El gobierno de Cambiemos, recién asumido, intenta
desbaratar el desastre económico y el pantano de corrupción que les dejó el
gobierno anterior. Una pesada herencia, que el actual gobierno quiso recibir.
Avanzan a prueba y error, errores que corrigen, si se los hacen ver.
Los frentes abiertos son muchos, pero hay hechos que debe
esclarecer ya, para que dejen de ser un error. Cristina Fernández aprobó un
contrato entre YPF y Chevron (compañía
petrolera estadounidense, de pésima fama ambiental después del desastre que
dejó en Ecuador), el 16/7/2013. Contrato que se desconoce al día de hoy.
YPF le otorgó a Chevron una concesión sobre una determinada
zona en Vaca Muerta, Loma de la Lata, provincia de Neuquén. El contrato
contiene cláusulas secretas, que sólo se pueden admitir en casos de riesgos
para la soberanía o la seguridad nacionales. No es el caso. Chevron se
compromete a invertir US$3.000 millones a lo largo de 35 años y entrar con
US$1.240 millones. ¿Los invirtió? No sabe / no contesta.
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, admite no haber
leído el contrato y los legisladores de Neuquén que lo aprobaron, tampoco lo
leyeron. Poco serio. Porque no importa el gringo que nos compra, es más
importante el criollo que nos vende. El caso llega a la Corte Suprema y ésta
ordena el 1/9/2015 entregar el contrato a la Justicia.
YPF cumple la orden el 23/2/2016 y entrega el contrato en
el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 ante la Dra. Carrió de
Lorenzo. 25 carillas de las cuales 3 están tachadas. La excusa: es por el
posible “daño al secreto industrial”. ¿? Miguel Galuccio, CEO de YPF dice que
la empresa es una Sociedad Anónima privada. Es cierto y que eso lo exime de
explicar.
Lo que parece olvidar Galuccio es que el 51% de las
acciones son del Estado. Cuando YPF es re estatizada, en parte, mediante la ley
enviada por el ejecutivo y aprobada por el congreso, N° 26.741, del 4/5/2012, así
lo establece. Más que estatización es una federalización.
La ley establece que el 49% de las acciones será de las
provincias petroleras, Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, “en proporción a sus niveles de
producción, a sus reservas y deberán votar todas juntas”, una suerte de
sindicación.
Insistimos, el 51% de las acciones de YPF pertenecen a
los argentinos. Es incomprensible que el senador nacional por el PS, Rubén
Giustiniani, pida el contrato en el juzgado y se lo nieguen. El 51% es de los
argentinos, tenemos el derecho de conocer el contrato, debemos conocerlo.
Más lo ocultan, más nos permiten pensar que hubo algo
turbio entre YPF, Chevron y el ex gobierno K. Para aventar sospechas deberían
hacerlo público, ya que de no hacerlo, podríamos sospechar de algún funcionario
actual que pertenezca al área. ¿Quiénes, fuera de los K, tienen interés en que
no se conozcan las cláusulas secretas?
El New York Times en su sección Energy & Environment,
aclara algunas cláusulas secretas, no todas.
Por ejemplo: 1) en caso de litigio se dirime en Francia, ante la Cámara
de Comercio Internacional, CCI. 2) La ley de aplicación es la de New York
(¿otra vez Griesa?). 3) Si Chevron decidiera irse, no sería penalizada de
ninguna manera y seguiría cobrando regalías de los pozos que hubiera puesto en
marcha. 4) YPF debió depositar en un banco de EEUU, como garantía, la suma de
US$ 100 millones.
Y hay más, que no sabemos. ¿Por qué no lo conocemos? Con
el gobierno K se explica, con el de Cambiemos, no. Pero aparentemente de esto
no se habla, de esto no se sabe ni se conoce.
Los secretos que hacen a nuestro patrimonio son inadmisibles. Esperemos
que el gobierno de Cambiemos nos permita conocer todo aquello a lo que tenemos
derecho.
Malu Kikuchi
maluki@fibertel.com.ar
@soymalukikuchi
Argentina
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