas 15 días
después el Presidente expresó la necesidad de declarar un Estado de Emergencia
Económica a la luz de un Decreto de Emergencia Económica solicitado a la AN, a
efectos de introducir cambios en el rumbo de la economía y generar un
movimiento para proteger al pueblo de la
guerra económica (¡otra vez!) y para seguir consolidando la ofensiva económica
en defensa del pueblo contra los capitalistas usureros (¡otra vez!); todo lo
cual, señaló, requiere de una unión patriótica del pueblo libre y consciente
con el gobierno para adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad de la
economía (¡!) hasta reestablecer satisfactoriamente la normalidad (¿Cuál).
La “revolución” en sus 75 meses con plenos poderes
para “legislar” mediante 6 leyes habilitantes, ha inducido una contracción
económica en los últimos 10 años que propició una pérdida del 25% del PIB. A
tenor de ello, en lugar de un un “Decreto
de Emergencia Económica” lo apremiante y conducente es ¡darle libertad a la
economía actualmente secuestrada! (ver:
http://www.finanzasdigital.com/2015/11/economia-secuestrada)
Jesús Alexis
González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
Miranda - Venezuela
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