El Decreto de Estado de Excepción de Emergencia
Nacional tiene, por lo menos, dos antecedentes, que predicen su total fracaso. Me refiero a los
dos Decretos de Estado de Excepción que el Presidente Maduro dictó para el
Táchira, el 21 y 31 de agosto de 2015, respectivamente, a raíz del cierre de la
frontera. De manera similar a los dos señalados, este decreto nacional adolece
de un vicio de instrumentación en la parte dispositiva del mismo. ¿Por qué?
Porque un Decreto de Estado de Excepción debe especificar claramente en su
texto las medidas restrictivas que, a través de él, se van a instrumentar para
restablecer, en una temporalidad, la normalidad en la emergencia económica. En
los decretos del Táchira se anunciaban que, con ocasión de la restricción del
tránsito de mercancía y bienes, se producirían requisas de equipajes y
vehículos, con el cumplimiento de protocolos, sin señalar cómo se implementaría
esta medida. Igualmente se indicaba que los ministerios competentes
establecerían normas especiales para la disposición, traslado,
comercialización, distribución y almacenamiento, así como la producción de
bienes esenciales, pero sin indicar cuáles eran esas normas y cómo afectaría el
proceso productivo, prohibiéndose determinadas actividades comerciales, sin
fijarse cuáles eran.
En este Decreto de Emergencia Nacional ocurre algo
similar. Se anuncia la implementación de medidas especiales para la reducción
de la evasión fiscal, sin determinar cuáles serán; la dispensa del régimen de
contrataciones públicas, sin indicar en qué sectores; la disposición de
trámites para la importación y
nacionalización de mercancías, sin reseñarse específicamente cuáles trámites;
el requerimiento de las empresas para incentivar sus niveles de producción, sin
establecerse los criterios para ello; la adopción de medidas necesarias para el
acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad,
sin aclararse cómo se hará ello; el señalamiento de que el Presidente podrá
dictar otras medidas de orden económico, sin enumerarse en qué consisten. Esto
viola flagrantemente el Artículo 339 de la CRBV que, en un Decreto de Estado de Excepción de esta
naturaleza, exige ineludiblemente que su propio texto debe regular las medidas
restrictivas como las anunciadas, lo cual acarrea el vicio enunciado.
En el Táchira, con dos decretos de estado de
excepción ya vencidos en sus 120 días, no se ha restablecido ninguna normalidad
económica. Seguimos con la escasez, la inflación galopante en los diez
municipios sujetos a este régimen excepcional, con el bachaqueo, con el
contrabando de gasolina hacia el Norte de Santander, a pesar del cierre de la
frontera y, de paso, con una corrupción originada en los controles fronterizos,
donde es vox populi que para pasar la línea limítrofe, es necesario pagar su
respectiva vacuna de salida o entrada al país. San Cristóbal es una de las
ciudades más costosas para vivir. Un
Decreto de Excepción se caracteriza porque con las medidas en detalle
anunciadas e implementadas, debe restablecer el desenvolvimiento económico en
la zona donde sea aplica. Pero aquí prosigue el hambre, la miseria, el ultraje,
las colas infernales y hasta la exigencia de la cédula como libreta de
racionamiento. Si en el Táchira, en 120 días, vivimos aún en calamidad
económica, a nivel nacional, en 120 días le queda muy grande a este gobierno
inepto recuperar la economía.
Es que hablamos de dos modelos totalmente
contrapuestos. Uno socialista lleno de controles, de actitud irresponsable en
no asumir su fracaso y endilgarle su ineptitud a “acciones de desestabilización
de la economía de sectores nacionales e internacionales”, a una “guerra
económica coordinada por factores internos y externos” y a “estrategias de
desestabilización económica que ha provocado la caída abrupta de los precios
petroleros”, sin olvidar que se han robado y dilapidado, en 17 años, los más
ingentes ingresos de la renta petrolera, sin invertirlos en producción
alternativa. Y otro que representa la propuesta de la nueva Asamblea Nacional
de legislar para incentivar la producción nacional, para rescatar las
industrias y tierras expropiadas e improductivas, el otorgamiento de créditos,
incluso a la economía informal, el cierre del regalo de recursos propios a
otros países, la apertura de las divisas para importar insumos y materia prima
necesaria. Este gobierno y su sistema ya se agotaron y Venezuela no los acepta
ni los quiere.
Isaac Villamizar
isaacvil@yahoo.com
@isaacabogado
Tachira - Venezuela
Prof. de Postgrado de
Derecho Constitucional
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