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viernes, 16 de julio de 2021
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS: EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Eso precisamente, considerar a las universidades autónomas como peligrosas políticamente y reducirlas a reservorios de parcialidad ideológica, es lo que hace el régimen al proponer un proyecto de Ley de Educación Universitaria en el marco de «construcción de una sociedad socialista», a través de un proceso de «hegemonía cultural para la superación de la sociedad capitalista» (art. 3), con el compromiso de «impulsar el modelo productivo socialista a los fines esenciales del Estado» (art. 4). Entendámonos: “socialismo” en clave oficialista, nada que ver con la socialdemocracia danesa, por ejemplo.
La universidad, según este proyecto, deja de ser esa institución universal, cuyo pilar fundamental a lo largo de nueve siglos ha sido el de la libre discusión de las ideas. En el lenguaje farragoso y cursi al que nos tienen acostumbrados, los “legisladores” nos proponen «consolidar el vínculo entre la educación emancipadora y el trabajo creador y liberador […], que contribuyan a superar el modelo capitalista y sus modos de dirección autoritaria, las relaciones sociales de vasallaje y explotación, la división social del trabajo y la perversa distribución de la riqueza concentrada en pocas manos por el afán de lucro y el consumismo» (art. 8). Todo un monumento al cinismo, habida cuenta de nuestra realidad social luego de 22 años de supuesta revolución socialista, durante los cuales, autoritarismo, vasallaje, riqueza en manos de pocos y otras perversiones, son precisamente las marcas indelebles de un régimen depredador que ha arruinado al país y a sus moradores.
Para sustentar el barbarismo ideológico, el régimen propone un sistema de nuevas estructuras. Ahora las universidades serán oficiales (creadas por el Ejecutivo Nacional, como partes integrantes de la Administración Pública Nacional, cuyo financiamiento es de origen fiscal, art. 13), de gestión popular (creadas por iniciativa de las organizaciones del poder popular de forma autogestionada o cogestionada con el Estado, art. 14) o de gestión privada (propuestas por fundaciones que tengan como fin exclusivo desarrollar los procesos fundamentales de la educación universitaria en las diversas áreas del saber, art. 15. Nótese que la disposición transitoria sexta obliga a las universidades privadas a transformarse en fundaciones, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley).
Entre las instancias a estrenar está el Consejo Nacional de Transformación Universitaria (CNTU), cuya primera atribución es la de «establecer mecanismos de participación protagónica de las comunidades universitarias y de las organizaciones del Poder Popular, en la transformación permanente de las instituciones universitarias […], en función de la consecución de los fines del Estado y de la educación universitaria» (art. 21.1).
Además del CNTU, habrá Consejos Territoriales de Transformación Universitaria (arts. 23 y 24), Comités Territoriales de Educación Universitaria (arts. 25 y 26), Centros de Estudios Territoriales (arts. 27 y 28), todos los cuales giran alrededor de los ejes y leyes comunales, impulsores de desarrollo de nuevas formas de organizaciones económicas y sociales solidarias, «en contraste con los valores establecidos en una sociedad capitalista y los estilos de vida consumista» (art. 28.7).
No podía faltar un capítulo V, dedicado a la democracia participativa y protagónica en el sistema universitario para garantizar la participación paritaria de trabajadores académicos (antes, profesores-investigadores), estudiantes, administrativos y obreros en todas las instancias de cogobierno.
Hay mucho más en los 105 artículos y 10 disposiciones transitorias de este proyecto de ley, que hacen obligatoria su lectura y discusión. Porque está explícito en el proyecto que su fin es el de generar «actitudes, valores y capacidades […] para la construcción de la patria socialista» (art 46.2).
Llegados a este punto, la única conclusión es que si no enfrentamos todos a una los desmanes propuestos, solo quedará releer con nostalgia la certera y hermosa definición que nos deja el artículo 1 de la Ley de Universidades, vigente desde 1970: «La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre».
Gioconda San-Blas
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@DiarioTalCual
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Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales,
Individuo de Número, Sillón XX
Caracas, Venezuela acfiman.org
“El castigo por rehusarte a participar en política es ser gobernado por personas inferiores a ti”. Platón
"Aunque no te interese la política, la política se interesará en ti". Pericles
LEANDRO RODRÍGUEZ LINÁREZ: REALIDAD… ¡LA POLÍTICA ES REALIDAD!
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Venezuela
ANTONIO JOSÉ MONAGAS: “POLÍTICA Y VACUNA”
Las
realidades muchas veces actúan como cómplices de cuanta tramoya puede resultar
en provecho de los más osados. Sobre todo, a la hora de arrinconar la honradez
como valor de moralidad. Incluso, de excluir la tolerancia como razón de
pluralismo político.
Valen estas
consideraciones para referir el problema que, desde la política, se ha
manifestado respecto de la vacuna contra el Covid-19. Más cuando alrededor de
tan contrariada situación ,se reúnen la urgencia y la prioridad como criterios
de eficacia.
En el curso
de los últimos tiempos, han surgido dos orientaciones ejecutivas nacionales.
Una estructurada desde Miraflores. La otra, desde la legítima Asamblea
Nacional. Las mismas, encausadas por prerrogativas que se arroga cada postura o
instancia presidencial. Indistintamente que alguna se considere con mayor o
menor potestad para negociar la adquisición de las vacunas que deberán
administrarse y aplicarse a la población venezolana, Es así como el problema ha
acentuado la obstinación propia que adopta el poder político para respaldar sus
posiciones y decisiones.
La
negociación a la que corresponde dicha situación, compromete condiciones que,
supuestamente, son representativas de distintas y contrarias consideraciones.
Estas, en términos de sus postulados o intenciones, podrían convertirse en
razones capaces de aventajar los espacios políticos que tenderían a favorecer
cada actor político o pujador. He ahí el dilema que se transformó en un serio
conflicto de intereses políticos.
La decisión
tomada por la Comisión Delegada de la auténtica Asamblea Nacional, permitirá al
país acceder a 12 millones de vacunas durante 2021. Su distribución y ejecución
estaría supervisada por organismos humanitarios internacionales.
Por su
parte, la decisión tomada por el régimen desde Miraflores, apunta a otra
dirección. La orientación que presume reivindicar, está muy alejada de la
asumida por la legítima Asamblea Nacional. Por tanto, motiva una reacción que
pone de manifiesto una delicada contradicción cuyo grado de incongruencia pone
de bulto una crisis que determinaría el riesgoso enfrentamiento de las dos
instancias políticas.
Algunas
lecturas politológicas
Este
problema, no deja de tener varias lecturas. Quizás, la que con más fuerza puede
dar cuenta de lo que en el fondo está represado, es de naturaleza eminentemente
política. Indudablemente. Y es que la doctrina política que tiene subyugado al
régimen, la mantiene atada entre las limitaciones que condicionan su
comportamiento autoritario-hegemónico. La aludida situación tiene en ascuas a
Venezuela, Tal nivel ha sido el caos, que permitió la usurpación que acompañó
la impunidad de la cual se valió la corrupción para arrasar con la
institucionalización en algo alcanzada con el aporte de la pauta democrática.
En un
principio, el régimen había prometido que en el tiempo más inmediato posible,
se vacunarían un grueso número de venezolanos. Pero la arrogancia mostrada por
la actitud de dirigentes del régimen, ha trabado el ingreso de vacunas
necesarias para cubrir buena parte de la población venezolana. No obstante, el
régimen alteró impúdicamente su compromiso. Declaró que la vacunación sería
completada con la aplicación de la vacuna cubana (Abdalá). Todavía está en fase
de experimentación clínica.
Ya el
régimen había rechazado el ingreso de la vacuna de los Laboratorios Astra
Zeneca la cual venía mediada por el procedimiento o Acuerdo Covax. Este, es
animado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pero como sucede siempre
en política, entre lo que se promete y lo que se hace, se establece una brecha
de incalculables perjuicios. Y visto el referido problema, se ve afectada la
casi totalidad de la población. De sus consecuencias, no escapa nadie.
Implicaciones
jurídico-legales
Lo que está
advirtiéndose en el fondo de tan grosera situación, es la gruesa desigualdad
que está induciéndose. Esta vez, a través del acceso y distribución de vacunas
contra el Covid-19. En Venezuela, este problema supera en horror y desidia
cualquier avistamiento hecho desde la incertidumbre. Más, cuando no se cuenta
con la autonomía necesaria para revertir las insuficiencias que plantea la
SALUD, como derecho social fundamental consagrado constitucionalmente. (Véase
el artículo constitucional 83).
Tal es la
gravedad que reviste la situación en cuestión, que se habla de que el cuadro
que se vive en el país encuadra con el delito de exterminio. Según el Estatuto
de Roma, explica que el exterminio impone condiciones de vida, entre las cuales
reconoce la “(…) privación del acceso a alimentos o medicinas (…)” (Art. 7.1-b)
lo cual provoca desgracias en la población afectada.
Respecto de
lo que expone el artículo 83 constitucional, su lectura contemplada desde la
emergencia humanitaria acusada por la pandemia del Covid-19, da cuenta que
Venezuela carece de la autodeterminación, independencia y soberanía que
refieren algunos preceptos constitucionales. Por consiguiente, la crisis
evidencia la ausencia de un SISTEMA PÚBLICO de SALUD, preparado para priorizar
la salud al atender “(…)la prevención de las enfermedades garantizando
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad” (Artículo constitucional 84)
Por otra
parte, vale agregar que las flaquezas del régimen develaron la inexistencia de
un cierto Plan Nacional de Vacunación que pudo haber sido el parangón capaz de
mediar entre los problemas recurrentes, y los recursos necesarios para encarar
problemas sanitarios de amplio espectro. Pero más pudo el proselitismo político
que practica el régimen en su acontecer de conflictos creados o provocados, que
los derechos y libertades sobre los cuales se posibilita el desarrollo de una
nación con necesidades de crecimiento y progreso.
El problema
en el paroxismo de su incidencia
Resulta
inadmisible que en medio de las carencias que han sido testigo de la pésima
administración de recursos dirigidos a atender las exigencias de la pandemia,
el régimen prefirió vacunar primeramente la élite usurpadora. O sea, los altos
mandos de dirección política, militar, policial y sanitaria. Así se hizo por
encima de sectores vulnerables. Del personal de sectores de salud y educación,
que ocupan las primeras líneas de riesgo. Dicha realidad, por demás absurda y
obtusa, evidencia la falta de una política pública debidamente estructurada a
ese respecto.
Podría
inferirse que la vacuna destapó una pervertida oportunidad de hacer pingües
negocios políticos y económicos con su distribución y aplicación. Antes de
considerarse como el derecho fundamental que su importancia y necesidad
configura. O acaso, ¿Venezuela está aproximándose a vivir una situación regida
por un perverso tráfico de vacunas y costosos pasaportes de vacunación?
De ahí se
amarra la obstrucción que políticamente ha dejado verse cuando se habla de la
trama articulada para el dificultar ingreso de la vacuna. O ¿acaso hay
intereses ocultos en entorpecer el fluido ingreso de la vacuna para así dilatar
la cuarentena en tanto control social que le ha dado orondos resultados al
régimen al mantener encerrada a su población? ¿O al régimen le conviene agravar
la crisis para seguir inculpando a cuantos pueda?. Y en consecuencia, ¿suplicar
por el cese de las sanciones lo que impide el desarrollo de sus macabros
programas de estancamiento nacional?
Es un tanto
lo que se esconde bajo la encubierta, y complicada relación que en Venezuela,
extrañamente, viene cuajándose entre política y vacuna.
Antonio
José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
Venezuela
AMÉRICO MARTÍN: LA CAUSA DEL MAL CAUSADO
Cualquier nuevo pronunciamiento de los factores
mencionados debe ser analizado con el detenimiento del caso, especialmente
coincidentes con un reciente discurso del presidente Joe Biden, quien no por
casualidad dedica frases especialmente elogiosas a Juan Guaidó. Sería ese el
camino confiable para dejar atrás la oscura tragedia que sepulta a nuestro país
y se expande a todos los ámbitos de la administración, la economía, el
deterioro acelerado de los servicios y los más peligrosos índices de hambre y miseria.
El problema se agrava porque el oficialismo insiste en
predicar que los comicios que celebrarán en noviembre son inobjetables,
enfrentando el criterio adverso de la comunidad internacional, que se viene
uniendo alrededor de la advertencia de que esos muy cuestionados comicios no
serán reconocidos como válidos y, por tanto, de persistir en realizarlos contra
viento y marea, la crisis se profundizará y las sanciones continuarán y hasta
se agudizarán.
Lo sorprendente es que si se cumplieran las condiciones
que normalizaran democráticamente la realidad nacional, la tragedia comenzaría
a desaparecer como por arte de magia.
Primero, porque la comunidad internacional –como lo
revela la desmilitarización de Afganistán– prefiere la paz a la guerra; así los
fervientes partidarios de que los malos de la partida sean los otros, en tanto
que los buenos, por supuesto, son ellos. Pero la realidad es que los países que
han dictado sanciones lo han hecho contra violaciones aviesas de los derechos
humanos y más bien grotescos incumplimientos de las más elementales normas
electorales.
Sin esas profundas irregularidades por parte del
oficialismo tanto las sanciones como el claro reconocimiento de las elecciones
se convertirían en realidades automáticamente aceptadas, como por lo demás lo
fueron consecutivamente desde 1958 hasta 1998, los célebres 40 años de
democracia, fructíferos, que ha sido calificados como «la edad de oro de la
historia nacional» y también «la revolución democrática de la república civil».
Sin extenderme en consideraciones económicas, es evidente que el impetuoso
crecimiento del país fue digno de admiración universal.
Como bien afirmara el economista Ángel Alvarado
Rangel, es la calidad de la moneda, su resistencia al desorden inflacionario,
uno de los indicadores por excelencia de la estabilidad y prosperidad de los
países. El caso es –insiste el profesor Alvarado Rangel– «que entre la década
de los 40 y principios de los 70, el bolívar aparecía en el ranking
internacional como una de las tres mejores monedas del mundo. Era un periodo de
sostenido crecimiento económico y estabilidad política» (¿Por qué no llegamos a
fin de mes? La inflación y sus males en Venezuela. Fundación FORMA. Caracas
s/f)
El elogio brindado por Biden a Guaidó no es ocasional
ni menos incomprensible, puesto que en enérgica declaración oficial EE. UU.,
Canadá y la Unión Europea trazaron una política de fuerte respaldo a su
interinato.
Los contornos del documento conjunto no podían dejar
nada importante fuera de foco. Y realmente nada quedó en el aire. Lo primero,
salirle al paso a la lógica de sanciones integradas como el mármol, y
beneficiarse gradualmente de la posible división de la comunidad internacional.
El documento único no lo permitió porque rechazó las concesiones al detal.
Maduro debía democratizarlo todo a cambio de la derogación de todas las
sanciones. Y en lo concerniente a las condiciones para el sufragio libre de
veras, se incluye la plenitud de lo consagrado en las Constituciones de las
democracias occidentales, como base inamovible del reconocimiento universal a
sus resultados. La negociación entre las partes se haría cargo de los
pormenores enojosos que, dejados sin respuesta, podrían llevarse en los cuernos
el mejor de los diálogos. Se incluyen el tratamiento que recibiría Maduro al
dejar el mando. Digamos que se decidiera considerarlo expresidente, con el
trato usual que se otorga a los expresidentes en democracias. A cambio de tan
generosa concesión, la victoria que lo desplace del poder sería nacional e
internacionalmente reconocida.
La enorme importancia de acuerdos de semejante rango
se mediría al romper en una fuerte consolidación de la democracia y el
surgimiento de la convivencia, base para una granítica consolidación
institucional que enviaría a un prehistórico pasado los momentos más
ignominiosos que, por más de 20 años, atormentaron a nuestro país, por el
manejo más disparatado, ligero y reprochable de una nación que merecía mejor
suerte.
El mal paso, darlo rápido, dicen que dijo la reina Victoria.
Si esa alusión se refiere al diálogo, la negociación y las elecciones libres,
transparentes, iguales y protegidas por el mundo entero, creo que bien valdría
la pena entrar en el proceso de purificación democrática bajo los emblemas
flameantes de la libertad, la democracia, la justicia, la convivencia
civilizada y la más acelerada y merecida prosperidad económico-social.
amermart@yahoo.com
@AmericoMartin
@DiarioTalCual
Venezuela
ARIEL PEÑA: TAMBALEA LA CAMARILLA COMUNISTA CUBANA
arielpena49@yahoo.com
@arielpenaG
Colombia
GABRIEL BORAGINA: ANTECEDENTES PRE-MARXISTAS DEL IMPUESTO PROGRESIVO.
Los franceses han sido histórica y tradicionalmente en
su mayoría socialistas, o han tendido hacia esa ideología, a veces más, otras
menos. Raras han sido las excepciones, entre las cuales es obligado citar al
notable decimonónico Frederic Bastiat y, más modernamente, al notable Jacques
Rueff, por supuesto entre otros. Ya hemos visto antes que, Marx y Engels
ubicaron en el segundo lugar de importancia de su plan para imponer el
comunismo a nivel mundial la creación de impuestos progresivos fuertes a las
personas. Y ciertamente no creemos causal que la mayoría de los países del
planeta hayan adoptado los mismos sin tener ninguna vinculación con el influjo
marxista ejercido y expandido por todo el orbe, inclusive hasta nuestros días.
Pero, desde luego, ni Marx ni Engels fueron precursores de este impuesto, ya
los hubo antes que ellos.
En Francia siempre ha predominado -desde los tiempos
de la revolución francesa en adelante- un socialismo de tipo gramsciano (por
Antonio Gramsci, el célebre pensador marxista italiano) que propone la lenta
pero persistente infiltración marxista por vías "no" violentas a
través de la educación y diversos medios de comunicación social. Su paralelo en
Inglaterra ha sido la sociedad Fabiana. Pero las ideas gramscianas y fabianas han
tenido mayor repercusión y aprobación en Francia más que en otras partes. Hoy están extendidas por todo el mundo.
Aceptan el marxismo en sus planteos básicos y
fundamentales, y sólo discrepan en la metodología de implementación. De allí
que, condenen la propiedad privada de rentas, capitales y patrimonios, y vean
en los impuestos la manera más sutil y mejor implementada de expoliación.
Mediante la doctrina de la "justicia social" cambiaron la palabra
expoliación por expropiación, pero el artilugio es vano para quien lo medite
superficialmente: se trata de lisa y llana expoliación. La ley impositiva pende
como Espada de Damocles sobre la cabeza del "contribuyente" que vive
en una constante amenaza entre pagar o ser severamente castigado.
Desconocen cómo funciona el mercado, y que este es el
que mantiene "en un justo límite la apropiación particular de la riqueza
producida" mediante el mecanismo de distribución de la misma que, conforme
a los mandatos de los consumidores, el propio mercado cumple. Son los
consumidores y no los productores los que determinan cuanta riqueza poseerá
cada miembro de la comunidad. El impuesto no puede cumplir con esta función
porque es contrario a su naturaleza, por eso lo más que puede hacer es
destruirla. Esta ruina se consuma mediante la redistribución de rentas y
patrimonios llevada a cabo por medio de instrumentos fiscales y otras vías de
ataques a la propiedad privada.
Cuando alude al "trabajo de todos" quiere
referirse a lo que Marx llamaba el "trabajo socialmente necesario"
para producir cualquier cosa fincando el valor de las cosas en esa fórmula.
Pero el valor de las cosas no surge del trabajo sino de su utilidad marginal,
como hemos explicado en todas nuestras obras.
Paradójicamente para muchos, la "igualdad
real" que busca el autor se obtiene a través del "egoísmo
individual" como ya lo advirtiera en 1776 Adam Smith en su obra magna
Investigación sobre la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. No hay
otra manera de acercarse a ella. Este egoísmo -para sorpresa de muchos
ignorantes- es también la solución (como la historia lo ha demostrado donde se
lo ha dejado actuar) a "la extrema desigualdad natural" y en cuanto a
que "la misión del impuesto es liberar el trabajo en lugar de estorbarlo y
coartarlo, como ocurre en el presente" es precisamente al revés, y plantea
una misión imposible, porque el impuesto jamás ha podido, ni puede, ni podrá
nunca liberar el trabajo. Esto es un absurdo. Y lo de "estorbarlo y
coartarlo, como ocurre en el presente" es lo que ha sucedido en el pasado
y sucederá en el futuro, por cuanto se quiere hacer del impuesto algo que es
contrario a su naturaleza. El impuesto es un robo, y por más que se lo adorne
con hermosas palabras, frases maravillosas, y los mejores deseos seguirá siendo
lo que fue en el pasado y es en el presente: un despojo violento, una
expoliación.
Respecto de que el impuesto "debe él restar su
excesivo poder al capital y dar al trabajo su poder social, que tiene hoy en
grado insuficiente" es una expresión poco feliz, porque al restar el poder
del capital resta el del trabajo, habida cuenta que sin capital no hay trabajo,
pero la ignorancia económica hace decir sandeces a muchos según se aprecia,
como que el capital se "opone" al trabajo y viceversa lo que es algo
a luces vista ridículo y pueril. "Combatir al capital" como dice la
letra de la marcha peronista -tan celebrada por las masas hoy en día- es
destruir el trabajo y multiplicar la pobreza, creando riqueza para los
burócratas, sus familias y amigos.
Gabriel Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
Argentina
http://www.accionhumana.com/2021/05/antecedentes-pre-marxistas-del-impuesto.html
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