(La Tercera. Chile)-.
“Es posible que nunca antes en la historia de América Latina unos comicios
legislativos hayan tenido más trascendencia que los que se celebrarán -la
palabra suena a humor negro- en Venezuela dentro de una semana. Una forma de
tratar de entender por qué son tan importantes es elegir ciertas señas
distintivas del proceso que desembocará en las elecciones del 6 de diciembre.
Ofrezco las siguientes:
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Una nota periodística
puramente informativa y aséptica podría empezar así: “Casi 19 millones de venezolanos
están convocados a las urnas el domingo 6 de diciembre para elegir a los 167
diputados de la Asamblea Nacional para el período 2016-2021…”.
Pero lo que está en
juego no es una legislatura normal en un país normal y en circunstancias
normales. Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de encontrar
una salida pacífica e institucional -un comienzo de salida, más bien- a la
tragedia política, moral y económica que vive Venezuela. O de que se cierren
del todo las vías institucionales de escape y la disyuntiva venezolana sea: o
la consolidación del poder por parte de la dictadura tras perpetrar un masivo
fraude electoral, o una sublevación popular contra el fraude con respaldo de
ciertos mandos medios de las Fuerzas Armadas que logre apartar del poder a
Nicolás Maduro y negocie una transición con los otros jerarcas. Cualquiera de
los dos escenarios es de imprevisible pronóstico y potencialmente muy
sangriento.
LA VIOLENCIA
La violencia es desde
hace mucho tiempo el problema número uno de Venezuela. Este país ocupa el
segundo lugar en el ranking de homicidios del mundo. A diferencia de otros
países donde la delincuencia común y el crimen organizado son la única fuente
de violencia, en Venezuela hay un tercer factor, tan o más determinante que los
otros: la política. La violencia política es parte del paisaje natural de las
cosas, pero aparece con especial notoriedad en los momentos de mayor tensión
para el gobierno. Lo hizo, por ejemplo, cuando en los primeros meses de 2014,
los “colectivos” chavistas acribillaron a decenas de manifestantes, sobre todo
estudiantes, que se habían lanzado a las calles a exigir el retorno de la
democracia.
Era inevitable que
los grupos chavistas “motorizados” y otros que utilizan vehículos o simplemente
deambulan por las calles en busca de blancos a los que apuntar sus armas
tuvieran una presencia contundente en esta campaña electoral. Un gran número de
actos de agresión contra opositores se han dado en las últimas semanas; sólo en
los últimos 14 días se han producido ataques directos contra al menos nueve
candidatos. El peor de todos, por supuesto, fue el asesinato, durante un mitin
en Altogracia de Orituco, en el centro del país, de un joven dirigente local de
Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, que hacía campaña por la oposición.
No está claro si los
chavistas que le dispararon desde un automóvil sólo querían matarlo a él o
también a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el ya icónico preso
político venezolano, que estaba participando en el acto (y que había sufrido un
percance en la avioneta en la que se había trasladado al lugar). Ella está
convencida de que querían eliminarla.
LAS IRREGULARIDADES
Instituciones serias
y organismos que si de algo no pueden ser acusados es de tener simpatía por la
oposición venezolana han denunciado un cúmulo tan abrumador de irregularidades,
que en cierta forma puede decirse que el fraude ya ha ocurrido.
Empecemos por lo
obvio: los presos políticos. Desde Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel
Ceballos hasta las decenas de opositores anónimos para el gran público y la
opinión internacional, la lista de personas encarceladas por el régimen
chavista que no han cometido delito alguno es abultada. A ella se suma otra
lista significativa de “inhabilitados”, en la que están nada menos que María
Corina Machado y Pablo Pérez, y que integran muchos dirigentes más que
aspiraban a un escaño parlamentario.
Además de los presos
e inhabilitados, hay que tener en cuenta el gasto incontinente de dinero por
parte del gobierno, la utilización de las cadenas televisivas y radiales, la
ausencia de medios audiovisuales que den cabida a la oposición, la intimidación
contra los votantes y el diseño de las circunscripciones electorales a medida
del chavismo. Esto último ha sido organizado por el Consejo Nacional Electoral
-en el que hay cuatro chavistas que suman mayoría- de tal modo que, para poder
hacerse con el control de la Asamblea Nacional, la oposición tendría que ganar
con más de 60% de los votos y superar un sinfín de vallas.
Recordemos que en las
últimas elecciones legislativas la oposición derrotó al gobierno en el voto
popular pero el chavismo organizó las cosas para que esta victoria no se
pudiese traducir en una mayoría parlamentaria.
¿QUIÉN TIENE MÁS
VOTOS?
La ventaja que le
lleva la oposición al oficialismo es apabullante. Todos los sondeos y
mediciones coinciden, para no hablar del nerviosismo que el propio Nicolás
Maduro exhibe en estos días. Ha llegado a decir que, si pierde, no permitirá
que gobierne la oposición y que él seguirá liderando la revolución con el
pueblo y el Ejército.
La última encuesta,
realizada por Alfredo Keller, quien tiene credibilidad, indica que un 59%
votará por la oposición, 25% por el chavismo y 11% por “independientes” (hay un
6% de indecisos). Sin embargo, en el ambiente polarizado de las elecciones
venezolanas es muy probable que tanto los indecisos como los independientes se
inclinen por una de las dos opciones más fuertes. Si la repartición de esos
votos se da de un modo semejante al de los votos restantes, la oposición
obtendrá más de 70% de los sufragios válidos. Si los independientes mantienen
su voto, en sufragios válidos la oposición obtendría de todas formas más de
62%.
En cualquiera de los
escenarios, pues, los demócratas derrotarán al oficialismo y serán mayoría.
Ello, claro, en el supuesto de que el cómputo final refleje el voto real y no
una manipulación grosera del gobierno.
Otro dato interesante
que da una idea de cómo se han ido moviendo las lealtades políticas e incluso
ideológicas tiene que ver con las adhesiones a categorías genéricas como
“chavismo” y “oposición”, al margen de este proceso electoral propiamente
hablando. Los ciudadanos que se describen a sí mismos como partidarios de la
oposición prácticamente doblan a quienes se califican a sí mismos de chavistas.
El chavismo ha quedado reducido a una cuarta parte de la ciudadanía. No es una
cifra desdeñable, por cierto, pero es notoriamente inferior ya no sólo a la de
los opositores, sino también a la de los “independientes”.
Para un régimen que
aspira a la perpetuidad, tener a tres cuartas partes del país en contra implica
muchos desafíos, empezando por el mantenimiento de la cohesión interna. No es
lo mismo asegurar la lealtad de los estamentos político y militar de un régimen
autoritario cuando se tiene a tres cuartas partes del país en contra que cuando
se tiene la seguridad de que la oposición es una ínfima minoría.
EL NARCOESTADO
Venezuela es, según
todas las agencias antinarcóticos del hemisferio, la vía por la cual la droga
transita desde Colombia hacia el norte. Ya hay funcionarios y soldados
detenidos en el extranjero que atestiguan la implicación del régimen en el
tráfico de drogas; la fiscalía neoyorquina, así como la de Miami, probablemente
se encargarán de ampliar en las próximas semanas el radio de los imputados. La
pregunta es: ¿Supone esta complicidad y el conocimiento amplio que se tiene de
ella en la comunidad internacional una buena o una mala noticia para quienes
aspiran a acelerar el retorno de la democracia?
La respuesta no es
tan obvia como parece. En principio todo esto debilita al gobierno y pone una
fuerte presión sobre aquellos sectores no implicados que querrán evitar seguir
asociados a algo que dejó de ser un proyecto ideológico o político hace mucho
rato. Sin embargo, la complicidad mafiosa es un arma muy poderosa. Cuando la
complicidad está, como es el caso de Venezuela, muy extendida, la tendencia a
hacer causa común para salvar el pellejo es mayor. Los líderes del chavismo
saben, como lo sabía Manuel Antonio Noriega en Panamá, que dejar el poder es ir
a la cárcel o jugarse la vida. Estarán dispuestos a hacer un uso de la
violencia mayor del que podría darse en un régimen tan deteriorado a estas
alturas.
EL SÍNDROME DEL
CUARTO MUNDO
Una cosa es hablar de
un encogimiento del PBI de 10% y de una inflación de precios del 200% (por más
que oficialmente sea menos de la mitad) y otra muy distinta es padecer las
miserias cotidianas que humillan a los venezolanos en todos los aspectos de su
vida. No hay un producto -la harina de maíz, los lácteos, la carne, las
medicinas, el azúcar, el arroz, el jabón, el papel higiénico- que no escasee.
La desesperación ha llegado a tal punto, que casi 70% de los venezolanos piden
ya abiertamente en las encuestas que Maduro abandone el poder.
Quizá la consecuencia
más inesperada para el gobierno del deterioro económico es la conversión al
liberalismo económico que se está produciendo en la población. El 75% opina que
el libre mercado es una mejor garantía que el Estado de que aumente la
producción y se acabe la escasez. Más de 72% sostiene que el mercado es la
mejor forma de resolver la pobreza. Esto significa que tanto los opositores
como los independientes tienen hoy una afinidad ideológica -seguramente formulada
en términos bastante menos ideológicos que prácticos- que los coloca en las
antípodas del socialismo del siglo XXI. Para un futuro gobierno democrático,
este es un dato de gran significación.
LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL
Salvo Unasur, que ha
enviado “acompañantes” a Venezuela a secundar el previsible fraude, los
organismos hemisféricos y diversas instancias del otro hemisferio han
despertado a la realidad. Que Luis Almagro, el secretario general de la OEA,
haya enviado una carta tan contundente como la que dirigió el 10 de noviembre
pasado a la militante chavista que preside el Consejo Nacional Electoral por no
haber permitido observadores internacionales dice mucho sobre la modificación
de las percepciones. Ni qué decir del hecho de que la Corte Suprema de Chile,
en un acto de jurisdicción universal, haya ordenado al gobierno chileno
ocuparse del caso de Leopoldo López. O del anuncio del Presidente electo de
Argentina, Mauricio Macri, de que invocará la cláusula democrática del Mercosur
para pedir la suspensión de ese país.
Maduro enfrenta un
escenario bien distinto al de hace unos años, cuando, en una elección
altísimamente sospechosa de fraude, se proclamó vencedor de los comicios
presidenciales. Hoy, el precio que puede acabar pagando en la comunidad internacional
es muy grande, como lo son las potenciales ramificaciones internas de ello”.
Alvaro Vargas Llosa
Alvaro Várgas Llosa
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