domingo, 13 de junio de 2021

ESPECIAL DEL DOMINGO: MARGARITA LÓPEZ MAYA “SOCIALISMO Y COMUNAS EN VENEZUELA


El «sistema comunal» no estuvo inscripto desde el principio en el proyecto bolivariano de democracia participativa y protagónica. Sus inicios deben buscarse en el segundo gobierno de Hugo Chávez y, tal como se desprende de los reproches de este a ministros y funcionarios, las comunas y los consejos comunales no lograron cuajar como una nueva institucionalidad. Enredadas en la maraña de instituciones creadas por el chavismo y sin autonomía política, estas formas se superpusieron a tradiciones de asociatividad popular ya existentes y no lograron crear capacidades institucionales para las responsabilidades que se les asignaron.

Socialismo y comunas en Venezuela

Analizar y evaluar el proceso de implantación de un Estado comunal en Venezuela no es, ciertamente, una tarea fácil. Cualquier abordaje en ese sentido está condicionado por una permanente polémica política, ideológica e incluso académica, que ha venido dificultando la confiabilidad de la información –que es dispersa y sesgada– y de las interpretaciones que se difunden tanto dentro como fuera del país. Esta realidad se añade a la complejidad, en términos conceptuales y metodológicos, que muestran las innovaciones participativas para su debida comprensión. En este artículo presento una interpretación del rol que comunas y consejos comunales han jugado en el proyecto político liderado por Hugo Chávez. Expondré, como primer punto, que el Estado comunal, organizado en comunas, fue planteado por él en su segundo gobierno como sustituto de la democracia representativa y participativa de la Carta Magna. Este nuevo Estado, sin instituciones de democracia representativa –argumentaré–, ha adolecido desde su origen de un problema de legitimidad. En segundo y tercer términos, reviso la concepción socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos comunales y comunas, donde se revela una dinámica impuesta de arriba hacia abajo, que redujo y partidizó el pluralismo comunitario que era propio de las organizaciones impulsadas en el primer gobierno de Chávez. Esta dinámica ha limitado su potencial autonómico y propiciado su cooptación. 

Como conclusión, sostengo que consejos comunales y comunas, como parte de un repertorio de innovaciones participativas, en un contexto democrático que los deslindara de los partidos políticos o del Estado, podrían constituirse en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y alternativas productivas de trabajo colectivo, y propiciar la ciudadanía, el empoderamiento y demás atributos que la bibliografía especializada asocia al ejercicio de la participación directa sin mediaciones políticas. Sin embargo, en las actuales circunstancias, este tipo de instituciones enfrentan insalvables obstáculos y más bien tenderán a desintegrarse o a quedar como meras correas de distribución de bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas.
 
Los medios sí importan
 
La comuna, a diferencia de las innovaciones participativas creadas durante el primer gobierno de Hugo Chávez (1999-2007), que reflejaron en su mayoría una idea de la participación ciudadana y comunitaria que se nutría de concepciones liberales, cristianas y socialistas democráticas, es una innovación participativa que se crea para fortalecer de manera expresa lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto pensado desde una idea de socialismo cercana a la cubana. La expresión «poder popular» no existe en el texto de la Constitución de 1999, ni en las Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, ni en el relato, los discursos oficiales y las leyes que pautan la participación popular durante el primer gobierno de Chávez. El concepto que usa el léxico constitucional es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía popular implica representación como participación directa e incluye derechos civiles y políticos individuales.
 
El poder popular, en contraste, se define en los primeros documentos oficiales donde aparece –a partir de 2006– como un poder constituyente, distinto del constituido. Se trata de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su sujeto político es colectivo, no individual. En la Ley de los Consejos Comunales de 2006, donde por primera vez se alude a este poder, se lo define como un poder generado en las asambleas de ciudadanos de las comunidades, que serían «la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular» (artículo 4). A inicios de 2007, Chávez, en su discurso sobre los cinco motores necesarios para avanzar hacia el socialismo, se refirió a la «explosión revolucionaria del poder comunal», por la cual se conformaría un poder popular en el Estado que cambiaría la naturaleza de este y lo haría socialista1.
 
Con el proyecto de reforma constitucional de 2007, elaborado por Chávez y la Asamblea Nacional, entonces controlada por la coalición oficialista, se hizo claro el giro hacia la creación de un poder popular distinto de la soberanía popular de la Constitución. El artículo 16 de esa reforma propuso la creación del poder popular como una nueva estructura del poder público, conformada por «comunidades», que llamó «núcleos espaciales del Estado Socialista», y que «no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población» (artículo 136). El poder popular pasó a servir de base a un poder público que pretendió ser cualitativamente diferente de los demás poderes públicos.


UN MAL RECUERDO-LAS COMUNAS DE MAO-LA GRAN HAMBRUNA CHINA
 
Como exige la Constitución, la reforma constitucional fue llevada a referéndum popular en diciembre de 2007 y resultó rechazada. Esta derrota política fue muy relevante, porque la Constitución pauta que en ese caso no solo no puede implementarse la reforma, sino que tampoco se puede intentar nuevamente su aprobación durante el mismo periodo constitucional (artículo 345). Sin embargo, Chávez continuaría sentando las bases de esta otra estructura de poder. Gracias al control que ejercía sobre los demás poderes públicos, obtuvo de ellos luz verde para continuar su proyecto. Como consecuencia, el gobierno recurrió crecientemente a una legitimación sostenida más en el carisma de Chávez que en la ley, y que necesitaba, además, ser reforzada con una generosa distribución social de los recursos fiscales provenientes de la renta petrolera. Aunque siguieron realizándose elecciones con profusión mientras Chávez ejerció el poder, estas se hicieron crecientemente plebiscitarias y manipuladas para asegurar sus victorias y legitimar de esa manera su propuesta. Esta legitimidad, que coloca el Estado de derecho en un lugar secundario respecto del carisma y del dinero, está en el corazón de la conflictividad política que viene padeciendo la sociedad en torno de esta propuesta, y esto contribuye a explicar la deriva autoritaria que se aceleró desde entonces.
 
La comuna: una innovación direccionada desde arriba
 
En diciembre de 2010, como parte del «paquetazo legislativo» que el presidente y su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv), introdujeron en la Asamblea Nacional de manera sorpresiva, buscando asegurar su proyecto socialista antes de que tomara posesión un nuevo Parlamento en el que el oficialismo no contaría con mayoría calificada, se aprobaron varios instrumentos jurídicos para asegurar las bases del Estado comunal. Uno de ellos fue la Ley Orgánica de Comunas, que estableció esta nueva forma participativa como la «célula» fundamental del nuevo Estado comunal, que definió como «un espacio socialista» para el autogobierno de las comunidades, donde se articulan los consejos comunales y toda otra organización social comunitaria (artículo 5). Se estableció que toda organización comunitaria debe regirse por esta ley y las comunas no necesitan seguir el ordenamiento territorial constitucional (artículo 10), pues pueden extenderse por encima de los límites del ordenamiento territorial y tienen prioridad sobre municipios y estados en la transferencia de los recursos. Tanto en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009 como en esta Ley Orgánica de Comunas se estipula que las organizaciones comunitarias reconocidas por el Estado tienen ahora como fin la construcción del socialismo.
 
En el Estado comunal emergente de estas leyes, las decisiones se toman por mecanismos de democracia directa. Así, se asignan a consejos comunales y comunas funciones muy numerosas y complejas. Las comunas serían articuladoras de consejos comunales, pero tienen tareas adicionales a estas: por ejemplo, contribuir al orden público, construir una economía de propiedad social como tránsito al socialismo y garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de participación directa de la gente en la formulación, la ejecución y el control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa. Las comunas se encargan de elaborar planes comunales, que concretan los dictados por el gobierno central, del cual dependen a través de regiones federales de gobierno, también creadas ese año como entidades que, «dentro del socialismo», adelantan planes especiales de desarrollo y por medio de las cuales el presidente, en Consejo de Ministros, encauzará inversiones y demás recursos fiscales. Las comunas podrían construir sistemas de agregación, como ciudades comunales y federaciones comunales, pero las condiciones de estas deben ser establecidas por el gobierno nacional (artículo 60).
 
Las comunas, constituidas como agregación de consejos comunales, deben llenar un conjunto de requisitos bastante complejos para ser reconocidas legalmente, lo que ha provocado que, en la práctica, sean pocas las comunas que han cumplido lo que establece la ley. Deben crear varios consejos para el autogobierno: el Parlamento Comunal es la instancia de deliberación y toma de decisiones, y el Consejo Ejecutivo, el cuerpo que los implementa. Tienen también un Consejo para la Economía Comunal, un banco, un Consejo de Contraloría y otro de Planificación. En la práctica, por las dificultades que entraña crear estos cuerpos, que son ocupados por voceros nombrados en los consejos comunales, no muchas comunas han logrado establecerlos o ponerlos a funcionar en su totalidad, en particular, el Parlamento Comunal. También ha resultado difícil la elaboración y organización del referéndum aprobatorio de la carta fundacional de la comuna que se exige por ley para su reconocimiento legal.
 
Estas son algunas razones que han hecho lenta la construcción de esta estructura del Estado comunal. Pero a lo largo del tiempo que lleva este proceso, siete años, se pueden observar varios otros obstáculos –además de la precaria legitimidad– que ponen en duda la posibilidad de que enraíce en Venezuela esta utopía del autogobierno popular. Las comunas son, primeramente, una innovación participativa impuesta desde arriba. Como señalamos, su existencia fue aprobada intempestivamente, sin discusión de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2010, cuando las sesiones ordinarias habían terminado y ya el país estaba en asueto navideño. Así, además de que este tipo de socialismo fue rechazado en 2007 por la voluntad popular, en 2010 las leyes pasaron por la Asamblea Nacional sin deliberación y los diputados chavistas se limitaron a alzar la mano para aprobar el paquete de «leyes socialistas» que entregó Chávez. Por otra parte, las comunas comienzan su desarrollo cuando ya han pasado el entusiasmo y el auge de la participación comunitaria del primer gobierno de Chávez y el proceso de cooptación de las organizaciones comunitarias estaba bastante adelantado. Hasta 2006, hubo una participación intensa y diversa del mundo comunitario, impulsada por la Constitución y una serie de políticas que en su mayoría trataban a las organizaciones comunitarias como independientes del Estado: mesas técnicas de trabajo, organizaciones comunitarias autogestionarias, cooperativas, comités diversos. Pero esto cambiaría con la Ley de los Consejos Comunales de 2006. Ahí surge el consejo comunal como articulador de todas las otras innovaciones participativas, se procede a desvincular la organización comunitaria del gobierno municipal y se ponen los consejos a depender directamente de la Presidencia, en lo político y en lo económico, lo que consolidó una relación lejana y asimétrica.
 
La participación como medio de desarrollo ciudadano y empoderamiento comunitario exige descentralización y autonomía frente al Estado. Pero Chávez, en su segundo gobierno, incorporó a las organizaciones comunitarias a sus campañas electorales. Esto creó una relación estrecha entre el partido de gobierno y los voceros de los consejos comunales y otras organizaciones, lo que favoreció su sectarismo político y cooptación. Para activistas y/o voceros, las relaciones con el Ejecutivo fueron haciéndose el centro de sus atenciones y esfuerzos y perdieron vigor los vínculos con sus comunidades. También el dinero distribuido a discreción por Chávez, en una época de bonanza petrolera, produjo importantes distorsiones, como hacer de la relación personal con el presidente algo más importante para los voceros de los consejos comunales que sus vínculos con instituciones o comunidades. Este proceso fue contribuyendo a que las organizaciones quedaran reducidas a estructuras conformadas por activistas chavistas, los llamados «voceros», y que muchos de ellos centraran sus actividades en gestionar recursos que otorga el gobierno.
 
Las comunas, agregados de consejos comunales, profundizaron estas tendencias. Ellas tienen escaso –o ningún– asidero en la historia de la organización comunitaria en Venezuela. Llegaron, como utopía socialista personal, por iniciativa de Chávez, quien las superpuso, como una organización de tercer nivel, a los consejos comunales y al tejido comunitario previo, que tiene su historia y sus culturas de organización y participación. Este tejido se relaciona incómodamente con las comunas y, sobre todo en el país urbano, estas resultan poco atractivas y difíciles de enraizar. Con todo, una vez decretado y asegurado qué recursos fiscales fluirían hacia las comunas, estas se expandieron entre 2011 y 2013. En ese último año, un censo oficial contabilizó unas 1.400 comunidades, la mayoría «en construcción», expresión que aludía al proceso inacabado de cumplir los requisitos legales para ser reconocidas. Es decir, se registraba que la mayoría estaba a medio hacer2. Dado que la información posterior es dispersa, lo más probable es que esta cifra sea un aproximado razonable del número máximo alcanzado por las comunas, hasta que la muerte de Chávez y la crisis global de la sociedad obstaculizaran irremediablemente el desarrollo del proceso comunal.
 
Las comunas después de Chávez
 
Diversas fuentes académicas y testimonios de activistas coinciden en que existe en la actualidad un número indeterminado, pero escaso, de experiencias comunales en funcionamiento, la mayoría de ellas en el campo. Las condiciones allí presentes parecen favorecer esta innovación, pues el gobierno ofrece a una población muy limitada en recursos un territorio y apoyos legales, técnicos y económicos (equipos, créditos) para experimentar alrededor de procesos productivos de propiedad social y trabajo colectivo. Se registran casos –como por ejemplo, la comuna El Maizal en el estado Lara– en los que se concreta el Parlamento Comunal y los comuneros desarrollan bajo principios distintos del lucro personal una producción agropecuaria que mejora su calidad de vida. Con el trabajo común, se conocen entre sí, dan expresión a problemas compartidos y potencian sus capacidades y conocimientos. Se han registrado casos en áreas rurales de Mérida, Portuguesa y Lara, entre otros, donde varias comunas lindantes se han agregado en corredores territoriales para fortalecer sus trabajos productivos. Se trata, no obstante, de experiencias rurales puntuales, en un país cuya población urbana sobrepasa el 92%. El apoyo gubernamental ha sido hasta ahora clave de la sostenibilidad de esas iniciativas.
 
Las experiencias urbanas positivas, en contraste, son más raras. Los activistas reconocen que la autonomía es muy limitada y asocian este hecho a que hay en áreas urbanas de población económicamente vulnerable muchos programas asistencialistas del gobierno, que impiden la creación de condiciones favorables a la autonomía organizativa y al trabajo con sentido colectivista. También porque hay menos historia o intereses compartidos entre los consejos comunales que son próximos entre sí, y porque prevalece la cultura clientelar. Las comunas tienden a ser estructuras que reúnen a un reducido grupo de voceros del barrio más que a la comunidad, y estos aprovechan sus posiciones para gestionar recursos que luego suelen ser gastados con poco o ningún control comunitario. Se registran experiencias exitosas de gestión a pequeña escala, como panaderías, chocolaterías, fábricas de bloques o transporte. Su potencial para propiciar el autogobierno es escaso y es usual que los consejos estén controlados por el oficialismo, que los pone a trabajar para él sobre todo en tiempos electorales.
 
En uno de los últimos consejos de ministros en los que participó, en octubre de 2012, Chávez reconoció la forma lenta, fragmentada, errática e ineficiente con que se llevaba adelante la construcción del Estado comunal. Reprendió públicamente a sus ministros e hizo críticas que siguen muy vigentes. En el contexto de un balance de proyectos socioeconómicos y productivos que el gobierno desarrollaba, el líder bolivariano lamentó la ausencia de las comunas en ellos y protestó por la creencia de que estas eran competencia exclusiva del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y porque no se entendiera que eran el «corazón» de un «desarrollo económico socialista» para el país, motivo por el cual debían estar presentes en todas las políticas estatales. Se preguntó cómo, pese a sus órdenes y esfuerzos, el proceso comunal estaba rezagado y, en tono de amonestación, cuestionó qué más debía hacer para que se cumplieran sus directrices: «¿Será que seguiré clamando en el desierto por cosas como estas?». Fue entonces cuando exclamó: «¡Comuna o nada!»3.
 
Desde entonces, la poca y sectorializada atención que han recibido las comunas en la gestión de Nicolás Maduro ha sido reconocida inclusive entre funcionarios y activistas que se identifican con el chavismo. Los recursos que se les otorga son menores en comparación, por ejemplo, con los destinados a importaciones de alimentos o al Sistema Nacional de Misiones4. Las comunas no se han vinculado a políticas macro ni se les han transferido servicios públicos, algo que está contemplado en la Ley Orgánica de Comunas como parte de sus funciones de autogobierno. Cooperativas fundadas mucho antes del proyecto comunal, que no dependen del Estado, hace décadas que gestionan servicios de manera exitosa: por ejemplo, Cecosa, en Punto Fijo, en el estado Falcón, distribuye 80% del gas doméstico. Las Ferias de Consumo Familiar de la Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara (Cecosesola) son un ejemplo de organización cooperativa que, bajo la filosofía de la participación y organización populares, llevan más de 30 años actuando como distribuidoras de hortalizas frescas, que colocan en el mercado de Barquisimeto a precios por debajo de los de la comercialización convencional. Hoy esta cooperativa es la principal distribuidora de verduras y alimentos regulados del centro-occidente del país.
 
El gobierno de Maduro no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular.
 
Maduro ha venido construyendo en estos años varios sistemas de gobierno, como el Sistema del Gobierno Popular, con sus Consejos Presidenciales del Gobierno Popular, creados después de las elecciones parlamentarias de 2015 por decretos presidenciales que desconocían a la Asamblea Nacional. Allí se incorporan para recibir directrices y recursos los consejos comunales y las comunas, así como otros sectores que gozan de igual rango: pensionados, jóvenes, pueblos indígenas, discapacitados y varios más. Están también el Sistema Nacional de Misiones y el Sistema Popular de Protección para la Paz5. En este último, los consejos comunales y las comunas también se incorporan como un sector entre otros, como medios comunitarios, bases de misiones, etc. Todos estos sistemas conforman una maraña institucional cuyo propósito pareciera ser consolidar un aparato de gobierno centralizado, paralelo a las instituciones de la Constitución, que permita distribuir ingreso fiscal petrolero a sectores sociales vulnerables y asegurarse información sobre ellos para facilitar su control social y político6. Se requiere más investigación para comprender el alcance de estos desarrollos institucionales. No obstante, en tiempos recientes y como respuesta a la ingobernabilidad extrema que hoy caracteriza la vida cotidiana del país, dos iniciativas presidenciales para la distribución de ingreso fiscal petrolero vienen superponiéndose a estos sistemas. El Carnet de la Patria y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (clap) son los nuevos circuitos clientelares por donde se derraman los recursos públicos a cambio de lealtad política. En tanto son controlados por militares, las prácticas participativas no importan y las comunas intervienen solo en casos puntuales, pues lo usual es que los encargados de los registros para la carnetización o el reparto de las cajas de alimentos clap sean designados por altos mandos militares o directamente por el partido. No se requiere ser vocero de consejos comunales y comunas. La contraloría social brilla por su ausencia7.
 
A modo de conclusión
 
El Estado comunal luce hoy como un proyecto postergado indefinidamente. Como hemos señalado, fue durante el segundo gobierno de Chávez cuando la concepción participativa para el autodesarrollo y el empoderamiento ciudadano nació herida, tanto porque no alcanzó legitimidad a través de los procesos democráticos pautados por la propia Constitución bolivariana como por la direccionalidad «desde arriba» con que se diseñó el nuevo Estado.
 
La propuesta comunal fue sobre todo un proyecto personal de Chávez, quien fungiendo como encarnación del poder popular se arrogó el derecho a decidir el futuro de los venezolanos. La casi absoluta ausencia de debate y la falta de sustento en la historia organizativa de las comunidades hicieron casi inevitable que tomara un curso desgraciado. El presidente Maduro sostiene que su propuesta autoritaria y de rasgos totalitarios es el genuino legado de Chávez, que su gobierno es expresión del poder popular y que no se ha interrumpido el desarrollo del Estado comunal, ni de las comunas. Sin embargo, la falta de atención y de recursos destinados a estas formas organizativas dice lo contrario. La Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, no ha discutido aún nada sobre el «sistema comunal» desde que se instaló en agosto de 2017, pese a que fueron elegidos para conformarla diputados que son comuneros.
 
La más reciente vuelta de tuerca sobre el poder comunal y las comunas la dio Maduro cuando las asimiló a los clap, esa nueva estructura que tiene como propósito distribuir a precios subsidiados una caja con alimentos básicos, la mayoría importados, a cambio de la cual los venezolanos deberán mantener su lealtad política al chavismo. El 9 de noviembre de 2017, el presidente declaró: «Hay quienes dicen que Maduro abandonó las comunas. ¿Abandoné? Yo te aviso… No hablen paja. Entonces, ¿qué son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción? Esos son las comunas organizadas, son el poder comunal». En el marco de lo que el gobierno llama la «guerra económica», la revista de estos comités se denomina Todo el Poder a los claps, emulando la famosa consigna de Lenin a propósito de los soviets en 1917.
 
La suerte de comités comunales y comunas parece ser, mientras gobierne la actual cúpula militar-civil, continuar su declive y fragmentación. Algunos quizás puedan continuar funcionando y recibir apoyos gubernamentales, siempre que no pretendan ejercer autonomía política. Un caso ilustrativo es el de Ángel Prado, de la comuna El Maizal, quien en las pasadas elecciones municipales, superando múltiples obstáculos del oficialismo, lanzó su candidatura a alcalde del municipio Simón Planas. Prado ha denunciado un fraude electoral que lo despojó de sus votos, que se sumaron al candidato de Maduro8.
 
De darse una transición democrática, consejos comunales y comunas podrían ser aprovechados para facilitar procesos de articulación organizativa de segundo y tercer nivel en las comunidades tanto rurales como urbanas. Al fin y al cabo, el planteamiento de la Constitución bolivariana fue propiciar, mediante mecanismos de democracia directa, un tejido comunitario autónomo, corresponsable con el Estado en la gestión pública. Ajustadas a la Constitución, despartidizadas y vinculadas al gobierno municipal, estas formas de organización podrían contribuir a una democracia de mayor calidad, equidad y justicia social que la del pasado. Pero para ello deben ser reformuladas como un instrumento de las comunidades, que exprese su riqueza y diversidad. Por ahora, son solo un instrumento de apoyo del poder concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el país.
 
Margarita López Maya
@mlopezmaya
https://nuso.org/articulo/socialismo-y-comunas-en-venezuela/

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 274, Marzo - Abril 2018, ISSN: 0251-3552

ACTUALIZACIÓN DE EL REPUBLICANO LIBERAL II: DIARIO DE OPINIÓN, http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ DOMINGO 13/06/2021

 






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TITULARES DE HOY
13/06/2021

MIBELIS ACEVEDO: CON-VENCER

Sobre quién ha resultado vencedor en un país acogotado por el conflicto político, con un aparato productivo desmantelado, herido en su cuerpo social, atravesado por donde se le mire por la seña del empobrecimiento, no es fácil pronunciarse. Aun cuando “vencer” podría remitir al trance superado -mantenerse en el poder “como sea”, por ejemplo- lo cierto es que el balance de lo reciente es catastrófico para todos. Un compulsivo ejercicio de plantar banderas, en fin, mientras se apartan cadáveres. El gobierno que estira la liga del equilibrio inestable, la oposición desvaída y rota, la ciudadanía tan sufriente como exasperada: todos perdedores en una nación que se ha ido consumiendo a sí misma.
 
“La peor táctica es atacar a una ciudad”, avisa Sun Tzu. Lo decía sabiendo que cuando los ejércitos sitian ciudades, su fuerza se desgasta. Hoy también podríamos añadir que, a merced de esa disputa por la dominación, arrasar con el espacio de la vida civil acarrea graves pérdidas, siempre mayores que la ganancia. En coto asediado y drenado por la confrontación existencial, es obvio que “vencer”, en términos políticos -lo cual implica conquistar el interés de los más, convocar en torno a una causa- no es noción que encaje sin aprietos. Aun dando razón a Weber cuando afirma que el poder es de quien tiene “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”, la irreductibilidad de la autocracia en medio de una crisis de gran calado parece discutible. Sin favor popular, sin solvencia, sin capacidad de representación ni ciudad funcional que lo respalde, un liderazgo, lejos de vencer, fracasa redondamente.
 
Lo anterior pesa cuando las elecciones, incluso viciadas, siguen siendo fuente significativa de legitimidad y reconocimiento. Para quienes todavía esgrimen el discurso populista y polarizador del “ellos” contra el “nosotros”, contar con un “nosotros” tan enflaquecido no es precisamente fructuoso. Tampoco para una oposición democrática que trata de posicionarse como alternativa creíble, parece muy lógico prescindir de la visible acreditación de una sociedad dispuesta a acompañar sus propuestas. ¿Quién puede mentarse ganador en tales lides? ¿No es acaso un liderazgo sin audiencia, un liderazgo que sólo se habla a sí mismo, el mayor de los contrasentidos?
 
Esa ciudad, esa comunidad política reducida a ruinas pide reconstituirse, física y espiritualmente. Tomando en cuenta que 64,8% de la población (Datanálisis/abril 2021) no se ubica en ningún polo y que esa des-identificación política se traduce en potencial desafección cívica, la espina se vuelve más corpórea. Acá la política, concebida no sólo como monda lucha por el poder sino como elemento de integración, podría resultar sanadora. Pero para ello es necesario que los políticos comprendan la importancia de impulsar un movimiento social robusto y favorable al cambio. Que comprendan, además, que ganar influjo en estas circunstancias supone conectarse efectivamente con las demandas ciudadanas, en ambiente de paradigmas cambiantes donde evolucionar, para no extinguirse, es obligatorio.
 
Para colmo, vivimos tiempos en los que la democracia parece haber perdido atractivo (para muestra, el chusco botón de la elección peruana: allí, el “factor miedo” al que recurrieron ambos candidatos, desbancó el discurso de la reunificación, del reconocimiento del otro, el compromiso con lo plural). En ese contexto, los venezolanos enfrentamos un desafío todavía más arduo. Frente a la privación más básica, el despojo de la mediación virtuosa de las instituciones o la desmoralización por el “éxito” de la regresión autoritaria, un plan de democratización pacífica podría mostrarse elusivo. Habitamos un cortijo infectado por la desconfianza, sí, donde germina la idea de que lo que toca es habituarse o huir. Justo allí, no obstante, es vital sembrar la certeza de que, para ganar, hace falta luchar, con renovados modos y focos. Luchar, sobre todo, contra los intransigentes que desde todos los flancos se esmeran en patrocinar la dejadez, la queja sin destino, la anulación del sujeto político: el no-ser.
 
Debilitar al autoritarismo de distinto pelaje es condición que signa la transformación democrática. Para eso será bueno apartarse de “la demagogia de los ángeles”, Kundera dixit; entender que el bien “no requiere que los ángeles lleven ventajas sobre los diablos… sino que los poderes de ambos estén equilibrados”. Sabiendo que existen moderados en cada sector, por tanto, la idea es dar volumen a sus voces. La pérdida de apoyo militar, la calamidad económica o la derrota electoral a veces aceleran la salida de una autocracia, como recuerda Abraham Lowenthal; pero tales traumas sólo abonan a la mudanza cuando sectores claves del gobierno toleran o incluso apoyan los llamados de apertura que hace la oposición. Algunos indicios de eso se están haciendo evidentes, de hecho. Habrá que decir entonces que la mejor forma de vencer será convincĕre, con-vencer: esto es, “vencer con” otros, y plenamente.
 
Mibelis Acevedo D.
mibelis@hotmail.com
@Mibelis
@ElUniversal
Venezuela  

JOSÉ RAFAEL HERRERA: LA ÉTICA DE LA GANSTERILIDAD

El título de las presentes líneas se propone dar cuenta, en sus aspectos esenciales, del nervio central que anima la serie de las figuras “épicas” que, a lo largo de los últimos veinte años, ha ido creando el régimen criminal que mantiene bajo secuestro a Venezuela. Dichas figuras son, entre otras, las de los “patriotas cooperantes”, las “milicias”, las “reservas”, los organismos de seguridad e “inteligencia” policiales y parapoliciales, los “círculos”, las “unidades de batalla” –o squadre della morte fascistas–, el “pranato” y los capos de las “zonas de paz”. Todas las cuales, en realidad, conforman la reproducción ad infinitum de una única figura central de la conciencia gansteril: la figura del paramilitarismo múltiple y generalizado. El malandraje, en efecto, también tiene su logos.
 
Mención aparte de la irrupción de los “bachaqueros” o de las resignadas víctimas del “carnet de la patria”, estas figuras, a todas luces espurias, que se reproducen sin cesar, que parecen haber salido de una cadena de montaje imaginaria, mítica, premeditadamente diseñada para rampar en el charco de la vulgaridad y la violencia que caracteriza la esclerosis múltiple de un socialismo “de oídas o por vana experiencia”, no son más que la consecuencia necesaria de una sociedad secuestrada y condenada a sobrevivir según los dictámenes de un modelo lumpen proletario de existencia. Este es el inexorable destino –Bestimmt– de toda pobreza de Espíritu. Pero, en todo caso, su nervio central, la fuente de donde emanan de continuo todas esas figuras del terror,  es la ética de la gansterilidad.
 
Benedetto Croce, en uno de sus extraordinarios ensayos, muestra cómo los delincuentes, cuyo oficio se sustenta en la transgresión de las leyes de la moralidad, tienen, sin embargo, sus propios códigos morales. Forman una sociedad de cómplices que se rige por ciertos y determinados antivalores, los cuales, por invertidos o, más bien, por torcidos que puedan llegar a ser, son sus valores, sus reglas de comportamiento, no solo ante sus “colegas” pandilleros sino, sobre todo, ante sí mismos. Y mientras se mantengan firmes dentro de los límites de sus códigos y convicciones, las cosas irán bien y hasta podrían convertirse en un ejemplo para las jóvenes generaciones de la cultura del barrio –cultura, por cierto, no escrita, aunque sí transmitida a través del ejemplo viviente y la oralidad–, una vez educados y preparados para asumir las “labores”, el “trabajo”, “el oficio” de delinquir. La necesidad, dice el adagio popular, tiene cara de perro.
 
Si se le preguntara a un gánster si sus actividades son incompatibles con las creencias religiosas o si el grupo mafioso al que representa es inconciliable con una determinada afiliación de culto por lo sagrado y divino, el gánster en cuestión respondería con un “¡no!” rotundo. Incluso, quedaría sorprendido por la pregunta, porque para él es obvio responder que “¡sí!”, que no hay ninguna contradicción entre creer en Dios o en sus Iglesias, y al mismo tiempo formar parte de una organización criminal. Tanto es así que no se conocen mafiosos ateos. Y se encomiendan con reverencial fervor ante el santísimo o ante las ánimas del purgatorio, antes de cometer una fechoría. En las celdas de las cárceles se pueden encontrar numerosos textos bíblicos, rosarios, cadenas con crucifijos, santuarios, estampas, reliquias sagradas, “entierros”, entre otros menesteres. Y, entre tanta devoción y entrega, muy probablemente se encuentren representaciones, tallas, de las figuras del Negro Primero, Maria Lionza, José Gregorio Hernández, el Indio Guaicaipuro, etc., nada menos que junto a Jesucristo y -¿quién sabe?- al mismísimo comandante Chávez. Todos los cuales conforman “la corte malandra”.
 
Vito Corleone, il Padrino inmortalizado por Mario Puzzo, no aceptaba que en su próspero “negocio”, levantado con mucho esfuerzo –y unos cuantos cadáveres sobre sus espaldas–, se introdujera la comercialización de narcóticos. Afirmaba Corleone que eso terminaría por dañar las mentes de los hombres del futuro. Y no se equivocaba. Pero las consecuencias de su negativa, su apego a i codici tradizionali, le salieron muy costosas. E incluso, fue víctima de una emboscada a pistoletazos como consecuencia de sus convicciones, lo que terminaría acelerando su propio fin. Con ello, Puzzo da cuenta de cómo, en el fondo, y dependiendo de las circunstancias, es decir, del contexto histórico-cultural dentro del cual se viva, se pueden llegar a introducir nuevas y más vigentes “reglas de juego”. The things change, pero no de la noche a la mañana: “Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad anterior”.
 
La pauta de semejante relativización de la moralidad ha sido comprendida y ampliamente reseñada por Max Weber, quien supo distinguir entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. En el fondo, se trata de asumir la obligación de responder –y esto es, por cierto, lo que significa “responsabilidad”– con una determinada acción ante una determinada circunstancia. Lo cual siempre dependerá de situaciones y factores específicos, a pesar de que existan los llamados “principios generales”. Que un político actúe según los criterios de la ética de la responsabilidad significa que deberá evaluar sus acciones sobre la base de las posibles consecuencias para sí mismo y para el resto de la sociedad, es decir, sopesar los eventuales beneficios y perjuicios que la decisión en cuestión pudiese acarrear. De hecho, la ética de la responsabilidad se puede sintetizar en una expresión, injustamente atribuida a Maquiavelo: “el fin justifica los medios”. Pero con ella se abren las compuertas de su “fase superior”: queda abierto el camino para la siempre cambiante, camaleónica, ética de la gansterilidad.
 
José Rafael Herrera,
jrherreraucv2000@gmail.com
@jrherreraucv
Venezuela

CARLOS E. AGUILERA: LA “MORAL POLÍTICA” DEL RÉGIMEN SOCIALISTA

 “Siempre es grande, siempre es noble conspirar contra la tiranía, contra la usurpación y contra una guerra desoladora e inicua” SIMÓN BOLÍVAR 

De nada ha servido crear leyes electorales y dotar de autoridad discrecional (¿) a los organismos que rigen esta materia, porque la máxima de Maquiavelo de que “el fin justifica los medios” termina por demostrar que la lucha por el poder se hace más cruenta, más bárbara, pues no importa pisotear dignidades y sentimientos, mediante la mofa y falta de respeto a sus adversarios políticos y al país nacional., como suele recurrentemente hacerlo el inquilino de Miraflores y sus acólitos enchufados, y militantes del partido del oficialismo (PSUV).
 
Y esto ocurre debido a la pobreza de la cultura política que exhiben ciertos representantes tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo. El debate por parte de actores del oficialismo consiste en acusaciones sin sustento, sin pruebas y se convierten en meros pleitos callejeros con lenguaje procaz, grosero, intimatorio y sarcástica burla de la que hacen gala con postura radical contra quienes se encuentran en la acera de enfrente, por no compartir sus maneras de pensar y de sentir.
 
Además de los ataques personales, los sucesos ocurridos en tiempos pasados en la Asamblea Nacional convirtieron a la sede del Poder Legislativo, en un escenario dantesco como si se tratara de un circo romano, en el que las fieras dan rienda suelta a su voraz apetito destrozando a sus presas indefensas. Postura que no ha cambiado en absoluto, pues a menudo se sigue denostando contra sus víctimas de la oposición, a través de correos electrónicos, redes sociales, canales de televisión y medios impresos oficiales., en los que se despotrica contra los “bandidos, ladrones, traficantes, imperialistas, mercenarios y vende patrias” (sic), sin el menor recato y vergüenza.
 
Estas campañas del miedo, de ataques personales y demás argucias falaces son conocidas bajo el concepto de violencia política o bien, bullying político. El incremento de la perversión del poder, ha provocado que quienes disfrutan el privilegio de mandar, cometan actos que atentan en contra de la dignidad de la persona, implementando situaciones deshonestas que denigran de la integridad de sus adversarios, además de campañas y guerras sucias con solo el objetivo de dañar su imagen. Y es que la perversión de los actores del oficialismo ha llegado a extremos insospechables e inauditos.
 
En numerosas ocasiones hemos escuchado a los personeros del oficialismo invocar a connotados líderes de procesos políticos, como paradigmas de la llamada revolución bolivariana del siglo XXI, entre otros al parlamentario, abogado y político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, vilmente asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. Pero desconocen que este ilustre hombre, pese a haberse declarado socialista, pues hasta incorporó muchos de los postulados marxistas en su lectura de la realidad, no proponía un cambio radical del sistema sino una transformación gradual, que beneficiaría no sólo a las clases populares sino a sectores de la clase media y los empresarios.
 
Históricos son sus discursos en la calle y en el parlamento. Uno de ellos, pronunciado en la Plaza Bolívar de Bogotá y que denominó “Una oración por la paz”, que debería ser de necesaria lectura para los apóstoles de socialismo, marxismo, y mal llamado bolivariano del siglo XXI, por lo que nos permitimos transcribir parte del mismo, para que les de luz y taladre su cerebro evitándoles caer en lugares comunes con burdos mensajes como el de “Chávez vive”.
 
"Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria.
 
Señor Presidente: Serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. ¡Todo depende ahora de vos! Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad.
 
Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable.
 
Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia!
 
Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia.
 
Señor Presidente: Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama: ¡que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes!
 
Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!"
 
¡He allí, la lección!!
 
Una clara y diáfana demostración del verdadero talante democrático del caudillo colombiano, que debería ser asimilado por Maduro, Cabello y por quienes exhiben falsos ropajes de socialistas, contrariando la esencia y el espíritu de un pueblo que anhela vivir en paz y armonía, sin odios, rencores, injusticias y atropellos a la dignidad del ser humano.
 
Carlos E. Aguilera A. 

careduagui@gmail.com 

@_toquedediana 

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

VICENTE BRITO: ¿COMO LOS INCREMENTOS DEL VALOR DE LA CANASTA ALIMENTARIA Y CESTA BÁSICA AFECTAN EL CONSUMO?

Los incrementos de los precios de los alimentos que conforman la canasta alimentaria así como de los diversos productos y servicios que integran la cesta básica, nos demuestra cómo el consumo disminuye en la medida que el valor de adquisición ha venido aumentando de manera permanente sobretodo en los últimos 5 años.
 
 
El incremento de su valor están relacionados al proceso inflacionario en que nos encontramos. Observándose como los números y gráficos reflejan una evidente paridad permanente entre inflación y aumento de precios. Los precios de los alimentos y productos esenciales importados están sujetos al valor del dólar, así como a las fluctuaciones de su precio internacional lo cual afecta el precio final de estos productos importados. 
 
En este momento el valor de la canasta alimentaria la cual comprende sólo los alimentos necesarios para el consumo de una familia de 5 personas, alcanza los 300$ al mes y el estimado de la cesta básica la cual incluye alimentos, transporte, ropa, zapatos, medicinas y algunos imprevistos supera los 500$. Encontrándonos con que la mitad de las familias Venezolanas sus ingresos mensuales están por debajo de los 100$ al mes, ubicándose en niveles de pobreza extrema. Son aquellas familias que reciben sus salarios en bolívares y no tienen ningún ingreso en dólares provenientes de algún familiar en el exterior, son los más afectados por la inflación y por la devaluación a que se encuentra sometido el bolívar. 
 
Se estima que apenas un 20% de las familias Venezolanas tienen ingresos iguales o mayores al costo de la canasta alimentaria, el otro 80% se considera entre pobreza extrema y crítica, teniendo que cambiar el consumo de alimentos esenciales por otros de menor precio. Solamente en lo que va del año 2021 el efecto inflacionario es superior al 60% en bienes y servicios, lo cual genera una caída del consumo ya que la gran mayoría de los venezolanos tienen sus ingresos reducidos por la inflación sin disponer de oportunidades para poder aumentarlos. 
 
Lo cual se convierte en una calamidad familiar por los efectos causados en los aumentos del valor de la canasta alimentaria y cesta básica con sus consecuencias en el consumo.
 
Vicente Brito
vicent.brito@gmail.com
@vicentejbrito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución Vicente Brito
Venezuela

ROMÁN IBARRA: EL COQUI ¨PRESIDENTE¨

Es tal el deterioro de la vida en Venezuela que, cada cierto tiempo y ahora con más frecuencia, reaparecen los capos, o los pranes de los barrios más prominentes de las grandes ciudades, aterrorizando no solo a sus propios predios, lo cual ya es de por sí una calamidad, sino al país entero.
 
Debemos recordar que Chávez, en su plan destructivo de todo orden conocido, creó las ¨zonas de paz¨, y con ellas la cesión de amplios territorios, bajo la premisa falsa e irresponsable de que el pueblo en su ¨sabiduría¨ era capaz de regular su convivencia en sociedad.
 
Bajo esa idea manipuladora y cobarde, se escondía la verdadera intención, y no era otra que el interés de controlar a la ciudadanía por la vía del terror que sembraban estos delincuentes.
 
Chávez hizo alianza con el hampa, y eso quedó patentado cuando en televisión exigió que no se les llamara malandros, sino buenandros, y de ahí en adelante estos sujetos adquirieron patente de corso para delinquir impunemente, y encima dueños de los territorios conocidos como ¨zonas de paz¨.
 
Lo cierto es que han ganado notoriedad a raíz de sus violentas apariciones que ponen en zozobra a la ciudadanía decente que ya no puede transitar por sus barrios, y ciudades; carreteras o pueblos.
 
En días recientes, en una de sus frecuentes necedades, el ministro Jorge Rodríguez, acusó a estos pranes de una alianza con el otrora dirigente de la oposición, el ex diputado Guaidó para llevar el caos a entidades como Caracas, por sucesos como los de la Cota 905, territorio del Coqui.
 
Rodríguez sabe que eso es falso, pues la única alianza de los pranes es con ellos los del gobierno, pero es un intento de deslindarse de esas actividades delictivas. Lo grave del asunto, es que el COQUI le respondió con un tuit muy fuerte, que desmiente la posibilidad de relación alguna con la oposición, y advierte también un desencuentro con el gobierno de Maduro, el cual no reproducimos por respeto a los lectores.
 
Lo cierto es que más allá del empeño del ministro, y su intento por enredar todo para que nada se aclare, este es un asunto que debe ser encarado de manera eficaz, pues resulta inaceptable que estos grupos al margen de la ley, destruyan la convivencia ciudadana, y peor aún, atenten contra la seguridad del estado y sus instituciones.
 
Si no se les frena, éstos pasarán a ser los Pablo Escobar de cada ¨zona de paz¨ de las creadas por el gobierno de Chávez-Maduro, y reclamarán con vehemencia espacios de poder.
 
Es otra prueba de fuego para el país; se requiere con urgencia un acuerdo de gobernabilidad para reconstruir la paz perdida, y restablecer condiciones dignas de vida para toda la sociedad.
 
Tal como hemos sostenido en otros artículos, el gobierno a gobernar, y las oposiciones a unirse para juntos enfrentar los abusos de poder tan frecuentes en
 
el oficialismo. Desechar atajos, y acumular fuerzas en la AN (la próxima vez sin abstenciones inútiles); ganar tantas gobernaciones y alcaldías como sea posible, para luego entre ambos sectores –gobierno y oposición- enfrentar de manera decidida estas expresiones de violencia que se vienen multiplicando en nuestras ciudades.
 
Otros países han logrado controlar mediante acuerdos estos dramas existenciales de nuestro tiempo; queda claro que si hay voluntad e inteligencia, en nuestro caso pudiéramos lograrlo también.
 
Siempre hay tiempo para enmendar, pero se requiere voluntad y una inteligencia clara acerca de hacia donde debemos conducirnos y qué tipo de sociedad queremos dejar a nuestros descendientes.
 
Dios quiera que el sarcasmo empleado en el título de este artículo jamás sea posible. No podemos tolerar la vulneración institucional, y la degradación de todo lo bueno que aun nos queda como país.
 
Gobernabilidad democrática urgente!
 
Roman Ibarra
romanibarra@gmail.com
@romanibarra
Venezuela