La Contraloría General venezolana tiene la potestad de imponer inhabilitaciones administrativas temporales, las cuales impiden el ejercicio de un cargo público a quien las sufra. Pero esta atribución no se refiere a los cargos de elección popular, cuyo ejercicio está dentro de los derechos de participación política de todos los ciudadanos: derecho a elegir y derecho a ser electo. La suspensión de estos derechos, según nuestra Carta Magna (artículo 42), sólo puede ser hecha “por sentencia judicial firme”. Sin embargo, ya desde el gobierno de Hugo Chávez, el órgano contralor fue utilizado inconstitucionalmente para restringir los derechos políticos de sus adversarios.
En 2008, el gobierno de Chávez inhabilitó políticamente por 6 años a Leopoldo López, quien era Alcalde de Chacao desde 2000 y quien era favorito para ganar nuevamente la elección de dicha Alcaldía. Fue una decisión inconstitucional, pues López ni había ido a juicio, ni mucho menos había sido condenado. Su delito fue pagar sueldos de maestros, policías y bomberos de Chacao, con dinero asignado para el pago del alumbrado público, una irregularidad que no reviste carácter penal y muy frecuente en la administración pública. El otro “delito” fue una donación de PDVSA, donde trabajaba su madre, al movimiento Primero Justicia, en el que López militaba, algo sin lógica de ningún tipo.
Otro importante inhabilitado de esa época fue Enrique Mendoza, exgobernador de Miranda en tres ocasiones y quien era candidato a la reelección en 2008, lo cual no pudo al ser inhabilitado para participar en la misma. La nefasta e inconstitucional política de las inhabilitaciones incorporó al Tribunal Supremo de Justicia, organismo que ratificó como constitucionales los desaguisados de la Contraloría, en clara demostración de la total inexistencia de separación de poderes en Venezuela desde esa época.
En 2017, ya en el gobierno de Maduro, Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial y uno de los principales líderes opositores, fue sancionado por la Contraloría General de la República con inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por 15 años, por “no presentar el presupuesto local ante su Consejo Legislativo, pactar convenios internacionales sin autorización y firmar contratos de la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas”. Si estos casos revestían la gravedad que se les atribuyó, han debido ser sometidos a los tribunales de justicia, para que fueran estos los encargados de la sanción de inhabilitación, tal y como lo pauta la Constitución.
Este tipo de inhabilitación política se ha utilizado además contra disidentes políticos del sector gubernamental. Un caso reciente es el de Eduardo Samán, farmacéutico, profesor universitario y hombre honesto, quien no ejerce cargos públicos desde 2013, pero a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) le informa que se encuentra inhabilitado, a última hora del lapso normativo de inscripción de candidatos. No existe ningún procedimiento de inhabilitación de la Contraloría, por lo que esta situación es en extremo grave para la credibilidad de las intenciones del gobierno de ir normalizando el funcionamiento de la democracia venezolana. Ya en 2017, Samán fue candidato a Alcalde del Municipio Libertador por el PCV y Patria Para Todos, pero en aquella ocasión el CNE, recurriendo a tecnicismos absurdos, invalidó su tarjeta. Curiosamente, no he visto ningún pronunciamiento de los rectores opositores.
Las inhabilitaciones inconstitucionales deben cesar de inmediato y deben revertirse todos los casos afectados por esta delictiva conducta gubernamental. No hacerlo da causales para que algún grupo interesado pueda seguir entorpeciendo la estabilización de la vía electoral, como forma de dilucidar las contradicciones de poder en nuestra sociedad.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
Venezuela
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