Durante los últimos meses el
desabastecimiento se ha convertido en la preocupación número uno de los
venezolanos, superando a la inseguridad. No se debe a que esta última haya
mejorado. Simplemente, el crecimiento del desabastecimiento ha sido explosivo,
originando que 85% de la población evalúe negativamente esta situación. Este
problema ha afectado la popularidad del presidente y del chavismo causando una
caída sustancial en la evaluación de gestión del gobierno y en la disposición
de voto por el chavismo.
Además del impacto económico del
intervencionismo—la inflación más alta del mundo, caída severa del PIB, masiva
pérdida de poder adquisitivo, destrucción de capacidad productiva e inversiones
y un pico histórico de desabastecimiento y escasez—se trata de analizar el
impacto político. El uso de la guerra económica como justificación de la
crisis, no tiene credibilidad en un 76% de la población, según arrojan las
encuestas de opinión.
Ello hizo al gobierno moverse hacia excusas
más tangibles como las acusaciones de contrabando, el paramilitarismo y los
inmigrantes ilegales en la frontera. El impacto de esta estrategia en términos
de popularidad ha sido nulo. El 95% evalúa mal la acción del gobierno frente al
problema. Un 65,4% atribuye la escasez a la falta de acción oficial para
abordar la crisis, mientras que 84% considera que las expropiaciones e
intervenciones de empresas privadas empeoran todo.
Pero el gobierno parece preso de su caída de
popularidad y de los beneficiarios de las distorsiones que se han creado con su
modelo. Se niega a adoptar medidas racionales, concentrándose en más control e
intervención, reforzando la causa de la crisis. Mientras tanto, se dedica a
construir chivos expiatorios para tratar de evadir los costos políticos.
A este último punto perteneces las últimas
declaraciones contra Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. No se trata
de un ataque personal sino de un ataque corporativo, que es sólo la guinda de
múltiples acusaciones sin fundamento contra la empresa y una catajarra de
arbitrariedades que se han cometido en su contra, mientras la empresa se empeña
en mantenerse activa, tratando de garantizar su contribución al abastecimiento
nacional.
Es obvio que la acusación presidencial y su
llamado a investigar a Lorenzo Mendoza, por una conversación ilegalmente
grabada con el profesor de Harvard Ricardo Hausmann, es sólo una excusa para
desviar la atención del problema de fondo: la incapacidad del gobierno para
atender la crisis. Lo dicho en la conversación presentada como “prueba” de un
complot, no es más que el intercambio de opiniones entre un empresario
preocupado por el país y un profesor venezolano de alto nivel internacional,
quienes discuten la necesidad de aplicar cambios profundos al modelo económico
y de buscar apoyo en organismos internacionales para afrontar la espeluznante
situación que se avecina. Proponer soluciones no sólo es un derecho sino
también un deber de quienes tiene la formación y las posibilidades de cooperar.
Que el Dr. Hausmann se reúna con amigos de
organismos internacionales para debatir posibilidades de financiamiento no
significa de ninguna manera hablar “por” el país, pues el FMI nunca lo
consideraría así porque sólo atiende solicitudes de gobiernos, como el mismo
organismo ha manifestado públicamente. No hay en esa conversación telefónica
algún acto ilegal y sólo plantearlo es una acción hostil, innecesaria e
inadecuada, en momentos en que el país necesita más bien integración nacional.
Parece que el presidente cree que este ataque
a Mendoza y a Empresas Polar, puede tener un impacto positivo en su imagen
interna cara a las elecciones, pero el análisis del entorno indica lo
contrario. El presidente ataca al representante de una empresa que tiene cerca
de 90% de evaluación positiva por el bienestar del país. Además, 75% respalda a
Polar cuando indica que hace sus mejores esfuerzos para mantener la producción
en Venezuela, pero la escasez de materia prima los asfixia y sus plantas no son
suficientes para cubrir los huecos dejados por otras empresas, principalmente
aquellas expropiadas por el Estado.
Aparece con claridad lo que busca el
presidente atacando a Empresas Polar, en el medio de la campaña parlamentaria a
la que asiste navegando en una balsa electoral endeble, en el medio de una
tormenta económica. Es una estrategia política. Pero lo que indica la opinión
de los venezolanos es que esa acción sólo traería como consecuencia un mayor
deterioro económico, la pulverización de la confianza de los inversionistas, la
caída de la capacidad productiva, un drama en la distribución y, por cierto, un
empeoramiento de la evaluación de gestión del gobierno y el presidente,
exactamente lo contrario al objetivo que ellos mismos persiguen.
Luis
Vicente Leon
luisvleon@gmail.com
@luisvicenteleon
Venezuela
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