Existen dos eventos históricos que se asemejan en
el tiempo: la masiva votación a favor de Chávez el domingo 6 de diciembre de
1998 y la extraordinaria votación del
pueblo el domingo 6 de diciembre del 2015.
Los dirigentes de la cuarta república en aquel
entonces, nunca hicieron un análisis autocrítico sobre lo que realmente había
acontecido. Igual que hoy, culparon al pueblo, hablaron de resentidos, de
ignorancia, y una sorda diatriba entre intereses de grupo con acusaciones de
financiar la campaña de Chávez, dio origen a la expresión: “60% del pueblo votó
por Chávez y el 40% restante se lo merecía”.
Nadie aceptó que esa masiva votación iba dirigida
contra un modelo económico estatista, corrupto y excluyente, propugnado por los
dos partidos del sistema, cuya diferencia programática era apenas semántica:
socialistas cristianos y socialistas demócratas pero ambos se beneficiaban de
las empresas del estado y favorecían a
sus grupos económicos en detrimento de las grandes mayorías venezolanas.
Si el oficialismo no supo administrar su derrota,
el chavismo no estaba en capacidad de administrar su victoria. Acusaron a
Carlos Andrés de neoliberal por sus esfuerzos de darle por primera vez a
Venezuela, la oportunidad de experimentar un
sistema democrático de libre mercado, en una Venezuela que durante
sesenta años no ha conocido lo que es eso. Con la ayuda de un barril a cien
dólares y la chulería cubana, moldearon el estatismo que ya existía y lo
llevaron al paroxismo frenético de ese raro injerto, denominado socialismo del
siglo XXI. Construyeron un cascarón de
frases pomposas: “Ahora PDVSA es del pueblo”. Se hartaron de frases
grandilocuentes, como corresponde a sus ejecutores militares, que acostumbran
esconder sus complejos detrás del uniforme. Este estatismo militar tenía que
buscar un enemigo (sin enemigos no hay militares) y arremetieron contra los
productores nacionales, el sistema de libre empresa y contra todo empresario
exitoso que produjera una libra de harina pan, una pasta dental o un pote de
aceite. Ellos estaban en guerra contra la producción capitalista.
Como verdaderos Dráculas se abalanzaron contra las
“santamarías” de los pequeños comerciantes y le negaron a todo el mundo las
divisas que ellos guardaban celosamente en los bancos de Andorra y Suiza. El
resultado de ese frenesí irracional, fueron las colas a orilla de los
supermercados, la inflación y la escasez y el surgimiento de un nuevo marchante
al que llamaron “bachaquero”. En este estado de cosas crearon la palabrita
“guerra económica” y arremetieron contra el único cliente que pagaba su factura
petrolera “el imperialismo”, tan denostado y visitado por los amigos chavistas
encantados con Miami.
Maduro finalmente tenía su prospecto de guerra para
salvar la revolución bolivariana continental, del colapso avizorado por las
empresas encuestadoras, miró hacia la frontera de Colombia, hacia Guyana, hacia
Fedecámaras, hacia la Polar y finalmente dijo que en caso extremo defendería su
revolución en un “bunker” cívico militar, donde no volvería a construirle ni
una sola casa a esos infelices desagradecidos. Pero sus bravuconadas no fueron
compartidas por el resto de la tropa, que parece haberle dicho: “por allà
fumea”, “el pueblo votó contra usted, acepte su derrota”.
Así llegamos al segundo evento histórico, LA
DERROTA DEL CARTEL SIGLO XXI, que por coincidencia cayó en la misma fecha.
Abrumadoramente el pueblo del 23 de Enero, Petare y las barriadas pobres, en un
solo abrazo con los “escuálidos” que habían resistido durante 17 años, se
presentaron decididos en los centros de votación y a pesar de los Tupamaros,
las bandas de la Piedrita y los círculos armados, trajeron este nuevo amanecer
donde el clamor principal es que quieren un cambio del perverso modelo
económico que nos atormenta a todos. Hoy como ayer el clamor es el mismo.
La oposición debe facilitar, a través de leyes que
permitan transformar el modelo estatista de desarrollo, por un modelo
sustentable, nacionalista y democrático de libre empresa y libre mercado.
Las empresas básicas en poder del Estado y
manejadas por la nomenclatura corrupta, deben ser nacionalizadas mediante la
venta de acciones a todo el pueblo de Venezuela. Los bancos pueden financiar la
compra para que ningún venezolano se quede sin su pedazo de propiedad. El
dinero obtenido con la venta puede destinarse a reflotar esas empresas o para
programas específicos de beneficio social. Entonces y solo entonces, si sería
cierto que “Petróleos de Venezuela es del pueblo” como dicen los camiones que
transportan gasolina
Hector De Lima
hectordelima@gmail.com
@venecolombo
Miami - Estados
Unidos
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