Por donde se mire, la izquierda latinoamericana está dedicada a practicar el fascismo que denuncia sin tregua en sus adversarios, y que ya en los 70 fue gran responsable de que el subcontinente se llenara de dictaduras militares de derecha.
En las últimas semanas, la dictadura de Nicaragua ha encarcelado a los candidatos presidenciales que pretendían rivalizar con Daniel Ortega en noviembre. En Cuba, hordas de trogloditas organizados por el régimen castrista han sido lanzadas por Díaz-Canel para aplastar las protestas de miles de cubanos que gritan «libertad» en las calles de muchas ciudades de la isla. En Venezuela, los matones de FAES, la policía política, detuvieron a Freddy Guevara, del entorno de Juan Guaidó, y allanaron la casa de este último, amenazando con llevárselo preso, prototípica operación de amedrentamiento. En la Argentina no pasa un día en que no haya iniciativas persecutorias contra el expresidente Macri y sus colaboradores o familiares, además de críticos de distinto tipo.
El caso de México contiene matices de diferencia, pero también allí un gobernante de izquierda quiere cambiar las reglas de juego para socavar la democracia liberal. Su pretensión era obtener, en los recientes comicios legislativos de mitad de mandato, dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, una ‘mayoría calificada’ para modificar la ley fundamental, capturar instituciones autónomas y transformar México en un proyecto de poder personal. Su fracaso electoral y la resistencia contra sus planes le han complicado la vida, pero no es seguro que haya renunciado a sus fines.
Esto, en cuanto a la izquierda que ya está en el poder. La que no lo está aún es igualmente incapaz de practicar la democracia liberal. En Colombia, Iván Duque está vivo de milagro tras el atentado de los subversivos de izquierda contra el Black Hawk en el que estaban él y algunos ministros. Y la izquierda política lleva tiempo ejerciendo la violencia callejera para tratar de tumbar a Duque, al que no le perdona que la derrotara en las elecciones por 2,3 millones de votos.
En el Perú, el Gobierno de Sagasti ha abandonado la neutralidad a la que está legalmente obligado para secundar a Pedro Castillo, que se apresta a tomar el poder el 28 de julio sobre la base de un resultado electoral con el que el Jurado Nacional de Elecciones ha convalidado las trampas que su partido, Perú Libre, llevó a cabo en centros de votación de zonas del interior, donde su rival, Keiko Fujimori, no pudo tener representantes porque fueron intimidados o no contaba con ellos. Los parlamentarios que pretendieron en estos días nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional cuyos mandatos han vencido fueron impedidos de realizar su trabajo por la Fiscalía y por intentar, en ejercicio de sus fueros, seguir adelante, son objeto de unas investigaciones que apuntan a juzgarlos y enviarlos a la cárcel. Un destino al que se enfrenta Keiko Fujimori, a quien la propia Fiscalía pide ahora que los jueces encarcelen. Huele a represalia por su exigencia de que la Organización de Estados Americanos haga una auditoría del proceso electoral cuestionado (una ONG y un diario, ambos de izquierdas, han montado una campaña para tratar de vincularla con Vladimiro Montesinos, el siniestro exasesor de su padre, que está preso, con el que ella lleva años enemistada y cuyas fanfarronadas actuales sólo esos dos medios se creen).
Pedro Castillo ha anunciado que el día de su toma de posesión exigirá al Congreso la convocatoria de una Asamblea Constituyente, a pesar de que la Constitución peruana no prevé esa figura y sólo permite reformas constitucionales mediante un proceso que pasa por el propio Congreso. Su idea -veremos si los demócratas se lo permiten- es, como en los países del ‘Socialismo del Siglo XXI’, instalar un régimen socialista de larga duración en sustitución de la democracia liberal.
En Chile, protestas salvajemente violentas iniciadas en octubre de 2019 que incluyeron la quema de estaciones de Metro crearon un clima de zozobra que obligó al Gobierno de Piñera a ceder a la exigencia de un proceso para cambiar la Constitución. El objetivo es acabar con el modelo de democracia liberal y economía de mercado que ha hecho de ese país el más exitoso de América. La Convención Constituyente que redactará la nueva Constitución tiene 155 miembros, de los cuales, si sumamos al Partido Comunista y el Frente Amplio, a los representantes de los Pueblos Originarios y a los independientes de esa tendencia ideológica, hay por lo menos 79 que representan algo que está muy a la izquierda de lo que fueron los partidos de centro-izquierda que contribuyeron, con su moderación y buen juicio, al éxito chileno desde la transición a la democracia (entre esos 79 estoy contando a 34 de un total de 48 independientes que se autodefinen así). Un buen número de esos miembros de izquierda de la Convención ya han pedido modificar la regla pactada en su día en un acuerdo nacional según el cual se necesitan dos tercios de los votos para aprobar cada artículo de la nueva Constitución. El objetivo es eliminar los obstáculos para implantar en Chile un régimen iliberal.
Este apogeo del fascismo de izquierdas ocurre con la complicidad abierta o hipócrita de la izquierda moderada o socialdemócrata. La única excepción son los países donde el fascismo de izquierda ya es gobierno: allí los revolucionarios han sacado del poder y luego perseguido a la izquierda moderada que fue su aliada. Pero en los demás lugares los planes y métodos iliberales no enfrentan la menor resistencia de la otra izquierda. No hay nada, en la América Latina de hoy, que se haga eco de los esfuerzos históricos de Eduard Bernstein, enfrentado a gentes como Karl Kautsky o Rosa Luxemburgo, por cerrarle el paso a la izquierda revolucionaria en favor de la izquierda socialdemócrata en la Alemania de inicios del siglo XX, o del Felipe González de 1979, que logró forzar al PSOE, tras un intento fallido, a abandonar el marxismo y definirse como socialista democrático. La izquierda democrática latinoamericana, por oportunismo presupuestívoro o simple cobardía moral, ha renunciado a enfrentarse a la izquierda marxista y la izquierda populista.
El historiador Enrique Krauze decía hace algunos días, en un evento en el Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad en el que estuvimos juntos en Madrid, que el problema central de la izquierda latinoamericana es no haber mirado de frente a Cuba. Es una buena forma de definir lo que sucede.
Álvaro Vargas Llosa
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Estados Unidos
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