TRINO MÁRQUEZ, EL DECRETO DE GUERRA ECONÓMICA

En su diagnóstico y recomendaciones el Decreto de Emergencia Económica configura un fraude con pretensiones de liberar al régimen construido por Hugo Chávez, y continuado por Nicolás Maduro, de la exclusiva responsabilidad de haber destruido el aparato productivo nacional y generado los graves problemas que encaramos en la actualidad.

         El Decreto supone  que  los problemas –inflación, escasez, desabastecimiento- derivan de una supuesta “guerra económica” desatada por factores nacionales y foráneos. Maduro, asesorado por un equipo de miopes e ignorantes, pretende refugiarse en esa guarimba. No se pregunta por qué Venezuela es el único país de América Latina, incluidos los del ALBA, donde tal guerra se desencadenó. En Bolivia, su socio Evo Morales acordó una estrecha alianza con los empresarios de Santa Cruz, la región más próspera del Altiplano; resultado: Bolivia crece a tasas sostenidas y Morales gana popularidad entre los sectores más pobres del país andino. En Ecuador el cuadro es aún más favorable: Rafael Correa ha mantenido la dolarización de la economía y ha conservado una relación cercana con los industriales; consecuencia: la inflación se mantiene en un dígito y la economía crece de forma moderada, a pesar de la caída de los precios del petróleo. Daniel Ortega, compañero de ruta de Maduro, vive una prolongada luna de miel con los Estados Unidos y con los empresarios nicaragüenses, lo que ha hecho posible la expansión de la economía con un incremento de precios muy bajo. En la otra acera se encuentra Brasil, hundido en una aguda crisis económica. En 2015 tuvo una caída del PIB de 2%, algo insólito en la séptima economía mundial. A la señora Dilma, cuya presencia en el Gobierno está seriamente amenazada, no se le ha ocurrido hablar de “guerra económica” o disparates similares. Si lo hiciese, sus palabras serían interpretadas como una burla cínica para intentar ocultar los desmanes y la corrupción que hubo en la era de Lula y durante su administración.

         Si existiese la fulana “guerra económica” de la que hablan Maduro y sus adláteres, las empresas públicas funcionarían como un teatro de operaciones sincronizado, donde el Gobierno demostraría la eficacia de su modelo socialista. Resulta que las empresas estatizadas están quebradas. Fueron arruinadas por la incompetencia y la corrupción. Parece que hubiesen sido arrasadas por un huracán.  De las 16 industrias que integran el complejo de la GVG, solo una muestra cifras positivas. Las demás exhiben cuentas en rojo. PDVSA, la empresa más importante del país, y en su momento una de las más importantes del planeta, luego de una década ocupándose de todo, menos de explorar, refinar y vender petróleo, hoy se encuentra en la banca rota. Le cuesta conseguir crédito internacional y socios para extraer crudo de la Faja del Orinoco. Agroisleña, empresa líder en el ramo agrícola, fue desbaratada por el chavismo. La fábrica de pañales desechables Guayuco, creada con capital público, no ha producido ni un solo pañal. La Electricidad de Caracas, que pasó a formar parte de Corpoelec, está postrada. Cantv y Movilnet no están en capacidad de invertir para mantenerse al ritmo de los cambios tecnológicos. No existe central azucarero, hacienda o hato que haya pasado a manos del Gobierno, que no se encuentre en un estado lamentable.  Hasta los hoteles estatizados se hallan en condiciones deplorables. Si de guerra se habla, los soldados más letales son los guardias rojos que invadieron esos activos, antes en manos privadas.

La inflación, la escasez, el desabastecimiento, la caída del empleo de calidad, el aumento de la buhonería y de los oficios improductivos, la falta de medicinas, forman el colofón del socialismo del siglo XXI. Los delirios estatistas de Chávez y Maduro y los afanes expansionistas del modelo revolucionario, no podían pasar sin generar graves consecuencias. El régimen en vez de fortalecer el FEM (Fondo de Estabilización Macroeconómica), concebido para ahorrar, consolidó el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional) diseñado para gastar sin control. Los resultados los estamos sufriendo.

El ardid de la “guerra económica” es una treta insolente concebida para enmascarar los excesos cometidos en nombre de la revolución. Ese decreto podrá servir para iniciar el debate sobre qué debe hacerse, pero jamás debe aprobarse como está redactado. Terminaría de acabar con lo poco que queda de economía productiva.

Trino Marquez Cegarra

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc

Miranda - Venezuela  

ISAAC VILLAMIZAR, DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL ASEGURA SU FRACASO

El Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Nacional tiene, por lo menos, dos antecedentes, que  predicen su total fracaso. Me refiero a los dos Decretos de Estado de Excepción que el Presidente Maduro dictó para el Táchira, el 21 y 31 de agosto de 2015, respectivamente, a raíz del cierre de la frontera. De manera similar a los dos señalados, este decreto nacional adolece de un vicio de instrumentación en la parte dispositiva del mismo. ¿Por qué? Porque un Decreto de Estado de Excepción debe especificar claramente en su texto las medidas restrictivas que, a través de él, se van a instrumentar para restablecer, en una temporalidad, la normalidad en la emergencia económica. En los decretos del Táchira se anunciaban que, con ocasión de la restricción del tránsito de mercancía y bienes, se producirían requisas de equipajes y vehículos, con el cumplimiento de protocolos, sin señalar cómo se implementaría esta medida. Igualmente se indicaba que los ministerios competentes establecerían normas especiales para la disposición, traslado, comercialización, distribución y almacenamiento, así como la producción de bienes esenciales, pero sin indicar cuáles eran esas normas y cómo afectaría el proceso productivo, prohibiéndose determinadas actividades comerciales, sin fijarse cuáles eran.

En este Decreto de Emergencia Nacional ocurre algo similar. Se anuncia la implementación de medidas especiales para la reducción de la evasión fiscal, sin determinar cuáles serán; la dispensa del régimen de contrataciones públicas, sin indicar en qué sectores; la disposición de trámites para la importación  y nacionalización de mercancías, sin reseñarse específicamente cuáles trámites; el requerimiento de las empresas para incentivar sus niveles de producción, sin establecerse los criterios para ello; la adopción de medidas necesarias para el acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, sin aclararse cómo se hará ello; el señalamiento de que el Presidente podrá dictar otras medidas de orden económico, sin enumerarse en qué consisten. Esto viola flagrantemente el Artículo 339 de la CRBV que, en  un Decreto de Estado de Excepción de esta naturaleza, exige ineludiblemente que su propio texto debe regular las medidas restrictivas como las anunciadas, lo cual acarrea el vicio enunciado.

En el Táchira, con dos decretos de estado de excepción ya vencidos en sus 120 días, no se ha restablecido ninguna normalidad económica. Seguimos con la escasez, la inflación galopante en los diez municipios sujetos a este régimen excepcional, con el bachaqueo, con el contrabando de gasolina hacia el Norte de Santander, a pesar del cierre de la frontera y, de paso, con una corrupción originada en los controles fronterizos, donde es vox populi que para pasar la línea limítrofe, es necesario pagar su respectiva vacuna de salida o entrada al país. San Cristóbal es una de las ciudades más costosas para vivir.  Un Decreto de Excepción se caracteriza porque con las medidas en detalle anunciadas e implementadas, debe restablecer el desenvolvimiento económico en la zona donde sea aplica. Pero aquí prosigue el hambre, la miseria, el ultraje, las colas infernales y hasta la exigencia de la cédula como libreta de racionamiento. Si en el Táchira, en 120 días, vivimos aún en calamidad económica, a nivel nacional, en 120 días le queda muy grande a este gobierno inepto recuperar la economía.

Es que hablamos de dos modelos totalmente contrapuestos. Uno socialista lleno de controles, de actitud irresponsable en no asumir su fracaso y endilgarle su ineptitud a “acciones de desestabilización de la economía de sectores nacionales e internacionales”, a una “guerra económica coordinada por factores internos y externos” y a “estrategias de desestabilización económica que ha provocado la caída abrupta de los precios petroleros”, sin olvidar que se han robado y dilapidado, en 17 años, los más ingentes ingresos de la renta petrolera, sin invertirlos en producción alternativa. Y otro que representa la propuesta de la nueva Asamblea Nacional de legislar para incentivar la producción nacional, para rescatar las industrias y tierras expropiadas e improductivas, el otorgamiento de créditos, incluso a la economía informal, el cierre del regalo de recursos propios a otros países, la apertura de las divisas para importar insumos y materia prima necesaria. Este gobierno y su sistema ya se agotaron y Venezuela no los acepta ni los quiere.

Isaac Villamizar

isaacvil@yahoo.com

@isaacabogado

Tachira - Venezuela

Prof. de Postgrado de Derecho Constitucional