AGORA DE IDEAS
Es
la calle la protagonista, son las avenidas, las veredas y las autopistas las
que albergan a millares de ciudadanos hartos de un gobierno indolente y
deslegitimado por su incompetencia para atender los reclamos ciudadanos. No es
solo Caracas, son también los pueblos y las grandes ciudades de Venezuela, las
que al no ser oídos se asoman en grandes manifestaciones para ver, sí así, el
gobierno se da por enterado.
Dos
respuestas alegan Maduro y su comando militar: la primera, copia fiel y exacta
de su antecesor y de algún otro gobernante, la atribuye a un plan
desestabilizador, agregando para vestirla de nacionalismo, a intenciones
imperiales. Algo de razón les asiste, pero apuntan en dirección equivocada, la
desestabilización es una consecuencia de un gobierno que llevó al país una tremenda
crisis y a una violación reiterada de una Constitución que es patrimonio de los
venezolanos y que, por lo tanto, nadie tiene derecho a violarlo según su
mezquino parecer.
La
otra salida del gobierno está dirigida a cargar la culpa a la falta de disposición
de diálogo de la oposición. Esta no es más que una salida para cargar la
responsabilidad a terceros. Un diálogo exige el cumplimiento de los acuerdos y
ese es un bien escaso en Maduro y su tropa.
El
gran desestabilizador es el gobierno a quien Venezuela le quedó enorme.
Los
pueblos toman la calle de tanto en tanto cuando los gobiernos no atienden sus
peticiones. El TSJ, ese cuerpo de magistrados nombrados apuraditos por la
antigua AN, actuó en violación de la Constitución, desafiando el ordenamiento jurídico
y promoviendo la ruptura del hilo constitucional. Ese “impase” revela la falta
de cualidad de quienes allí fueron nombrados y, además, pone de manifiesto una
infracción mayúscula que debe ser castigada.
Los
venezolanos, en atención a la violación de la Carta Magna, tienen derecho a
ejercer una petición, consagrada en el artículo 51 de la Constitución, ante el
Poder Ciudadano. Ante la certidumbre de un golpe de estado los venezolanos
tienen el derecho y el deber de pedir investigación y sanciones.
Impedir
el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución conduce a escalar el
reclamo. Las instituciones del Estado son públicas y todo ciudadano tiene el
derecho a asistir a ellas a elevar sus peticiones. Su impedimento implica otra
violación, una nueva de muchas otras, en la que incurre Maduro y su tropa.
La
tropa y Maduro, que solo pueden comparecer ante la opinión pública sentados y
encerrados en sus Palacios, a buen resguardo de recibir los “amores del
pueblo”, agreden y violan los derechos civiles de los venezolanos cuando de
manera reiterada reprimen las manifestaciones cívicas y pacíficas, claramente
establecidas en el artículo 68 de la Constitución.
La
represión, su intensificación y la forma que toma en manos de policías y
efectivos militares define su naturaleza. La propia actuación reafirma la
certeza de muchos acerca de la complicidad mutua, TSJ, Gobierno y tropa, en la
violación de la Constitución que condujo al golpe de estado, porque eso fue lo
que ocurrió.
Cuando
la agresión es despiadada contra unos manifestantes que, con razón o sin ella,
toman las calles para reclamar lo que suponen un derecho, y en este caso la
tienen, la masa allí presente, como diría Canetti, “…quedan despojados de sus
diferencias y se siente como iguales.” Las calles están tomadas por quienes
creen que deben crearse los mecanismos para superar las dificultades presentes,
pero también por quienes exigen algo así como la “solución final”. El gobierno,
insensato e irracional, los iguala en sus reclamos.
Maduro
y su tropa, o viceversa, es lo mismo, torpemente escalan el conflicto y se
agudiza la crisis; se aíslan cada vez más, aquí y allende nuestras fronteras.
Leonardo Morales
leonardomorale@gmail.com
@leomoralesP
Caracas - Venezuela
