“Dios no puede aprobar la violencia de sus propios principios, de sus leyes fundamentales; por el contrario, Dios ve con horror el crimen de la usurpación, de la tiranía” Simón Bolívar
El origen del término “gobierno forajido” virtualmente es
de reciente data, y su expresión sin duda alguna llama la atención, pese a que
se viene aplicando en los foros internacionales, y organismos como la ONU,
Comunidad Europea, Organización de los Derechos Humanos y otros. ¿Por qué se
denomina “forajido” a un gobierno?, suele ser la pregunta que a menudo nos
suelen formular
Esta es la historia de su origen. El entonces presidente
ecuatoriano Lucio Gutiérrez, (abril 2005), Coronel del Ejército, fue objeto de
rotundo rechazo porque su programa de gobierno
no satisfacía a sus súbditos, por lo que el pueblo comenzó a protestar,
y la población de Quito tomó las calles para apoyar a los distintos sectores
que exigían su renuncia, y por ende la designación de un nuevo gobierno.
Indignado por los acontecimientos que durante varios días ocurrieron, Gutiérrez
denominó a quienes pedían su salida de la primera magistratura, “La rebelión de
los forajidos” expresión que seguramente utilizó con el fin de
desprestigiarlos, pero que los manifestantes acogieron el apelativo y lograron
voltear su connotación negativa, de tal manera que la rebelión popular que lo
depuso recibió esta misma denominación. Lo sustituyó el economista Alfredo
Palacio, quien desempeñaba el cargo de Vicepresidente.
Las conductas que no se ajustan al libre ejercicio de la
democracia en algunos países, como es el caso de Venezuela, ha obligado que se
les denomine “forajidos”, por cuanto en estos predominan el quebrantamiento de
las leyes como norma cotidiana, el cinismo como política de Estado, la apología
del delito como incentivo para la causa de los pobres, el enriquecimiento
ilícito, la promoción del caos como estrategia disfrazada bajo el nombre de
“guerra económica”, todo con el perverso fin de sostenerse en el poder,
concebido y diseñado en el marco de la criminalidad, narcotráfico, blanqueo de
capitales y corrupción administrativa.
Los movimientos de izquierda de Latinoamérica, algunos de
los cuales se autodenominan socialistas, enfrentan actualmente una difícil
coyuntura, en apenas un par de años. De esta manera en Argentina fue derrotada
Cristina Fernández de Kitchner; en Bolivia Evo Morales vio truncada su
esperanza de perpetuarse en el poder hasta el año 2021; en Brasil, la
presidenta Dilma Rousseff es objeto de serias investigaciones por corrupción,
que según algunos observadores políticos de esa nación carioca, es herencia de
su predecesor Ignacio Lula Da Silva, quien por cierto fue detenido en días
pasados para que compareciera ante un juzgado, por serias evidencias de
ilícitos durante su mandato, y a posteriori con la actual mandataria.
Venezuela enfrenta una crisis política, económica y
social que alcanza niveles alarmantes y despierta preocupación del mundo, por
las severas consecuencias que pudieran sobrevenir. La OEA y la ONU han mostrado
interés, pese a no pronunciarse, por razones que llaman poderosamente la
atención al pueblo venezolano y a la nueva Asamblea Nacional. Esta crisis es
similar a la ocurrida en el pasado siglo cuando el boom petrolero se agotó, lo
cual obligo a poner en marcha políticas de ajuste estructural que no brindaron
resultados satisfactorios, y por el contrario, generaron una inestabilidad
financiera que produjo el aumento del desempleo y la pobreza, y en consecuencia
un malestar general por falta de la
reactivación económica. Hoy, estos mismos elementos, sumados a la corrupción,
inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, deficiencia en los servicios
públicos, expropiaciones, quiebra de empresas y comercios, desempleo,
inflación, especulación, violencia y la ausencia de políticas públicas,
destinadas a procurar la recuperación del aparato productivo, enfila al país a
una enorme convulsión política y social, que ya asoma vestigios preocupantes en
Caracas y algunas ciudades del país, en las que se han producido saqueos de
unidades de transporte de víveres y de supermercados, lo que contextualiza un
movimiento de descontento social y rechazo a la gestión de Maduro, lo cual ha
generado en consecuencia manifestaciones y marchas de protesta.
Según expertos constitucionalistas, es latente el conflicto
de poderes, tras la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, que pone límites a la función contralora de la Asamblea
Nacional, la cual entre otras cosas, frena los llamados a comparecer a
funcionarios del Ejecutivo y la remoción de los magistrados “express”
designados por la anterior AN, al mismo tiempo que fueron exceptuados de rendir
cuentas ante el Parlamento la fiscal general, el contralor general, el defensor
del pueblo, los rectores del CNE y las autoridades de la FANB, sentencia que
por cierto fue desestimada por la Asamblea Nacional en su reunión del pasado
jueves, por considerarla nula de toda nulidad, pues debió estar firmada por 2/3
tercios de los magistrados y solo firmaron 4.
Otro viso que pone en evidencia la institucionalidad
democrática del régimen, es la negativa de aceptar la “Ley de Transparencia”,
aprobada en primera discusión en la AN, que permite divulgar los casos de
corrupción, como el desfalco de más de 20 millardos de dólares asignados fraudulentamente
por Cadivi, y también la caída de las reservas internacionales en 13,5
millardos de dólares, tras el anuncio de la cancelación de un bono global por
1.5 millardos de dólares, que según reconocidos economistas, el estado
venezolano está procediendo a liquidar los activos. También la negativa de
aceptar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada en primera
discusión en la AN, muestra el talante nada democrático que exhibe Maduro.
El pueblo venezolano se pregunta, hasta cuándo la
comunidad internacional se hará de la vista gorda ante tamaña desgracia que
afecta a los venezolanos, pues hasta el momento no se han producido
contundentes acciones que le pongan freno a este “gobierno forajido”, salvo la
solicitud del senado brasileño de la aplicación de la Carta Democrática”, que
deberá ejecutar la OEA. La obsecuencia tiene sus límites, y por eso, compañeros
del fallecido Comandante Supremo, que participaron en el fallido golpe de estado
del 4 de febrero 1992, junto con 42 personalidades piden en carta pública que
suscriben, la renuncia de Nicolás Maduro, por cuanto consideran que la crisis “conlleva una peligrosa
situación política, social, económica, cultural y ética”.
Venezuela es en los actuales momentos una bomba de
tiempo, cuya espoleta solo falta despojarla para que estalle. De allí que sea
se haya convertido en un clamor nacional la salida de Maduro, quien subsiste
políticamente gracias a una bombona de oxígeno dotada por el Tribunal Supremo
de Justica, mientras que la sociedad nacional exige la aplicación de algunas de
las normas previstas en la Constitución Nacional, como son el revocatorio, la
enmienda o la Constituyente, cualquiera de las tres, pero que ponga fin a la desgraciada suerte que durante 17 años ha
tenido que soportar. Con ello se evitará no ocurra una “rebelión de los
forajidos”.
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
*Miembro fundador del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP.122)
Aragua - Venezuela
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