“Actualizar, actualizar” es la frase aterradora que pronuncian a todo pulmón propietarios y gerentes de bodegones, mercados, bodegas, taguaras, licorerías, supermercados de alcurnia y establecimientos de todo género, en pueblos y ciudades de Venezuela al finalizar cada jornada diaria, asignando a motu proprio los nuevos precios de las mercancías en venta para el día siguiente, cuya onda expansiva se multiplica con el IVA pagado también por el consumidor.
Lo curioso del unilateral modus operandi es que la sincerización de los precios de los productos, siempre ocurre en una sola dirección, vertical ascendente, jamás en otro curso, bien sea horizontal de mantener el precio de la mercancía o hacia una rebaja moderada. Como ocurriera la semana pasada, cuando el dólar registró una cotización descendente de 80.000 bolívares a 61.000 bolívares durante 4 días, sin ser tocados ni con el pétalo de una rosa los precios de los productos.
Sin piedad alguna con la población consumidora de un país donde los ingresos en bolívares sufren los embates permanentes de una economía que impone los precios en dólares, a un ritmo tan vertiginoso que cada noche al acostarse deshoja la margarita pensando qué va a comer su familia al amanecer.
Esto ocurre en una de las economías más reguladas del planeta por un Estado policial que ha creado un entramado de leyes orientado, según el “presidente obrero”, a combatir el capitalismo salvaje, con la ley de precios justos, impuestos a granel desde el IVA, el ISLR, impuestos a las grandes ganancias, Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores, entre una prolífica lista de normas para controlar los sectores productivos a su capricho.
Son tantos los dislates de esta economía irracional que las teorías económicas clásicas, comenzando por los liberales Adam Smith y David Ricardo, El Capital de Carlos Marx, la contemporánea ley de la oferta y la demanda, entre otras, no lograrían analizar y descifrar el meollo de una política estatal suicida, orientada al exterminio de los sectores económicos de una otrora nación próspera.
En realidad ningún concepto económico fundamental logra protegerse de este tsunami devastador de la condición humana. Citemos, por ejemplo, el salario condicionado a la criptomoneda petro, que ha sido objeto permanente de demagogia gubernamental. Recientemente se aumentó a 250.000 bolívares con un bono adicional alimentario de 200.000 bolívares, en un mercado 2020 que registra una canasta alimentaria cercana a los 10.500.000 de bolívares. Solo se puede adquirir 4% de los productos, uno solo de estos, la leche, sobrepasa el valor del salario mínimo, lo que constituye una burla al atribulado ciudadano.
Situación que contradice el contenido del paquete económico gubernamental identificado con la implantación del bolívar soberano de agosto de 2018. Mediante decreto estableció el salario mínimo mensual calculado sobre la base del medio petro, equivalente a 30 dólares mensuales, una condición que determinaría hoy un salario mínimo de 2.505.000 bolívares, en lugar de la ridícula cantidad asignada hoy para salario mínimo, pensiones y jubilaciones.
Esta dislocación de la economía en la que no existe lógica racional alguna, que solo permite protegerse al comerciante y al régimen controlar la población, es el detonante que agravará aún más la estampida de millones de venezolanos. Los pronósticos indican que para finales de 2020 la cifra será de 7.500.000 connacionales, si no ocurre el fin del Estado criminal que nos azota y el cambio hacia un Estado que dignifique la condición de vida, como lo establece la Constitución.
Froilan Alejandro Barrios Nieves
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