¿ELECCIONES GENERALES 2017?
Venezuela
se encuentra en un momento crucial, decisivo, concluyente. Hemos vivido 18 años
de muchas complicaciones, de dificultades que han aniquilado nuestra calidad de
vida. Sufrimos las consecuencias de una forma de hacer política que finalmente
llegó a donde todo el mundo sabía que iba a llegar, a sumir a los venezolanos
en la miseria. A hacer inviable el desarrollo del país y por lo tanto
imposibilitar el crecimiento de la persona como factor esencial de la sociedad.
La
situación no es trivial y no puede ser analizada con las herramientas que se
aplicarían a la normalidad democrática. Hay un acuerdo casi universal de que en
Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional, una alteración del orden
democrático. En otras palabras, el gobierno en su intento de pasar por encima
de todo principio democrático ha devenido en una dictadura que busca mantenerse
a sangre y fuego en el poder.
Así
como la situación política no es normal, tampoco lo es la calidad y cualidad de
las personas que ocupan las posiciones de poder. Para comenzar, su forma de
hacer política es por la vía de la imposición de sus criterios y formas de
hacer. No está en sus maneras eso de oír al pueblo y actuar en consecuencia.
Hay un compromiso con el proyecto político por encima de la Constitución y las
leyes.
Como
si esto fuese poco, muchas de quienes ocupan posiciones de poder están de una
manera u otra ligados a hechos reñidos con las leyes y que los hace objeto del
debido castigo. Desde haber tomado por asalto las arcas públicas hasta la
violación del inventario total de los derechos humanos pasando por delitos de
narco tráfico configuran una lista de delitos de la cual no se puede salir
fácilmente. El poder parece ser el último refugio de una clase política
compuesta por bandoleros.
¿Cómo
se supera la ruptura del hilo constitucional? ¿Cómo se repara el orden
democrático? La respuesta a estas preguntas tampoco es trivial. Sin embargo,
está claro que las acciones que llevaron a tal ruptura son delitos muy graves
que se pagan con cárcel. Quienes cometieron esos delitos y sus cómplices
usurpan posiciones de poder.
Visto
así, el juego requiere audacia de parte de los actores de oposición, se
encuentren o no bajo el paraguas de la MUD. Hay ciertas premisas que se deben
tener en cuenta y que examinaremos a continuación.
La
primera y más importante es que los que rompieron el hilo constitucional no
tienen cualidad alguna para repararlo. El problema generado por las sentencias
no se resuelve con la eliminación o enmienda de las mismas. El resarcimiento de
este gravísimo hecho que constituye un golpe de estado al poder legislativo
requiere una acción institucional.
Es
claro que los jueces de la sala constitucional no actuaron por la libre.
Obedecían ordenes de los directivos del partido al cual pertenecen. Por lo
tanto, existen otras personas que ocupan importantes puestos de poder que
también quedan inhabilitados para reponer el orden democrático.
La
segunda premisa importante es que tanto el poder electoral como el poder moral
han sido cómplices de los hechos que nos han traído a esta situación. El
primero por ser ejecutor reiterado de la violación masiva del derecho humano a
votar. El segundo por no haber investigado con la debida seriedad el problema
generado por el Tribunal Supremo al materializar un golpe de estado contra el
poder legislativo.
Esto
nos lleva a la tercera premisa según la cual el orden constitucional no se
repondrá con unas elecciones regionales. Eso no resuelve el asunto de la
culpabilidad de los jueces y sus cómplices, ni las violaciones del poder
electoral y mucho menos la inacción del poder moral.
¿Está
el juego trancado? No. La solución tiene su origen en al menos dos grupos de
acciones. La primera y más importante es la manifestación de descontento del
poder popular. De la gente cuyo honor ha sido mancillado continuamente desde
hace quinquenios. La presión de un pueblo en la calle exigiendo la restauración
del orden democrático, del imperio de la ley fundamentado en la constitución
nacional. Es la presión del pueblo la que posibilitará una salida a la crisis
más grave que ha vivido Venezuela en los últimos 60 años.
Por
su parte, el poder legislativo, electo por el pueblo el 6 de Diciembre de 2015
debe proceder a reinstitucionalizar el país. Para ello debe proceder a nombrar
un Tribunal Supremo de Justicia según los criterios y procedimientos que
imponen la Constitución y las leyes. Es bien sabido que el nombramiento de los jueces actuales estuvo
plagado de irregularidades y de violaciones a cuanto reglamento hubiese.
El
nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, con gente realmente
independiente, proba y con la formación necesaria para llevar a cabo la tarea
de facilitar la voluntad popular. Es más que claro que las rectoras del actual
cuerpo carecen no solamente de independencia política sino que además no tienen
criterio propio.
Un
nuevo poder moral es un requisito indispensable para tener una
institucionalidad sólida que garantice la independencia de los poderes. El
contralor que nombra familiares para trabajar con él, un defensor que solo
defiende al partido de gobierno y sus fechorías y una fiscal que ya tiene
demasiado tiempo en ese cargo son motivos más que suficientes para renovar esas
dependencias.
Finalmente,
elecciones generales en 2017. La expresión popular para decidir el futuro del
país, para recomponer el tejido social, para rescatar nuestra capacidad de
soñar con un futuro próspero de una Venezuela que vea crecer a nuestros hijos
con felicidad y posibilidades.
Jose Vicente Carrasquero A.
botellazo@gmail.com
@botellazo
Caracas - Venezuela
