martes, 16 de febrero de 2016

CARLOS E. AGUILERA A., METÁSTASIS TERMINAL EN EL CUERPO SOCIAL DEL PAÍS

 “El hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos, y se respeta el carácter sagrado de la humanidad: la nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos, sin distinción de origen y condición” Simón Bolívar
Los recientes acontecimientos que vienen ocurriendo en el país, lo presentan como un estado agónico con una metástasis terminal que hace temer lo peor, por negligencia de un régimen divorciado de la realidad y carente del más elemental sentido de responsabilidad, pues durante 17 años se olvidó de las necesidades básicas de sus gobernados, cuya prioridad es la alimentación, la salud, y la seguridad,  que hoy por hoy mantiene en zozobra y angustia a  miles de familias venezolanas, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en el que además hombres, mujeres, ancianos y niños, padecen enfermedades de necesaria y urgente atención y tratamiento.

El cuerpo social del país está en estado de coma, dada la poca importancia que  muestra sobre tan delicado tema el inquilino de Miraflores, quien tras conocer la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de Cesta ticket y medicina, refiere sin inmutarse y pocos escrúpulos“ ¿De dónde vamos a sacar la plata para pagar el bono a los pensionados? Que lo pague Lorenzo Mendoza”. Su desvarío probablemente no le permite recordar, que en una de las tantas transmisiones que suele ser casi a diario en cadena por televisión, mencionó con énfasis que pese a la caída del precio del petróleo, las personas de la tercera edad, los viejitos como suele llamarlos con discreta ironía, recibirán “pase lo que pase su merecida pensión todos los meses, aun cuando haya que hacer innegables sacrificios”. Es el doble discurso y a su conveniencia, para ganar aplausos de sus conmilitones a los que con frecuencia les obliga a levantar sus manos, tras impertinentes preguntas.
Es grave la situación que viven cientos de venezolanos en hospitales y clínicas privadas de todos los estados del país, por la falta de insumos y medicamentos, y Maduro ignora el llamado que le hace al gobierno el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), quien desesperadamente subraya que la mínima dotación de medicamentos en el país es sumamente grave y que el problema aquí con la salud es que se paga con vidas, por lo que “aquí no hay mañana, no podemos esperar más, no aguantamos reuniones en las que no se llega a ningún  lado”. Lo cierto es que Venezuela vive en una situación de emergencia por el desabastecimiento de un 80% de medicamentos de todo tipo. La propia Contraloría de la República señaló las irregularidades en la compra de medicamentos vencidos en su mayoría provenientes de Cuba, tal como lo comprobó personalmente en el Sefar, el diputado y médico José Manuel Olivares, quien presentó amplio informe a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
Al rosario de situaciones que toca este tema, se agrega la falta de inmunoglobulina y albúmina que ha cobrado hasta la presente fecha la vida de 21 personas en todo el país en las últimas 6 semanas, víctimas de la enfermedad denominada Guillain-Barré, síndrome que paraliza los músculos del cuerpo hasta causar problemas respiratorios, ante la ausencia de los hemoderivados  que se utilizan para tratarla.
Maduro culpa a la oposición de todos los males que padece el país, y sus camaradas tanto los del tren ejecutivo como del PSUV, persisten tercamente en seguir insistiendo que “la guerra económica” nombre con el que bautizó la debacle de su gestión, es propiciada por empresarios, medios de comunicación, burguesía capitalista, imperio de los Estados Unidos y enemigos de la revolución, todos en manifiesta y abierta conspiración para derrocarlo. Mensaje que el pueblo venezolano ignora, pues conoce las recurrentes mentiras y contradicciones que a lo largo de su mandato ha manifestado, llegando incluso a referir que posee pruebas que jamás ha presentado.
La metástasis que está acabando con el cuerpo social de la nación, además de lo anteriormente indicado, va más allá de lo que pueda imaginar el ciudadano común, ocupado más de procurar la solución de sus problemas y de la familia, por lo que no está al tanto por ejemplo, de la violación de los derechos humanos que el régimen niega una y otra vez, pese a las numerosas denuncias formuladas ante organismos internacionales. No se explica que el régimen haya  apoyado a algunos de los peores violadores de los derechos humanos. Chávez fue tenaz defensor de Bashar al-Asad de Siria, Muamar al Gadafi de Libia y Mahmoud Ahmadinejad de Irán, a quienes distinguió con la “Orden del Libertador”. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente en contra de iniciativas que buscan condenar atrocidades, incluidas resoluciones específicas sobre Corea del Norte, Siria y Sir Lanka, por mencionar solo algunos.
La inacción del régimen que sigue condenando a la población a hacer largas colas y la escasez de alimentos, obligó a la Asamblea Nacional la pasada semana a declarar la Emergencia Alimentaria, mediante  la ley de Producción Nacional como mecanismo que contribuya a rescatar el aparato productivo interno, ante la caída de la producción de un 10% en los últimos cuatro meses. Ello dio pie a la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional, para acusar a la oposición de “engañar al pueblo con una medida populista y demagógica pues las colas persisten en los supermercados”, como si fuese responsabilidad del poder legislativo la solución de uno de los más graves problemas que afecta a las familias venezolanas.
Son tantas las dificultades que agobian al país, que ocuparía mucho espacio en este artículo mencionarlos uno a uno, por lo que solo nos referimos a los más álgidos, como el racionamiento eléctrico impuesto por Corpoelec desde el pasado 10 del presente mes,  que comenzó a aplicarse en los centros comerciales de la capital de la República y de todo el país, por lo que redujeron su actividad comercial con horarios que solo les permite trabajar durante cuatro horas, de 3.00 a 7.00 pm. La medida impuesta por el gobierno ha generado preocupación en el conglomerado de comerciantes por cuanto aducen que tener generadores de energía es un asunto que está ligado a la obtención de divisas y al control cambiario, al mismo tiempo que la presidenta de Consecomercio,  Cipriana Castro, afirmó que la medida de racionamiento eléctrico en los centros comerciales debe estar acompañada de discusiones sobre una disminución en los salarios y exoneración de impuestos, amén de que algunos comercios se han visto en la necesidad de reducir su personal. En tanto que la coordinadora general de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, informó que alrededor de 50 mil trabajadores de todo el país se verán afectados por las medidas de racionamiento eléctrico. Una espiral que aumentará más la cifra del desempleo.
Como si fuera poco, el gobierno prevé reducir a medio turno la jornada laboral de las instituciones públicas, lo que hace presumir que además de la medida, la prestación de los servicios en éstas se vendrán más aún a menos, ya que la ausencia de funcionarios con permisos laborales y autorización para asistir a eventos políticos del oficialismo, a los que usualmente los conminan asistir obligatoriamente será evidente. Ya en el parlamento, se investiga la nómina de reposeros y de quienes cobran sin trabajar en una abultada nómina que abarca a más de 4.000 trabajadores.
Estamos llegando al grado de pobreza extrema, dado el poder adquisitivo del salario. A eso se suma la crisis de salud, transporte e inseguridad, elementos volátiles que pueden convertirse en detonantes en cualquier momento, y generar una explosión social de impredecibles consecuencias, que ya se atisba cuando en varios lugares del país se están produciendo  intentos de saqueo a supermercados, comercios y vehículos de carga con alimentos.
El descontento crece día a día y la situación llega a extremos inauditos, que colma la desesperación y angustia de un pueblo ávido de soluciones perentorias y no de un discurso amenazante de un Presidente, que a gritos califica a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional de “terrorista, asesina y apátrida” y a los propietarios de Globovisión de “ladrones”. El “Haraquiri” presidencial precipita la salida no solo del problema, sino de quien a mala hora tomó las riendas del poder en unas elecciones viciadas, gracias a los buenos oficios de uno de los poderes secuestrados: el CNE.
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
*Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP.122)

Aragua - Venezuela

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