Hay instituciones que son vitales para el desarrollo de los fines del
Estado. Éste requiere de órganos, como el Poder Legislativo, para que la
soberanía popular se exprese a través de sus representantes.
El órgano
parlamentario permite darle un sustento importante al ordenamiento jurídico,
para regular, a través de leyes, conductas sociales. También es indispensable
su función de control, para que, bajo una auténtica separación de poderes, los
demás órganos cumplan igualmente sus funciones. Pero cuando el órgano
legislativo lo conforman diputados que desvirtúan su actuación, ese poder se
deslegitima, le vuelve la espalda a la realidad social y se corroe de malsanas
y oscuras intenciones. Eso es lo que ha sucedido con la moribunda Asamblea
Nacional oficialista que, amparada en abusos y en una supuesta mayoría, ya no
es vocera de ninguna de las aspiraciones genuinas de la gran mayoría de los
venezolanos. Eso quedará demostrado contundentemente el 6/12.
Lo contrario ocurre con la institución universitaria. Ella tiene siglos en la conciencia social, porque está verdaderamente enraizada en la población. Cualquier familia en el mundo tiene alguna relación directa o indirecta con las instituciones de educación superior. Sea porque alguno de sus integrantes es estudiante universitario, trabaje en ella, o reciba el producto académico de la enseñanza-aprendizaje, de la investigación, de la extensión o de la producción de sus bienes y servicios.
De tal manera que la universidad no sólo goza de la
inviolabilidad del recinto universitario, sino que tiene la propia defensa de
la comunidad a la cual se debe y le ofrece el producto de la búsqueda del
saber. Porque la universidad, ella sí, está preocupada por los graves problemas
que aquejan a la sociedad. No en vano la Ley de Universidades le impone la noble función de ser rectora de
la educación, de la cultura y la ciencia, de crear, asimilar y difundir el
conocimiento, de contribuir a la formación integral del ser humano, de preparar
los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo
y progreso.
La universidad, como integrante de uno de los dos subsistemas de educación, según el Artículo 3 constitucional, es agente para coadyuvar al desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, al ejercicio democrático de la voluntad popular, a la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, a la promoción del bienestar integral de pueblo y a la garantía de los derechos y deberes constitucionales.
La moribunda Asamblea Nacional oficialista ha estado muy
lejos de preservarle a la sociedad venezolana estos grandes fines. Por ello, cuando esa institución
parlamentaria tan deslegitimada ataca a la universidad autónoma y experimental
que no se ha sometido a su pensamiento único, donde precisamente se promueve la
pluralidad de las ideas, el desarrollo del potencial creativo de los educandos,
el pleno y libre ejercicio de su personalidad, por medio de una educación
integral de calidad, permanente y en un escenario democrático, no puede menos,
esa intimidación parlamentaria, producir el mayor repudio en el pueblo.
En vez de pretender violentar la autonomía universitaria, de amenazarla
con la intervención a través de otros órganos del Estado, debería promoverse,
desde el órgano legislativo, el mayor apoyo a los requerimientos de la
universidad, tan duramente tratada por
ese Estado.
Con tantas limitaciones a que es sometida, la universidad seguirá
siendo, por muchos siglos más, un referente continuo de valores, principios y
orientación, para una colectividad tan hambrienta de cambios positivos y
rescate del decoro, de la decencia, de la integridad y de la verdad.
Isaac Villamizar
isaacvil@yahoo.com
@isaacabogado
Tachira - Venezuela
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