sábado, 6 de febrero de 2016

LUIS MANUEL AGUANA, ENMIENDA Y CONSTITUYENTE

Ya la Causa R se adelantó en el juego de la salida constitucional del régimen. En un importante paso propuso una Enmienda Constitucional, con el principal objetivo de recortar el periodo presidencial actual, la reelección indefinida del Presidente, Gobernadores, Alcaldes, y Magistrados del TSJ (ver La Causa R consignó anteproyecto de Enmienda a la AN para recortar el período de Maduro, en http://www.lapatilla.com/site/2016/02/02/la-causa-r-consigno-anteproyecto-de-enmienda-a-la-an-para-recortar-periodo-a-maduro/).

Al margen de las mejores intenciones de La Causa R y Andrés Velásquez que presentan este Anteproyecto, no alcanzo a comprender porque piensan que esta solución es mucho más rápida que el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Veamos.

Considerando que la enmienda planteada solo afecta al Presidente y demás cargos de elección popular mencionados, así como a los Magistrados del TSJ, esta no tendrá efectos prácticos para los venezolanos con la sustitución del Poder Ejecutivo –que es lo que al final se está buscando- sino después de cumplidos los 4 años del periodo presidencial, léase el 10 de enero de 2017. Esto último sin tomar en consideración que existirá con seguridad una demanda del régimen interpuesta en el TSJ, a su sala Constitucional, reclamando que Maduro fue electo por 6 años, y que se estaría violando el derecho, no solo del Presidente sino de los electores que el 14A-2013 votaron por Nicolás Maduro. Con este régimen TODO termina allí. Esto pondría - de nuevo - todo a girar alrededor de los Magistrados del régimen en la Sala Constitucional del TSJ.

A los efectos de la solución constitucional del problema político que tenemos AHORA  los venezolanos, la propuesta de Enmienda planteada tiene un alcance que se limita solamente a la sustitución del  Presidente para enero del 2017, sin contar que en caso de ser aprobada, los Presidentes, Gobernadores y Alcaldes tendrían realmente una duración promedio de 8 años dado que en Venezuela no existe ninguna normativa que limite a estos funcionarios a utilizar todo el poder que les confiere el Estado en el uso de los recursos públicos para imponerse desde sus puestos en contra de cualquiera que les compita. Eso ocurrió con Chávez y el resto de la pandilla desde que se comenzó a hacer uso de la reelección presidencial. Ningún candidato tenía más recursos que el Presidente, que disponía del presupuesto nacional para reelegirse. Es por eso que la norma de reelección del Presidente de la República establecida en la Constitución de 1961, no la establecía de manera inmediata.

Pero apartando ese detalle, importante pero no significativo para nuestro análisis, el planteamiento es del TIEMPO de implementación de la solución, de cómo se sale más rápido del problema político. Suponiendo que el Anteproyecto sea aprobado por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional (Art. 341.2 CRBV) inmediatamente (ya que es notoria la inclinación de los Diputados por esa opción), y se convoque al Referéndum Aprobatorio de la Enmienda 30 días después de ser entregada al Poder Electoral (Art. 341.3 CRBV), y siempre antes de las elecciones de Gobernadores en diciembre de este año, sus efectos no los verán los venezolanos sino después de estas mismas fechas el próximo año, cuando tome posesión un supuesto nuevo gobierno constitucional el 10 de Enero de 2017, de ser aprobada la enmienda por el pueblo de Venezuela, eso si la Sala Constitucional del TSJ no pone esa solución en un congelador, luego de ser aprobada por los Diputados, siempre esperando que para ese entonces no estemos bañándonos profunda e irreversiblemente en el Mar de la Felicidad Cubano.

Se les está vendiendo a los venezolanos que la Enmienda Constitucional es la solución más expedita para solucionar el problema político del país y ESO NO ES VERDAD y se puede fácilmente demostrar:

Una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, está prevista en el Articulo 348 de la Constitución de 1999. Asumamos aquí que los Diputados se despojan de sus apetencias de continuidad política de 5 años en la Asamblea Nacional y convocan al constituyente, por así decirlo, la semana que viene, esto es la semana del 8 de febrero de 2016.

El efecto inmediato de esa decisión es que sin traba alguna de ningún otro poder, el Poder Electoral, está en la obligación Constitucional de convocar un Referéndum Aprobatorio de esa decisión, tal y cual se realizó en 1999. Digamos que esto se hace a los 30 días de recibir el mandato, con las dos preguntas fundamentales al Soberano Pueblo de Venezuela: a) Quieren o no una Constituyente; y b) Aprobación de unas Bases Comiciales propuestas en el mismo acto en caso de que la pregunta en a) sea afirmativa. En ese sentido el Proyecto País Venezuela tiene una propuesta firme de Bases Comiciales que puede ser puesta a disposición de la Asamblea Nacional.

Si el mandato lo recibe el Poder Electoral, digamos que el 15 de febrero, se debía estar convocando el Referéndum para el 15 de Marzo, ¿no es así? Asumiendo que el Poder Electoral se echa una semana para dar los resultados (fíjense que los estoy tratando bien), el 22 de Marzo deberíamos conocer que los venezolanos desean cambiar las estructuras políticas del país con una rotunda aprobación de esa Constituyente.

Asumiendo que el Poder Electoral (que para ese entonces debería tener nuevos Rectores) arranca el proceso de elección constituyente, digamos que el 1ro de abril, con una duración de 90 días para la elección de los constituyentistas, el día 1ro de Julio de 2016 deberíamos tener electa una Asamblea Nacional Constituyente.

Dándole UNA SEMANA para su instalación (que es mucho), la segunda semana de Julio de 2016, la nueva Asamblea Nacional Constituyente, por los poderes investidos por el Soberano Pueblo de Venezuela, DESTITUIRIA como primera decisión al Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro, instaurando un Gobierno de Transición que duraría lo mismo que los 180 días de deliberación Constituyente, hasta tener redactada una nueva Constitución que lleve a la elección de los nuevos Poderes Públicos, basados en la nueva Carta Magna;  esto sin desmedro a que decidan la destitución de aquellos Poderes Públicos que lo ameriten inmediatamente, como el Poder Judicial y el Poder Ciudadano. Recuérdese que Hugo Chávez puso su cargo a la orden a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 luego de su instalación. Aquí no habría que esperar por eso.

La Asamblea Nacional podría perfectamente permanecer en sus funciones hasta donde el Constituyente lo decida, dado que fue electa el 6 de Diciembre pasado como un poder de reciente legitimación.

Entonces, ni los Diputados ni ninguna otra persona podrían difícilmente argumentar que una Constituyente va a durar un año o más como excusa para evitar esa solución al problema político de los venezolanos. Los tiempos arriba indicados en el ejemplo son los mismos que se utilizaron para la Constituyente de 1999. Lo que si estaría durando un año o más como solución para los venezolanos es precisamente una Enmienda, como se indica anteriormente, siendo además limitada en acción y efectos. En todo caso los tiempos constituyentes podrían retrasarse por la incorporación de Rectores verdaderamente independientes en el CNE, pero en ningún caso se llegaría a enero 2017, sino a lo sumo a agosto de 2016.

Si han llegado tan lejos leyendo esta nota, deben haber podido concluir que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es, a) más rápida que la implementación de una Enmienda Constitucional; y b) no solo incluye lo que está proponiendo la Causa R sino muchísimo más y con mayor profundidad en la solución del problema político y social de Venezuela, como por ejemplo la Amnistía inmediata por la ANC de los presos políticos y la apertura económica necesaria para resolver la comida y las medicinas.

Entonces, ¿cuál es la razón por la cual los Diputados, con la excusa del tiempo, evitan la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente como una solución integral, global e inmediata al problema político de los venezolanos? ¿Por qué se evita que un Constituyente rehaga el Pacto Social y Político que es urgentísimo discutir en una sociedad completamente dividida? ¿Por qué se evita cambiar las estructuras del Estado que no sirven, federalizando política, administrativa y financieramente al país, dándole paso a la discusión de un nuevo Proyecto de País?

Podría imaginarme varias razones y todas ellas pasan por lo mismo: supervivencia política. Una Asamblea Nacional Constituyente destruiría las aspiraciones políticas de un montón de gente allí, que desde ya han demostrado su interés, no por resolver el estado crítico en que se encuentra Venezuela, sino por llegar a ser Presidentes o Gobernadores, usando la diputación en la Asamblea como trampolín para eso, y ni siquiera llevan tres meses allí como diputados.

Y la verdad no entiendo porque. El país no se va a acabar si Henry Ramos Allup no es Presidente en diciembre o algunos de esos diputados no llegan a Gobernadores ese mes. El problema pasa porque factores importantes de la oposición no desean que Leopoldo López salga en libertad porque amenaza la estabilidad política de alguno de ellos o necesitan –no quisiera pensar en eso- la continuidad del régimen por razones de supervivencia económica. Todo esto a costillas del sufrimiento del pueblo venezolano.

El problema que tenemos aquí va más allá de buscarle una solución a Maduro y su régimen de oprobio. Debemos buscarle una solución profunda al elevado grado de descomposición del tejido moral, político y social de Venezuela. Y esa solución como que no va a pasar esperando que los Diputados entiendan que los venezolanos que votaron el 6D esperan más de lo que ellos pueden dar. Pasará porque el Depositario de la Soberanía, cansado de esperar, se imponga por encima de eso…

Luis Manuel Aguana
luismanuel.aguana@gmail.com
@laguana
Caracas – Venezuela



HENRIQUE SALAS-RÖMER, ALGO SABE MADURO, QUE LOS DEMÁS IGNORAMOS

 “El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos, aparentar que se está cerca.” Sun Tzu
  ‘Hace pocos días le escribí a una amiga en tono de chercha: Yo, Jefe Indio saber que haber incendio cuando ver salir el humo. Hoy, Jefe Indio ver incendio pero no ver humo salir.’

Por respuesta, la amiga me hizo llegar el último programa de José Vicente. Allí JV señala, impávido, como incapaz de lanzar siquiera una piedrita, que según Hinterlaces, para el venezolano,2015 fue mucho peor que 2014, pero que, en cambio, para un porcentaje mayoritario, existen expectativas de recuperación en 2016.

‘Ahora Jefe indio comprender, le respondí. No ver humo porque el 6D el incendio apagar.’

Pero, a decir verdad,el incendio sigue allí, más y más voraz, y se está multiplicando en varios frentes. Cada día menos alimentos y medicinas; más agua contaminada; mas apagones;  menos dinero para pagar la deuda; menos crédito para importar; mas inflación, mas caos, más criminalidad.

Y uno tiene que preguntarse:

¿Quién se quedará tranquilo en su casa, cuando los niños lloren y no haya nada que comer?

A juzgar por las apariencias, uno solo se quedará en casa: Nicolás.

Con el fuego acechando a Miraflores, Maduro, al llegar a Ecuador, lució no solo tranquilo y dueño del patio, sino agresivo:

“Me voy a reunir con el presidente Santos, y uno de los temas que le llevo, que es duro, pero tenemos que ver la cruda realidad: ¿Van a combatir el narcotráfico en Colombia, sí o no?”, afirmó el líder venezolano.” Relata el diario El Comercio.

Luego, según Minutouno.com, en una alocución televisada señaló que el Gobierno de Macri y otros “de derecha que existen en América Latina… no han entendido el mensaje claro que el comandante (Hugo) Chávez impulsó para fundar Unasur, para fundar la Celac…. O nos respetamos todos o se acaban las reglas de juego en esta batalla por la nueva América y la nueva historia. Así se lo digo al presidente de Argentina que viene agrediendo a Venezuela: O nos respetamos todos o se acabó esta historia. Respeto a Venezuela, respeto a la patria de Bolívar”, exigió.

Durante dos años EEUU y Cuba, bajo el auspicio de El Vaticano, se reunieron secretamente en Canadá hasta alcanzar el acuerdo que en diciembre de 2014, al mundo entero sorprendió. Ha transcurrido poco más de una año, y el pasado 30 de enero, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry viajó a Quebec para precisar con el nuevo gobierno de ese país el rol que en adelante jugarán los canadienses en la alianza contra el ISIS. También, según el parte prensa, conversarían la pandemia del ZICA… y sobre problemas de liderazgo en Haití. ¿Y de Venezuela, al borde de una crisis humanitaria, nada?

Son especulaciones, claro. Pero algo sabe Maduro que los demás no sabemos.

Henrique Salas-Römer
hsr.personal@gmail.com
@h_salasromer

Carabobo - Venezuela

GUSTAVO AZÓCAR ALCALÁ, ¿ESPERAMOS HASTA JUNIO PARA SALIR DE MADURO?


Un cable de la agencia AFP, publicado en EL NACIONAL del 3 de febrero de este año, ha encendido las alarmas en algunos sectores del país que deseamos salir del pésimo gobierno de Nicolás Maduro lo antes posible. El cable dice que “la MUD analizará la enmienda, el referendo revocatorio y una Asamblea Constituyente como fórmulas para anticipar la salida del poder de Maduro, sin descartar su renuncia”. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo más grave, es que, según la AFP, “el mecanismo se definirá a más tardar en junio, de acuerdo con la coalición”.

Escribo estas líneas el sábado 6 de febrero, luego de ver las imágenes de un grupo de personas que intentaron saquear un supermercado en San Cristóbal en busca de comida, y pocas horas después de observar el más reciente discurso de Maduro, arremetiendo contra empresas Polar y su presidente Lorenzo Mendoza, y me pregunto: ¿estarán dispuestos los venezolanos a esperar hasta junio para que la MUD defina cuál es el mecanismo para salir constitucionalmente de este desastre? De verdad, no lo creo.

No pretendo competir con Adriana Azzi ni con Reinaldo Dos Santos en el terreno de las predicciones. Pero algo me dice, y no son precisamente los astros, que las grandes mayorías del país (sobre todo esa mayoría que votó a favor de los candidatos de la MUD el pasado 6 de diciembre) quiere y desea con fervor, que las fuerzas democráticas venezolanas definan, lo antes posible, el mejor camino para sacar a Nicolás Maduro de la Presidencia de la República.

Sí. Es cierto. No faltará quien diga que la nueva AN apenas tiene un mes de instalada, y que hay muchas cosas prioritarias, como la Ley de Amnistía, la Ley de títulos de propiedad para los adjudicatarios de viviendas de la GMVV y muchas otras leyes que se han presentado a discusión en el seno del parlamento venezolano. No le exigiré a Henry Ramos y los restantes 108 diputados de la MUD que resuelvan los problemas del país en 30 días como lo hacen descaradamente algunos voceros del oficialismo. Pero que nadie me venga con el cuento de que debo esperar hasta junio para que me digan cómo vamos a salir de Maduro.  Eso sí que no me lo calo.

Hay, hasta ahora, cinco caminos para buscar la salida de Maduro de la presidencia de la República:

1.- La Renuncia: Un importante sector del país insiste en solicitar la renuncia del Jefe de Estado. Hay quienes piensan en la posibilidad de que Maduro, en un gesto de desprendimiento y de admisión de sus culpas, ponga el cargo a la orden al reconocer que la crisis lo ha sobrepasado y que no está en capacidad para continuar al frente del gobierno.

Lo diré a bocajarro: no creo que Maduro vaya a renunciar. Todo lo contrario: pienso que el Presidente intenta desesperadamente aferrarse al cargo. Henry Ramos Allup dijo hace un par de días algo que comparto plenamente: “Maduro es un preso político”. Claro que lo es. Nicolás es un preso de los cubanos que no quieren por nada del mundo perder la influencia que tienen sobre el gobierno (y los dineros) de Venezuela. Es un preso de la cúpula militar corrupta que se ha enriquecido manejando los grandes negocios del gobierno y que no quiere por nada del mundo que se le acabe la manguangua.

Así que olvidémonos de eso: Maduro no va a renunciar. A Maduro hay que sacarlo de Miraflores, utilizando para ello cualquiera de las vías establecidas  en la Constitución.

2.- Asamblea Nacional Constituyente: La propuesta de una ANC, inicialmente lanzada por Leopoldo López, se ha desinflado, pero todavía hay un sector, que cree y defiende esa salida. En mi opinión, la Constituyente cuenta con un gran escollo: los partidos políticos que integran la MUD no están interesados en esa vía porque una Constituyente dejaría sin trabajo a la recién electa Asamblea Nacional. Como se sabe, una ANC deja sin efecto a todos los poderes constituidos, comenzando por el Poder Legislativo. No creo que los 112 diputados electos estén dispuestos a dejar unas curules que ganaron en muy buena lid y con tanto esfuerzo para abrirle paso a una ANC. 

3.- Recorte del Mandato: La propuesta de un recorte del mandato de Maduro la hizo el partido Causa R, el cual plantea una enmienda constitucional que debe ser refrendada por voto popular, y que según explicó el constitucionalista Juan Manuel Rafalli, requiere el voto afirmativo del 50 % más uno de los legisladores presentes en la sesión de la AN.

De aprobarse esta iniciativa, Maduro gobernaría hasta abril de 2017. En diciembre de este año se deberían celebrar elecciones para escoger un nuevo Presidente de la República. La propuesta de la Causa R no es nada despreciable. Pero ocurre que para que sea válida, requiere de una consulta popular (un referendo) que la convalide, lo cual implica atravesar el espinoso camino del CNE dominado actualmente por el PSUV. La ventaja del recorte del mandato, según algunos abogados, es que ese referendo aprobatorio se ganaría por mayoría simple, independientemente del número de electores que acuda a la cita, lo cual no implicaría la necesidad de sacar más de 7 millones 500 mil votos como el referendo revocatorio.

4.- Consolidar mayoría en elecciones regionales: Algunos partidos políticos pertenecientes a la MUD apoyan la teoría de la “consolidación de la mayoría” y consideran que las fuerzas democráticas deben centrar todos sus esfuerzos y sus energías en los comicios regionales que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, deberían realizarse a más tardar a finales de 2016 para escoger nuevos gobernadores y consejos legislativos. Según esta teoría, la MUD debe consolidar una mayoría política en otras instancias de poder para luego doblegar a Maduro.

Quienes defienden esta tesis señalan que si se repite la votación del 6D, las fuerzas democráticas podrían arrasar en no menos de 20 gobernaciones de estado.

La pregunta es: ¿aguantará el país un año más de gobierno de Nicolás Maduro mientras los partidos políticos buscan conquistar las gobernaciones? Y hay otra interrogante: ¿De qué sirve tener 20 gobernadores en un país presidido por Maduro y controlado por el TSJ y una cúpula militar corrupta?

5.- Referendo Revocatorio: El revocatorio pareciera ser la vía más expedita para salir de Maduro. Los demócratas de Venezuela ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para activar ese mecanismo. La experiencia obtenida en 2004 será de gran ayuda. Se necesitarían cerca de 4 millones de firmas (20% del electorado) y la aprobación del CNE que, por el momento, se encuentra dominado en una relación de 4 a 1 por el oficialismo, para activar este mecanismo.
Si dejamos el Revocatorio contra Maduro en manos del actual CNE ya sabemos lo que nos espera: firmazo, reafirmazo, firmas planas, planillas van, planillas vienen, hasta que a las rectoras oficialistas les de la regalada gana de aprobar la consulta. No descarten una nueva Lista Tascón (que evidentemente, esta vez llevará otro apellido) y las intimidaciones contra funcionarios públicos para que se abstengan de votar.

Pero si la AN actúa, de acuerdo con la Constitución y las leyes, podría revertir esa mayoría oficialista del CNE este mismo año, en virtud de que como bien se sabe, hay dos rectoras a quienes se les vence el período en 2016. El 22 de diciembre de 2014, el diario pro oficialista Ultimas Noticias, informó que “los períodos de las dos rectoras del CNE, Socorro Hernández y Tania D'Amelio, vencen en 2016”.

Hay que admitirlo: revocar a Maduro no es fácil. Se requieren 7.585.580 votos, es decir, un sufragio más de los que sacó en las elecciones de 2013: 7.585.579 votos.  Es bueno recordar que la oposición obtuvo en los comicios de abril de 2013 un total de 7.363.980 votos, cifra que aumentó en los comicios del 6 de diciembre de 2015 cuando se obtuvieron 7.707.422 votos, es decir, 343.442 votos más. El oficialismo, por su parte, obtuvo 5.599.025 votos, lo que significa 1.986.554 votos menos.

¿Hay votos para revocar a Maduro? La respuesta es sí. En las elecciones del 6D hubo cerca de 680 mil votos nulos, la mayoría de los cuales, eran sufragios opositores, gente que desafortunadamente no supo votar, o electores que intentaron cruzar el voto, para beneficiar a candidatos que se encontraban por fuera de la tarjeta de la MUD. Aunque sea difícil de aceptar es completamente cierto: hay gente que todavía no sabe votar con máquinas.

En conclusión: existen los mecanismos constitucionales para salir de Nicolás Maduro. Lo que no hay es tiempo. Esperar hasta junio es un suicidio. Cada segundo que pasa, hace que esta olla de presión se ponga mucho más caliente. El pueblo se está impacientando. Pedimos a la gente que nos diera mayoría en la AN y la gente votó. El país anda buscando una válvula de escape. Con el hambre de la gente no se juega. Los ciudadanos debemos actuar antes de que lo hagan los militares.

Gustavo Azocar Alcala
cafeconazocar@gmail.com
@gustavoazocara

Tachira – Venezuela

CARLOS ALBERTO MONTANER, LA GUERRA NUESTRA DE CADA DÍA

Digámoslo rápido. El enfrentamiento actual que divide a medio planeta, y especialmente a los latinoamericanos, es entre el neopopulismo o democracia autoritaria contra la democracia liberal. Acabo de desarrollar un breve curso sobre el tema en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. No conozco otra institución tan comprometida con la libertad económica y política. Impresionante.

En la esquina neopopulista del ring comparecen, a la izquierda, el padre Marx,el estatismo, el clientelismo, la Teología de la liberación, la Teoría de la Dependencia, Eduardo Galeano, Che Guevara, Ernesto Laclau, Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro, “todos revolcaos”, más el caudillismo, el gasto público desbordado, la ALBA, el Socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y un tenso etcétera con el puño cerrado y la consigna callejera a flor de labio.

En la esquina liberal se encuentran, el padre Adam Smith, Mises, Hayek y los Austriacos, Milton Friedman y el mercado, James Buchanan y la Escuela de Elección Pública, Douglass North y los institucionalistas, la responsabilidad individual, la empresa privada, el estado de derecho, la ALCA, el comercio libre y global, los Tigres de Asia, la exitosa reforma chilena, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Mario Vargas Llosa, el estado pequeño y eficiente.

Este eje de confrontación es relativamente nuevo.

El siglo XIX fue el de liberales a la antigua usanza contra conservadores, también de viejo cuño. El XX vio, primero, la batalla entre las supuestas virtudes de la hispanidad frente a los defectos de los anglosajones (el Ariel de Rodó y las conferencias encendidad del argentino Manuel Ugarte). La revolución mexicana de 1910 se cocinó en esa salsa antiimperialista.

A lo que siguió la aparición del marxismo y del fascismo, primos hermanos que acabaron pareciéndose mucho. Los años veinte fueron los del psiquiatra argentino José Ingenieros, con alma y paraguas rojos, y los de José Carlos Mariátegui y sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.

Poco después, en la Italia de Mussolini un joven militar argentino observaba con admiración la experiencia fascista. Se llamaba Juan Domingo Perón y a su regreso a Buenos Aires puso en marcha su “Tercera vía”. Ni comunismo, ni capitalismo: justicialismo. O sea, peronismo puro y duro. Era la expresión criolla del fascismo.

Tras la Segunda Guerra, inmediatamente vino la Guerra Fría. Antes y durante, América Latina se llenó de espadones santificados por Washington. El eje de confrontación pasaba entonces por los cuarteles contra los comunistas, o todo lo que oliera a ellos.

En esos años cuarenta se abrió paso otra fuerza: la izquierda democrática. Comenzaron a triunfar en Guatemala (Juan José Arévalo), Costa Rica (José Figueres), Cuba (Carlos Prío), Venezuela (Rómulo Betancourt), y Puerto Rico (Luis Muñoz Marín). Eran demócratas anticomunistas que procedían de la izquierda. Luchaban contra el militarismo desde posiciones anticomunistas.

Constituían, además, una dulce variante vegetariana del populismo. Creían en el estado benefactor paternalista, y no rechazaban las medidas estatistas. En el campo económico reinaba su majestad Lord Maynard Keynes y los políticos utilizaban el presupuesto nacional y el gasto público para impulsar la economía. Maravilloso. Estaban intelectualmente legitimados para dilapidar fortunas. Simultáneamente, distribuían las rentas y ejecutaban reformas agrarias que casi nunca lograron sus objetivos.

En 1959 volvió a cambiar el signo de la lucha. Fidel y Raúl Castro, junto al Che Guevara, con la inocente ayuda de otros grupos democráticos, derrocaron la dictablanda militar de Batista, con el objeto de establecer una dictadura comunista calcada del modelo soviético. Se proponían, fundamentalmente, destruir los gobiernos de la izquierda democrática, definiendo al adversario por sus relaciones con Estados Unidos y con la propiedad.

Si eran pronorteamericanos y promercado, aunque fueran de izquierda y respetaran las libertades, eran enemigos. Cuba atacó a Uruguay, Venezuela, Perú, Panamá, a todo lo que se moviera o respirara. También, claro, a los viejos dictadores militares como Somoza, Trujillo o Stroessner, pero no por tiranos, sino por proamericanos y procapitalistas. La isla era “un nido de ametralladoras en movimiento”. Estados Unidos se sumó a la guerra y en 1965, en medio de una guerra civil, desembarcó marines en República Dominicana para, decían, “evitar otra Cuba”.

Con Allende en 1970 se inició el peligroso juego de la democracia autoritaria y terminó a tiros tres años más tarde. Pinochet, que era un hombre de Allende, o eso creía D. Salvador, acabó bombardeándolo. Sin embargo, como el general no sabía una palabra de economía, les entregó esas actividades misteriosas a unos jóvenes chilenos graduados de las Universidades de Chicago y de Harvard. Pronto comenzaron a darle la vuelta a la situación.

Era la primera vez que en América Latina se oyó hablar de Friedrich Hayek (Premio Nobel en 1974), o de Milton Friedman (1976). A mediados de los años ochenta era evidente que el populismo había hundido a América Latina en un charco de corrupción, inflación y gasto público irrefrenable. La región había fracasado. Se habló entonces de la “década perdida”.

Surgió así el primer ciclo liberal de América Latina. Sus principales protagonistas procedían de otra cantera ideológica, pero eran personas flexibles e inteligentes. Entre otros, incluía al boliviano Víctor Paz Estenssoro, que regresaba al poder en 1985 a enmendar los desaguisados de 1952; el tico Oscar Arias, el argentino Carlos Menem, el mexicano Carlos Salinas de Gortari, el colombiano César Gaviria y el uruguayo Luis Alberto Lacalle.

Más que las convicciones liberales los movía la certeza del fracaso populista. Desgraciadamente, las acusaciones de corrupción contra Salinas y Menem, más el aumento desmedido del gasto público en Argentina, desacreditaron aquella reforma liberal y los enemigos comenzaron a atacar eficazmente “la larga noche neoliberal”.

En 1999, finalmente, comenzó a gobernar Hugo Chávez y se inició otra fase de democracia autoritaria. Ésta que ahora llega a su fin, hundida en la miseria, el desabastecimiento y la corrupción, dándole paso al nuevo ciclo de la democracia liberal, acaso iniciada con la victoria de Mauricio Macri en Argentina. Esperemos que dure.

Carlos Alberto Montaner
montaner.ca@gmail.com
@CarlosAMontaner
Vicepresidente de la Internacional Liberal

Estados Unidos

MARY ANASTASIA O’GRADY, MOMENTO DECISIVO EN CARACAS


El presidente Nicolás Maduro prometió combatir cualquier esfuerzo de la oposición por desmantelar la revolución bolivariana.    

El presidente Nicolás Maduro prometió combatir cualquier esfuerzo de la oposición por desmantelar la revolución bolivariana.  
La recién elegida Asamblea Nacional de Venezuela tiene programado comenzar el martes su período de cinco años. Probablemente no se tratará de una toma de posesión tradicional. El país será afortunado si no ocurren hechos violentos generados por las desesperadas milicias pro gobierno ayudadas por el aparato de inteligencia cubano.

El presidente Nicolás Maduro reconoció a regañadientes la victoria de la oposición sobre su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Pero en las semanas siguientes, Maduro ha intensificado su retórica militante, prometiendo “combatir” cualquier esfuerzo de sus opositores políticos por desmantelar la revolución bolivariana que el fallecido Hugo Chávez comenzó en 1999.

El problema para Maduro es que el PSUV no sólo perdió las elecciones. Fue vapuleado. Sus opositores obtuvieron una mayoría de dos tercios a prueba de vetos. La nueva Asamblea Nacional tendrá el poder para liberar prisioneros políticos, detener los envíos de petróleo a Cuba y convocar un referendo para destituir al presidente.

Eso es kriptonita para la élite corrupta de Venezuela y para el régimen cubano, que aún depende fuertemente de la generosidad petrolera de Venezuela. Sin embargo, el mundo tiene su mirada puesta sobre Caracas y es improbable que vaya a aceptar una abierta brutalidad al estilo cubano. Esa es la razón por la que, en vez de sacar a la calle los tanques de la Guardia Nacional como primera opción, Maduro apuesta a usar los tribunales, los cuales controla, para aplastar la contrarrevolución.

Que lo pueda lograr o no depende de tres factores: la respuesta del público a que se le niegue su victoria electoral en las urnas, la sutileza de los líderes de la oposición y si el Ejército (diferente de los narcotraficantes de la Guardia Nacional) decide respaldar la voluntad del pueblo.

Maduro anunció la semana pasada que una investigación de las elecciones, realizada por el gobierno, reveló fraude durante los comicios. El presidente prometió que pronto revelaría los detalles de lo que caracterizó como un plan siniestro de sus oponentes.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia accedió a escuchar los argumentos del PSUV sobre victorias de la oposición en ocho comicios legislativos. Si tan sólo el resultado de una de esas elecciones fuera revertido a favor del candidato del gobierno, la oposición perdería la mayoría de dos tercios que necesita para superar los vetos de Maduro.

Eso no debería ser algo difícil de lograr, ya que el gobierno controla el Tribunal Supremo. Anticipando una victoria de la oposición, 13 miembros de la Corte renunciaron en octubre, antes de su fecha de retiro de 2016. El mes pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, nombró sus sustitutos en el cuerpo de 33 integrantes.

Sin embargo, el miércoles por la mañana Maduro aún tenía un problema, puesto que los ocho legisladores electos cuyas victorias están en disputa tienen permitido asumir sus cargos hasta que el Tribunal Supremo decida su caso. El máximo tribunal se apuró a arreglar eso el miércoles por la tarde al anular los resultados electorales en el estado Amazonas, donde tres de los cuatro ganadores son miembros de la oposición.

La oposición denunció lo ocurrido y prometió que la totalidad de sus 112 representantes elegidos se presentarán el martes por la mañana en la Asamblea. También hizo un llamado a que sus simpatizantes los respalden en las calles ese día.

El gobierno ha llamado a sus propios seguidores para que se aseguren de que la decisión de la Corte sea implementada. Probablemente los chavistas conformarán la muchedumbre más agresiva.

No obstante, Maduro es bastante impopular. El petróleo venezolano ahora se cotiza en menos de US$30 el barril, la hiperinflación está causando estragos y hay escasez de todo, desde champú hasta autopartes y leche. La tasa de homicidios en Caracas está entre las más altas del mundo; las víctimas son mayoritariamente los pobres.

Maduro muestra una determinación inquebrantable en público. Pero carece del carisma de Chávez y se dice que el Ejército está resentido con él. Pese a su previo apoyo al chavismo, los militares podrían ser más proclives a respaldar al pueblo que al ex líder sindical de los conductores de autobuses. Después de todo, las familias de los militares rasos son parte de la sufrida clase media baja.

Desde la elección, Maduro ha ordenado a más de 1.600 militares en cargos administrativos del gobierno que abandonen sus puestos y regresen a los cuarteles. No se sabe si sus superiores pidieron que fueran relevados de sus responsabilidades o si Maduro los despidió.

Pero según rumores, en la noche de la elección, pese a una solicitud de Maduro, el ministro de Defensa, un general del Ejército, se negó a enviar a sus hombres a las calles para que ayudaran a robar la elección. Si eso es cierto, sugiere que el Ejército está listo para tomar el partido que sea más conveniente para ellos.

Los líderes de la oposición harán que esta decisión sea más sencilla si dejan en claro que el cambio que ofrecen no es un retorno al legendario capitalismo de amigos que existía antes del chavismo.

Mary Anastasia O'Grady
O'Grady@wsj.com
@MaryAnastasiaOG
Wall Street Journal

Nueva York - Estados Unidos 

ÁLVARO VARGAS LLOSA, EVO, RUMBO A LA ETERNIDAD

Evo Morales llegó al poder en 2006 bajo un halo de santidad cultural: era el redentor de los pueblos originarios, cuya “chompa”, que exhibió con orgullo durante su primera gira internacional, simbolizaba, de cara al Occidente culpable y culposo, un acto de justicia histórica. El mundo le abrió los brazos, se sintió bien haciéndolo sentir bien a él, y aplaudió que los pueblos originarios largamente oprimidos se viesen por fin reivindicados mediante el ascenso al poder, por la vía de instituciones occidentales que representaban al opresor, de este hijo de Oruro que había tumbado gobiernos perversos y extranjerizantes, y había despertado el fervor de las masas cobrizas.

Dicho relato, que como todos los relatos políticos tenía un porcentaje de verdad y un mucho de mentira, coincidió con uno de esos periodos de bonanza económica derivada de los precios de las materias primas de los que está jalonada la historia moderna de América Latina (también la anterior, por cierto).

La combinación era potente: un relato hecho de pasado y futuro (el pasado estaba encarnado en el mito y el futuro, en la utopía) al que era posible darle contenido gracias a un torrente de dólares provenientes de las renta gasífera y mineral. No importaba que el relato tuviese tantos agujeros como un queso gruyère, empezando por el hecho de que Evo es un mestizo cuyo idioma es el castellano y no un indígena formado en la lengua aymara. El relato, en política, es comúnmente un ejercicio de imaginación tanto de quien lo recibe como de quien lo ofrece, pues es la construcción de una ficción en la que los que la hacen suya quieren creer. Pero si, además, ese relato viene acompañado de unos hechos concretos que parecen validarlo, el efecto político es muy profundo. De allí la gran popularidad que los bolivianos han derramado sobre el ego de Evo en todos estos años: lleva una década gobernando y se prepara para triunfar, este 21 de febrero, en el referéndum que le permitirá presentarse a un cuarto mandato en 2019 para ejercer la Presidencia desde 2020 hasta 2025, fecha del bicentenario de la independencia boliviana. Luego, podrá presentarse de forma indefinida cada cinco años porque no hay -no habrá- barrera que se lo impida.

Esto, a menos que los bolivianos decidan, dentro de tres semanas exactamente, votar al “No” y cerrarle las puertas de la eternidad. Muchos sondeos dicen que el “No” tiene más respaldo que el “Sí”, aunque también los hay que señalan lo contrario y, en todo caso, en parte como sucede en Venezuela cada vez que hay comicios, el ambiente en que se desarrolla el proceso ofrece cualquier cosa menos garantías.

La OEA ha objetado el padrón electoral, ha habido protestas dentro y fuera del país por los nuevos o redivivos juicios contra funcionarios de gobiernos anteriores o instituciones críticas de Palacio Quemado, y los gremios de la prensa han hecho sentir su rechazo al cierre de una emisora, mientras que algunos se han solidarizado con periodistas despedidos. La propaganda oficial, un verdadero “juggernaut” que busca no tanto convencer como demoler, ha triturado a cuanto crítico se ha puesto enfrente con acusaciones temibles; no hay empresa mínimamente relacionada con alguien distante del gobierno que no esté bajo investigación o amenaza.

Aun así, no es seguro que Evo gane porque, como lo indicaba hace muy pocos días el sondeo de Ipsos, el rechazo a su re-re-re-reelección en el poder es muy alto. Todo indica que roza el 50 por ciento, aunque hay muchos sondeos donde supera por poco el 40 por ciento porque un porcentaje de quienes quieren un cambio de gobierno camuflan sus intenciones: están comprensiblemente intimidados.

No hay manera, en este clima, de pronosticar nada. Pero hay muchos síntomas de que está sucediendo entre un amplio número de bolivianos lo que le pasó a muchos venezolanos y argentinos en su momento: el deterioro económico y social, o al menos, en el caso boliviano, el anuncio de un deterioro inminente, está revalorizando ciertas nociones republicanas, como la separación de poderes, el Estado de Derecho y la alternancia en el gobierno, de manera que el atropello a la democracia forma ahora parte importante de la lucha de muchos líderes y seguidores del “No”.

No es difícil de entender por qué la defensa de la democracia no fue una causa eficaz contra Evo hasta ahora. Durante años Bolivia vivió un verdadero cuento de hadas que hizo parecer al “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” un grandioso instrumento de justicia. Entre 2006 y 2014, la renta petrolera le supuso al gobierno ingresos de 28 mil millones de dólares, cuatro veces el tamaño de la economía antes de que Evo llegase al Palacio Quemado. El monto del PIB en la actualidad, unos 32 mil millones, refleja esa bonanza, que ha significado un aumento descomunal del gasto corriente y de las inversiones estatales: el gasto público supera largamente el 40 por ciento del PIB, situándose a niveles de Estado de Bienestar europeo. El ministro de Economía, Luis Arce, bajo la dirección del vicepresidente Álvaro García Linera, ha ido subvencionándole la vida a millones de bolivianos y construyendo toda clase de obras públicas, útiles e inútiles. Evidentemente, esto se ha reflejado en las cifras de crecimiento y en la vida de las gentes.

Un solo dato dice mucho de la satisfacción de los bolivianos, o una gran parte de ellos, en estos años: la extrema pobreza se redujo de 38% a 17%. La clase media creció y se “sensualizó”, accediendo al cuerno de la abundancia.

Pero el modelo tenía pies de barro: dependía de los precios y el gasto estatal. Ahora, la renta vinculada a las materias primas ha caído 35 por ciento y las reservas, que llegaron a sumar el equivalente a casi la mitad del PIB, caen por primera vez desde que Evo llegó al poder. Inevitablemente, el nivel faraónico de gasto público no se ha reducido y por tanto el déficit fiscal ha empezado a notarse en serio. Se calcula que puede llegar a 7 por ciento del PIB. Para un gobierno que se preciaba de una gestión, son datos demoledores.

Evo, que depende del precio del gas y de los minerales, sabe bien cuál es la tendencia. No ignora, además, que tendrá que renegociar a la baja los contratos de gas con Brasil y Argentina, que están por encima del mercado, cuando se venzan en 2019. De allí la premura en forzar el referéndum del 21 de febrero mediante una ley impuesta en la Asamblea legislativa el año pasado, cuando Evo estaba en la fase inicial de su nuevo mandato. Si el efecto del cambio de fortuna económica ya se siente en las encuestas, cómo sería en el caso de que el gobierno esperase a 2017 o 2018 para el referéndum. El “No” tendría, presumiblemente, un caudal tan grande respaldo, que haría falta un fraude demasiado abultado y evidente.

El referéndum boliviano es aleccionador con respecto a lo que ha pasado en América Latina en la última década y media: el surgimiento de la nueva variente de la dictadura o régimen autoritario. Ya se sabe que la historia de esta parte del mundo es rica en regímenes de fuerza y que presenta un abanico extenso de modalidades. El nuevo autoritarismo, de corte populista, lo inauguró no tanto Hugo Chávez como Alberto Fujimori, sólo que fue Chávez, con el discurso socialista, el que bautizó a la nueva corriente de la que Evo forma parte. Consiste en desmontar las instituciones republicanas desde adentro, vaciándolas de contenido, sometiéndolas a la voluntad del gobernante, convirtiéndolas en instrumentos prolijos de la perpetuación en el mando pero también de la ejecución de las decisiones presidenciales bajo unas formas que no pierdan su apariencia republicana.

Es un tipo de sistema sofisticado, que hace muy difícil hablar, propiamente, de dictadura porque preserva muchos rasgos del sistema democrático y permite la actuación pública y organizada de una oposición. Se mantienen muchas de las características democráticas aun cuando se anula, en la práctica, la separación de poderes, la alternancia en el gobierno y el Estado de Derecho. Esta “franquicia” chavista tiene, en la Bolivia de Evo Morales, una de sus encarnaciones más exitosas gracias a los elementos mencionados más arriba.

Evo llegó al poder en 2006 tras ganar los comicios de 2005. Debía finalizar su mandato en 2011 pero, a base de avasallar a la oposición, logró, con el acuerdo de parte de ella, que se aprobase la ley 3941 para liquidar a la vieja república y reemplazarla por el Estado Plurinacional de la actualidad. El proceso no estuvo exento de violencia (muchos recuerdan la matanza del Hotel Las Américas en Santa Cruz o de El Porvenir en Pando) pero, en un clima de alta aprobación del gobierno, pocos se atrevían a ver en esto un equivalente al golpe de Estado.

La modificación abrió las puertas a todo lo demás, incluida la Constitución de 2009 que permite una reelección inmediata. Convocadas nuevas elecciones, Evo, triunfador, debía gobernar sólo hasta 2015, cuando se cumplía el fin de su segundo y último mandato. Pero en 2014 convocó nuevas elecciones, que la oposición observó porque la Constitución diseñada por el propio Evo Morales y su partido, el MAS, sólo autoriza dos mandatos consecutivos. La disputa terminó en el Tribunal Constitucional, que dio luz verde a la nueva elección de Evo con un argumento delicioso, todo un emblema del Nuevo populismo autoritario: por haber sido el Estado Plurinacional creado en 2009, la primera elección de Evo Morales no cuenta. Por tanto tenía derecho a un nuevo periodo si triunfaba. Triunfó y debía gobernar hasta 2020. Es decir: en las elecciones de 2019 en que se elegirá al gobernante del periodo 2020-2025, el actual gobernante boliviano ya no tiene derecho a participar.

El sistema, sin embargo, está diseñado para que toda norma sea letra muerta si la voluntad del caudillo se empina por encima de ella (uno de los rasgos distintivos del populismo, tanto de izquierda como de derecha). De allí que en la segunda mitad del año pasado Evo y su Vicepresidente, el profesor marxista y en cierta forma ideólogo del régimen, decidieran imponer una nueva ley para que el gobernante palpe la eternidad. El trámite pasa por el referéndum del 21 de febrero.

Así, la legalidad se vuelve una arcilla que amolda a su capricho quien ostenta el poder. La normatividad emana enteramente de la voluntad del gobierno en lugar de estar quien ejerce el poder sometido a unas leyes superiores e impersonales. En el autoritarismo populista del siglo 21 latinoamericano, un señor que quiere gobernar para siempre sólo tiene que ordenar a los suyos que le organicen esa posibilidad adaptando las instituciones y las reglas a su objetivo.

Es de esperar que los bolivianos, como antes los venezolanos y argentinos, logren la hazaña de derrotar a sus autoritarios este 21 de febrero. Pero el daño institucional ya está hecho: rehacer el delicado tejido ser una tarea ímproba para cualquiera que venga después.

Alvaro Várgas Llosa
avllosa@independent.org
‏@latercera  9 h
Oakland,- California - Estados Unidos


Fuente: http://independent.typepad.com/elindependent/2016/01/evo-rumbo-a-la-eter... / La Tercera

LUIS PAZOS, REFORMA DEL DF, NEGATIVA Y BANAL

La reciente reforma política, que implica la creación de otra Constitución y cambiar de nombre al DF por el de Ciudad de México, es una muestra más de la facilidad que tienen los partidos políticos para manosear la Constitución por protagonismo o pactos, sin ningún beneficio para la ciudadanía. La mayoría de los legisladores federales y estatales que votaron a favor de esa reforma ignoran los problemas que acarreará en el futuro, como el conflicto de leyes y dejar la seguridad de la sede del poder ejecutivo  en manos de un ayuntamiento o un Estado.

La Constitución de los Estados Unidos reserva un territorio, Washington D.C., para el asentamiento de los poderes federales por cuestiones de seguridad y competencia, con una autoridad directa del gobierno federal; en México, pasando por alto esas elementales razones, se aprobó una reforma política que solo significa un nuevo reparto del poder, más burocracia y mayores gastos a costa de los ya altos impuestos a los contribuyentes. Tan solo para costear la pomposa “asamblea constituyente” de donde se presume emergerá una nueva Constitución “progresista” y de “izquierda”, se destinará un presupuesto inicial de 100 millones de pesos.

Sus promotores dicen que se cumplirá con el anhelo de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México de tener una Constitución, lo cual es falso; lo que anhelan es una ciudad con mejores servicios, menos impuestos, menos reglamentos, menos multas, más seguridad, menos robos y extorsiones por parte de sus múltiples dependencias. Hablan de que ya registraron el nuevo nombre de ”Ciudad de México”, que desde la constitución del 17 se menciona. Parece que los autores de este show no leyeron el Art. 44 Constitucional, que, desde 1993, dice: “La Ciudad de México es el Distrito Federal sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos…” Ante la falta de argumentos serios y sólidos para crear leyes que generarán por conflictos de competencia, más reglamentos y gastos, quieren vender a los ciudadanos el cuento del rescate o incorporación de un nombre que ya está.

Lo de que serán “libres y soberanos”, quizá solo servirá a los gobernantes para desviar recursos y endeudarse con mayor facilidad, como lo han hecho varios gobernadores.

Luis Pazos
lpazos@prodigy.net.mx
@luispazos1

Mexico 

ENRIQUE G. AVOGADRO, ASOMBROSA DILUCIÓN,

"... una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales". Jorge Luis Borges
Cristina Fernández debe estar más que asombrada viendo, desde Calafate, cuán rápido se diluye su influencia sobre un Partido Justicialista, al cual durante casi trece años convirtiera en un caracol (mudo, baboso, arrastrado y cornudo), y que hoy intenta reconstruirse de la mano de Urtubey, de la Sota y Massa. La imaginaria revolución que liderara la noble viuda de un guerrero (de "Chorra", de Discépolo) concluyó con el saqueo y la colonización del Estado, la obsolescencia de la infraestructura nacional, una inflación que bate records mundiales, la caída del desempleo privado, una fractura social inédita y la creciente pobreza estructural; que esa sea la herencia de la década que recibió más viento de cola en los últimos sesenta años, agrava la imputación a los responsables.

Varios hechos demuestran cómo se escapa la arena del poder entre los dedos de esa suma sacerdotisa: la sanción del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, prohibida por ella pero habilitada por los intendentes; la patética transformación de su hijo Máximo (¡ordenó comprar una play-station!) en okupa en la Cámara de Diputados; la escuálida marcha para reclamar por Milagro Sala; la falta de acompañamiento social a la protesta contra los indispensables despidos en la administración pública -¡hasta Alicia Kirchner lo hace!-; la desfachatada negación de Estela Carlotto de su amistad; el apoyo a la reforma electoral y el grave alejamiento político del Senador Pichetto. Pero, en la medida en que aún conserva el apoyo de los gremios de izquierda y de algunas pseudo organizaciones sociales -¿cómo pueden estos idiotas seguir defendiendo un "relato" tan distanciado de la realidad y encabezado por las personas más corruptas de que tengamos memoria?- entrenados para generar violentos conflictos, resultaría estúpido subestimar su capacidad de daño.

La reunión de los mandatarios provinciales (muchos ya le echan "flit" al kirchnerismo y a La Cámpora) con el Ministro del Interior fue significativa, ya que permitió alcanzar acuerdos de gobernabilidad, que repercutirán en el Congreso a partir de marzo. El Presidente y su equipo -que cuentan con el 72% de aprobación- demostraron que pueden ser flexibles y enérgicos a la vez, que están dispuestos a dialogar y a corregir aquellas medidas que lo ameriten; no es poco, después de tantos años en los cuales ni el Parlamento pudo modificar una coma en las órdenes recibidas de los mandamases kirchneristas.

La noticia de la semana fue la quita parcial de subsidios a la energía eléctrica y el consecuente aumento en las facturas a las industrias y a los consumidores de la Ciudad Autónoma y el Conurbano bonaerense. Aquí también, motivada por la criminal inflación que están generando las cadenas de comercialización, en especial de alimentos, se recurrió a un prudente gradualismo; si no se hubiera hecho así, la simple equiparación de los precios con los costos de la energía hubiera multiplicado por quince o veinte el monto a pagar, pero habrá que llegar a ello para que podamos dejar de padecer las recurrentes interrupciones de servicio.

Hace muchos años, en una reunión con expertos, empresarios del sector eléctrico y grandes consumidores, dije a éstos que se estaban suicidando. Al haber aceptado el congelamiento de tarifas impuesto en el peor momento de la crisis de 2001/2002 y mantenido a rajatabla por ambos Kirchner, se beneficiaron con una gigantesca transferencia de recursos a su favor, mediante el subsidio al precio de uno de sus principales insumos; con una frase ajena ("la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita"), sugerí a los industriales iniciar conversaciones con sus proveeedores de generación, transporte y distribución eléctrica para paliar los efectos de esas medidas sobre la situación financiera de éstos; no fui escuchado, y esos beneficios de corto plazo fueron de tal magnitud que se quedaron sin fondos y, consecuentemente, dejaron de invertir para aumentar la capacidad de los tres sectores, que ya no pudo acompañar el crecimiento. Ahora, le queda a Aranguren la obligación de reconstruir CAMMESA, la entidad que autoregulaba al sector eléctrico y que fuera modelo mundial.

Dado que las facturas bimestrales por el suministro que recibían los hogares de la región privilegiada eran ridículas en sus montos, los beneficiados derrochaban el fluido, refrigerando e iluminando sus casas como arbolitos de Navidad y calentando el agua de sus piletas de natación aún en verano. Así, este ajuste dispuesto por el Ministro de Energía, justificado tanto desde el punto de vista económico cuanto desde la equidad con el resto de los argentinos, que pagan muchísimo más, también hará disminuir ese consumo irracional, reduciendo los riesgos de cortes de suministro.

La inflación sigue deteriorando nuestra vida cotidiana. Ante la disparada de los precios, que fue curiosamente acompañada por una baja en lo que reciben los productores de alimentos (carne, leche, etc.), surge una pregunta obvia: ¿quiénes son los que están atentando contra el país entero y lucrando tan criminalmente con nuestras necesidades?; estos imbéciles parecen no darse cuenta que ésta -el gobierno de Mauricio Macri- es la última bala y, si fracasa, retornará el populismo que los esclavizó durante trece años. Nadie puede acusarme de estatista o dirigista, pero creo que ha llegado el momento de que el Estado investigue las causas de ese impuesto no legislado (la inflación), Milton Friedman dixit, y utilice los muchos recursos legales -precios sostén, apertura gradual del comercio, etc.- de los que dispone para poner inmediato fin a esta situación ya que, además, se viene encima el tiempo de negociación de las paritarias salariales.

Si el Gobierno no toma el toro del gasto público por las astas, no hará más que repetir una película que ya todos vimos: endeudarnos en el exterior para financiar el déficit; las resoluciones adoptadas por el área de Energía van en la dirección correcta pero, tal vez, será necesaria una aceleración en los tiempos. Por el contrario, debe buscar capitales para las grandes obras públicas que necesitamos: rutas, puertos, comunicaciones, generación eléctrica, etc.; en ningún país éstas son realizadas con el ahorro de los ciudadanos actuales, porque resulta ilógico que una sola generación financie emprendimientos que beneficiarán a muchas en el futuro. Y, obviamente, captar inversiones productivas, pero recordemos que ellas requieren seguridad jurídica, hoy garantizada, y energía suficiente para sus procesos industriales, una materia aún adeudada pero en vías de corrección por las medidas del jueves.

Mañana, con el fin de la feria judicial, los jueces de Comodoro Py empezarán a desperezarse y, seguramente, acelerarán los tiempos en las causas que tanto preocupan a Cristina y Máximo Kirchner y a sus secuaces de toda laya. La Justicia debe entender que es quien tiene el mayor pasivo en la consideración social y, para corregirlo, debe actuar rápido, con seriedad e independencia, para perseguir a tantos ladrones, algunos de ellos con las manos llenas de sangre -como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi-, y para que, una vez sancionada la ley cuyo proyecto enviará Macri al Congreso así lo permita, recuperar los dineros que faltan de las arcas nacionales.

Enrique Guillermo Avogadro
ega1@avogadro.com.ar
@egavogadro
Argentina

LUIS GARRIDO, ALGO BUSCAN

El presidente llegó al borde de la desesperación.  Se declaró en rebeldía contra las decisiones de la Asamblea Nacional, que es como decir contra la voluntad de la gran mayoría de venezolanos que votaron por el cambio.  ¿A dónde quiere llegar? La respuesta se simplifica recordando el origen golpista de muchos de los protagonistas de su gobierno.  Su actitud es propia del dictador;   actúa como si tuviera la fuerza suficiente para restarle el poder que la Constitución le otorga al  resto de los organismos legales del país.  ¿Busca algo?  Se sabrá en el propio momento, pero su conducta  y el silencio que extrañamente  guardan los  cómplices de estos desvaríos se inclinan más hacia la sumisión que a dar muestras de defender al país.   

 Esto llegó hasta donde se desplomó todo entendimiento; el gobierno conspira contra el sistema democrático y las fuerzas de la unidad luchan por el rescate de la dignidad institucional  de Venezuela, se mantienen  firmes en su defensa.  Algo hay que hacer, pero lo que sea, debe ser ya.  En algún momento defendimos la tesis de la transición creyendo en la posibilidad del diálogo.  Para algunos, la designación de Aristóbulo por su experiencia política pareciera ser una estrategia de cara a bajar la temperatura, pero con los días  transcurridos  y sin resultados convincentes, olfateamos que el interés real no era otro que sacar al muñequito de torta.     

Con insistencia se habla de "transición" y otras salidas que acorten su estadía en la presidencia;  nuestra apreciación la manifestamos haciendo uso del refrán popular:  "paso agachao"; ni  un día más  con Maduro.   No hay tiempo para nada, este señor se lanzó por la calle del medio hacía una dictadura, teniendo de aliados a una buena parte de los que exhiben su pecho forrado de estrellas  y a los que  Ramos Allup ha denominado "el pelotón de fusilamiento".   El rechazará toda ley que se apruebe en la Asamblea Nacional.  Tomamos como  ejemplo: pretender desconocer la decisión del Parlamento sobre el decreto de emergencia económica y la ley de titularidad de tierras en favor del beneficiado.   
 
Algo buscan y no  es precisamente la paz del país.  La inflación, la devaluación, el control de precios, y la aguda escasez, le hacen temblar las piernas a cualquier presidente;  pero este es terco,   aferrado a su incompetencia  marcó su propio destino: cambio de gobierno ya.                                          

Luis Garrido
luirgarr@hotmail.com
@luirgarr

Carabobo - Venezuela