Los venezolanos votaron el 6D por el cambio. No fue
un simple voto castigo como lo muestran interesadamente quienes todavía no se
han percatado del derrumbe del chavismo como forma de gobernar. Fue un
contundente rechazo a un proyecto político, económico y social que sólo ha
generado miseria y descontento. El pueblo dijo no a un sistema totalitario,
corrupto, ineficiente e irrespetuoso de los derechos humanos, pero sobre todo,
rechazó la incitación al odio y a la violencia promovida por una insana
dirigencia y por animadores que en nombre de un proceso disparatado y nefasto
invadieron la televisión pública hasta agotarla y convertirla en un grosero
aparato de propaganda basado en la mentira y la manipulación.
El pueblo se expresó muy claramente y exigió un
cambio de rumbo, pero Maduro en medio de un no muy favorable debate interno, no
lo entiende e insiste en continuar y “radicalizar” el camino hacia la
destrucción. No parecen los derrotados, al menos los grupos más extremistas,
dispuestos a entender que los venezolanos no quieren más violencia, tampoco
odio ni discriminación, más bien paz y tranquilidad para lograr progreso y
bienestar.
El 6D el régimen reconoció los resultados porque
simplemente no podían hacer algo distinto. La derrota fue aplastante, la MUD
tenía controlado el proceso y la observación internacional se mostraba
determinante. Simplemente, no había
ninguna posibilidad de voltear la voluntad popular. El fraude se hizo imposible
y el reconocimiento de los resultados, por lo tanto, lejos de ser un gesto
bondadoso y propio del “mejor sistema electoral del mundo”, resultó simplemente obligatorio.
Si bien el régimen se vio forzado a aceptar los
resultados el 6D, pese a la oposición de algunos dentro de sus filas más
radicales, ahora no parece estar dispuesto a respetarlos. Las declaraciones de
los dirigentes y de los ofuscados animadores de los canales del Estado que
incitan al odio y a la violencia, parecen lamentablemente indicar que el
triunfo electoral no sería respetado y que la nueva Asamblea no podría ejercer
las funciones que la Constitución le otorga como Poder independiente y
autónomo.
Apenas conocidos los resultados electorales, la
mayoría legislativa ha presentado un programa serio y coherente para solventar
la crisis y evitar mayores males en el corto plazo, lo que podría convenir a un
gobierno fracasado y acorralado. La nueva mayoría, con la mayor
responsabilidad, ha anunciado la adopción de instrumentos que buscan reordenar
a un país perdido en baratos discursos revolucionarios. La respuesta, lamentablemente,
producto de la mayor insensatez política, ha sido la descalificación y el
boicot para evitar que se avance en la dirección correcta.
La primera iniciativa anunciada por la nueva
mayoría legislativa ha sido la adopción de un Decreto o una Ley para la
liberación de los presos políticos, lo que responde sin duda a la aspiración
popular expresada el 6D. La reacción de Maduro de “vetar” una ley que permita
la liberación de todos los presos políticos
muestra no solamente el desconocimiento del anhelo popular, sino de la
Constitución y de las Leyes de la Republica que facultan a la Asamblea para
adoptar un Decreto o una Ley sobre la materia. El veto sólo podría proceder si
la Sala competente del TSJ declara su inconstitucionalidad, lo que sólo es
posible cuando trata de crímenes internacionales, de lesa humanidad y de
guerra; o violaciones graves de derechos humanos, lo que no es absolutamente el
caso.
El 6D algunos consideraron que el gobierno no había
violentado las reglas democráticas pese a las enormes y claras irregularidades
que muchos no quisieron ver y que por lo tanto no había razones para
preocuparse por una ruptura del orden constitucional. En consecuencia no había
necesidad, como lo dijo de buena fe el nuevo Presidente argentino Mauricio
Macri, de aplicar cláusulas democráticas para restablecer el orden. Se
aceptaron los resultados, sin duda, pero ello no garantiza que los mismos sean
debidamente respetados y que el gobierno de Maduro permita el funcionamiento
autónomo e independiente de la Asamblea Nacional. La lucha interna, entre
radicales que consideran que un entendimiento con la oposición podría
significar el fin del chavismo y los pragmáticos que no ven otra salida para
enfrentar la grave crisis del país,
determinará la decisión definitiva que adopte Maduro en relación con el respeto
o no de la nueva Asamblea.
En todo caso, estamos ante una realidad muy
peligrosa que desnuda al gobierno de Maduro ante los venezolanos y el mundo. La
comunidad internacional debe estar alerta y velar por que se respeten los
resultados del 6D y el gobierno permita sin trabas ni escapatorias el
funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional representativa de la inmensa
mayoría de los venezolanos. No debe descartarse, en consecuencia, de insistir
el gobierno de Maduro, bajo el impulso de sectores radicales de su movimiento,
en desconocer la voluntad popular, la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana o de cualquier otra Cláusula que obligue al gobierno a
mantenerse en el espacio del respeto y de las libertades.
Victor Rodriguez
Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@VITOCO98
Caracas - Venezuela
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