DECISIONES EQUIVOCADAS
A finales del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se empezaron a
escuchar críticas en los cuadros militares por la disminución del poder
adquisitivo de los sueldos y denuncias de algunos hechos de corrupción. Las
nuevas expectativas, generadas por la elección del presidente Luis Herrera
Campins limitaron el crecimiento de ese permanente cuestionamiento. Al poco
tiempo de iniciarse su gobierno, se reanudaron las conversaciones limítrofes
con Colombia. En octubre de 1980, la comisión negociadora presentó ante el
gobierno nacional la “Hipótesis de Caraballeda”. El presidente Herrera hizo
pública su decisión de no ratificarla, si no existía un consenso nacional. Se
iniciaron las consultas con distintos sectores de la sociedad venezolana, en
medio de un acalorado debate. Uno de los hechos más significativos fue la
exposición de dicha hipótesis por el canciller José Alberto Zambrano Velasco al
personal militar de la guarnición de Caracas. El rechazo fue tan firme e
importante, que el canciller Zambrano se retiró antes de terminar su exposición
a comunicarle lo delicado de la situación al presidente Herrera. La negociación
con Colombia quedó congelada nuevamente.
El esplendor económico continuó. La producción petrolera, entre 1980 y
1981, se triplicó y el precio del barril alcanzó los 30 dólares como
consecuencia de la guerra Irán-Irak. Lamentablemente, el desorden
administrativo que caracterizó ese gobierno condujo a que se incrementara la
deuda pública hasta treinta y ocho mil millones de dólares, creándose tal
presión sobre el bolívar que hubo que devaluarlo de 4:30 a 12 bolívares por
dólar. El impacto en la opinión pública fue inmenso. Nadie lograba explicar lo
que había ocurrido y las dificultades económicas crearon en los venezolanos un
sentimiento de frustración que empezó a comprometer la credibilidad del régimen
democrático. En el año de1982 surgió el fuerte rumor de la existencia de una
conspiración militar y se llegó a comentar que un grupo de oficiales pensaba
aprovechar el desfile militar del 5 de julio de ese año para detener al
presidente de la República y al Alto Mando Militar. Esa acción no se realizó,
pero los organismos de inteligencia obtuvieron algunas evidencias que
condujeron al envío al exterior, en calidad de agregado militar, al presunto jefe
de dicha conspiración.
La elección del presidente Jaime Lusinchi, generó nuevamente grandes expectativas, permitiendo que
disminuyeran las tensiones en las Fuerzas Armadas. Jaime Lusinchi orientó sus
primeros años de gestión a reactivar la economía, con un nuevo pero breve
aumento de los precios petroleros consecuencia de la guerra Irak-Iran., y el
refinanciamiento de la deuda externa. En sus dos últimos años de gobierno,
interesado como estaba en que Acción Democrática ganara las elecciones, incurrió
en un exorbitante gasto público, comprometiendo gravemente las reservas
internacionales. Durante su gobierno ocurrieron dos importantes hechos
militares conocidos como: la incursión de la Corbeta Caldas de la Armada
Colombiana en el golfo de Venezuela y la noche de los tanques. El primer caso
resultó en un rotundo éxito internacional para el presidente Lusinchi, el
canciller Simón Alberto Consalvi y las Fuerzas Armadas. El segundo caso
consistió en una curiosa actuación del mayor José Soler Zambrano, segundo
comandante del batallón Ayala, quien sin autorización tomó, con dos compañías
de vehículos blindados, el acceso y los alrededores del ministerio del
Interior, donde despachaba el doctor Simón A. Consalvi, encargado de la
presidencia de la República, así como la residencia presidencial de “La
Viñeta”. Lamentablemente, las investigaciones no lograron clarificar los hechos
con la suficiente exactitud.
Carlos Andrés Pérez obtuvo un importante triunfo electoral en las
elecciones de 1989. Los venezolanos votaron mayoritariamente por él, en la
creencia de que su triunfo permitiría el regreso a la bonanza económica de su
primer gobierno. Eso era imposible. La compleja situación económica imperante,
la caída de los precios petroleros y en
particular la grave disminución en las reservas internacionales lo obligaron a
implementar un programa de medidas económicas, asesorado por un grupo de
jóvenes formados en las mejores universidades del mundo. Desafortunadamente, la
falta de una acertada campaña de propaganda que explicara la necesidad de
dichas medidas, le permitió a sectores radicales provocar un estallido social
de graves y delicadas consecuencias. Al sobrepasar los disturbios la capacidad
de las autoridades civiles, y la Guardia Nacional hubo necesidad de emplear el
Ejército. Lamentablemente, su utilización produjo un número importante de bajas
civiles, motivado a la falta de equipos y entrenamiento para ese tipo de
operaciones. Ese hecho ha sido utilizado por el régimen chavista para atacar,
de manera inclemente, a los gobiernos democráticos y a los jefes militares, que
inevitablemente tuvieron que asumir esa responsabilidad. En definitiva, El 27
de febrero de 1989 fue un doloroso accidente histórico.
Al acercarse las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en
diciembre de 1989 ocurrió un hecho de indiscutible gravedad que debió haber
alertado al presidente Pérez, a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y a los
dirigentes políticos de los partidos democráticos. El 29 de noviembre de 1989,
el general de división Carlos Julio Peñaloza, comandante general del Ejército,
recibió en su residencia, a través de una empresa de distribución de
correspondencia, un sobre que contenía una orden de operaciones en la cual se
misionaban importantes unidades del Ejército con el fin de derrocar al gobierno
constitucional. El general Peñaloza llamó por teléfono al general Filmo López,
ministro de la Defensa, con la finalidad de solicitarle una reunión urgente
para definir las medidas que se deberían tomar. A dicha reunión asistimos los
generales Peñaloza, Heinz y mi persona. Al plantearle la delicada situación le
recomendamos al ministro López la detención de todos los oficiales nombrados en
dicha orden de operaciones para realizar la correspondiente investigación. El general
López aceptó la recomendación e informó lo acontecido al doctor Alejandro
Izaguirre, encargado de la presidencia de la República.
El general Heinz realizó consistentes esfuerzos durante la
investigación, pero no logro clarificar los hechos. El presidente Pérez se
molestó al conocer la información de la detención de los oficiales superiores.
De inmediato llamó al ministro López a Miraflores y le exigió pruebas que
justificaran la detención del grupo de mayores. Al terminar la conversación le ordenó
liberarlos de inmediato y reintegrarlos a sus cargos. Tres personas influyeron
en la errada percepción que tuvo el presidente Pérez de los hechos: el general
Herminio Fuenmayor, director de Inteligencia Militar; el doctor Ramón Carmona,
ministro de la Secretaría y el general Arnoldo Rodríguez Ochoa, Secretario del
Consejo de Seguridad y Defensa. Los tres mantuvieron que el teniente coronel
Hugo Chávez era un excelente oficial de comprobada vocación democrática. De
manera insistente, el general Fuenmayor le planteó al presidente Pérez que esa
decisión era una injusticia que se originaba en rivalidades entre los generales
Peñaloza y Rodríguez. Sin embargo, el general Peñaloza presentó una solicitud
al presidente de la República de someter a Consejo de Investigación al citado
grupo de mayores. El presidente Pérez no lo autorizó. Continuaremos…
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
Caracas- Venezuela.
