En mayo del año pasado, en Guatemala, la indignación
popular llegó al extremo de obligar a la vicepresidenta en funciones Roxana
Baldetti a tener que renunciar. Meses más tarde, lo haría el presidente Otto Pérez Molina, arrastrado, también, por las acusaciones de
corrupción en su contra y la ola de protestas callejeras pidiendo justicia.
Actualmente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vive una situación similar, que la tiene
contra las cuerdas prácticamente desde su reelección en el 2014, por los señalamientos de
corrupción que afectan igualmente
a al expresidente Lula da Silva, poniendo
en entredicho su imagen, así como su legado político.
Ambos países aunque diferentes en muchos aspectos, pero con una historia política de gobiernos durante los cuales la corrupción y el
abandono de las clases populares, con
muy contadas excepciones, han marcado la
pauta; se asemejan, sin embargo, en que
poseen una ciudadanía, un pueblo, que ha
sido capaz de reaccionar de modo similar, en algún momento de este comienzo de siglo, frente a los
desmanes de sus gobernantes de turno.
Además, algo que ha ocurrido por igual, en esos dos
países, es la toma de conciencia de la frustración, por parte del pueblo, a la
que ha estado sometido durante mucho tiempo.
La gente se cansó, después de aguantar año tras año, tanta desigualdad
social, abusos y engaños de su clase dirigente, a la que llegaron a creer y en algunos casos hasta adorar, como si de dioses humanizados se tratase.
Otra cosa es que cambien los actores y la historia se repita. Y es que el
pueblo siempre vuelve.
Pensando en la situación venezolana, pareciera que las
afinidades y semejanzas con los casos de
Guatemala y de Brasil, principalmente con este último, son muchas, pero que a pesar de ello, la reacción de los venezolanos no es
la misma, ni siquiera parecida. La pregunta que habría que hacerse,
entonces, es ¿por qué no, aquí en Venezuela? Es que acaso
¿es muy diferente un guatemalteco o un brasileño de un venezolano?, o son
escenarios distintos los de Brasil y
Venezuela, y por eso la gente no
responde de la misma manera.
Una cosa es cierta, tanto en los casos de Brasil como de
Guatemala, hubo investigaciones formales de los organismos del Estado que trascendieron de alguna manera a la
opinión pública, antes de que las protestas populares llegaran a las calles. En
el país centroamericano participó, incluso, un organismo adscrito a Naciones
Unida. Se trata de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en diciembre del año 2006, mediante un
acuerdo firmado entre el gobierno
guatemalteco y la ONU, con el propósito de asistir al Ministerio Público y a la
Policía Nacional de Guatemala en su lucha contra el crimen organizado.
En Venezuela, por el contrario, y pudiera haber aquí una
nota diferenciadora, no se tiene conocimiento de investigación oficial alguna
contra ningún alto funcionario del gobierno; mucho menos que involucre al
presidente, al vicepresidente o tan siquiera a un ministro; por lo que cualquier
comentario o denuncia por los medios sobre corrupción no deja de
ser un chisme. Claro que cualquiera pudiera pensar, que tal vez las
instituciones sean más independientes en Brasil y en Guatemala que en nuestro
país, y que por eso, allí si se abren investigaciones que en la Venezuela
actual son imposibles.
Pero las coincidencias para hacer la analogía siguen ahí.
En las manifestaciones populares de Guatemala, por ejemplo, había niños con
pancartas, en las que se leía “No se
puede comprar leche por muchos impuestos”. En nuestro país ocurre lo mismo,
tampoco se puede comprar leche; pero no por los impuestos, sino porque escasea
y la que se consigue está a precios de estraperlo. En Brasil, subieron las tarifas del transporte
público en el 2013 y la propia Dilma tuvo que intervenir para dejarlas sin
efecto, asustada por la contundencia del rechazo popular que veía, al mismo
tiempo, como se gastaban sus impuestos en obras para el mundial de futbol
pasado y las olimpiadas de este año, que la mayoría de los brasileños
consideraban suntuosas e innecesarias. En nuestro país no solo se han elevado
las tarifas del transporte público, sino de los servicios en general, no
obstante las deficiencias e irregularidades con que se prestan y no pasa nada.
Sin ir tan lejos,
pudiéramos hacer, incluso, una comparación de historia patria reciente.
Se tiene como cierto, de un tiempo a esta parte, que el siempre rememorado
“caracazo” del año 1989, fue generado por las medidas económicas neoliberales
anunciadas por Carlos Andrés Pérez, de entre las cuales la subida del coste del transporte, consecuencia del aumento de la gasolina veinticinco céntimos
el litro, sirvió para encender la chispa en la ciudad de Guarenas que detonó la
explosión social cuyas consecuencias lamentables de muertes y saqueos, todos
conocemos.
Pero si esa tesis fuese verdad, porque no ocurre lo mismo
ahora, cuando el gobierno de Maduro tiene ya
tres años y no solo tres semanas como
tenía el de Carlos Andrés Pérez; y no únicamente los pasajes, sino la
gasolina y el costo de la vida, en general, han subido exponencialmente. En
medio, además, de una grave crisis socioeconómica, en que el salario nominal de
un trabajador, equivalente a menos de veinticuatro dólares, no le alcanza ni
para ir al mercado.
De ahí, la pregunta
con la que iniciamos este articulo ¿por qué no, aquí en Venezuela?
Jose Luis Mendez
Xlmlf1@gmail.com
@Xlmlf
Miranda -
Venezuela
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