La última encuesta de
Gallup evidencia que el 52 por ciento de los colombianos encuestados está de
acuerdo con la firma de la paz, aunque recién ahora se conocerá el texto
acordado entre la administración Santos y la guerrilla más antigua del mundo.
El lunes 14 de
diciembre con la aprobación en el Senado de Colombia de la ley que propone
plebiscitar lo acordado por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc), se cerró una fase clave del proceso de negociación de paz
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc; y comenzó la etapa de seis
meses en que la ciudadanía colombiana decidirá mediante un plebiscito
vinculante -a convocarse entre mayo y junio de 2016- si acepta o no, lo
negociado durante 37 meses en La Habana, Cuba.
La última encuesta de
Gallup evidencia que el 52 por ciento de los colombianos encuestados está de
acuerdo con la firma de la paz, aunque recién ahora se conocerá el texto
acordado entre la administración Santos y la guerrilla más antigua del mundo.
Las Farc iniciaron
sus acciones en 1964, tras la masacre de 16 campesinos ocurrida en el Cañón de
la Troja, departamento del Tolima, a manos de la fuerzas del Batallón Caicedo
del ejército colombiano, el 26 de septiembre de 1963.
Colombia cuenta con
49.500.000 habitantes. Más de siete millones de víctimas, de las cuales 220 mil
son muertos -80 por ciento civiles- 25.000 desaparecidos y más de 10.000
mutilados por minas antipersona.
En la mañana del
martes 15 se dio a conocer el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto “Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la
Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos,
www.mesadeconversaciones.com.co un documento final acordado sobre la agenda de
cinco capítulos propuesta el 26 de agosto de 2012 con el patrocinio de Cuba,
Noruega y Venezuela.
1. Política de
desarrollo agrario integral
2. Participación
política
3. Fin del conflicto
4. Solución al
problema de las drogas ilícitas.
5. Víctimas.
http://www.analisislatino.com/notas.asp?id=7872
En el quinto punto se
centró la mayor dificultad y necesidad de negociación, e insumió casi la mitad
de los tres años y un mes dedicados al proceso. Inclusive en estas horas se
trabaja en dos temas del capítulo “Víctimas” que son la reparación y el
reconocimiento. Ambos están íntimamente ligados al tipo de sanciones que serán aplicadas
a los diferentes actores del conflicto armado en el marco de la Justicia
Transicional en que se encuadrará todo el proceso.
Desde la ONU viajaron
a La Habana el francés Jean Arnaultel, delegado personal del secretario general
Ban Ki Moon y el coordinador de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio
Hochschild, para refrendar el acuerdo histórico entre el gobierno colombiano y
las Farc.
Los acuerdos
consignados en el documento referido a las victimas incluyen una Comisión para
el esclarecimiento de la verdad y la No Repetición; la creación de una Unidad
especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas en el contexto y
razón del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y “medidas
específicas de reparación”.
En el documento
acordado también se informa sobre los protocolos que implementan “programas de
limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP),
artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE), o
restos explosivos de guerra (REG); medidas inmediatas humanitarias de búsqueda,
ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por
desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto”.
La columnista del
periódico El Tiempo de Bogotá y de la emisora La W, de la cadena Caracol, María
Isabel Rueda, se preguntó cuándo las Farc darán respuesta sobre sus 2.700
desparecidos.
El principal
negociador del Gobierno, el ex vicepresidente de la Republica, Humberto de la
Calle, ha dicho en diversas declaraciones periodísticas efectuadas luego del
martes 15 que “no habrá impunidad para delitos de lesa humanidad”, ni que
tampoco existirá la extradición en el marco de la jurisdicción especial que se
crea si se cumplen los compromisos del Tribunal Especial que actuará en el marco
de la Justicia Transicional.
Las sentencias de
este tribunal se dividirán en tres categorías: de 15 a 20 años, para quienes no
reconozcan sus delitos; de cinco años a quienes lo hagan tardíamente y de
restricción de libertades a quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para
la Paz.
Estas sentencias,
agregó, “aplican a todo los actores del conflicto”, lo que involucra a
guerrilleros, paramilitares, financiadores del conflicto e integrantes de las
fuerzas armadas y policiales que hayan cometido delitos.
También ha asegurado
que las Farc se comprometen a adelantar acciones reparadoras a todas sus
víctimas
Pendientes: dónde
serán concentrados los entre siete y ocho mil integrantes de las FARC; si los
dirigentes podrán acceder directamente a cargos públicos automáticamente; dónde
serán dejadas las
armas sin que ello implique una señal de derrota de las Farc; son aspectos a
ser negociados en el lapso que se abre hasta el 23 de marzo en que se espera la
firma definitiva del cese bilateral del fuego, según lo que se propusieran el
23 de setiembre Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño (56), alias
“Timochenko”.
El presidente Santos
ha dicho el miércoles 9 que los últimos cuatro meses han sido “los menos
violentos en 40 años” en Colombia. Y por su parte las Farc, tres días después,
declararon estar prontas para discutir el penúltimo punto de la agenda que es
el fin del conflicto.
El nuevo contexto que
vive el país llevó a decir al comisionado de paz y negociador del Gobierno en
La Habana, Sergio Jaramillo, que “se le ve el rostro a la paz”.
El plebiscito
mediante el cual la ciudadanía refrendaría o no este proceso se ha fijado para
mediados de 2016 y los colombianos podrán votar por Sí, por No, o por la
abstención. Son las tres opciones que se le presentarán a la ciudadanía.
La oposición a este
proceso de paz está encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y
su partido Centro Democrático, -sector de opinión que ganara la primera vuelta
en las elecciones nacionales de 2014 y luego quedara segundo,45 por ciento de
los votos contra 50.95 por ciento del reelecto Santos en el balotaje- que ha
cuestionado diferentes aspectos del proceso, así como que la publicidad por el
Sí se sustente con recursos públicos por entender que se desbalancea el mensaje
a darle a la ciudadanía.
Hugo Machín Fajardo
hugomachinfajardo@gmail.com
@hmachin
Uruguay
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