Primera parte en;
Ahora
hagamos una evaluación de los daños estructurales al país:
Tenemos
un severo problema con la institucionalidad del Estado. Fue desmontado el
andamiaje institucional del Estado de la V República. Debemos decir con dolor
que, con maduro, se perdió la V República, ya nada volverá a ser como antes.
Ni
el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo tienen legitimidad, ambos poderes se han
desviado de sus funciones, de sus atribuciones, han sido deslegitimadas por los
factores políticos en sus propias aspiraciones e intereses grupales.
La
Asamblea Nacional Constituyente, de ser “un órgano transitorio” como establece
la Constitución, se ha convertido en un órgano permanente, que ni siquiera
debate, ni legisla, ha sido el instrumento de violación de la Constitución y
las leyes que ha utilizado el gobierno. No es un poder supraconstitucional, ni
originario, es un apéndice del gobierno, que hace tiempo traspasó la línea roja
de Chávez. No tiene sentido que siga existiendo.
El
Poder Judicial, incluyendo el TSJ, ha sido ocupado por factores grupales
político-económicos, que han vulnerado el Estado de Derecho en el país. Los
Magistrados han faltado a su deber constitucional de impartir justicia,
proteger al ciudadano y salvaguardar el funcionamiento e integridad del Estado.
El
Fiscal General y el Ministerio Público como un todo, es una entelequia,
corrupta, asaltada por grupos de extorsionadores político-económicos, otro
apéndice del gobierno. Se debe revisar el marco legal de su creación y lo que
ha sido su desempeño, incluyendo una profunda investigación y rendición de
cuentas por las terribles violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos
Constitucionales de los ciudadanos, que han sido afectados por su accionar.
La
Defensoría del Pueblo, no existe. Hay que refundarla.
El
Consejo Nacional Electoral, ha sucumbido a las manipulaciones de la voluntad
del pueblo, ha cedido a la presión de los factores políticos del gobierno. No
garantiza la transparencia de los procesos de elección popular. Deben
restablecerse los sofisticados mecanismos que garantizaban el secreto y el ejercicio
del voto de cada ciudadano.
La
Institución Militar, ha sido vulnerada por el madurismo, afectando sus ascensos
y grados por las manipulaciones que han hecho elementos del gobierno. Han
descuidado de manera peligrosa la operatividad de los distintos componentes, la
protección social y el mantenimiento de oficiales y tropa. Igualmente, han
permitido un nivel de intromisión de otros países y potencias en las áreas de
seguridad e inteligencia, que vulnera nuestra soberanía. Existen oficiales y
profesionales que han sido degradados, hechos prisioneros y sometidos a
maltratos, aislamiento y secuestro, sin el debido proceso, violando sus
derechos constitucionales.
Hay
que restablecer los mecanismos de ascenso y funcionamiento de todos los
componentes militares, así como, todas las capacidades operacionales y
condiciones de vida de los oficiales, profesionales y tropa. Liberar y
restablecer los derechos a los oficiales y tropas secuestrados por razones
políticas. Las Fuerzas Armadas deben garantizar con sus armas, la soberanía
nacional y las garantías sociales.
La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido vulnerada por el
Ejecutivo, así como, por los otros Poderes del Estado, incluyendo la Asamblea
Nacional Constituyente. Su Preámbulo, parte integral de la misma, sus artículos
y leyes, han sido vulneradas sistemáticamente. La actuación gubernamental, del
TSJ y del Ministerio Público, en este período de retroceso ha sido ilegal e
inconstitucional.
Los
principios de Democracia Participativa y Protagónica, Soberanía Jurisdiccional,
así como, la Soberanía del Estado sobre la industria de Hidrocarburos, petróleo
y gas, y sobre sus minerales estratégicos, ha sido vulnerada por la acción
entreguista del gobierno, y la complicidad del TSJ y de la Asamblea Nacional
Constituyente.
El
Estado ha incurrido en una falta grave, al no velar por la integridad
territorial y la soberanía del país sobre el Territorio Esequibo y su mar
territorial, al permitir que empresas transnacionales, exploren y realicen operaciones
de extracción de petróleo y de oro en el territorio en disputa con Guyana.
Rafael
Ramirez
@RRamirezVE
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