sábado, 23 de abril de 2022

AQUÍ TITULARES DE HOY SABADO 23/04/2022, DESDE VENEZUELA PARA EL MUNDO, PARA LEER PULSAR SOBRE EL TITULAR EN ROJO

 

 


BEATRIZ DE MAJO: LA PAZ DE COLOMBIA, UN PROYECTO ILUSORIO. DESDE ESPAÑA

Colombia en Capsulas 23-4-2022

Hablar de paz en Colombia es una quimera. Las variables que intervienen para que Colombia siga siendo uno de los países más violentos del planeta se transforman con el transcurso de los años. La firma de un Acuerdo de Paz entre el gobierno y los insurgentes de las FARC debía haber producido un cambio definitivo en ese terreno y no ha sido así.

Un nuevo conjunto de circunstancias, nuevos actores y transformaciones en el accionar de viejos alzados en armas que son hoy protagonistas del crimen, se empeñan en que el país no esté en calma. No lo va a estar mientras el ELN no se incorpore en un proceso de dejación de las armas; mientras las disidencias de las FARC no cesen en su empeño de desestabilizar el país; mientras los grupos armados ilegales no hayan sido desactivados; mientras el tráfico de drogas sea un componente activo de la violencia; mientras el régimen de Nicolas Maduro siga siendo uno de los principalísimos actores que alimentan el narcotráfico y el crimen. Ninguno de estos cinco componentes se asoma en el horizonte cercano.

13.000 combatientes de la guerrilla de las FARC habían dejado las armas a raíz de la suscripción del Acuerdo de Paz de La Habana en el 2016. Desde entonces hasta el fin del año 2021, 1.270 líderes sociales han sido asesinados al igual que 299 firmantes de los acuerdos. Solo en los dos años pasados- 2020 y 2021-se han registrado 179 masacres, es decir una cada cuatro días.

El manejo de la instrumentación oficial de los acuerdos de paz ha sido muy deficiente, por inexperiencia, falta de recursos económicos, desinterés o por cualquier otra causa. Es así como la dificultad en la reinserción de los desmovilizados también es una rémora en la vía hacia la pacificación. Tal situación crea un ambiente propicio al retorno de los excombatientes a las atrocidades delictivas, aunque las autoridades aseguran que un 95% de los desmovilizados continúan acogidos al proceso de Paz.

Un eslabón importante de esta cadena que impide la adecuada implementación de los acuerdos de La Habana está representado en el Clan colombiano del Golfo, la organización que se ha erguido en el más poderoso obstáculo al reto gubernamental de la restitución de la institucionalidad. Su accionar está claramente dirigido a sembrar el caos a través de crímenes masivos como el asesinato sistemático de lideres sociales, en particular los reclamantes de tierras y los dirigentes de la sustitución de cultivos ilícitos. Por ejemplo, los acuerdos realizados por el gobierno con 85.000 familias para la sustitución de cultivos son constantemente torpedeados por este Clan. Dentro de sus actuaciones son exitosos en aquello de sembrar pánico entre las poblaciones campesinas para luego ofertarles protección ante la incapacidad gubernamental de contener la violencia.

Lo que ha dado en llamarse “Disidencias de las FARC” no es sino una manera convencional – y equivocada- de calificar a fuerzas tan sanguinarias como las originales, con su mismo entrenamiento y armas, con la misma motivación y relación perversa con el mundo de las drogas y consustanciadas con los mismos delitos de sus predecesoras, sin propuesta política ni doctrinaria de ningún género. Y si lo anterior fuera poco, soportadas además por el régimen vecino venezolano al que no asusta la violación de los derechos fundamentales de las personas y a quien mueve una ambición de lucro inenarrable.

En un anterior articulo hablábamos de la contaminación del narcotráfico con el accionar de los carteles mexicanos que se han sumado a los colombianos. Nunca Colombia estuvo más activa que en este tráfico ilegal que en los pasados dos años. Y lo anterior se da de la mano por la batalla entre todos los actores por controlar el negocio y los corredores de tránsito de la droga.

Pacificar parece ser una ilusión inalcanzable. La desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, los falsos positivos, el secuestro y la tortura son cosa de todos los días en el campo que, sin haber sido abandonado a su suerte, es víctima hoy de ese conjunto de circunstancias sobre las cuales actuar se ha vuelto una tarea titánica.

Un lustro nos separa del histórico Acuerdo de la Habana y la violencia sigue intacta, cobra vidas y siembra el terror por doquier. El mes pasado la Cruz Roja Internacional emitió un informe e hizo un llamado a la acción: “El número de desplazados internos, heridos o muertos a causa de la violencia y del persistente conflicto armado, ha alcanzado su nivel más alto en cinco años”.

Seguimos hablando de paz en la vecina tierra neogranadina y ello no pasa de ser un proyecto inalcanzado, una ilusión, un espejismo.

Beatriz De Majo
@BeatrizdeMajo1
Venezuela – España

JOSÉ ANTONIO GIL YEPES: “LA CARTA” AL PRESIDENTE BIDEN". DESDE VENEZUELA: “LA CARTA” AL PRESIDENTE BIDEN. DESDE VENEZUELA

Se trata de una negociación incremental, progresiva y sin enamoramiento alguno: “tú me das, yo te doy”. Pero si, “Tú me vuelves a quitar, yo también te vuelvo a quitar”.

“La Carta” que dirigimos al presidente Biden solicita un cambio de estrategia en el uso de las sanciones económicas en contra del gobierno del presidente Maduro. Dicho cambio se venía perfilando al cambiar el gobierno de los EE. UU. Para Trump, las sanciones eran, “supuestamente”, para “cambiar el gobierno”; mientras que para Biden, dichas sanciones serían un instrumento para negociar cambios en las políticas del chavismo.

Aunque para algunos opositores la versión de Trump es la correcta, a muchos analistas nos pareció que Trump utilizaba una postura dura para congraciarse con los votantes de Florida en su competencia con Hillary Clinton, pero que no tuvo una sincera intención de utilizar las sanciones ni fuerza alguna para cambiar al gobierno de NM. Sin embargo, cabe notar que muchos de los firmantes (analistas y empresarios y sindicalistas), ya nos habíamos preguntado, tiempo antes de que llegara Biden a la Presidencia, “¿para qué servían esas sanciones?”. Es más, algunos habíamos investigado el potencial de las sanciones económicas en cambiar gobiernos y encontramos que, de unos 180 casos de países sancionados por las potencias (Rusia, China, EE. UU., Alemania, etc.) en los últimos 100 años, sólo siete gobiernos habían cambiado por esa presión: ¡Un magro 4% de éxito! De allí que los gobiernos sancionados más conspicuos siguen todos allí.

“La Carta” no plantea que se suspendan todas las sanciones porque, al eliminarlas, el gobierno de NM no tendría incentivos para cambiar sus políticas. Se trata de una negociación incremental, progresiva y sin enamoramiento alguno: “tú me das, yo te doy”. Pero si, “Tú me vuelves a quitar, yo también te vuelvo a quitar”.

En todo esto, cabe destacar que estamos hablando exclusivamente de sanciones económicas, financieras, comerciales. “La Carta” no se inmiscuye en sanciones personales. Aunque, para mi, es obvio que las políticas chavistas dañaron más nuestra economía que las sanciones, “La Carta” no toca ese punto.

En cuanto a las críticas a “La Carta”, llama la atención que casi nadie dijo algo en contra de incrementar las inversiones occidentales para exportar más petróleo, a pesar de que, para ello, es necesario flexibilizar sanciones y a pesar de que el gran beneficiario de esta negociación sería el gobierno de NM. Puede ser que, al no decir nada, estuviesen pensando que nos interesa que los países occidentales recuperen el espacio geopolítico que perdieron, por sancionar a Venezuela, ante sus competidores geopolíticos acérrimos: China, Rusia, Turquía e Irán. La contradicción está en que ahora, que “La Carta” plantea extender ese mismo enfoque a otros sectores, surja un revuelo en contra.

Por último, cabe destacar que todos tenemos derecho a opinar como consideremos conveniente. De eso se trata la Democracia. Pero el opinar necesita enfocarse en el problema, sin aludir a las características de las personas que opinan. Y esto tiene dos planos. En el plano socio psicológico, las encuestas indican que la mayoría de los que vivimos en Venezuela vemos en la “negociación” la primera herramienta para resolver los problemas del país. En cambio, la mayoría de los venezolanos que viven fuera y opinan tienden a tener posiciones más confrontacionales. La experiencia de vivir dentro o fuera del país crea dos psicosociologías diferentes y es comprensible que quienes viven fuera se sientan más distantes del gobierno de NM, bien por sus políticas que nos arruinaron y forzaron a migrar; o, peor, se trata de perseguidos políticos que tuvieron que huir. Comprender esto es respetar al que piensa diferente. En cambio, quienes vivimos aquí, a pesar de las críticas que hemos mantenido sobre la mala gestión de gobierno, necesitamos partir del supuesto de que tenemos que entendernos y convivir con el que no es igual a nosotros. Esta postura también hay que entenderla y respetarla.

Pero, lo que todo texto de negociación proscribe como inaceptable es el referirse a rasgos personales como argumento para hacer valer intereses. Se debe ser duro con el problema, pero blando con las personas. Si el argumento para “demostrar” que la flexibilización de las sanciones a cambio de concesiones en las políticas del gobierno es inconveniente pasa por llamar “amorales”, “incompetentes” o “vendidos” a los que hacen la propuesta, allí no queda diálogo posible;… sino el silencio. De la misma manera, quienes propongamos dicha flexibilización no podemos argumentar que quienes se oponen lo hacen porque “como no se ponen de acuerdo ni logran recuperar el apoyo popular, buscan que los países extranjeros, mediante las sanciones, les hagan el trabajo de cambiar el gobierno.”

Estos juicios, fundados o no, duelen tanto que nos bloquean psicológica y socialmente contra el diagnóstico y las soluciones que toda sociedad Democrática debe buscar incorporando a todos sus miembros; no excluyéndolos. Por lo pronto, “La Carta” destrancó el juego en congruencia con el 75,4% de nuestros habitantes que apoya la flexibilización de las sanciones.

José Antonio Gil Yepes
prensayradio9@gmail.com
@joseagilyepes
Director de Datanalisis
Contacto: 0424.9909099

VICTOR ALVAREZ: ¿QUÉ DICE LA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE BIDEN?. DESDE VENEZUELA

Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos de Venezuela, defensores de la democracia, firmaron una Carta Abierta al Presidente Biden y solicitaron reimpulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición a fin de revisar las sanciones económicas que no lograron el objetivo de provocar un estallido social que desembocara en un cambio de gobierno. Argumentan que la prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y deben ser revisadas. La polémica no se hizo esperar.

El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la carta: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”.

En ninguna línea de la carta se lee una petición de levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, cometido actos de corrupción y han incurrido en el lavado dinero. En el texto tampoco se plantea eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.

Lo que si se sugiere es revisar, flexibilizar y levantar las sanciones económicas que causan efectos colaterales en organizaciones humanitarias y en la empresa privada e impiden generar las divisas que el país necesita y otros sectores económicos distintos al petróleo aún no están en capacidad de generar, debido a su poca competitividad internacional.

La carta hace mención a la crisis humanitaria de un país que después de ufanarse de tener el salario mínimo más alto de América Latina, se descalabró al extremo de ser actualmente uno de los países más pobres y desiguales del continente. En el texto se plantea adoptar mecanismos para asegurar que los ingresos petroleros adicionales que el país perciba por la flexibilización de las sanciones se destinen ―bajo supervisión internacional― a atender las necesidades urgentes de los venezolanos.

La carta plantea la necesidad de reactivar el proceso de negociación que se interrumpió en México, cuya reanudación necesita facilitación y apoyo internacional. Esta negociación no será en blanco y negro. En unos casos, una sanción concreta se removerá si y solo si el gobierno cumple con una determinada condición; en otros casos habrá que levantar primero las sanciones para destrancar el proceso.

La carta deja claro que las sanciones no han sido la causa de la crisis económica y social que azota a Venezuela, sino el fracaso de un modelo basado en políticas equivocadas y en una voraz corrupción. Las sanciones fueron diseñadas para causar daño y lo lograron al agravar la crisis económica y social, pero no lograron provocar el estallido social que supuestamente provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos colaterales sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos.

Incluso, poderosos intereses económicos estadounidenses también se han visto perjudicados, toda vez que las sanciones obligaron a las transnacionales petroleras a abandonar sus negocios en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de bonos de la deuda externa emitida por Pdvsa y la República han podido cobrar un centavo.

Negar que las sanciones han causado daños a la economía y la sociedad solo puede venir de una dirigencia política ausente, desconectada de la dramática realidad que sufre el país por la nefasta combinación de malas políticas gubernamentales causantes de la crisis, y unas sanciones económicas que la agravan.

¿Quiénes son “Los abajo firmantes”?

La carta fue inicialmente firmada por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.

Ninguno de los 25 firmantes se arroga la representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y en conjunto forman un coro de voces cuyas opiniones ejercen influencia en la opinión pública venezolana. Se les ha llamado “Los abajo firmantes” pero no son ni un think tank, ni una ONG, ni mucho menos un partido político.

Cada uno firmó a título personal, sin pretender representar a nadie. No son voceros de ninguna organización sino voces individuales que gozan de prestigio académico, técnico y profesional, y autoridad ética y moral. Su objetivo fue romper la inercia y estimular un debate necesario en un país descontento, que no cuenta con una dirigencia política que interprete el sentir nacional y le ofrezca una mejor alternativa a la de continuar bajo el mando de un gobierno autoritario y principal responsable de la crisis que sufre la nación.

Según Datanálisis, el rechazo a los partidos es cada vez mayor y sus mediciones coinciden con otras encuestadoras serias del país. Maduro tiene solo 18% de apoyo popular y 67% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, pero también las encuestas dicen que solo 15% de los venezolanos cree que la oposición es capaz de generar un cambio. 70% de los consultados rechaza las sanciones económicas internacionales.

La carta es una iniciativa de gente muy diversa que tiene por delante el reto de explorar otras coincidencias para mantenerse unida. Se diferencia de otras iniciativas que irrumpen en el debate público con una visión compartida, unidad de criterios y estructura organizativa.

El punto de confluencia entre los firmantes de la carta es su interés común por una solución política a la crisis venezolana. Esto pasa por reactivar las negociaciones en México, por complementar capacidades y recursos para atender la emergencia humanitaria, y por revisar aquellas sanciones económicas que están generando efectos no deseados sobre las empresas privadas y las organizaciones humanitarias. Si se quieren resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no van a funcionar para forzar un cambio de gobierno pero pueden funcionar para que el gobierno cambie sus políticas en función de lograr tres objetivos básicos:

Priorizar la atención a la emergencia humanitaria y detener el empobrecimiento de la población.

Seguridad jurídica y protección de inversiones para crear un ambiente propicio a la actividad económica.

Mejorar condiciones electorales de cara a unas Presidenciales 2024 a tono con estándares internacionales.

Victoralvarezr@gmail.com
@victoralvarezr
Venezuela
Escuche el contenido de la Carta Abierta al Presidente Biden en el nievo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/y9fhr

LUIS FUENMAYOR TORO: ACLARANDO MALAS INTERPRETACIONES . DESDE VENEZUELA

Hace poco resumí, como corresponde a un artículo en éste y otros medios, unas ideas sobre el deber ser de los docentes-investigadores en las universidades nacionales. No pretendí “despachar” el tema en unas pocas líneas. De hecho, hay varias publicaciones académicas de mi autoría sobre la materia, a las cuales se puede recurrir si se está interesado. Pero sí debo afirmar que, dentro de las distorsiones impuestas por la Ley Orgánica de Educación, instrumento interventor inconstitucional, no puede lograrse una ley universitaria que signifique un avance e impulse la universidad que se requiere para Venezuela. Entiendo, pero no justifico, que esto produzca algunos disgustos y que se pretenda defender disposiciones legales inconstitucionales, dada la ideologización existente y los fanatismos políticos.

La universidad cambia al igual que lo hace la sociedad, pero los cambios no son necesariamente positivos cuando en algún momento los gobiernos los imponen en determinadas condiciones. La ley de 1959 fue muy positiva; en esencia es la actual 63 años después. Lusinchi y Caldera I impusieron cambios que lejos de significar un avance entorpecieron el desarrollo universitario. Las imposiciones en este siglo tampoco han significado la generación de cambios positivos. De hecho, los indicadores académicos demuestran que toda esa pléyade de instituciones “universitarias” rimbombantes ha contribuido a la generación de un inmenso deterioro y no ha servido para de alguna manera frenar el desastre ocurrido en el país o ayudar a salir del mismo.

Ninguna universidad del mundo puede realizar investigación en todas las disciplinas que enseña y la universidad venezolana mucho menos. Esto es comprensible y deriva de la gigantesca diversidad del conocimiento hoy día, lo que hace que haya universidades que dirijan sus esfuerzos hacia determinados temas, dejando otros de lado. No es algo para asombrarse, es normal.

Entiendo que sufrimos un gobierno que no le gustan las evaluaciones ni los exámenes. De hecho, ha dejado de publicar indicadores como fórmula para no ser evaluado ni nacional ni internacionalmente. Pero, cuando un profesional se enfrenta a distintos retos en su vida, cada uno de ellos es un examen de sus capacidades, cuyos resultados pueden tener consecuencias desastrosas, no para el profesional, pero sí para los individuos y comunidades afectadas. Las mejores universidades del mundo no sólo hacen exámenes y concursos, sino que los mismos se extienden hasta el más elevado nivel y, en este caso, son concursos internacionales, en los que los aspirantes se presentan frente a los académicos más distinguidos de esas instituciones.

Jamás he dicho que el concurso de oposición debe ser ante los candidatos a autoridades universitarias. Ésa es una ligereza manipuladora, por decir lo menos, dirigida a descalificar lo que es una propuesta lógica: los jurados deben ser integrados con los profesores más calificados en la materia objeto de los concursos. Evitar los concursos de oposición, en cambio, sí es mantener el vicio de la designación politiquera de los profesores, lo cual algunos ven como normal en las instituciones controladas por el gobierno.

Los docentes-investigadores universitarios no son empleados públicos ni se les puede aplicar las normas de estabilidad de éstos. Un profesor-investigador tiene la obligación de ascender dentro de un lapso establecido, preferiblemente variable, pues no todos avanzan a la misma velocidad, hasta el penúltimo nivel del escalafón. Si no cumple con sus ascensos debe ser removido de su cargo o si se quiere trasladado a una institución, donde no sea necesaria la realización de labores de investigación. El personal académico constituye la planta que hace funcionar a la universidad. Es éste el que no debe ser menor del 60 por ciento del total delos docentes.

El otro 40 por ciento sería contratado a tiempo parcial (convencional), por horas, algo que ocurre actualmente, sólo que en una proporción muy alta, que compromete el funcionamiento de la universidad. No hay ningún “apartheid”, como no lo hay hoy con este personal, ésta es otra ligereza manipuladora. En previos artículos he aclarado que en la universidad existen derechos académicos, que las jerarquías se establecen de esa manera, por lo cual hablar de gente privada de sus derechos políticos es como mínimo una insensatez

Luis Fuenmayor Toro
@LFuenmayorToro
Venezuela

LEANDRO RODRIGUEZ: CARTA DE 29.999.975 VENEZOLANOS. DESDE VENEZUELA

Resulta asqueante que un ciudadano esté de acuerdo con la imposición de sanciones internacionales a su país, sin embargo, no es algo tan sencillo, no es un tema blanquinegro. En nuestro caso, repudiamos las sanciones, en consecuencia, elevamos nuestra voz de protesta para que cesen las causas que las motivan, así propiciar el retorno de la constitucionalidad, de nuestra democracia y reinsertar nuestra nación al ámbito internacional donde pertenece estratégica y geopolíticamente ¡a occidente!

Existen dos tipos de sanciones, las que involucran de forma general a la administración chavista en todos sus ámbitos, en cuanto gran parte de la comunidad internacional no reconoce las elecciones desde 2017 donde resultaron electas. De ese modo, estos países/bloques no confieren capacidad jurídica al chavismo para representar los intereses/bienes de Venezuela. Por otro lado, nos topamos con sanciones personalísimas, de las cuales la inmensa mayoría solo conocemos lo que apreciamos por los distintos medios y redes sociales.

Existe un agravante contra el chavismo. Sí existe opacidad en los 23 años de revolución chavista ha sido en lo referente a los procesos electorales y en la administración de los recursos del Estado, enfoquémonos en lo segundo. Es muy “extraño” que, a pesar de las infinitas denuncias de actos de corrupción criollos, y con vinculaciones foráneas, no exista ni una sola persona investigada, enjuiciada ni detenida. Por ejemplo, no nos olvidemos de la desconcertante desaparición en 2012 de más de 20 mil millones de dólares del BCV, a la fecha ese delito se encuentra impune, dicho sea de paso, acto de corrupción denunciado por la misma autoridad bancaria nacional del momento.

La corrupción milmillonaria que gira en torno al caso Odebrecht dio la vuelta al mundo, vale resaltar, Venezuela fue el país, luego de Brasil, donde esta constructora firmó y cobró más contratos, esas obras no se culminaron, algunas ni se comenzaron, los recursos no aparecen, nadie ha sido responsabilizado. Lo propio ocurrió con Panamá Papers, Pandora Papers, la repentina aparición de cuentas mil millonarias en bancos al rededor del mundo y pare de contar. Por tal motivo, es fácil deducir que la destrucción de la CVG, Pdvsa, del sistema eléctrico nacional, de nuestros hospitales, universidades, infraestructura nacional, etcétera, no son atribuibles a las sanciones, comenzó muchísimo antes, el problema de fondo no ha sido la falta de recursos, sino el oscurantismo que ha envuelto su manejo.

Por otro lado, los controles y racionamientos en el país también comenzaron mucho antes de las sanciones, desde época de Chávez el centralismo ultroso ha sido la marca de fábrica del régimen en lo que va del Siglo XXI. La idea fuerza del expresidente fue controlar/racionar toda actividad en el país bajo la errónea creencia “el boom petrolero era eterno, daría para todo” y que Pdvsa podía prescindir de la meritocracia, pagamos muy costosamente dichas decisiones.

Por si fuera poco, en 2014, antes de las sanciones, se imitó el mecanismo cubano de racionamiento de la comida, política gubernamental que controla a la sociedad a través de su necesidad más básica, la alimentación. En época de sanciones, con Pdvsa quebrada por corrupción y desidia, no fue sino hasta 2020 aproximadamente que el régimen se vio obligado pausar sus políticas controladoras y, a fin de evitar la caotización del caos, permitió diversos mecanismos de pago que involucran divisas, lo que oxigenó la actividad comercial.

En 2022, con la inyección de capitales anónimos, el sector terciario de la economía muestra mayor dinamismo, la gran pregunta ¿Hasta cuándo? porque en la forma como ocurre extingue la producción nacional y empuja hacia arriba la inflación. Las reservas internacionales, con las que se represa la devaluación de nuestra agónica moneda, se acaban y, ya en campaña presidencial 2024, Maduro reincide en inyectar grandes cantidades de bolívares sin respaldo a lo que queda de nuestra economía… solo 25% de lo que era en 1998.

Leandro Rodríguez Linárez
leandrotango@gmail.com
@leandrotango
Venezuela

JUAN D. VILLA ROMERO : SOMOS RICOS EN LA DIVERSIDAD. DESDE VENEZUELA

Un cambio en la mentalidad de la sociedad es indispensable para lograr la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad.

La historia de la humanidad ha visto pasar decenas de concepciones equívocas sobre la discapacidad, muchas de ellas basadas en errores, dos de ellos, homologar a la discapacidad con incapacidad, enfermedad, minusvalía e incluso con desgracia. Estos conceptos han sido expresados por diferentes culturas de muchas formas.

Otro error histórico, ha sido creer que la dificultad para la inclusión plena en la sociedad que tiene una persona con discapacidad, radica en las limitaciones motrices, intelectuales, sensoriales o psicosociales, cuando en realidad radica en el entorno y las actitudes de todos sin excepción.

Esto lo comprobamos al ver desarrollarse a una persona con discapacidad en un ambiente inclusivo, accesible, de derechos, en donde logra participar y crecer. Quiero destacar que el principal problema en esta materia no son las limitaciones personales, sino una sociedad que excluye, teme, menosprecia, sobreprotege o rechaza la discapacidad. El problema y el reto son entonces colectivos, es nuestro, es plural.

La comprensión de estos errores ha dado pie a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigentes para cumplir y hacer cumplir en la totalidad de países adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero cambiar el paradigma aun no se ha producido en la sociedad ni en muchas de las instituciones de nuestro país. La garantía plena del acceso a derechos aún no logra consolidarse y pasar del reconocimiento al ejercicio pleno, y parece que socialmente pocos somos conscientes de ello.

¿Cómo es posible que no se asuma ni reconozca el costo de excluir de la actividad productiva a las personas con discapacidad, que se cometa el error de no clasificarlos en la diversidad? Es un crimen que se les nieguen oportunidades de emprendimiento, como también lo es algunos excesos cometidos por funcionarios de seguridad del Estado contra estas personas que sienten, piensan y padecen al igual que las personas sin discapacidad.

La inclusión es condición, pluralidad y horizonte de cualquier democracia e indicador de desarrollo, y no solo un tema políticamente correcto. La situación de alrededor de 4.5 millones de personas con discapacidad en nuestra Venezuela, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, es prioritaria, en fin responsabilidad de todos los actores sociales, religiosos y políticos.

Se trata de garantizar a las personas con capacidades diferentes los derechos que establece nuestro marco constitucional y que las medidas contra la discriminación sean tomadas con seriedad en este ámbito, así como también asignar a este sector de la sociedad, el valor, el respeto y la protección que merecen.

Desde Unidad Visión Venezuela llamamos una vez más a eliminar los obstáculos o estereotipos que conducen a entornos injustos y decisiones desacertadas. Superar barreras creadas por la omisión de responsabilidades, como no considerar el impacto que tiene la desigualdad y la exclusión cotidiana de millones de personas como parte de la agenda de grandes problemas nacionales.

Decir nunca más a una sociedad pasiva, consentidora de la exclusión, que ha asumido como normal la anormalidad, decir basta al intento continúo de tratar por igual a los desiguales, y ahondar con ello la desigualdad. Derrotar la hipocresía de quienes quieren ver obras, pero no se ocupan de aportar a garantizar derechos.

Hacer honor al lema “Unidad sin exclusión” es responsabilidad de todo un país. Armonizar las leyes con una perspectiva integral corresponde al Poder Legislativo. Venezuela ha de avanzar en ese proceso, tiene con qué, para qué, y está llamada a disponer de todas las herramientas necesarias para hacerlo.

Dejar atrás la pobreza espiritual subyacente, comprender de una vez por todas que somos hijos de Dios, por ende, ricos en la diversidad.

En fin, pregonar con hechos y menos palabras que importa la calidad de vida de todas las personas, tal cual como lo viene haciendo nuestro secretario general, diputado Omar Ávila.

Juan D. Villa Romero
Secretario Juvenil Unidad Visión Venezuela
@jdiegovillave
@visionvenezuela
Venezuela