TRINO MÁRQUEZ, EL ACUERDO UNITARIO AÚN ES POSIBLE,

Durante la era madurista se han dado fenómenos extraños, pero ninguno como el que rodea la consulta del 6-D: la oposición no puede desarrollar la campaña electoral por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19; y el gobierno no necesita adelantar ninguna campaña, porque posee el control de todos los mecanismos de chantaje, coacción e intimidación que le permitirán obtener una cómoda victoria con el reducido universo de electores dispuestos a sufragar. Tan insólito como ese factor es que un presidente y un gobierno que concitan 80% de rechazo nacional, están convocando los comicios como si flotaran en una atmósfera de gigantesca popularidad.

La oposición no puede llevar a cabo la labor proselitista porque carece de los medios para desplazar sus candidatos por los circuitos electorales; unos locales, y otros nacionales. No se consigue gasolina para la movilización terrestre y los vuelos comerciales dentro del país se encuentran suspendidos. No es posible convocar reuniones en espacios públicos, ni visitar las casas de los votantes, ni convencer cara a cara a los electores de la importancia de acudir a los centros de votación. Ni siquiera se puede divulgar el programa legislativo de los candidatos y enriquecerlos con las opiniones de los ciudadanos. ¿Qué clase de comicios son esos donde todo lo vinculado con la oposición transcurre en medio del desconocimiento casi total por parte de los votantes, acerca de la oferta de sus futuros representantes en el Parlamento?

Al régimen de Maduro este ambiente tan limitado no le importa. Todo lo contrario: lo favorece muchísimo. Al gobierno le interesa que el universo electoral sea muy pequeño. Que se reduzca a ese sector al cual le llega con cierta regularidad a través de las cajas Clap, del Sistema Patria y de los demás subsidios monetarios miserables que reparte a través de la banca pública. Si esto no fuera suficiente para chantajear a los grupos más pobres y obligarlos a votar, todavía cuenta con los colectivos armados. Con los motorizados del terror, quienes amenazarán a quienes no se desplacen hacia los centros de votación el día de las elecciones.

Las encuestadoras más importantes del país señalan de forma consistente que más de 60% de los venezolanos no quieren sufragar. Para revertir esa matriz de opinión tan extendida y consolidada, habría que introducir cambios institucionales que remuevan las sospechas y fortalezcan las convicciones de la gente. Sin embargo, admitamos que hay que acudir a la cita con el CNE de Maduro y Maikel Moreno, y que sólo se logra que el acompañamiento internacional sea parcial, y no integral como exige la oposición y lo establece la Ley del Sufragio. En ese marco tan favorable al régimen, también la oposición debería instrumentar una campaña proselitista tenaz y convincente, capaz de quebrar las resistencias lógicas de la gente y propiciar la concurrencia masiva a los centros de votación. Este cambio de actitud no es posible en el lapso tan corto que resta hasta diciembre y en el marco de la Covid1-19.

El voluntarismo, aliñado como mucha prepotencia, de quienes piensan que resulta posible lograr ese giro, va a provocar una derrota fenomenal. Nicolás Maduro, aún representando una minoría en declive, se quedará con la mayoría de la Asamblea Nacional, principal órgano de representación de la soberanía popular, con la particularidad de que contará con la colaboración de la franja opositora que acuda a esa consulta. Se trata de un voluntarismo irresponsable, que colocaría el órgano legislativo bajo el control de un mandatario que sólo trata de anular el liderazgo de Juan Guaidó, quitarle la base de apoyo internacional que posee y, a partir de la Asamblea, intentar recuperar Citgo, el oro colocado en Londres y otros activos de la República con los cuales no ha podido acabar.

La Unión Europea, a través de Josep Borrell y otros voceros, junto a otros factores internacionales de poder interesados en encontrar una salida negociada, pacífica y electoral a la pavorosa crisis que azota a Venezuela, han propuesto postergar los comicios para una fecha en la cual el país haya recuperado la normalidad mínima, que permita realizar una campaña al menos relativamente equilibrada. Juan Guaidó y Henrique Capriles –aunque con posturas discrepantes- han señalado que buscan lograr elecciones justas y transparentes. En este punto, ambos coinciden. A partir de ese acuerdo básico, deberían explorar la posibilidad de llegar a un compromiso para, de forma conjunta, exigir la postergación de los comicios y la definición de condiciones que equilibren la competencia entre el gobierno y la oposición.

Maduro dijo que se había dirigido la UE para que enviase testigos a la cita del 6-D. Bueno, hay que complacerlo, pero no para que estén presentes en la consulta que él quiere realizar ‘llueve, truene o relampagueé’, sino para que asistan a una convocatoria más equilibrada, cónsona con la fortaleza que aún posee la oposición y las aspiraciones populares. Maduro necesita legitimar la farsa electoral, empoderarse todavía más con el asalto pacífico de la Asamblea y aparecer ante el planeta como el mandatario que derrotó a sus opositores a través del voto popular. No hay que ponérsela tan fácil. El acuerdo unitario aún es posible.

Trino Márques

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc 

TRINO MÁRQUEZ, LIBERACIÓN, NO INDULTO

La medida de gracia decretada por Nicolás Maduro a favor de ciento diez compatriotas que se encontraban presos en las cárceles del país, en las sedes de distintas embajadas o que debieron huir al exterior, no tiene nada que ver con un indulto; y mucho menos con un gesto humanitario de buena voluntad en aras de la reconciliación nacional, tan necesaria para sacar al país del foso donde el régimen la hundió.  

No puede considerarse indulto porque ninguno de esos venezolanos cometió el delito que el gobierno les imputó. A ninguno de ellos se les respetaron sus derechos humanos o se les siguió el debido proceso. A los diputados no se les aplicó el procedimiento pautado en la Constitución cuando es preciso allanar la inmunidad parlamentaria. En realidad, esos dirigentes democráticos estaban secuestrados o expatriados. Aunque el guiño hay que saludarlo y alegrarse porque esos compatriotas volvieron a estar con sus familias y seguirán luchando en las calles por recuperar la democracia, la iniciativa gubernamental hay que analizarla desde la perspectiva política, no emocional. No se trata de que el mandatario tuvo un ataque repentino e incontenible de bondad. 

Nicolás Maduro tiene que darle unos brochazos de legitimidad al proceso electoral convocado y organizado por el Consejo Nacional Electoral designado por Maikel Moreno, violando a la Asamblea Nacional y al Comité de Postulaciones que esta había designado de común acuerdo con la bancada oficialista. El gobierno se encuentra aislado internacionalmente y con unas finanzas que no le alcanzan ni siquiera para mantener prácticas que merezcan el nombre de populistas. El mandatario se ve en el espejo de mayo de 2018, cuando, violentando todas las formalidades, le ordenó a la asamblea constituyente presidida por Diosdado Cabello que convocara las elecciones del 20 de mayo de ese año. Esa consulta fue rechazada por la oposición y, mucho pero aún, por la gran mayoría de los países democráticos más prósperos del mundo. Ese costo lo está pagando. No quiere volver a pasar por ese trance. Requiere que las democráticas del mundo lo vean con mayor benevolencia. Que las sanciones se atenúen. Sabe que los microgrupos que conforman la Mesa de Diálogo Nacional no le sirven para cubrir las apariencias. Tampoco le dan mucho músculo los partidos que les fueron expropiados a sus legítimos líderes. Forman una hoja de parra demasiado delgada para que los factores internacionales de poder le confieran algún grado de legitimidad a la consulta de diciembre.  

La decisión de Maduro representa una jugada maquiavélica legítima. Así es la política. Incluye giros sorpresivos e inesperados. Lo malo es que ha colocado a la oposición ante un nuevo disparadero. Para algunos dirigentes y analistas esa forma retorcida de invitar a participar en las elecciones parlamentarias no debe despreciarse. La gentileza de Maduro debe responderse con la misma caballerosidad. Craso error.  La oposición no debe acudir  a las próximas votaciones por la simple razón de que se le estaría entregando la Asamblea Nacional al régimen en unas condiciones tales de debilidad, que no se contaría ni siquiera con el respaldo de la Unión Europea, instancia que ha pedido que la cita se aplace hasta que existan las condiciones mínimas para realizarla. 

En la atmósfera impuesta por la Covid-19, no es posible que la oposición lleve adelante una campaña electoral con la mínima posibilidad de que se exprese el enorme rechazo que el país siente por el gobierno.  El régimen parte con una base de 30%, conformada por quienes reciben de forma regular las bolsas clap, los subsidios monetarios repartidos a través de la banca oficial y los otros auxilios  otorgados por el régimen. A Maduro, en realidad, no le hace falta iniciar una campaña para obtener la mayoría de la Asamblea. Él vive en campaña. Copó o silenció a los medios de comunicación. Domina la mayoría de los medios radioeléctricos e impresos.   Posee el control  casi absoluto de la banda ancha de internet. Sus candidatos no necesitan salir de sus casas para llevar a cabo la campaña electoral. Cuentan con el respaldo irrestricto de la maquinaria gubernamental. Mucho más difícil les resulta lograr un puesto en la apretada lista del PSUV, que obtener la curul. 

Ese no es el caso de los eventuales candidatos opositores. A estos el régimen les exigirá hasta costosos trajes de bioseguridad si aspiran a repartir folletos en una esquina de Caracas o recorrer una barriada popular. No podrán visitar casa por casa. Ni barrio por barrio. No podrán decirles a los ciudadanos de forma directa cuáles son las ventajas de votar y por qué ellos se beneficiarán si el aspirante demócrata de su circuito llega a la AN. Ese vínculo sensorial que el candidato a diputado opositor requiere para empatizar con el elector, no podrá tejerse. Lo más sensato, por lo tanto, es no dejarse seducir por el caramelito de arsénico entregado por el régimen. A esos comicios la oposición con debe acudir. No tiene forma de triunfar aún siendo clara mayoría. 

Aplaudir la liberación de los compatriotas perseguidos y secuestrados, y considerar el voto como una herramienta extraordinaria de lucha democrática, no significa que la oposición deba suicidarse en primavera. 

Trino Márques

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc 

TRINO MÁRQUEZ, BIELORRUSIA: UN MUNDO DE AUTÓCRATAS

Luego de la destrucción del Muro de Berlín -muro del oprobio, símbolo de la dictadura y la incompetencia comunista- buena parte del mundo político e intelectual creyó que se haría realidad la profecía de Francis Fukuyama, según la cual el planeta avanzaría de forma acompasada hacia la democracia liberal y la economía de mercado. Después de treinta años de haberse derrumbado los autoritarismos inspirados en el marxismo-leninismo, han surgido otras formas de autocracia; o se han maquillado un poco las antiguas tiranías basadas en la ideología elaborada por Carlos Marx. 

Alexander Lukashenko, Vladimir Putin, Xi Jinping, Daniel Ortega y Nicolás Maduro –para solo mencionar unos pocos  personajes de la misma estirpe- forman parte de la galería de neoautócratas vinculados con lo que fue el comunismo hasta la extinción de la Guerra Fría. 

Las elecciones del 9 de agosto en Bielorrusia volvieron a mostrar las aristas más filosas del ‘último dictador europeo’, como se le conoce a  Lukashenko en el viejo continente. Al déspota le parece poco haber permanecido 26 años al frente de ese pequeño país. Quiso extender el lapso cinco años más. Para conseguirlo apeló a sus acostumbradas malas mañas. Cometió un fraude escandaloso, que le dio un ‘triunfo’ con más de 80% de los votos. La victoria fue inmediatamente reconocida por Vladimir Putin y Nicolás Maduro, su amanuense  en América del Sur. Antes de perpetrar la estafa, el mandamás bielorruso había encarcelado al jefe de la oposición; luego, en vista de que la valiente esposa del líder apresado tomó el testigo dejado por su marido y triunfó en la consulta, la acosó hasta obligarla a salir del país, para no ser víctima de otro secuestro por parte de los cuerpos de seguridad del régimen. 

Frente a las inmensas  movilizaciones provocadas por el escamoteo, el cobarde Lukashenko salió corriendo a pedirle auxilio a su jefe Putin, amo y señor de la Federación Rusa al menos hasta 2036, último año que le autoriza gobernar la reforma legal que hace poco tiempo logró que le aprobaran en un referendo popular totalmente manipulado por el expolicía de la KGB, quien acostumbra a despacharse a sus adversarios con el milenario método del envenenamiento. 

Lukashenko es su marioneta. Su representante plenipotenciario en un territorio que limita por el frente occidental con Europa, convertida en barrera de las pretensiones expansionistas del nuevo zar, mezcla extraña de marxismo con la doctrina de la Iglesia Ortodoxa rusa.

Al trío formado por Lukashenko, Putin y Maduro hay que agregar a Xi Jinping y a Daniel Ortega. El jefe del Partido Comunista Chino logró que la dirección del partido le aprobara  una reforma que le permite reelegirse indefinidamente en la jefatura del partido y, por lo tanto, del Estado. El señor Xi ha concentrado tanto poder como en su momento tuvo Mao Zedong. Xi promueve las formas más ominosas de control sobre los ciudadanos. La tecnología G-5 se ha puesto al servicio del espionaje descarado e implacable de la actividad individual y colectiva. El espacio para la libertad se ha reducido a su mínima expresión. Este panorama es el que vislumbran los jóvenes de Hong Kong y ante el cual se sienten aterrorizados. Por eso, prefieren dejar la vida en las calles de esa pequeña isla, antes que caer en las garras de esa cruel burocracia. El último personaje de la serie es Ortega, a quien solo vale la pena mencionar por el terrible daño que el inflige al pueblo nicaragüense.    

Lo peor de esta atmósfera tan degradada es que  algunos países democráticos han generado sus propios engendros durante las décadas recientes. Turquía, con un Estado laico a pesar de que su población mayoritaria es musulmana, produjo al dictador Recep Tayyip Erdogán, quien pretende islamizar el Estado. Polonia y Hungría, dos países que giraban en la órbita de la antigua Unión Soviética, han dado un vuelco preocupante hacia la derecha reaccionaria, conservadora y retrógrada. Andrzej Duda, presidente polaco, y Víktor Orbán, primer ministro húngaro, son la viva encarnación de ese pensamiento retardatario,  incompatible con el canon liberal.  

Lo más preocupante es que el eclipse de la democracia no sólo ocurre en la periferia; en naciones colocadas en la  segunda línea de las democracias occidentales. Está sucediendo en el corazón de la cultura. En el Estados Unidos de Donald Trump. El aspirante a la reelección emite declaraciones cada vez más preocupantes y provocadoras. Amenaza con desconocer los resultados electorales en el caso de perder frente a Joe Biden; y  descalifica al Servicio Postal, órgano emblemático de la fortaleza y eficacia institucional de la nación más poderosa de la Tierra.

Además de  la Covid-19, gran parte del planeta ha sido tomada por estos asaltantes del poder, quienes aspiran a eternizarse en sus cargos, aplastar las instituciones del orden democrático y erigirse en reyezuelos que solo le rinden cuenta a la almohada porque se consideran predestinados.  

Si los partidos y las naciones democráticas del planeta no se unen para enfrentar con determinación los embates de esta clase de seres, la libertad será demolida. Las restricciones provocadas por la pandemia parecerán un picnic.

Trino Márques

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc 

TRINO MÁRQUEZ, EL RÉGIMEN FRENTE A LA COVID-19

La política y las medidas de Nicolás Maduro frente a la pandemia desatada por la Covid-19 han sido erráticas, parciales e insuficientes. Un retrato hablado de la incompetencia característica del grupo enquistado en el poder desde hace más de veinte años.  

Son erráticas porque no mantiene una línea continua de acción. El régimen cambia de la flexibilización a la cuarentena radical, y de esta a aquella, sin que el país conozca las razones sanitarias o racionales que sustentan esos giros caprichosos. Se autoriza que algunos rubros de la economía abran sus puertas, mientras otros muy parecidos permanecen cerrados. Unos son ‘prioritarios’ en tanto los de al lado son ‘secundarios’ o ‘superfluos’. Se les permite trabajar a las caucheras, pero no a las ferreterías o a las licorerías. Pareciera que los empresarios de los ramos marginados no tuvieran que pagar nómina, cancelar los impuestos municipales y  servicios como la luz o la vigilancia privada. Da la impresión de que para el gobierno los ciudadanos que laboran en los sectores segregados no tienen derecho a comer, comprar medicinas y mantener sus hogares. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los criterios a partir de los cuales se discriminan unas ramas que, para funcionar, no necesitan concentrar grandes aglomeraciones. Como de costumbre, impera el caos o, en el mejor de los casos, el azar. Si un segmento de la economía tuvo la suerte de ser elegido para que operara, estupendo; de lo contrario, que se hunda. Por supuesto, los gobernadores opositores no existen. 

Son parciales porque han atacado el problema de la pandemia solo desde la perspectiva hospitalaria, y no de forma integral, como la globalidad del problema existente lo amerita.  Es más, desde esa óptica tampoco ha habido una política acertada. La última gracia de Nicolás Maduro fue traerse a una unidad de médicos  cubanos para ‘reforzar’ el combate a la propagación y curación del virus. El grupo más afectado, en términos relativos, por la transmisión del organismo patógeno ha sido el personal de la salud. Con los médicos  y el equipo auxiliar se ha cebado el microorganismo. Más de 30% del total de fallecidos corresponde a este segmento. En el resto de América Latina, el porcentaje no llega a 3%.  Los médicos venezolanos y las enfermeras y enfermeros merecen un reconocimiento especial. Maduro no piensa lo mismo. Continúa despreciando a los galenos nativos y mantiene una animosidad enfermiza con las enfermeras. A la Federación Médica Venezolana y a la Federación de Colegios de Enfermeras las convirtió en   enemigas. Prefiere recibir y condecorar a sus idolatrados matasanos  isleños, embajadores de la dictadura más longeva de América Latina, que llegar a un acuerdo con los profesionales de la salud criollos, para dotarlos de los recursos necesarios que les permitan enfrentar la Covid-19 en las mejores condiciones posibles y aprovechar al máximo la ayuda humanitaria que el país recibe. 

Es insuficiente porque el auxilio financiero que el Gobierno les entrega  a los venezolanos no alcanza para cubrir ninguna de las necesidades básicas. La Covid-19 ha hecho patente el saqueo al que ha sido sometida la nación durante dos décadas. Los venezolanos nos encontramos frente a un Estado quebrado porque fue asaltado. Porque fue destruida la industria petrolera, la Corporación Venezolana de Guayana, las empresas estatizadas, hoy una onerosa carga para el país. El sector público fue ranchificado y el privado estrangulado, hasta colocarlo al borde de la ruina total. A pesar de la inmensa fortuna que ingresó a Venezuela entre 2004 y 2013, nos encontramos con el nivel de reservas internacionales más bajo de la historia nacional. El bolívar se volatilizó. La hiperinflación pulverizó los ingresos de los venezolanos, sin que el gobierno pueda amortiguar el impacto de esa erosión causada por sus delirantes políticas estatizadoras. El ciudadano, arrinconado por la pandemia, tiene frente a sí un Estado macrocefálico que sirve para amenazar a los periodistas que  se atreven a informar sobre la realidad de los hospitales y centros de salud, y a los pobres  que protestan porque  pasan semanas sin recibir agua, bombonas de gas y electricidad; pero que es incapaz de resolver ninguna de las graves carencias que acoquinan a la mayoría de la nación. Hoy la pobreza es mucho más erosiva que cuando comenzó la pandemia. El Covid-19 se implantó en un país con un Estado fallido. Por ese motivo causa mayores estragos económicos y sociales que en el resto del continente. 

La Covid-19 se extenderá, al menos, hasta finales de 2020.  Tenemos que aprender a convivir con ella hasta que la ciencia inventé una vacuna confiable. Mientras tanto, hay que sobrevivir dentro de una nueva ‘normalidad’. Esto incluye a la actividad económica: las industrias, el comercio, la agricultura, la banca, los servicios de distintos géneros. Ya se sabe bastante cerca de las medidas de bioseguridad que deben adoptarse para evitar el contagio. La estrategia  global para enfrentar el corona virus, sin seguir arruinando a la sociedad y empobreciendo a los ciudadanos,  tendría que incluir la progresiva recuperación de la normalidad dentro de las nuevas condiciones impuestas por ese evento inesperado y mortífero que es la Covid-19.  Pero, el diseño y aplicación de esa estrategia, que debe incluir a todos sectores nacionales, le queda demasiado grande al régimen de Maduro, acostumbrado a ver el mundo desde su minúscula parcela. 

Trino Márques

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc 

TRINO MÁRQUEZ, LOS OBISPOS ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS

       En el más reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que trata el tema de las venideras elecciones parlamentarias de diciembre, percibo en sus elaboradas líneas lo difícil que debe de haber sido para los obispos que integran la institución, redactar ese documento, que parece mecerse en una soga de equilibrista. 

     La CEV -al igual que  la mayoría de las agrupaciones sociales- se encuentra cruzada por las diferencias y contradicciones entre sus integrantes. En el texto no se abordan cuestiones relacionadas con la fe, donde la palabra del Papa dirime cualquier controversia. Se trata un asunto muy terrenal, mundano y espinoso: participar o no en las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro para el venidero diciembre. Digo convocadas por Maduro, porque las pautadas en la Constitución y en la Ley del Sufragio son muy distintas a las concebidas por el mandatario.

En el documento de la CEV, se lee: “Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral: desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales”. Estos argumentos parecieran apoyar a las organizaciones que decidieron abstenerse de concurrir con candidatos propios a esos comicios, debido a que no se cumplen las condiciones democráticas mínimas que garanticen unas elecciones transparentes y confiables.

Sin embargo, pocas líneas más abajo el mismo materia apunta que la “decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo”. Estas tesis se alinean con las microscópicas células reunidas en la Mesa de Diálogo Nacional, que sostienen la conveniencia de ir a la cita aunque sea de rodillas.

El carácter salomónico del comunicado -que expresa sin duda  las tensiones entre abstencionistas y participacionistas dentro de la asamblea de obispos- muestra la enorme complejidad del reto frente al cual se encuentran los venezolanos. Nudo nada fácil desatar. El régimen se propuso desde sus inicios hace dos décadas destruir las instituciones arbitrales –como el Consejo Nacional Electoral- y la eficacia del voto en cuanto instrumento de  cambio democrático, y lo ha logrado. La experiencia de diciembre de 2015  -cuando millones de venezolanos militantes de la salida pacífica y electoral a la crisis nacional, les dieron la victoria a los partidos opositores, y esta fue convertida en harapos solo unos días después por el régimen autoritario de Maduro- representa una prueba categórica de los logros de ese plan. Por eso es no resulta tan sencillo unificar a la dirección opositora en torno a la idea de concurrir a la cita decembrina, ni convencer al electorado de las bondades de sufragar.

La alta jerarquía de la Iglesia católica tiene razón de exigirle a los partidos que anunciaron que no participarán en los comicios legislativos "asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro”. 

La abstención, y también la participación -si ocurriese el milagro de que tal fenómeno se diera de forma unitaria- deberían formar parte de una estrategia política global, en la cual los movimientos claves que dé la oposición, se encuentren alineados con una visión integral de la lucha por recuperar la democracia. En esta dirección, una de las primeras medidas que la oposición debería adoptar es galvanizarse en torno de cuatro o cinco grandes corrientes políticas y organizaciones, que progresivamente se conviertan en  partidos dotados de una plataforma ideológica, programática y organizativa común, que a su vez dé lugar a una coordinadora parecida a lo que fue la MUD, tan exitosa en su momento.

Ver en este cuadro de debilidad tan doloroso que vive la oposición, que 27 mini agrupaciones firman el documento en el cual se llama a la abstención, no causa sino frustración y desgano. ¿Cómo es posible que tantos partidos –la mayoría de ellos unicelulares- llamen a la unidad nacional y a luchar contra un enemigo tan poderoso como el régimen madurista -sostenido por los militares, el aparato represivo informal y algunos de los países más autoritarios de la Tierra-, si ellos son incapaces de reunirse en corrientes políticas e ideológicas homogéneas? 

El actual grado de dispersión nada tiene que ver con la democracia y la libertad de pensamiento, sino con la necedad. Cuando se recupere la democracia podrán crearse de nuevo las ‘cabezas de ratón’ que los aspirantes a líderes nacionales quieran. Por ahora, se requiere con urgencia unas pocas colas atadas a una gran cabeza de león.

Sin unos grandes partidos nacionales será imposible satisfacer las aspiraciones de la CEV y de los venezolanos demócratas.

Trino Márques

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc 

TRINO MÁRQUEZ, NUEVOS RETOS DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA

Los argumentos señalados por las 27 organizaciones opositoras firmantes del documento unitario, en el cual manifiestan que no participarán en el fraude electoral convocado por Nicolás Maduro para el próximo diciembre, resultan categóricos.

Es cierto que el régimen, prevalido del control que ejerce sobre todos los poderes públicos y en su capacidad represiva, acabó con la posibilidad de cualquier tipo de elección libre y competitiva.

Las condiciones con respecto al proceso de 2015 variaron de forma significativa. El gobierno secuestró el uso de la tarjeta de la UNIDAD. Los directivos que la representaban aún se encuentran sometidos a procesos penales. En el documento, además, se muestra una reláfica muy completa de lo ocurrido luego del concluyente triunfo de la oposición en los comicios de diciembre de 2015: la Sala Electoral del TSJ, presidida entonces por Indira Alfonzo -quien como recompensa ahora fue designada presidente del CNE- dictó una sentencia cautelar que suspendió la elección parlamentaria del estado Amazonas, dejando sin representación a esa entidad. El TSJ nunca emitió una sentencia favorable, con el fin de impedir que dentro del Hemiciclo se conformara la mayoría calificada que le dio el pueblo venezolano a la oposición democrática. Luego, los magistrados de la cúpula judicial declararon de forma inconstitucional en ‘desacato’ a la Asamblea Nacional. Esto le ha impedido, en la práctica, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias, artículo 187 de la CRBV.

También es verídico que la Asamblea Nacional instaló un Comité de Postulaciones electorales, integrado incluso con diputados de la fracción del régimen, con la finalidad de designar un

nuevo CNE, pero el TSJ nombró de manera arbitraria a los cinco rectores principales y los diez suplentes del organismo, abortando la posibilidad de contar con un árbitro confiable.· El TSJ ha violado la inmunidad parlamentaria de más de treinta diputados activos de la AN, dictando además sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad; hoy se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Hay 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y cinco en prisión.

Las condiciones que los partidos exigen para participar son las que prevalecen en todos los países democráticos: 1) Restablecer el derecho al voto para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar y el Registro Electoral auditado y confiable; 2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación; prohibir la migración de electores de sus centros electorales naturales; 3) Detener las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecer plenamente sus derechos a la actividad política; 4) Participación plena de todos los partidos políticos; reposición de sus legítimas autoridades, suprimidas por la ilegal intervención de los tribunales, al igual que el uso de los símbolos y colores partidistas; liberación de los presos políticos; 5) Un CNE independiente, nombrado por el Comité de Postulaciones Electorales de la AN, conforme a lo pautado por la Constitución y la Ley; designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como de las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto al trabajo de los testigos electorales y demás funcionarios; 6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y el acatamiento a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria; 7) Campaña electoral equitativa con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas oficialistas. Asistencia equitativa a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional; 8) Imparcialidad del Plan República, de modo que la FAN asuma que el proceso electoral es esencialmente un acto civil; 9) Auditorias de todos las estaciones

del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el proceso automatizado; 10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral.

Tanto el diagnóstico de la situación –presentado por mí de forma sintética- como la definición de las condiciones para realizar unos comicios transparentes, son acertados. Estos son los temas que fueron discutidos con Noruega en República Dominicana y Barbados. El desafío consiste en cómo actuar, también en el plano electoral, frente a un régimen situado al margen de la ley, que desprecia la democracia, aferrado de forma obsesiva al poder, afincado en sus cuerpos represivos y apoyado por potencias mundiales en donde dominan dictaduras o teocracias a las que les importa un rábano los derechos humanos, los periodos acotados, los gobiernos alternativos, la soberanía popular y todos los principios republicanos y democráticos.

Ante esos retos concretos el documento unitario no ofrece opciones. Surgen, entonces, preguntas como las siguientes: ¿para volver a participar en comicios hay que restituir previamente el Estado de derecho y lograr la plena garantía de todas las condiciones que los principios democráticos exigen? ¿En un régimen autoritario –y el de Maduro lo es en abundancia- las fuerzas democráticas no pueden participar en comicios hasta que se restablezca el orden constitucional? La respuesta de los firmantes a esas interrogantes resulta demasiado vaga: afirman que lucharán por “verdaderas elecciones libres”. ¿Cómo lo harán sin partidos, ni sindicatos, ni gremios, ni federaciones estudiantiles; sin sociedad civil organizada; solo con el apoyo de la comunidad internacional? Los firmantes prometieron elaborar en los próximos días una estrategia de cambio. Esperemos que la presenten para volver a opinar.

Trino Marquez Cegarra

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc

TRINO MÁRQUEZ, EL ÁRIDO CAMINO DE LA NEGOCIACIÓN

La sola presencia en el país de la delegación del reino de Noruega, que vino a actualizarse sobre la situación humanitaria y política nacional, inmediatamente desató la ira de los sectores más radicales, tanto dentro como fuera de Venezuela, y la respuesta destemplada de varios dirigentes políticos de quienes cabría esperar reacciones más sensatas frente a las maniobras ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro, que trata de limpiar un poco su deteriorada imagen internacional. 

Pareciera existir una relación directamente proporcional entre la lejanía y el grado de extremismo de las posiciones. Mientras más alejadas de Venezuela se encuentran algunas personas, más extremistas se muestran. Da la impresión de que se desayunan con alacranes y almuerzan con una mapanare. Lo peor es que entre algunos profesionales de la política ocurre igual. No son capaces de colarse por los intersticios dejados por el gobierno en su afán de sobrevivir en el cuadro tan adverso que enfrenta. 

El G-4, en vez de poner ciertas condiciones razonables para conversar y negociar tal cual sugiere la delegación de Noruega, país que no descansa en su afán de lograr un acuerdo inteligente entre el gobierno y la oposición, inmediatamente descarta cualquier posibilidad, señalando que el diálogo quedó cancelado una vez Nicolás Maduro, en agosto de 2019, decidió levantarse de la mesa de conversaciones, cuando acusó a Juan Guaidó y al resto de la oposición de apoyar las duras sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump. Maduro adoptó esa postura radical porque sabía que el proceso de diálogo marchaba hacia un acuerdo inevitable: la convocatoria a elecciones libres con supervisión internacional. Este evento marcaría el fin de su mandato y el de la era chavista-madurista. Sería suicidarse en primavera. No quiso asumir ese costo.

Ahora también aspira a seguir engrapado al poder, pero la situación de su gobierno es peor que hace un año. El punto fundamental donde se  apoya Maduro es la fuerza represiva y coercitiva de su régimen. El consenso que todo sistema, por más autoritario que sea, trata de construir, se ha reducido a su mínima expresión. Las sanciones económicas, el derrumbe de la producción y los ingresos petroleros, el retroceso de la actividad económica en medio de la pandemia de la Covid-19 y la imposibilidad de recibir un auxilio sustantivo de sus aliados políticos en el plano internacional, lo  han llevado a buscar reducir las aristas más filosas de su nefasto gobierno. Por eso invita a los noruegos. El único ente autorizado a permitir la entrada al espacio aéreo nacional es el Gobierno. Resulta obvio que sin el beneplácito de Maduro, el avión que trajo a esa delegación no habría podido ingresar a Venezuela.  

La reacción tan desafortunada del G-4 la explico por dos razones. La primera es la precariedad, casi inexistencia, de partidos políticos; estos carecen de direcciones nacionales en las cuales se evalúen con serenidad y profundidad los distintos aspectos de un proceso.  En segundo lugar, la excesiva dependencia de las organizaciones políticas internas con respecto de los líderes que se encuentran en el exilio o alojados en embajadas. Tal parece ser el caso de Primero Justicia y Voluntad Popular, cuyas direcciones  domésticas no parecen tener el nivel de autonomía y poder que les permitan tomar decisiones importantes de forma autónoma. Las directrices son trazadas por figuras demasiado alejadas del acontecer diario e influidas por  factores externos que distorsionan la realidad interna.

El diálogo y la negociación sólo pueden rechazarse cuando uno de los factores en conflicto –sea ejército nacional, partido o grupo- posee tal fortaleza, que el acercamiento al adversario puede interpretarse como un signo inconveniente de debilidad.   Ese no es el caso de Venezuela. La oposición se encuentra en extremo disminuida: con partidos raquíticos y organizaciones civiles –sindicatos, gremios, asociaciones y federaciones estudiantiles- menguadas. Por el lado del gobierno ocurre otro tanto: el PSUV se transformó en una maquinaria burocrática alejada de la gente. El baluarte del régimen reside en la creciente capacidad represiva que ha levantado. La maquinaria represiva constituida por fuerzas formales -FANB, FAES, Dgcim, PNB- e informales –los colectivos y grupos irregulares como las FARC y el ELN, especialmente al sur del país-, representan su mayor fortaleza. 

Sin embargo, Maduro y su círculo íntimo saben que, como le gustaba decir a Napoleón, los fusiles sirven para todo, menos para sentarse en ellos. La capacidad de coerción es útil para mantener sometida a una sociedad y sembrar terror, pero no para consolidar el liderazgo, ni disfrutar indefinidamente del poder. Por esa razón tratar de negociar. Allí existe una debilidad que la oposición debería cultivar aprovechando al máximo las pocas fortalezas que posee. La más importante: el apoyo internacional, donde Noruega es una pieza importante. 

Trino Marquez Cegarra

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@trinomarquezc

TRINO MÁRQUEZ, LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA,EL PAÍS DESTRUIDO

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), adelantada por la  UCV, la UCAB y la USB, posee muchos méritos. Destaco dos excepcionales. En el cuadro que pinta, se encuentra una fotografía descarnada de la miseria nacional y también un libelo contra el régimen de Nicolás Maduro. Los dirigentes del gobierno llaman al régimen, socialismo del siglo XXI. Identificarlo con ese pomposo nombre solo contribuye a elevarle la dignidad a un mecanismo de destrucción y saqueo que carece de antecedentes en América Latina y el resto del planeta. 

Conozco bastante bien cómo operó el comunismo en diversas naciones de Europa del Este y en la antigua Unión Soviética. Lo ocurrido en Venezuela durante más de veinte años, resulta mucho peor que los errores y desmesuras perpetradas en los países satélites del Kremlin,  y en la URSS, el centro imperial. Aquí lo que se instaló fue una casta que combina, como ninguna otra, la ineptitud, la voracidad y la corrupción en el ejercicio del poder. Según lo ha demostrado con cifras inapelables el equipo de investigadores dirigido por Ricardo Hausmann, jamás en la historia universal se había llevado a cabo, en un período de paz, un proceso tan implacable de pillaje y demolición de un aparato económico, como el adelantado por la claque que tomó el poder en 1999 y que, en su línea evolutiva, dio un salto cuántico a partir de abril de 2013, cuando Maduro se convirtió en el Presidente titular. 

Ese país destruido –sin servicios públicos básicos, con salarios de hambre, con una hiperinflación que derrite el ingreso y camino a la disolución por el tamaño de la diáspora, solo atenuada por el impacto del corona virus en los países vecinos- fue radiografiado por los investigadores de la Encovi.  Los números que muestran revelan el daño tan hondo causado por el actual estilo de gobernar. Que 96% de las familias no puedan cubrir sus necesidades esenciales; es decir, que sean pobres de acuerdo con el método de las Necesidades Básica Insatisfechas (NBI); y que 79% de los pobladores sean infrapobres debido a que no pueden consumir las 2.200 calorías diarias que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestran una sociedad que languidece todos los días. 

A estos dígitos hay que agregar las deplorables condiciones de la electricidad, de las aguas servidas, de la salud pública, del transporte colectivo, el ausentismo y la  deserción escolar, la precariedad de las viviendas, el déficit habitacional y el hacinamiento. El deterioro es global e indetenible. No ha  alcanzado el pico, ni la curva se ha aplanado, como sucede en varios países atacados por la Covid-19. Ahora es cuando falta camino por recorrer en esa larga pendiente en la que entró la nación.

Mostrar las dimensiones de la barbarie es una de las bondades del estudio de Encovi. Sus redactores no apelan a adjetivos o insultos. Solo muestran las cifras para que la gente constate el producto salido de la combinación entre el colectivismo, la incompetencia, el autoritarismo y la corrupción. Las conclusiones que las extraiga cada quien. 

Otro de los méritos de Encovi reside en mostrar la mística y dedicación de los investigadores de nuestras universidades más importantes y el espíritu de colaboración existente entre los centros de enseñanza públicos y privados. En el período democrático, las grandes investigaciones sociales las llevaba adelante, fundamentalmente, la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). Este organismo –dotado de una amplia cobertura  nacional- diseñaba y aplicaba la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) y la Encuesta Social (ES), extraordinarios instrumentos de exploración que complementaban y actualizaban la información censal. El volumen de datos suministrado por esas herramientas, más lo proporcionados por el Banco Central, permitía recrear una imagen fidedigna de la situación del país. Cualquier investigador de la academia, o de fuera de ella, estaba obligado a partir de las cifras recogidas por esos organismos, si aspiraba a realizar una investigación seria. Podía complementarlas o ampliarlas, según fuese el caso, pero no podía ignorarlas. El rigor con el cual eran levantadas  les concedía plena confianza. La EHM se convirtió en un modelo en América Latina sobre cómo monitorear la situación familiar en los períodos intercensales. Durante más de treinta años constituyó una fuente de gran utilidad para diagnosticar la realidad de los hogares venezolanos. 

Ningún otro centro de investigación  público o privado podía alcanzar la escala lograda por la OCEI. Este esquema comenzó a cambiar con Hugo Chávez quien, primero, desestimó el trabajo de la OCEI, y luego lo pervirtió por completo. En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, es una caricatura de lo que fue la OCEI. La EHM desapareció. Las escasas y desactualizadas cifras proporcionadas por ese instituto, son maquilladas para hacerlas potables a los jerarcas del régimen. No sirven para un diagnóstico objetivo de la realidad nacional.

La labor de levantar el mapa social y económico del país, les ha correspondido a los investigadores de nuestras universidades, entre ellos los que trabajan en la Encovi,  y a los de instituciones privadas -entre ellas, Consultores 21, Datanalisis y la Fundación Bengoa- quienes, a partir de un gigantesco esfuerzo, logran recrear en cifras fidedignas el drama que vive la inmensa mayoría de los venezolanos desde hace más de dos décadas.  

Trino Marquez Cegarra

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TRINO MÁRQUEZ, ELECCIONES: EL FACTOR INTERNACIONAL

Los factores internacionales de poder representan una de las dos dimensiones claves, sin cuya activa presencia la crisis venezolana no se resolverá, ni pronto ni a largo plazo. La otra dimensión es la integrada por las Fuerzas Armadas. Sin conexión con aquellos centros nerviosos, carecerá de sentido participar, o dejar de hacerlo, en las elecciones legislativas previstas para diciembre de este año. La decisión que se adopte tendrá que ser compartida por los factores globales que respaldan el retorno a la democracia en Venezuela.

Cultivar el respaldo por parte de agentes como la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, Estados Unidos y Canadá, nada tiene de ‘foráneodependencia’ o de ‘apátrida’, como indican algunos hipócritas que pretenden descalificar a la oposición venezolana por requerir el apoyo de esos organismos y gobiernos. Los farsantes se encuentran a ambos lados del espectro político. Por el lado del régimen, los voceros más agresivos contra la oposición crítica denuncian la hipotética entrega al extranjero de la autonomía opositora. Sin embargo, se sienten muy satisfechos de que el gobierno de Nicolás Maduro se haya lanzado a los brazos de Rusia, China, Irán y Turquía, y que ahora, gracias a esa claudicación ominosa, Venezuela forme parte de un tablero mundial en el que su voz es insignificante. El caso con Cuba merece una consideración aparte. Con la dictadura cubana hay una relación patológica. Es la conexión entre el chulo y su víctima.

Por el lado de la oposición complaciente el juego también es perverso. Sus cabezas visibles insisten en la conveniencia de nacionalizar el conflicto buscando una solución nacional. A la ‘venezolana’. Muy bien, pero esos mismos señores guardan un silencio sepulcral frente a la abusiva presencia de los rusos, chinos y cubanos en el país, y al dominio ejercido por el ELN y otros grupos irregulares y delictivos en la zona sur de la nación. Además, cómo ‘nacionalizar’ el conflicto y su solución si es el régimen el que, por una parte, lo ha colocado en el plano internacional, y, por la otra, ha politizado a las Fuerzas Armadas hasta el punto de que el eterno ministro de la Defensa del régimen, se atreve a señalar, en presencia de los medios de comunicación, que jamás la oposición volverá a tener el poder político en Venezuela. ¿Puede prescindir la oposición crítica del respaldo internacional? Desde luego que no. Sería, más que una insensatez, un suicidio colectivo.

El nivel de postración en el que se encuentra la sociedad civil constituye otra razón para mantener vínculos cercanos con los factores internacionales. El régimen chavista-madurista ha sido muy exitoso en las labores de destrucción de los partidos políticos, los sindicatos, las federaciones estudiantiles y todas las instancias organizativas que le dan profundidad al tejido social. Desde hace mucho tiempo aplicó un conjunto de medidas orientadas a eliminar la inmensa mayoría de las plataformas que sistematizan y potencian el descontento. Más que la oposición, la sociedad no cuenta con los resortes para luchar por sus derechos y hacerlos valer. Por esa motivo, a pesar de la pavorosa miseria que padecen los venezolanos, epresada en las cifras del último informe de Encovi, las protestas, aunque numerosas, son dispersas e ineficaces. Pocas veces logran los objetivos que sus promotores se proponen.

En contrapartida, el gobierno cuenta con los recursos financieros para mantener los consejos comunales, los colectivos, las salas situacionales, la UBCH, las milicias y todo el andamiaje organizativo que le permite, aun siendo una evidente minoría, atenazar a la gente y mantenerla sometida.

En este ambiente de debilidad global de la oposición y del país en su conjunto, y de fortaleza represiva del régimen, es donde se llevarán a cabo las elecciones del próximo diciembre. Si se quiere entender la complejidad del cuadro en el que esa cita tendrá lugar, hay que evitar los lugares comunes y las frases hechas. Moverse en la zona de confort puede servir de bálsamo para aliviar la conciencia, pero en poco contribuirá a comprender la naturaleza del dilema ante el cual se encuentra la nación. Vocear ‘votos y no balas’; o decir que ‘es preferible una salida pacífica con votos, que una salida violenta con balas’, puede aligerar el peso de la culpa, pero no significa que votar sea una solución, ni siquiera cercana, al drama que padece Venezuela.

Las elecciones de 2020 nacieron torcidas desde que el TSJ nombró el CNE a imagen y semejanza del régimen. La impudicia de este órgano es tan grotesca, que ni siquiera frente a las insolentes palabras de Padrino López -verdadero acto de injerencia en una materia de su estricta competencia- se ha pronunciado.

Los factores internacionales de poder ya rechazaron la conformación del nuevo CNE y la convocatoria a esa cita comicial. Lo que no se sabe es qué proponen para después de diciembre. Este tema queda pendiente. Hay que tratarlo y resolverlo de común acuerdo. A ese debate hay que ir sin prestarles mucha atención a quienes proclaman nacionalizar el conflicto, mientras guardan silencios cómplices.

Trino Marquez Cegarra

trino.marquez@gmail.com

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TRINO MÁRQUEZ, OPOSICIÓN A LA CARTA

Las provocadoras  declaraciones de Vladimir Padrino López  sobre la oposición y la sentencia del TSJ que decomisa a Voluntad Popular para entregarles el partido a unos mercenarios, se produjeron casi al mismo tiempo. Solo unas pocas horas de diferencia mediaron entre las palabras del general y el acuerdo confiscatorio de los magistrados. El objetivo de los dirigentes del régimen luce muy claro: quieren construir una oposición  a su medida; no admitirán ninguna militancia que les incomode, los critique a fondo y hurgue entre los escombros del país arruinado por esa casta. 

Ni Padrino López y ni los abogados del TSJ –escribas del régimen- desean una oposición que exija la liberación de los presos políticos; intente hacer valer la mayoría parlamentaria que el pueblo le concedió en las elecciones legislativas de 2015; use la Asamblea Nacional para interpelar a ministros y directores de las empresas públicas y órganos de la Administración Pública, como Pdvsa y el Banco Central, con el fin de desnudar la quiebra de la industria petrolera nacional y la evaporación de las reservas internacionales; denuncie la entrega de petróleo a Cuba, de oro a las mafias que dominan el Arco Minero de Guayana y la complacencia  con los narcotraficantes al sur del país. No desean que la oposición actúe como tal.

     El gobierno desprecia a la oposición crítica. Esta le provoca urticaria. A ella le ha arrebatado más de treinta diputados, varios alcaldes y a sus gobernadores los mantiene bajo permanente amenaza. Recela de la oposición que ha tenido que huir del país o refugiarse en embajadas de países amigos, para no ser víctima de los juristas del terror o de los cuerpos represivos que asesinan a jóvenes 

concejales como Fernando Albán o torturan a diputados como Juan Requesens. 

La oposición crítica le desagrada al madurismo porque no le  facilita la tarea de maquillar la autocracia armada a lo largo de dos décadas en el poder. Esta oposición, para ir a elecciones, exige que el CNE aplique la Ley del Sufragio aprobada por el madurismo (ya hablar del chavismo, aunque sea en referencia al pasado, no tiene mucho sentido) en 2009, cuando el PSUV era el dueño absoluto de la Asamblea Nacional. Tales demandas no le apetecen a Maduro.

El gobierno trata de ir a unos comicios con partidos domesticados y dirigentes construidos en el laboratorio de Miraflores. La nueva modalidad -el aporte del régimen al autoritarismo del siglo XXI- consiste, no en ilegalizar los partidos políticos -como lo hizo Marcos Pérez Jiménez con Acción Democrática y el Partido Comunista- sino en confiscarles a sus líderes legítimos el nombre, los símbolos, la tarjeta electoral y los activos fijos, para entregárselos a unos mercaderes que se congracian con Maduro. Con este sector domeñado es con el cual el mandatario intenta cuadrar la cita electoral para elegir los diputados al Parlamento.  La Asamblea que surja de ese aquelarre podrá coexistir en sana paz con el gobierno de Nicolás Maduro, la constituyente de Diosdado Cabello y el TSJ de Maikel Moreno.

El mensaje de Padrino López y el TSJ tiene el siguiente destino: en Venezuela la oposición deberá marchar al ritmo que el gobierno le imponga. Será versallesca. Requerirá contar con una muñeca de goma y un dorso de plastilina para aprobar todo lo que digan Maduro y sus instituciones. Ninguna crítica sustancial. Cero ramificaciones con los sectores populares. Nada de estar promoviendo el fortalecimiento de partidos, sindicatos y gremios; o protestas por la hiperinflación en los alimentos, el precio obsceno de la gasolina, la falta de electricidad, agua o bombonas de gas doméstico, el deterioro del transporte público  o el caos en la salud y la educación. La oposición comprometida con el cambio del régimen autoritario no tiene cabida.

El espacio queda abierto para la oposición inofensiva. Esta coexistirá con el gobierno y recibirá privilegios. Tendrá su bancada y eventualmente hasta algún ministro. Ese grupo podría ser aliado de Padrino en el futuro, cuando el eterno ministro de la Defensa opte al cargo de presidente de la República. Ese parece ser el cargo para el cual viene preparándose desde hace años. De allí que no acepte salir del gabinete. Tras sus palabras intimidatorias, lo que aparece es su aspiración de gobernar sin la molestia que significa hacerlo con una oposición que lo hostigará. Desde ya allana el terreno. Quiere que la lucha se reduzca a un duelo palaciego entre él, Maduro y Cabello, con la mirada complaciente de la oposición amansada. Un sector de la cúpula reemplazará al otro. Todos ellos necesitan una oposición, pero que sea a la carta.

Trino Marquez Cegarra

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TRINO MÁRQUEZ, LA AGRESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea, siempre tan equilibrada, recibió una dosis de ácido similar a la que Nicolás Maduro les suministra con frecuencia a los países del Grupo de Lima. Amparado en el respaldo de Rusia, Irán y China, el gobernante pateó a la embajadora de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante, abriendo así un frente de batalla en el cual las víctimas serán los venezolanos más humildes, quienes reciben la ayuda humanitaria proveniente de las naciones del viejo continente.  

Hasta el moderado Josep Borrell, -militante del PSOE y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores- se ha visto obligado a reaccionar con contundencia. ‘Todas las opciones están sobre la mesa’, ha dicho, refiriéndose a la respuesta que Maduro recibirá luego de la agresión. Entre esas alternativas se encuentra la expulsión de la embajadora de Venezuela ante la UE, aunque tal posibilidad luce remota porque se requiere el consenso de los veintisiete países que integran la Unión. La complacencia con el régimen criollo de algunos de ellos impedirá que el acuerdo. Sin embargo, el resultado específico es que el mandatario venezolano se enemistó con un conjunto de naciones que han tenido un papel bastante parco a lo largo de estos últimos años. Ahondó la brecha.  

Para eyectar a Isabel Brilhante, Maduro argumentó que estaba cansado del eurocentrismo y la arrogancia  de los europeos, quienes cada vez que se les ocurre irrespetan la soberanía nacional. Veamos a cuál ‘soberanía’ se refiere. No es la popular, desde luego. Esta se expresó con toda claridad en las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2015. A esa cita concurrieron algo más de catorce millones de electores. Casi 70% del patrón electoral. Una masa compacta de ciudadanos.  El voto del pueblo estableció que dos tercios de la Asamblea Nacional correspondían a los diputados de los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Al poco tiempo, Maduro, a través del TSJ, le amputó tres miembros a ese cuerpo, los diputados de Amazonas, quienes nunca pudieron incorporarse a la Cámara. La soberanía de esa entidad fue aplastada por una decisión arbitraria del poder central. El centralismo acabó con el Estado federal. La entidad territorial indígena más importante de Venezuela quedó sin representación en la AN, el órgano de representación parlamentaria fundamental de Venezuela.  

La mayoría parlamentaria, es decir la que representa la mayor cantidad de votos, escogió a Juan Guaidó como su Presidente en enero pasado. Este acuerdo soberano no le gustó a Maduro. Entonces, se valió de unos diputados amaestrados por él, la mayoría suplentes, para imponer a una persona de su agrado: el señor Luis Parra. La soberanía de la AN y de los electores fue ignorada. Más tarde -incluso con Parra al frente de la AN madurista- luego de años de turbulencia política, y ya desaparecida la MUD, los partidos opositores y el PSUV se pusieron de acuerdo para nombrar el Comité de Postulaciones que se encargaría de elegir el nuevo CNE, de acuerdo con los cánones establecidos en la Constitución y la Ley del Sufragio. Ese comité comenzó a operar respetando los lapsos legales. El proceso, que iba bien encaminado, no fue del  agrado de Maduro, razón por la cual decidió abortarlo. Le transfirió de forma caprichosa la competencia al TSJ para que este organismo nombrara un CNE que se adaptase a sus intereses. Otra vez el Presidente de facto quebrantó la soberanía popular.  

Las violaciones contumaces a la voluntad del pueblo, expresada en el voto popular y materializada en la AN, constituyen los antecedentes sobre los cuales la UE toma la decisión  de sancionar al usurpador Luis Parra y a otros diez funcionarios del gobierno madurista. Además, la UE conoce el nivel de desamparo en que se encuentra la oposición democrática y la necesidad que tiene de recibir apoyo del exterior. Ese respaldo es absolutamente legítimo y constituye un acto de reciprocidad con el régimen implantado por Maduro, quien, por un lado, le arrebata la soberanía al pueblo; y, por el otro, se la cede a los cubanos y a las bandas armadas que operan libremente al sur de la nación. Además, Maduro se la pasa aupando a cuanto movimiento subversivo y contestatario surge en cualquier lugar del continente. El año pasado se vio su injerencia en los sucesos que terminaron con la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, luego de haber cometido un fraude de proporciones mayúsculas, demostrado hasta el hastío por los organismos nacionales e internacionales que supervisaron esos comicios, concebidos por Morales como un simple trámite burocrático para mantenerse en el poder. 

Al solidarizarse con la democracia venezolana, la Unión Europea  lo único que hace es exigirle a Maduro que respete al pueblo soberano, y, de paso, le da un trato equivalente al que el gobernante mantiene con otros países de la región y del mundo. Con la gran diferencia que la conducta de la Unión se dirige a fortalecer el sistema democrático, no a destruirlo. 

Trino Marquez Cegarra

trino.marquez@gmail.com

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TRINO MÁRQUEZ, EL ATAQUE A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

El ataque y destrucción de los partidos políticos es un antiguo proyecto del chavismo, ahora convertido en madurismo. Lo que queda con poder del chavismo original apenas llega a residuos. Las agresiones a Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Copei, forman parte de ese antiguo plan.

El viejo programa consistía en eliminar los partidos tradicionales. Hugo Chávez basó gran parte de la campaña electoral de 1998 en atacar la ‘partidocracia’. Sin embargo, él había fundado dos partidos. Primero, el Movimiento Bolivariano-200 (MBR-200); luego, el Movimiento Quinta República (MVR). A este, el Consejo Supremo Electoral le asigna la tarjeta con la cual Chávez participa en los comicios de diciembre de aquel año. Ni el MBR-200, ni el MVR, eran clubes para jugar truco. Ambas agrupaciones estuvieron constituidas como partidos políticos, sobre todo el segundo. Contaban con una dirección nacional y comandos regionales y locales. Operaban de acuerdo con el modelo leninista: cuadros políticos profesionales y centralismo democrático. A pesar de su propia ejemplo, Chávez quería ‘destruir la partidocracia’ que tanto, en apariencia, le atormentaba y freírles la cabeza en aceite a los adecos y copeyanos.

Algunos desprevenidos le creyeron el cuento al ladino Teniente Coronel. Utilizaron sus periódicos, televisoras y radios para desprestigiar al estamento político y a las organizaciones partidistas. El caudillo se coló por las grietas que produjo ese ataque inmisericorde, ganó la elección y luego creó el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), símbolo por excelencia de la organización vertical, burocrática y antidemocrática. Vean los cuadros dirigentes que la integran para que se den cuenta de que es más fácil cambiar la estructura del Vaticano, que provocar cambios importantes en su cúpula. Siempre son los mismos rostros malencarados. La AD y el Copei de la época ‘bipartidista’ eran niños de pecho al lado de la arrogancia y sectarismo de esos señores.

El régimen retomó durante la pandemia del Covid-19 (no encontró momento de mayor debilidad) el ancestral plan de pulverizar los partidos con una modalidad novedosa: no los ilegaliza en bloque, como hizo por ejemplo Marcos Pérez Jiménez, sino que dinamita lo que queda de ellos, para construir sobre sus escombros una ‘oposición’ oficial, acoplada a los intereses del gobierno.

Elimina de Primero Justicia a los dirigentes más tenaces e incómodos, dejando con el nombre y los símbolos de la organización a unos caballeros domesticados y mimetizados frente a Miraflores y al PSUV. El mismo patrón lo utiliza con AD, la agrupación política más importante de la historia nacional; ahora el gobierno pretende defenestrar a la combativa Laidy Gómez, gobernadora de Táchira. A UNT, partido al que no puede calificarse de extremista o intolerante, lo mantiene bajo amenaza permanente. El estilo con Voluntad Popular ha sido más recio. A esta agrupación le han dado sin contemplaciones. Su dirección nacional casi completa se encuentra refugiada en embajadas, en la cárcel o en el exilio. El ensayo del método comenzó hace algunos años con la legítima dirección nacional de Copei, cuando el gobierno les entregó el partido a unos personajes que no se sabe si alguna vez militaron en la tolda verde.

Sin duda que los partidos políticos opositores se han equivocado mucho, y en algunos casos de forma grave. Admitir esta verdad tendría que ser el punto de partida para su rectificación. Pero, una cosa es aceptar los defectos y fallas, y otra muy diferente es complacerse cayéndole a dentelladas a los partidos opositores y a Juan Guaidó, su líder más destacado, con el fin de encumbrar a quienes de forma humillante se acercan al poder a recibir las migajas que este les tira.

Deleitarse calificando a la oposición venezolana como la ‘peor del mundo’ no es muy edificante que se diga, ni contribuye en nada a mejorar la precaria situación en la que se encuentran la democracia venezolana y todo el tejido social que una vez le sirvió de sustento: sus partidos, sindicatos, federaciones patronales, gremios, ligas campesinas, asociaciones estudiantiles y organizaciones sociales independientes. Al igual que el régimen se propuso pulverizar los partidos, lo mismo hizo con el resto de las formaciones sociales. Y lo ha logrado. Ese detalle no puede ser obviado en el examen del estado de los opositores.

No le encuentro sentido decir que la oposición cubana es mediocre porque no ha logrado sacarse de encima a la tiranía que la ha sometido durante sesenta años; o despreciar a los demócratas de Corea del Norte o Irán, países donde el totalitarismo ha causado estragos. Opto, más bien, por intentar entender la complejidad de combatir regímenes totalitarios que cierran todos los espacios democráticos.

Trino Marquez Cegarra

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Venezuela

TRINO MÁRQUEZ, UN MAL CONSEJO

La designación del nuevo CNE por parte del TSJ frustró la posibilidad de que hubiese un acuerdo negociado entre el gobierno y la oposición, con miras a comenzar a resolver la inescrutable crisis política mediante elecciones transparentes: primero de la Asamblea Nacional y luego de las otras autoridades públicas.

El CNE nombrado por el TSJ es igual, o peor, que el presidido por Tibisay Lucena, que ya es mucho decir. La mayoría está integrada por figuras que a lo largo de su trayectoria pública han sido fichas del oficialismo. Una fue Presidente del TSJ y antigua militante del MVR y del PSUV. Otra, ha formado parte desde hace años del cuerpo de rectores liderado por Lucena. La tercera, fue la encargada de decapitar a los diputados opositores del estado Amazonas. Con esos antecedentes llegan al CNE. Por el otro lado, se encuentran un simpatizante del grupo de adecos que acaba de pactar con el gobierno la confiscación de los símbolos del partido blanco; y un historiador vinculado con el chavismo en sus orígenes. Queda por agregar que entre los suplentes se halla un señor que dice que el Holocausto es una mentira fraguada por los sionistas. Me imagino que ahora dirá que acusar a Chávez y a Maduro de autoritarios es una calumnia. Así luce el panorama.

Cuando hace algunos meses la AN designó el Comité de Postulaciones de común acuerdo entre la bancada opositora y la del PSUV, parecía que podría transitarse la ruta constitucional. En medio del ambiente tan crispado existente, lucía factible que predominase la sensatez. El régimen, de un plumazo, trituró esa posibilidad.

Se nota que a la nomenclatura del régimen no le interesa avanzar hacia comicios transparentes. Sabe que los perdería por abrumadora mayoría. Tampoco le importa la suerte del país. La selección aberrante de los rectores del CNE aísla aún más al régimen de Nicolás Maduro en el plano mundial. Los factores internacionales de poder saben que es competencia exclusiva de la AN designar los rectores principales y suplentes del órgano electoral. La ‘omisión legislativa’ declarada por la Sala Constitucional constituye un exabrupto, solo explicable como parte de un libreto escrito por el gobierno y los miembros de la Mesa de Nacional de Diálogo, mejor conocida como la ‘mesita de noche’.

Felipe Mujica, miembro destacado de la ‘mesita’, tenía que haber sabido, cuando elevó a la consideración de los magistrados la consulta acerca de la ‘omisión legislativa’ en la que supuestamente habría incurrido la AN, que el trabajo del Comité de Postulaciones estaba en curso, que se había detenido por la pandemia del Covid-19 y, en consecuencia, que no existía tal ‘omisión’. Se necesitaba un catalizador para cortar de cuajo la ruta legal emprendida por el Parlamento. Mujica fue ese factor. Un veterano de tantas lides quiere aparecer ahora como un humilde ciudadano, interesado en destrabar un proceso que no marchaba por culpa de la ineficacia opositora.

El mismo dictamen del TSJ en el cual se nombra a los rectores, le confiere competencias legislativas al nuevo CNE, con el fin de que pueda ampliar el número de diputados de la AN, reduciendo la base demográfica sobre la que se eligen los representantes populares. En términos más precisos, para que a las organizaciones que forman parte de la ‘mesita’ les sea más fácil obtener representantes populares. El acuerdo con el gobierno les quedó redondo: como esas minúsculas agrupaciones carecen de apoyo popular, el régimen les permite que consigan diputados con pocos votos. Todo, en el marco de la nueva legalidad. Los grupos de la ‘mesita’ no se preocupan por la existencia de presos políticos, partidos y líderes inhabilitados, en el exilio o refugiados en embajadas. Lo que les quita el sueño es ver cómo, con un puñado de votos, pueden conseguir una curul.

Con el asalto a las legítimas autoridades de Acción Democrática y Primero Justicia, el logro se les facilita. Queda claro que el gobierno busca convocar unas votaciones a las cuales concurra una oposición domesticada e inofensiva. El régimen se ocupa de que pueda conseguir algunos diputados.

Quien sorprende con su candor es Rafael Simón Jiménez. En una de sus primeras declaraciones a la prensa dijo que aspiraba conseguir las mismas condiciones que la oposición pedía en 2017, en Noruega y en República Dominica. ¿Cómo logrará ese milagro? Los demócratas no pudieron obtenerlas a pesar de ir a una ronda de conversaciones concertada con el gobierno y con la sólida presencia de un grupo de observadores internacionales. Jiménez, actuando solo en un mar saturado de tiburones, pretende alcanzar lo que no obtuvieron la oposición unida y la comunidad internacional. ¿Alguien puede explicar en qué mundo vive?

El nombramiento del CNE debilita todavía más la opción electoral. Le resta mayor credibilidad a la autoridad electoral y sume al voto como instrumento de lucha en un abismo del cual resulta muy difícil rescatarlo. El régimen promueve la abstención con un grupo de socios muy pequeño, pero muy activo. Ese es un mal concejo.

Trino Marquez Cegarra

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TRINO MÁRQUEZ, VENEZUELA: PAÍS MARTIRIZADO

Vivo en una urbanización al este de Caracas. Muy cerca quedan dos estaciones de gasolina. En una, la más próxima, se supone que venden la gasolina subsidiada; la que cuesta cinco mil bolívares el litro. En la más remota, se dice que venden el combustible a precios internacionales: medio dólar. En ambas, las colas de automóviles que se forman para surtir los carros con combustible, serpentean las calles hasta formar un collar metálico alrededor de las construcciones del vecindario.

Frente al edificio donde resido las líneas de automóviles comienzan a aparecer desde las primeras horas de la madrugada. Cuando me asomo a la ventana de mi apartamento, a las seis, ya decenas de vehículos han invadido la calzada. Los conductores llegan con la esperanza de que en algún momento del día aparezca la gandola que abastecerá el tanque de la estación. Los chóferes pasan interminables horas esperando que les corresponda su turno. Muchos de ellos, luego de estar todo el día al frente del volante o conversando con las otras víctimas del atropello, se retiran sin surtir el vehículo. La misma estampa recorre la nación. ¿Cuánto tiempo invirtieron? ¿Cuál es el costo real medido en horas de trabajo perdidas? ¿Cuáles otras actividades tuvieron que dejar de cumplir? Nadie lo sabe. Al gobierno no le importa. En la Venezuela de Nicolás Maduro, el tiempo de los ciudadanos no vale nada.

Lo que sucede con la gasolina repite lo que antes ocurría con los productos subsidiados. La estación de servicio más cercana a mi casa queda al lado de una cadena de supermercados muy conocida. Excélsior Gama, para más señas. En la época en la que el gobierno inventó vender varios productos de la canasta básica a precios subsidiados, por el terminal de la cédula de identidad, el uso de las máquinas biométricas y toda la demás parafernalia utilizada con el fin de ocultar su infinita incompetencia, las personas más necesitadas comenzaban a alinearse en las proximidades del supermercado desde la noche del día anterior. Yo veía desde la ventana de mi casa cómo ancianos, mujeres embarazadas y niños dormían en la acera. Al final de la larga espera, podían salir del local con un par de paquetes de Harina Pan, un aceite comestible, dos latas de atún y algunos otros productos, que servían de recompensa a la paciencia y sacrificio de esa gente humilde, obligada a sufrir lo indecible por la ineptitud de los gobernantes.

Las colas para obtener la gasolina iraní recrean las hileras de mujeres y hombres buscando bienes subsidiados. Esas imágenes se hicieron famosas en todo el mundo. Mostraron el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI: los efectos de las expropiaciones, las confiscaciones, los controles desmedidos y perennes, el cerco a la propiedad privada. Nadie podía explicar cómo un país supuestamente tan rico como el nuestro daba ese espectáculo tan deplorable. Ahora la historia se repite. Cuesta entender por qué el país con una de las mayores reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo y, también, con algunas de las refinerías más importantes del planeta, no produce petróleo, ni refina gasolina, luego de que hace menos de una década el país abastecía con comodidad el mercado interno y la nación vivía de los ingresos proporcionados por el petróleo. El régimen de Maduro logró el prodigio de destruir una industria que parecía blindada, incluso frente a la estulticia de la casta gobernante. Falsa creencia. Esos personajes son capaces de romper cualquier récord, por inalcanzable que parezca.

En un país donde el salario mínimo bordea los cinco dólares mensuales y el salario promedio se sitúa alrededor de treinta dólares por mes, aumentar la gasolina de forma abrupta, sin ninguna escala gradual, para llevarla a precios internacionales, constituye una obscenidad. El leñazo que les dieron a los venezolanos fue en el espinazo. El impacto sobre los precios de la mayoría de los productos agrícolas, industriales y agroindustriales, será salvaje.

El drama de la gasolina es un componente que se agrega a la perpetua caída de la calidad de vida. La cotidianidad se ha convertido en miserable porque, además de la escasez y el costo del combustible, falta agua, electricidad, gas doméstico y transporte público. Este sirve más para movilizar ganado que para trasladar seres humanos.

La ranchificación del país pareciera no ser casual, ni obra de la conocida ineptitud de la claque gobernante. Da la impresión de que quieren mantener a la gente ocupada en la sobrevivencia. En resolver los graves problemas del día a día. Se proponen que la masa tenga que ocuparse de buscar agua, y pagarla bien cara; compre velas para no moverse en la oscuridad; escudriñe para ver dónde consigue algo de efectivo; y se desplace en carretas movidas por bestias de carga, como en el Lejano Oeste.

Bajo la conducción de los socialistas del siglo XXI, Venezuela dejó de ser la gran promesa que durante mucho tiempo fue. Se convirtió en un país destartalado. En ruinas. Martirizado.

Trino Marquez Cegarra

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc

TRINO MÁRQUEZ, 5 SÍMBOLOS DEL FRACASO

El ingreso de los cinco tanqueros iraníes al país, representa el fracaso rotundo del régimen en la conducción de la industria petrolera desde que asumieron el poder en aquel lejano y trágico febrero de 1999. Nicolás Maduro intenta mostrar el arribo de esos barcos como un éxito de la diplomacia. Tal pretensión constituye un fraude. Venezuela tuvo algunas de las refinerías más grandes y eficientes del planeta. Amuay, Cardón, El Palito y el Complejo Refinador de Paraguaná constituían un modelo de eficiencia. En conjunto, las refinerías producían más de un millón de barriles de gasolina al día, suficiente cantidad para abastecer el mercado interno y exportar a los países vecinos. Ese volumen permitía mantener el precio del combustible muy por debajo de los estándares internacionales. 

Ahora, esa gasolina barata que antes se producía con petróleo venezolano en tierras venezolanas, hay que importarla, a un costo sideral, de una nación situada al sur de Asia, entre el mar Caspio y el golfo Pérsico,  a miles de kilómetros de distancia de Venezuela. Maduro argumenta que la escasez se debe a las sanciones norteamericanas. Puras mentiras. Lo más paradójico y trágico de la situación es que Irán carga con sanciones internacionales en el área petrolera, gasífera y petroquímica desde hace más de cuarenta años.  

Luego del triunfo de la Revolución Islámica en 1979, las primeras penalizaciones fueron aplicadas por Estados Unidos, país que acusó a la nación persa de fomentar la formación de grupos terroristas que atentaran contra el Estado de Israel. En 1981, en el marco de los Acuerdos de Argel, suscritos para reducir las tensiones entre ambas naciones, los castigos se suavizaron. Pero, en 1987, con Ronald Reagan en la presidencia, los conflictos volvieron a escalar, al igual que las condenas. Más tarde, cuando se comprobó que los iraníes estaban trabajando en el enriquecimiento de uranio para fabricar armas atómicas, la Unión Europea se sumó al cerco. Los ayatolas dijeron que se trataba de calumnias. Que el gobierno persa solo estaba interesado en piadosos fines civiles como mejorar  la energía eléctrica y fomentar el desarrollo de la medicina.  

Si un país que ha estado asediado durante cuatro décadas por buena para del mundo democrático, posee gasolina y mejoradores para refinar el petróleo, carece de sustento el argumento tan cacareado por el régimen, según el cual la falta de combustible se debe a las recientes sanciones norteamericanas.  

Otro aspecto del tema se relaciona con el giro estratégico dado por la nomenclatura chavista. Nicolás Maduro ha insistido en que de por medio solo existe un acuerdo comercial normal entre dos naciones amigas, una de las cuales posee en abundancia un recurso que la otra necesita. Visto el asunto desde esa perspectiva, da la impresión de que se trata de un simple acto de compra-venta que tiene como escenario el mercado internacional. Una relación entre un oferente y un demandante, en la cual no debe interferir ningún tercero.  Sin embargo, el problema no puede despacharse de forma tan sencilla.  

En este caso no se reduce a una alianza desventajosa con los chulos de la tiranía cubana; o de asociaciones económicas leoninas con los pragmáticos chinos; ni siquiera, de convenios desiguales con el señor Vladimir Putin. Frente a esos escenarios, el gobierno norteamericano no ha pasado de mostrar su enorme desagrado y aplicar unas restricciones que no han provocado los resultados  esperados. Maduro ha sobrevivido serpenteando los obstáculos.  Ahora el conflicto toma un curso diferente. En la actualidad se trata de que el gobierno de Maduro está tejiendo nexos demasiado estrechos con un Estado acusado de fomentar el terrorismo a escala internacional y de apadrinar grupos antinorteamericanos y antisemitas tan agresivos y destructivos como Hezbollah, la Yihad Islámica y Hamas. Esos vínculos con la teocracia iraní, tan ávida de expandirse por el planeta,  coloca el conflicto de Venezuela en una nueva dimensión.     

En Estados Unidos los republicanos y los demócratas difieren en casi todos los puntos que forman parte de la agenda nacional: desde cuál debe ser  la orientación del presupuesto nacional hasta cómo actuar frente a la pandemia del Covid-19. Dentro de la  opinión pública ocurre lo mismo. No existen acuerdos  unánimes, ni siquiera amplios, en torno al matrimonio entre parejas del mismo sexo o a cómo actuar frente al número creciente de emigrantes. No obstante, hay un aspecto en el que todos los norteamericanos están de acuerdo: preservar la seguridad nacional; no tolerar ninguna amenaza que  arriesgue su integridad. Cuando la seguridad nacional se ve en entredicho el país reacciona de forma cohesionada. 

El giro dado por Maduro tensó la cuerda. Cuesta creer que los clérigos fundamentalistas chiitas -en permanente competencia con sus eternos rivales, los clérigos sunitas, para ver cuál de los dos grupos crece más alrededor del globo terráqueo- vean a Venezuela como una simple oportunidad comercial. Hay que observar cómo evoluciona la relación entre el gobierno izquierdista de Caracas y la teocracia de Irán. Conviene estar alertas y muy preocupados. El régimen pasó a jugar en una liga peligrosa. 

Trino Marquez Cegarra

trino.marquez@gmail.com

@trinomarquezc