La verdad
es que he estado esperanzada en que el gobierno entienda que no todo es blanco
y negro, que hay grises que debe reconocer y respetar, pero la perdí. Porque después de lo que hemos analizado en
artículos anteriores y la aberrante decisión de la Sala Constitucional que
mediante un recurso de interpretación interpuesto por una familia “Flores
Ynserny”, sin representar a nadie, más que a ellos mismos, solicitan la
interpretación y aclaratoria de la función contralora de la Asamblea Nacional.
Explicando que existe una posible intención de obstaculiza las funciones del
ejecutivo, ya que en los oficios dónde la AN exige la competencia de
funcionarios, dice que invitan a hablar
sobre el futuro del país… Decisión que se concreta a: - la división de los
poderes públicos; - control parlamentario; y - comisión para revisar la
designación de los Magistrados del TSJ en diciembre.
El máximo tribunal admite
y sentencia, al mismo tiempo, por el control difuso de la Constitución,
establece que las funciones de control de la Asamblea Nacional son sobre el
gobierno y la administración pública, nada más, y eso en coordinación con el
Vice-Presidente; no puede revisar o anular o de alguna manea dejar sin efecto
las designaciones de los magistrados; y además, como guinda de la torta, desaplica
los artículos 3,11, 21 al 26 de la Ley Sobre Régimen de Comparecencia de
Funcionarios y Funcionarias Públicos y el artículo 113 del reglamento de
Interior y Debate. Una familia y por ¿casualidad? “FLORES”, debemos entender
que el país está en manos de un grupo pernicioso que nos conduce al
despeñadero, y además que no habrá reconciliación, menos rectificación y que
eso de la real política son “puras habladurías pa conversá”, como dice el verso. Lo que viene es un choque
de trenes.
La Asamblea
Nacional tiene sus poderes limitados en la misma constitución, sus facultades
de control es a todos los funcionarios públicos mediante interpelaciones e
investigaciones, inclusive con el auxilio de los Tribunales para la evacuación
de cualquier prueba está establecido en los artículos 222 y 223, pero la
revocatoria del nombramiento de los magistrados se hace mediante una mayoría
calificada, previa audiencia y en caso de faltas graves ya calificadas por el
Poder Ciudadano. Es una falta grave que Calixto Ortega, miembro del PSUV y
Diputado por ese partido, así no lo diga el Poder Ciudadano. Entonces tenemos a
un TSJ que pasa por encima de la AN, que atropella la división de poderes públicos y además
lesiona la voluntad de los venezolanos que votamos para que un Poder Público,
controlara y legislara.
Esto seguirá así: la AN dice “A” el TSJ dice “NO”. Entre
tanto, se agudiza el desabastecimiento de comida y medicinas, los servicios
públicos: hospitales, agua, luz…. Además como no hay respeto por nada ni por
nadie: aumenta la corrupción. No hay quien controle. El Ejecutivo dueño del
país y haciendo lo que les da su gana!!! Bueno pero con todo esto, la gente
dice “no pasa nada”. Lo entiendo porque la sociedad venezolana y los partidos políticos han
escogido la vía pacífica para salir de este desgobierno, por ello implementar
todas las vías para sacarlo es justo y necesario, y nuestra salvación,
parafraseando la oración. Por ello, todos los días en cada esquina, en cada
calle, en cada casa, una palabra: MADURO RENUNCIA. Ojalá el hambre de los
venezolanos soporte hasta que o una de estas vías cristalice, MADURO RENUNCIE,
se vaya o lo vayan.
Carlota Salazar
Calderón
Carlotasc@gmail.com
@calotasalazar
Anzoategui -
Venezuela
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