Venezuela, luego de 46 años de haberse incorporado
como país petrolero en 1913, da inicio en 1959 y por 30 años (1959-1989) a un
programa de industrialización basado en la sustitución de importaciones, que
dio paso en 1990 a un programa de apertura económica e inserción en el comercio
internacional (interrumpido en 1999 con la llegada al poder del “proceso
revolucionario”); siendo que durante ¡86 años! (1913-1999) no se llegó a
perfilar un modelo económico concreto, hecho que ahora se extiende
indefinidamente ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) de 1999, aun cuando impulsó la reconstrucción del Estado, no define de
manera específica la estructura socioeconómica del país (ESE) ni tampoco un
modelo económico determinado, y muy por el contrario es definitivamente opuesta
a la economía dirigida en favor de una economía mixta sustentada en la
interactuación equilibrada entre el Estado y la empresa privada enfatizando en
los principios de democracia, apertura a la iniciativa privada, eficiencia, productividad
y justicia social, al tiempo de otorgarle al legislador la responsabilidad de
concretar la orientación político-económica.
Esto último, muestra de forma contundente la
importancia del mandato popular que recibió la nueva Asamblea Nacional (AN)
superior a la Mayoría Calificada de los 2/3 de sus Miembros---hasta 112
Diputados--- que los partidos de oposición obtuvieron en las elecciones
parlamentarias del 06/12/15 que se instalará el venidero 05/01/2016, en cuanto
a su obligación de ejercer funciones de control político sobre el Gobierno y la
Administración Publica muy especialmente del Poder Ejecutivo en la figura del
Presidente de la Republica (conforme al principio constitucional de la
separación orgánica de poderes) a efectos de hacerle cumplir con sus
atribuciones constitucionales tales como la de dirigir la acción del Gobierno,
administrar la Hacienda Pública Nacional, formular el Plan Nacional de
Desarrollo y dirigir su acción previa aprobación de la AN, definir las
políticas macroeconómicas, regulación del sistema monetario, cambiario,
financiero, del mercado de capitales, la emisión y acuñación de moneda (que en
honor a la verdad viene utilizando para expandir sistemáticamente el gasto
público mediante un déficit fiscal cubierto con dinero inorgánico que se
convierte en motor de la inflación), la regulación de la banca central, etc.;
atribuciones que evidentemente no están siendo cumplidas con la eficiencia
debida al extremo de propiciar una dramática situación de crisis que se
agravará en 2016---y más allá salvo que se instrumente un Plan de Rescate de la
Economía---habida cuenta de la tendencia a la baja del precio del petróleo a
nivel mundial que se mantendrá por unos años adicionales (probablemente hasta
el 2019), que en lo especifico de nuestro país nos coloca en muy sensible
situación ya que será financieramente difícil (¿imposible?) que se pueda
balancear el Presupuesto Nacional 2016 con un precio promedio del crudo
nacional inferior a $125/barril (un 75% por encima del actual que cerró el
viernes 11/12/16 en $31,24/barril), con el añadido que Venezuela ha venido
perdiendo posición como productor mundial de petróleo (y su mercado natural de
ventas que difícilmente recuperará al corto plazo) hasta situarse en 2015 en el
puesto 12 cayendo desde el sitial número 3; todo lo cual hace visible la
pertinente necesidad de inversión privada nacional y extranjera, complementada
con un financiamiento externo.
En síntesis, en la CRBV de 1999, no se incorporaron
dogmatismos ideológicos en lo atinente al papel del Estado y del mercado en el
desenvolvimiento económico, y muy por el contrario subyace la búsqueda del
equilibrio entre ellos dejando establecido la obligante interacción armónica
que ha de existir entre el Estado y la propiedad privada, la libertad de
industria y comercio, la participación de la iniciativa privada en el mercado,
entre otros aspectos; al tiempo de establecer principios liberales no absolutos
(limitados en la propia CRBV) referidos fundamentalmente a la propiedad privada
y a la libertad económica.
La estructura socioeconómica (ESE), que sustenta el
sistema económico---conjunto de relaciones básicas, procedimientos
institucionales y técnicas en pro del bienestar---ha de entenderse como el
marco de relaciones de producción (y modos de producción) que se perfilan a
efectos de generar los bienes y servicios requeridos para impulsar la riqueza
nacional, como fruto de la asignación de los recursos del Estado (ingresos
petroleros para el caso venezolano) entre las distintas actividades productivas
con el fin ulterior de estimular la diversificación del aparato productivo
nacional. En tal escenario, la Economía Social de mercado se fundamenta en la
convicción de que el mercado en combinación con la propiedad privada de los
medios de producción constituye la modalidad más eficiente de coordinación
económica al tiempo de convertirse en una garantía de la libertad política; con
la presencia de un Estado que participa para corregir fallas sin pretender
convertirse en una gigantesca maquinaria estatal de redistribución, dejándole
al mercado el rol de “socializador” de lo producido.
La ESM, se apoya tanto en valores éticos
relacionados con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la
subsidiariedad (tendencia favorable a la participación del Estado en apoyo de
las actividades privadas) en aras de alcanzar un sistema económico al servicio
del hombre; así como en: A.- Un sistema de precios relativos para estimular la
oferta y la demanda; B.- Estabilidad de la moneda; C,-Autonomía del Banco Central;
D,- Libre acceso a los mercados; E.- Libertad para contratar; F.- Propiedad
privada de los medios de producción con función social; G.- Búsqueda libre de
beneficios económicos subordinados a los valores éticos; y H.- Instrumentación
de una política económica que emane de una profunda investigación en materia de
economía política con la finalidad de garantizar el bienestar de todos los
actores sociales.
A manera de reflexión final, acotamos sobre la
urgencia venezolana que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo
inicien sin más dilación un diálogo
abierto sustentado en la comprensión de las diferencias (el 05/01/2016 al
instalarse la nueva AN puede convertirse en una oportunidad cumbre o ¡no!), en
el entendido que le corresponde a la AN establecer las líneas rectoras del
régimen económico desligadas de obsoletos dogmatismos ideológicos, así como
supervisar el cumplimiento de los derechos económicos de los ciudadanos al
igual que delimitar el ámbito de participación del Estado en la vida económica;
mientras que al Poder Ejecutivo por vía del Presidente de la Republica le
corresponde ejercer un eficiente Gobierno. La ESM, con la propiedad privada
como eje del mercado, le abre al país la oportunidad de alcanzar un sistema
económico sólido que responda a un determinado plan con visión de largo plazo;
que en muy corto tiempo pudiera facilitar la reconstrucción económica y social
de Venezuela supeditado a que se tomen con prontitud las medidas que de
perogrullo conocen los expertos gubernamentales, hasta ahora contenidas por la
terquedad ideológica al tiempo de escudarse en una tal “guerra económica”.
Jesús Alexis
González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
Miranda - Venezuela
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