Como una momia apenas preparada, con la badana
macilenta, empolvada y los párpados obscurecidos por la vigilia de la muerte;
con la cavidad bucal vacía que deja ver el carcamal del maxilar inferior
descosido como un surco de rocas después de un sismo, Juan Manuel Santos, afectado
por la metástasis, apareció la otra
noche desde el fondo de la insania para anunciar que la entrega de cincuenta
millones de seres humanos a las garras y fauces de ciento cincuenta
supermillonarios asesinos, está cerca, en un momento que el peso se hunde en la
mayor devaluación de su historia tras del rublo y el bolívar y las
exportaciones caen tan vertiginosamente como la bolsa.
Horror de horrores, el buey y el asno del pesebre
dejaron de calentar el aturdido cuerpo del niño, y los pastores, los ángeles y
querubines que venían a celebrar el nacimiento del Mesías huyeron confundidos
con el anuncio que una inquisición, fundada por los criminales, empezará a
ordenar las capturas de los acusados, a quienes suspenderán la lengua y la
inconformidad en representación de estos monstruos, nacidos de la derrota de
sus maestros, los Carteles de Cali, Medellin y el Norte del Valle.
Porque de eso se trata. De borrar, con un
antojadizo odio de clase y familia todo el esfuerzo que un titán, bisnieto de
Juan Daza y Gaspar Rodas, disidente de la aristocracia lanuda, entregó a un
cicatero, empujado a la ignominia por otro, que sumido en las incertidumbres de
la vejez, los alcaloides y la lubricidad, desea ver sus pares de clase padecer
las angustias y desgracias de Venezuela y Cuba. Y que ha dilapidado más de DOS
BILLONES de pesos del fisco untando de mermelada, directa o indirectamente, a
los periodistas y opinadores de Caracol, El Tiempo, El Espectador y Semana a
favor de la “paz”, obteniendo un pírrico apoyo para sí mismo del 34% y para su
confirmación en el falso plebiscito de un 13.
Según Human Rights Watch [HRW] el acuerdo del 15 de
diciembre entre los apátridas negociadores del gobierno y las FARC
[representada por asesinos como alias Carlos Antonio Lozada (1960), Gentil
Duarte, Iván Marquez (1955), Jesus Santrich (1967), Joaquín Gómez (1947),
Leonel Paz, Lucas Carvajal, Marcos Calarcá (1957), Matías Aldecoa, Pablo
Catatumbo (1953), Pastor Alape (1959), Rodrigo Granda (1950) y Victoria
Sandino], prevé la creación de una
“Jurisdicción Especial para la Paz”, con un tribunal que “aplicará” un régimen
de sanciones que NO reflejan los estándares aceptados sobre el castigo adecuado
frente a abusos graves y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia
cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de
asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque la
práctica y los estatutos de los tribunales penales internacionales muestran que
este principio exige penas de prisión—privativas de la libertad— para delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El acuerdo estipula
que los responsables que confiesen atrocidades quedarán no solo eximidos de
prisión o cárcel, sino también de cualquier “medida de aseguramiento equivalente”.
En cambio, quedarán sujetos a “sanciones” que tendrán una “función restaurativa
y reparadora”—en lugar de punitiva— y que consistirán en llevar a cabo
“proyectos” para asistir a las víctimas del conflicto. Las únicas
“restricciones de libertades y derechos” que enfrentarán los responsables que
hayan confesado sus crímenes serán las “necesarias para [la] ejecución” de
estas sanciones restaurativas y reparadoras. Los asesinos y secuestradores que
hayan confesado deberán residir en los lugares donde serán ejecutadas las
sanciones, y permite la posibilidad de realizar desplazamientos “que no sean
compatibles con el cumplimiento de la sanción”, de cinco a ocho años e incluso
más breve, solo si han tenido una
“participación determinante” en las “conductas más graves y representativas”.
Sin embargo, el acuerdo no especifica ninguna consecuencia para quienes,
habiendo confesado delitos incumplan las sanciones, lo cual deja abierta la
posibilidad de que puedan continuar gozando de los beneficios de la jurisdicción
especial incluso si no respetan las condiciones impuestas por el Tribunal.
También el acuerdo indica de manera categórica que quienes reconozcan sus
crímenes NO quedarán sujetos a ningún tipo de restricciones a sus derechos
políticos, incluido el derecho a participar en política, cuando en cualquier
cabeza con cinco sentidos ningún asesino y narcotraficante que cumpla una pena
por un crimen de guerra, de lesa humanidad o una grave violación de derechos
humanos puede postularse para un cargo público ni desempeñarlo. Y para colmo de
los colmos el acuerdo no indica quién y cómo van a elegir los jueces del
Tribunal Especial para la Paz y sólo estipula que las FARC y el gobierno
establecerán mecanismos y criterios de selección “de mutuo acuerdo y antes de
la firma del acuerdo final”. Falta de garantías muy grave considerando la
gravedad de los delitos sobre los cuales tiene competencia y las obligaciones
de justicia frente a las víctimas.
Porque como piensa y
comenta en privado Pater Sergio Jaramillo Caro, [“Su trabajo se centró en la
denuncia de los falsos positivos dentro del Ejército, promoviendo que la
Fiscalía asumiera las investigaciones por homicidios y que se excluyera a la
justicia militar, y fue clave en la posterior expulsión de 27 altos oficiales del
Ejército”] --el decano y más astuto refractario que han tenido las fuerzas
armadas dentro del Ministerio de la Defensa, bichozno de José Eusebio y chozno
de Miguel Antonio--, con el proceso de paz “no sólo vamos a favorecer a unos
ciento cincuenta insurgentes sino que más de veinte mil obedientes de la
policía y el ejército tendrán que acusar a la línea de mando”. Sin contar lo
que las FARC llama estructuras para militares, y otros, narco paramilitares,
que dicen estar en 24 departamentos con unos 5000 integrantes, los Doppelgänger
de los reales 8000 guerrilleros activos y armados de las FARC.
Una de las grandes
falacias históricas que han servido de caldo de cultivo de las concesiones del
gobierno de Santos a las FARC es la narrativa de que el Estado y sus
representantes son los autores del exterminio del partido político armado de
las FARC llamado UP. Como lo ha expuesto con lujo de detalles Fabio Castillo en
Los jinetes de la cocaína, y Stephen Dudley en Walking Ghosts: Murder and
Guerrilla Politics in Colombia, ese exterminio tuvo como origen el
incumplimiento por parte de las FARC de los acuerdos que para operar en las
regiones controladas por la guerrilla había hecho Gonzalo Rodriguez Gacha,
quien les pagaba hasta un 15% sobre el valor de la coca y en diciembre de 1983
miembros del Frente 1 Armando Rios, con mil hombres al mando del Negro Acacio
saquearon uno de los laboratorios del Vaupés y se llevaron medio millón de
dólares en coca y quince rifles; luego atacaron Tranquilandia y secuestraron
dieciséis personas que liberaron a cambio de seiscientos kilos de coca,
veinticinco millones de pesos y grandes cantidades de éter y acetona,
desencadenando un guerra cuyo blanco fue la Union Patriótica. Para fines de
1986 El Mexicano había asesinado a unos trescientos de ellos, tanto como para
que Alvaro Salazar del directorio de la UP se reuniera con Rodriguez Gacha a
fin de parar la masacre. El Mexicano se sostuvo en que las FARC no hacían otra
cosa que robarlo, que le había quitado tres cocinas avaluadas en tres millones
de dólares, que le robaban la coca, le retenían los empleados y le robaban la
plata. Salazar le dijo entonces a Jacobo Arenas que lo único que pedía El
Mexicano era que lo dejaran trabajar, y este le respondió que no negociaba con
bandidos y con narcos, a lo cual Alfonso Cano, que estaba presente, le advirtió
a Morantes que había que pactar porque si no Rodriguez Gacha se aliaba con el
ejército y la policía y los jodía. Así fue como en el Magdalena Medio El
Mexicano y sus aliados mataron más de 2800 integrantes de la UP. Algo iba de
Morantes a Cano, abismo que ya no existe por las FARC de la mesa de La Habana
todos son como El Mexicano: narcos puros.
¿De dónde habrá
sacado Enrique Santos Calderón la peregrina idea de que cincuenta millones de
colombianos deben someterse a la voluntad de ciento cincuenta asesinos
multimillonarios? La única manera de explicarlo es que la vejez y las
supersticiones le han llevado a concluir que, habiendo muerto su padre a los
ochenta y cuatro y su madre a los cincuenta seis, el promedio de vida que le
ofrece el futuro son apenas los setenta que acaba de cumplir, y debe, por tanto
apresurar la copa del odio contra Colombia y hundirla en el caos y el horror de
nos deparará un gobierno de los facciosos de las FARC. A Juan Manuel las
cábalas le dan seis años más, pero a Enriquito solo le ofrecen la
incertidumbre.
¿Por qué, como
admitir, y perdonar, a unos asesinos como Pablo Catatumbo, que ha secuestrado
miles de ancianos en jaulas de hierro y zulos inmundos, o al médico de los
ochocientos abortos y los cuerpos de sus víctimas usadas en clases de anatomía
en los campamentos farcsianos, o a esa niña de 16, Valentina, que estando
embarazada y no aceptando malograr, negoce a caminar largos trechos y hacer
duras tareas, y supo, un día de noviembre, que por no estar en la lista de
tareas del campamento le iban a dar muerte?
Tenéis que estar muy
locos, Juan Manuel, Enriquito, para hacer lo que hacéis y pedir que perdonemos
a esa tracamanada de monstros.
Harold Alvarado
Tenorio
asdfghjkl.123456@arquitrave.com
@arquitrave
Colombia
Alguien se ha avocado a averiguar, así como lo hicieron y continúan haciéndolo DEA, FBI y Fiscalia norteamericana con los saqueadores de PDVSA y los narcos que distribuyen la droga que pasa por las trochas colombo-venezolanas, cuanto dinero proveniente del narco tráfico posee cada uno de los guerrilleros que están negociando la "paz" con Colombia en Cuba? para que no salgan sin una mancha después de haber cometido tantos crímenes?
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