“Mientras exista el sector privado, será posible para la política culpar a éste de la inflación, de las tasas de interés o del bajo nivel del salario real. La realidad es que son las decisiones del Estado con respecto a la asignación de recursos, la improductividad de sus gastos y su ignorancia de los costos, las que determinaron la pobreza relativa del país”. Armando Ribas
Son
muchos los motivos que tienen los venezolanos para pronunciarse mañana
en
las urnas electorales en contra de los responsables de los resultados de una
improductiva gestión gubernamental. Pero hay uno que hace dos años,
aproximadamente, se convirtió en el principal, hasta posicionarse a finales del
2015 en un rango sobresaliente e inquietante. Se trata del que tiene que ver
con la posibilidad de adquirir alimentos; de comprar los bienes que se
requieren para un sustento familiar imprescindible e insustituible.
Los
últimos días del pasado mes de noviembre hablaron por sí solos: dijeron eso,
precisamente. Lo ratificaron y, por supuesto, lo identificaron como el gran
problema nacional del presente, que impone una gran solución en los días posteriores
al evento electoral. Pero no como una respuesta para el momento. Sí como la
acción definitiva que haga posible un inmediato alejamiento del riesgo de que
de la necesidad elemental, se llegue a un cuadro de hambruna creciente.
Es
cierto, se trata de una afirmación que luce exagerada y hasta atrevida a simple
vista. No obstante, tan comprometedora es la posibilidad de la aparición de una
realidad de esa naturaleza, que no es posible delinear escenarios de
convivencia durante el 2016, sin que el citado tema no aparezca dominando el
primer punto de las agendas.
Desde
Formato del Futuro, hace ya dos años, hubo un pronunciamiento de alerta al
respecto. Y estaba dirigido a quienes, teniendo a su cargo la responsabilidad
de garantizarle precisamente a los ciudadanos el derecho a alimentarse, es
decir, a los gobernantes, sólo se ocupaban de cuantificar su avance indetenible
en políticas de expropiación de fincas productivas, de industrias, mientras se
perfilaban las decisiones que luego estarían dirigidas a reemplazar al comercio
formal tradicional, con base en la creación de una estructura gubernamental
apoyada en financiamientos internacionales. Por supuesto, lo que se decía
estaba atado a otra verdad cuyo rostro comenzaba a delinearse ante los ojos de
propios y extraños al devenir económico nacional. Se trataba del desplome de los precios de las materias
primas en el mundo industrial, incluyendo el del principal producto de
exportación venezolano, el petróleo.
De
hecho, hoy no son pocos los que recuerdan aquél célebre discurso del hoy
extinto Rafael Caldera, en la ocasión cuando desde el para entonces Congreso
Nacional, y cuando millones de venezolanos no salían de su asombro ante lo que
estaba sucediendo el 4 de febrero de 1992, dijo que no era posible sostener
ninguna Democracia si el pueblo tenía hambre.
En
aquella oportunidad, las miradas se dirigieron a las autoridades en procura de la natural y necesaria reacción
que se convirtiera en acciones, antes de que el palpable problema se profundizara
y generara reacciones sociales inconvenientes. Hoy, definitivamente, pudiera
decirse que lo que está sucediendo es una reedición del capítulo histórico que,
entonces, contribuyó a un cambio
político esperanzador. Sin embargo, no puede olvidarse que para la década de
los noventa, el país disponía de una infraestructura productiva y comercial con
capacidad de adecuarse a los requerimientos del momento, inclusive a pesar de
los tumbos generales que vivió la economía, provocados por la crisis financiera.
Esa
infraestructura productiva no existe actualmente en las condiciones que lo
demanda el comportamiento del consumo nacional. Amén de que ahora está
condicionado por otros dos inconvenientes que hay que atender con prioridad y
velocidad: la indisponibilidad de recursos suficientes para financiar lo que se
deba, ante la urgencia de disponer de insumos, materias primas y repuestos. Y
la obligación de honrar los compromisos internacionales que se adquirieron en
su momento, para, precisamente, mantener activa la producción nacional.
Si
bien es cierto que el proceso electoral ha pasado a convertirse en un poderoso
activador de la esperanza para los consumidores, los trabajadores, los
empresarios y los propios suplidores que, históricamente, han creído en la
importancia de hacer negocios con Venezuela y los importadores venezolanos,
queda ahora pendiente la otra parte. Y lo cual no es otra cosa que reconstruir
la confianza en las innegables potencialidades que distinguen a la economía
nacional, como en la disposición de echar a andar un programa de decisiones que
conviertan esa alternativa en la urgente exposición de decisiones apropiadas
para que eso suceda. Por supuesto, todo eso gira alrededor de una constante: el
respeto a los derechos individuales, en especial del derecho de propiedad.
Aquellos
que creen en que después de un evento electoral como el de mañana no es posible
ni viable comenzar a trabajar denodadamente en respuesta a la importancia de
profundizar las esperanzas, para que la confianza también comience a
recomponerse, pudieran tener razón. Mucha razón. Sin embargo, después de esa
apreciación comprensiblemente justificada, también hay otra razón, muchas
razones, para que no se difieran eternamente las respuestas ante una situación
social que no puede seguirse minimizando, subestimando. Mucho menos
desatendiendo. Porque ni siquiera haciendo colas, es garantía para ningún
venezolano de que sí es posible llevar algo para la casa. Y la inflación, por
otra parte, ya también hizo su trabajo de anular la capacidad de compra de
millones de consumidores, por lo que tampoco es viable creer en que el mercado
negro es la respuesta ideal para la ocasión.
Además,
como también lo ha dicho Formato del Futuro en reiteradas ocasiones, tampoco
las soluciones que se necesitan, es posible construirlas e implementarlas a la
velocidad del viento. Pero hay que procurarlas. Y si es rápido, mucho mejor.
Inclusive, si fueran un producto del diálogo entre los agentes económicos
públicos y privados comprometidos con ellas, no sólo serían las mejores. Serías
las ideales.
Egildo
Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
Miranda
- Venezuela
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