No es nueva la utilización de la violencia política por
parte del régimen chavista – aunque encubierta mediante grupos afectos- en las
numerosas campañas electorales que se han desarrollado durante sus 16 años de
(des) gobierno. Es una vieja y exitosa táctica de amedrentamiento utilizada por
los gobiernos dictatoriales, especialmente por los de vocación comunista. Pero
nunca la violencia había sido tan descarada y agresiva como en la actual
campaña a la elección de una nueva Asamblea Nacional, el próximo 6 de
diciembre.
Desde el pasado 13 de noviembre que se inició la campaña
electoral hasta el momento de escribir estas líneas, la opositora Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) ha denunciado unos ocho casos de ataques violentos en
contra de líderes opositores, resultando el más reciente con la muerte del
secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) en el
estado Guárico de Venezuela, Luis Manuel Rodríguez, quien fue asesinado
mientras se encontraba en una tarima en un acto proselitista junto a Lilian
Tintori, la reconocida esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso
ilegalmente en una cárcel militar desde hace un año.
En este caso, el asesinato se perpetró a balazos desde un
carro y a apenas horas de haber sucedido, la Fiscalía se apresuró a asegurar –
sin investigación mediante- que tan sólo se trataba de un ajuste de cuentas
entre bandas rivales, argumento posteriormente utilizado por el presidente
Nicolás Maduro y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, quienes han negado enfáticamente las acusaciones opositoras.
A este espiral de actos violentos que son difíciles de
probar y por tanto de atribuir legalmente al gobierno de Nicolás Maduro y su
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en virtud de que para evadir la
censura nacional e internacional no son realizados por las fuerzas militares y
policiales del régimen sino por militantes de ese partido y/o por grupos
armados pro oficialistas denominados “Colectivos”, cabe sumar los discursos
cada vez más agresivos de los funcionarios gubernamentales.
El propio Maduro viene amenazando desde mediados de año
-y con mayor énfasis durante las recientes semanas- en lanzarse a la calle
junto al “pueblo” para “defender la revolución” en caso de una victoria de la
oposición en las elecciones parlamentarias. Sin tapujo alguno el jefe del
Estado habla de una guerra civil si el oficialismo pierde poder.
Esta insolente y creciente violencia verbal y física, no
hace sino evidenciar la desesperación gubernamental ante la posibilidad cada
vez más probable de que pierda la mayoría parlamentaria, como indican la
mayoría de las encuestas de opinión pública nacionales. Se trata de un último
intento por producir una abstención popular significativa el día de las
elecciones porque pareciera que el ventajismo, el abuso y demás triquiñuelas
electorales que viene utilizando en los comicios pasados, ya no le son
suficientes para obtener la mayoría de los votos.
Es difícil predecir hasta qué punto esta arremetida
violenta surtirá el esperado efecto de desmovilización de una buena parte del
electorado venezolano, o si más bien será contraproducente y producirá más
hartazgo y activación ciudadana. Pero más allá de que suceda una u otra cosa, y
que gane o pierda el gobierno la mayoría del Parlamento, sí es posible afirmar
desde ya que esta embestida le está causando al régimen mayor descrédito,
desconfianza y presión nacional e internacional en su contra. Así lo evidencia
la respuesta inmediata y dura de algunos actores hemisféricos a la encubierta
violencia política oficialista.
El más reciente comunicado del secretario general de la
OEA, Luis Almagro, es lapidario. Aunque sin decirlo expresamente, el jefe del
aún principal ente regional responsabilizó al gobierno de Maduro de la
violencia al refutarle que el asesinato del dirigente opositor no fue un
episodio aislado –como aseguró un vocero gubernamental- “sino que se da
conjuntamente con otros ataques realizados contra otros dirigentes políticos de
la oposición en una estrategia que procura amedrentar a la oposición”. También
al exigirle “actuar ya” para que las elecciones “no sean un ejercicio de
fuerza, violencia y miedo”; que “haya las garantías más absolutas para todos”;
y a “poner fin a los discursos cargados de amenazas, de pronósticos oscuros y a
desarmar a cualquier grupo civil armado, especialmente aquellos que dependen
del gobierno o del partido de gobierno” .
Y aun cuando el régimen de Maduro haga caso omiso al
descrédito, la desconfianza y la presión nacional e internacional en su contra,
ellas contribuyen a despojarle la pátina democrática que aún le interesa
mantener especialmente cara al exterior, y además le restan en estabilidad y
gobernabilidad política, elementos éstos esenciales para mantenerse en el poder
hasta el final de su mandato.
Maria Teresa Romero
matero1955@hotmail.com
@mt_romero
Caracas – Venezuela
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