¿Puede un TSJ coyuntural, no representativo de la voluntad popular y
sumiso a Miraflores, “quebrar” el orden constitucional y violar la voluntad
popular que eligió la AN? ¡Pues no!; eso está sucediendo con las decisiones
recién dictadas; aberrantes e inconstitucionales sentencias aprobadas con la
señal de costumbre por sedicentes “juristas”.
La SC/TSJ “determinó que la AN no está facultada para
revisar o anular las designaciones de magistrados del máximo juzgado del país y
menos cambiar su correlación de fuerzas.” Eso es autodefensa de los magistrados
con una celeridad no propia de la sala, no permitir la revisión de su selección
y designaciones como lo prevé la CRBV.
Se exonera de sus obligaciones ante el país a las
autoridades administrativas, dándole carácter de “legalidad y legitimidad” a la
corrupción, con una difusa y extensa sentencia contraria a los fundamentos del
estado de derecho, anteriormente el diputado cabello había dado una orden al
TSJ al decir: “… los intentos de la oposición para acortar el periodo de Maduro
están condenados al fracaso. No tenemos ninguna duda que de cara a lo que viene
ninguna iniciativa tendrá éxito.”; en
consecuencia estamos ante un golpe de estado judicial contra un poder legítimo
y legal, electo por el voto popular y cuyas competencias son exclusivas y
excluyentes conforme a la Carta Magna,no sometidas a los nefastos caprichos
judiciales.
Nos encontramos, pues, ante la anómala situación
jurídico/política de una reforma constitucional encubierta, ejecutada mediante
un fraude a la ley que quiebra frontalmente la legalidad constitucional,
ignorando, exprofeso, la existencia del orden público constitucional; se ha
derruido la estructura del edificio constitucional, tanto en su parte orgánica
como en la dogmática. Esto es, no sólo se modifican sus bases fundamentales,
sino que también se alteraran los principios, valores y derechos
constitucionales esenciales para la pervivencia del ordenamiento jurídico, la
“puntilla” que faltaba para el quiebre absoluto de la constitucionalidad.
Al pueblo no se le reconoce el derecho a su
autodeterminación frente a la clase política dominante, la más violentamente
destructiva de nuestra historia, la que ha corrompido y arruinado la
institucionalidad, desde la justicia hasta las fuerzas armadas, convirtiéndonos
en un “estado de desecho”.
El orden jurídico constitucional, trastorna al
Presidente y sus carteles en su proyecto absolutista, por ello se pervierte la
división de los poderes. El país reclama ya, una nueva composición política,
honesta y eficiente.
Las instituciones fundamentales deben estar sometidas
al imperio de la ley, sin que puedan
situarse por encima del constitucional. Hay un proceso de envilecimiento
político de la justicia. El país en manos del “Cartel de las Togas”. El tiempo
del madurismo es efímero, pero sus ruinas serán eternas. Pío Gil decía: “Es
necesario que nazca un Dante para que pueda narrar la historia infernal y
lúgubre del acontecer político nacional”.
Fernando Facchin Barreto
ffacchinb@gmail.com
@fernandofacchin
Carabobo - Venezuela
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