VERDADES TERGIVERSADAS
El lunes 9 de enero en su alocución ante el cuerpo diplomático
acreditado en el Vaticano, el Papa
Francisco se refirió a lo que considera el acercamiento exitoso entre Cuba y
Estados Unidos, y a los acuerdos logrados entre el gobierno de Colombia y las
Farc para ponerle término al conflicto armado con ese grupo guerrillero. Y al
referirse a Venezuela dijo que nuestro país necesita “caminos de diálogo y
gestos valientes para enfrentar la crisis política, económica y social que está
pesando desde hace tiempo sobre la población civil”.
Por su parte, Delcy Rodríguez al comentar esas palabras escribió en un
Twitter el día 13: “Papa Francisco mantiene su compromiso con el diálogo en
Venezuela en beneficio de nuestro pueblo, Presidente Nicolás Maduro agradece
sus gestiones”. De igual forma se
pronunció Jorge Rodríguez quien, junto a su hermana, se entrevistó con Monseñor Claudio María Celli a fin de
mantener el compromiso del Vaticano en la continuación de los encuentros
gobierno-oposición. Afirmó que “Frente a la compulsión de la derecha, la paz
con justicia es el único camino”.
También Nicolás Maduro comentó con gran satisfacción tanto el
pronunciamiento del Sumo Pontífice como las gestiones adelantadas en Roma por
los hermanos Rodríguez.
Mientras tanto el Presidente de la Conferencia Episcopal, bastante menos
optimista, reconocía en un descarnado análisis de los oscuros y desacreditado
encuentros en los que participó el representante del Vaticano, que el diálogo
fracasó, y que ninguno de los factores (gobierno y oposición) intentaron
acordar sinceramente caminos de reconciliación.
Dijo Monseñor Padrón el día 8, en la instalación de la Centésima Séptima
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal realizada en el paraninfo de la
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas que “el 2016 ha terminado muy mal y con gran
desesperanza”. Al pasar revista al año que acaba de finalizar culpó al gobierno
por un saldo rojo evidenciado en 29 mil muertes violentas, hambre,
desnutrición, desabastecimiento de medicinas, reaparición de epidemias, más de
120 presos políticos, corrupción y destrucción de la empresa privada, violación
de la libertad de expresión, ideologización del sistema educativo, crisis
financiera, cierre de la salida electoral y desconocimiento de la Asamblea
Nacional.
Además señaló, “la masacre de Barlovento, los saqueos ocurridos en
Cumaná, Ciudad Bolívar y otras partes, y el asalto al Monasterio Trapense de
Mérida ejemplifican una verdad latente, elemental y conclusiva. En la historia
de Venezuela de los últimos 50 años los ciudadanos no habíamos atravesado una
realidad tan dura e incierta”. Posteriormente, en declaraciones a los medios de
comunicación, Monseñor Padrón dijo que, aunque no estaba informado, dudaba que
el Vaticano estuviera presente de nuevo en la llamada Mesa de Diálogo.
Todo lo ocurrido justifica de manera palmaria las apreciaciones del
arzobispo de Cumaná en relación con la grave situación que confronta el país, y
evidencia el juego perverso que el gobierno realiza intentando reeditar los
burlescos encuentros MUD-GOBIERNO con el fin de distraer a la opinión mundial,
mientras internamente arrecian la ofensiva totalitaria destinada a consolidar
la tiranía.
El acuerdo final de la Conferencia Episcopal, dado a conocer el día 13,
señala que las esperanzas generadas ante la convocatoria del diálogo con la
asistencia del Vaticano se vieron frustradas, fundamentalmente por el
incumplimiento del gobierno de lo pactado en la reunión del 30 de octubre de
2016.
Lamentan los obispos que la contribución del Papa “haya sido malinterpretada”,
y condicionan la continuación del diálogo a las exigencias que el
Secretario del Estado Vaticano, Monseñor Pietro Parolini, diera a conocer en su
carta del 1 de diciembre de 2016. Documento en el que exige aliviar la crisis de alimentos y
medicinas, establecer el calendario electoral, restituir el rol constitucional
de la Asamblea Nacional, y liberar los
presos políticos.
Ciertamente en la medida en que avanza la crisis, la iglesia venezolana
rechaza al gobierno de manera clara y frontal, y esboza una argumentación
articulada no sólo en la denuncia de los males ocasionados por quienes
controlan el poder, sino también sustentada en principios morales que
justifican, a la luz de la doctrina cristiana, el derecho y el deber de
resistir y combatir al tirano. Por ello al comprender la naturaleza del sistema
totalitario que se pretende imponer en nuestro país asume una actitud
beligerante en el conflicto que sacude a la república.
Con esa misma convicción se pronunció Monseñor López Castillo Arzobispo de
Barquisimeto en la celebración religiosa de la Divina Pastora, cuando denunció
ante millones de feligreses, al sistema comunista que se nos pretende imponer
sembrando de hambre y miseria al país.
Los documentos dados a conocer por nuestros obispos en los últimos años,
y especialmente en la etapa de gobierno de Nicolás Maduro, nos recuerdan los
planteados por la jerarquía católica en los tiempos de la dictadura de Marcos
Pérez Jiménez. En ese entonces, por primera vez en nuestra vida republicana, el
clero adopta ante la nación un liderazgo que se sustenta en la exigencia de
cambios profundos en el modelo político, social y económico imperante.
La Pastoral del Arzobispo de
Caracas Monseñor Rafael Arias Blanco, dada a conocer el primero de mayo de
1957, aparece en medio de una bonanza económica soportada por millonarios
ingresos petroleros, que permitieron al gobierno militar la realización de una
transformación sin precedentes en el medio físico del país, basada en la
llamada doctrina del “Nuevo Ideal Nacional”.
Afirmaba Arias Blanco, “nuestro país se va enriqueciendo con
impresionante rapidez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas, la
población percápita de Venezuela, ha subido al índice de 540 dólares, la cual
la sitúa de primera entre sus hermanas latinoamericanas y por encima de
naciones como Alemania, Holanda, Austria e Italia”. Sin embargo decía, “nadie
osará afirmar que esa riqueza se distribuye de una manera que llegue a todos
los venezolanos, ya que una inmensa masa de nuestro pueblo, está viviendo en
condiciones que no se pueden calificar de humanas.”
Abogaba por el cumplimiento de la Ley del Trabajo, “con frecuencia
burlada”, exigía mejoras en las condiciones del trabajo femenino, y denunciaba
que todas las violaciones practicadas en Venezuela contra los derechos de la
clase obrera “son hechos lamentables que están impidiendo a una gran masa de
venezolanos, poder aprovechar, según el plan de Dios, la hora de riqueza que
vive nuestra Patria”.
Y desde el diario La Religión se desarrollaba (para sorpresa de un país
sometido a una hermética censura) una campaña destinada a dar a conocer
documentos que sirven de sustento y desarrollo de la Doctrina Social de la
Iglesia.
El día primero de mayo se publica el texto completo de la Pastoral, y en
los días sucesivos aparecen los siguientes artículos: “Solicitud de la Iglesia
por la clase obrera”; “El salario familiar y el salario humano”; “Los romanos
pontífices y el salario familiar”. El quince, a página entera, se comenta el
contenido de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, y se destaca un
amplio reportaje sobre la Juventud Obrera Católica. A partir de entonces los
púlpitos se convierten en tribunas desde las cuales los curas hablan de
libertad y justicia social.
El enrarecimiento de las relaciones iglesia –gobierno se mantiene en
creciente tensión. Monseñor Hernández Chapellín, protagoniza, una abierta y
sorprendente polémica con el Ministro de Relaciones Interiores Laureano
Vallenilla, quien se jacta desde el oficioso diario El Heraldo de las bondades
materiales que disfruta el país, bajo una dictadura omnipotente que ha sido
capaz de extinguir a los partidos con un simple decreto de ilegalización.
Decía Vallenilla el 6 de agosto que los partidos clausurados no
tenían “ni masas, ni mística ni
tradición, desaparecieron sin ofrecer resistencia, un decreto y una simple
operación policial bastaron para liquidarlos”. Imbuido en su prepotencia el cerebro gris del régimen sentenciaba
finalmente, “son muertos sin dolientes, inclusive entre la parentela más
cercana”.
El día 7 el artículo del poderoso ministro es respondido en La Religión
por el Padre Hernández Chapellín quien señala, "AD y otros partidos no
están muertos. Todo lo contrario. Creer que una idea se mata con una simple
acción policial, que se extingue con un "decreto", es colocar esas
ideas en el plano de las cosas materiales. Lo que acontece es que esos partidos
no encuentran clima propicio para trabajar a la luz pública. Que tengan campo
libre de acción y veremos si es cierta la falta de vitalidad".
Obviamente en un sistema caracterizado por la censura y la
persecución violenta en contra de
cualquier disidencia, el atrevimiento de Hernández Chapellín es un duro reto
para el gobierno dictatorial, pues la participación de la Iglesia en el debate
público significa un nuevo problema difícil de encarar.
Todo ello ocurre en un momento crucial para el país al acercarse el
final del período presidencial de Pérez Jiménez. Ante esa realidad los cortesanos que rodean al dictador se ven
urgidos en dar respuesta a sus ambiciones continuistas, aún cuando esa ambición
implique violar la constitución que el régimen había hecho aprobar en la
Asamblea Constituyente de 1952, en la que se establecía claramente que el
próximo presidente tendría que ser electo en votaciones libres universales y
secretas.
El 21 de noviembre las universidades inician una huelga de protesta que
contribuye a aumentar el malestar colectivo por el cierre de esos institutos
educacionales, y por la detención de un considerable número de estudiantes
enviados a los calabozos de la Seguridad Nacional.
El 15 de diciembre Pérez Jiménez
se hace reelegir para un nuevo período de gobierno, mediante un fraudulento e
ilegal plebiscito que violenta abiertamente la constitución. Al igual que
ahora, el “proceso” estaba por encima del orden legal.
Una Junta Patriótica, organizada por los partidos políticos
ilegalizados, actúa clandestinamente y construye enlaces con sacerdotes y
militares. Y el primero de enero estalla un primer alzamiento armado que, a
pesar de fracasar, deja impresa la evidencia de una profunda división
castrense, y de un malestar creciente en las fuerzas armadas.
El polémico Monseñor Chapellín y otros sacerdotes son detenidos acusados
de participar en tareas clandestinas. Estarán en la cárcel, hasta que el
repique de campanas en los templos anuncie al país el inicio de la huelga
general que culmina con el derrocamiento de la dictadura en la madrugada del 23
de enero de 1958.
Mirar aquellos hechos ocurridos hace 59 años y compararlos con los
acontecimientos que hoy confrontamos, es igual a constatar una injustificable
involución de la política venezolana que nos obliga a luchar por el rescate de
la convivencia social, de los valores democráticos, y de los derechos ciudadanos nuevamente
escamoteados. Sólo que la lucha de hoy reviste características más complejas y
difíciles que las libradas contra aquella dictadura, cuyo despotismo no llegó
nunca a alcanzar las corrosivas magnitudes
de la supuesta revolución socialista del siglo veintiuno.
Esta vez la radical oposición de la iglesia al sistema que amenaza con
imponerse, va más allá del repudio a un mal gobierno o a los planes
dictatoriales de camarillas militares tradicionales como las sufridas en
Venezuela y en América Latina el pasado siglo.
Ahora, se trata de una lucha por recuperar los valores fundamentales de
la nación como conjunto humano con identidad histórica, y con una raíz común
que constituye la esencia del pueblo venezolano.
La posición de la iglesia en este tiempo es la justa respuesta a la
ofensiva que durante 17 años se ha desatado desde el gobierno, bajo las
directrices del régimen comunista cubano y con el fin de prostituir las
costumbres y valores que históricamente han caracterizado nuestro modo de ser
nacional.
Se trata de responder a la corrupción del discurso público, al odio
político, racial y religioso, al involucramiento de nuestro país en conflictos
distantes y ajenos, a la penetración del narcotráfico como poder en la
estructura del Estado, a la entrega de la soberanía de nuestras fronteras en
manos de bandas narcoterroristas, y a la calculada negligencia en el control de
nuestra integridad territorial.
Debilitadas gravemente las instituciones, la iglesia católica asume
nuevamente un histórico rol protagónico en la defensa de la libertad, la democracia y la dignidad humana de quienes
vivimos en esta tierra.
Julio Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon6@gmail.com
@juliocesarml44:
Miranda - Venezuela
La historia de la Iglesia, en diversos momentos y lugares, permite encontrar la voz profética que denuncia los males del pueblo, ante gobernantes sedientos de poder, en todo caso, no asombra la voz de nuestra iglesia venezolana hoy, aunque de luces al diálogo
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