Mientras el país se distrae con la discusión del Decreto de emergencia económica
presentado a la Asamblea por Nicolás Maduro, que en el fondo -y por eso no lo
aprobó la Asamblea Nacional- es más de lo mismo, las violaciones de los
derechos humanos se intensifican, se multiplican y se hacen cada mas vez más
odiosas, en medio de la mayor impunidad, incluso, con hechos aberrantes que se
llevan a cabo ante la pasividad deliberada del Defensor del Pueblo, cuyas
patéticas declaraciones públicas sobre los derechos de los ciudadanos dejan
estupefactos a unos y otros.
Las prácticas inhumanas de las que son víctimas los
presos políticos que se consumen hoy en las cárceles del régimen nos horrorizan
a todos, dentro y fuera del país. Ante ello y en medio del desprecio de los
victimarios, la oposición y hoy mayoría democrática ha propuesto, en base a
estudios serios de la sociedad civil, una Ley de Amnistía y Reconciliación
nacional que busca hacer justicia en favor de las víctimas de los abusos de un
régimen definitivamente irrespetuoso del
orden jurídico y no en favor, desde luego, de los despreciables violadores de
los derechos humanos y de los criminales internacionales que cuentan con la
protección del poder y que más adelante, sin duda, tendrán que rendir cuenta
ante la justicia, aquí o allá.
La tortura y los tratos crueles, degradantes o inhumanos son parte de una aberrante política
sistemática del régimen en contra de una parte de la población. Son muchos los
presos políticos que sufren el frio y la oscuridad, el maltrato y las
humillaciones, tratos salvajes impropios de nuestra sociedad. Los atropellos en
contra de la madre del preso político Leopoldo López y de su esposa Lilian
Tintori, entre otros tantos, han sido condenados por todos en el país y en el mundo. Ante ello, ninguna reacción
del Estado, apenas una leve “prohibición” de acercamiento de un Coronel Jefe de
la Cárcel política de Ramo Verde a las víctimas, que ahora se siente agraviado
por las denuncias, pero no se busca la verdad, no se lleva a cabo ninguna
investigación, menos se impone una sanción o castigo a los responsables de tal
crimen. Una grave tolerancia que se traduce en complicidad. Se les protege, se
les anima, se les premia por el castigo a las víctimas.
La impunidad es quizás lo más grave en estos momentos
en un país sometido por un grupo de aventureros que insiste en imponerse por
todos los medios. Se violan los derechos humanos, se cometen crímenes
internacionales y los órganos de justicia nacionales no actúan, no hay una
entidad pública que determine los hechos, que solicite una investigación, que
la inicie que la procese. Es la impunidad en su máxima expresión y por eso los
pranes y los delincuentes y asesinos, muchos cerca del poder, lejos de ser
castigados, son favorecidos y premiados.
Craso error pensar que las cosas no han cambiado y
que no seguirán cambiando y que la aplicación de la justicia no llegará para
castigar a todos aquellos que han ordenado, ejecutado, consentido, aupado y
celebrado estos crímenes. Habrá reconciliación y paz, lo que queremos todos,
pero siempre con justicia y para eso muchos dedicamos nuestro tiempo.
Es el momento de rectificaciones, de sustitución de
modelos, pero no solamente en lo económico sino en lo político, en lo social.
El país exige para recuperarse que el gobierno cambie y si no cambia, como
dicen los dirigentes políticos demócratas, habrá que cambiarlo por la vía
democrática, constitucional y pacífica. Se equivocan y tratan de confundir
quienes de uno y otro lado afirman que el problema es simplemente económico, de
precios, de mercado, de abastecimiento y de colas; para lo que se crea un Consejo Nacional de
dudosa composición que juega a la complicidad. No. El problema es político, es
social, es moral y para ello habrá que crear otros Consejos, otras Comisiones
equilibradas y serias, para establecer la verdad, favorecer la justicia y
sancionar a todos los que participaron en el saqueo y en la humillación de los
venezolanos.
Victor Rodriguez
Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@VITOCO98
Caracas - Venezuela
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