Somos una sociedad humillada que está obligada a encontrar el camino
de la dignidad, libertad y felicidad propias de una civilización del Siglo XXI.
Se trata de encontrarnos con los derechos más elementales de la vida, que nos
han sido arrebatados por un grupo de asaltantes del poder público para quienes
no existe la obligación de respeto a los derechos humanos ni a ninguna regla de
convivencia que pueda frenar sus impetus de resentimientos y desmedidos deseos
de enriquecimiento.
No se trata de luchar contra una dictadura militar
convencional; en contrario, se trata de luchar contra quienes han trepado a la
riqueza fácil y mal habida usando los argumentos de la solidaridad y el bien
colectivo; se disfrazaron de socialistas, cuando lo cierto es que sólo buscaban
sustituir el disfrute de privilegios sin el necesario conocimiento para la
conservacion y renovación de la riqueza.
Todo lo que tocan lo agotan, lo
destruyen, lo aniquilan como la plaga daña al cultivo; no conocen la
conservación, el mantenimiento y la planificación. Esa y la corrupción son las
causas del desabastecimiento y de los pésimos servicios públicos, incluyendo el
reciente apagón, que pretenden atrubuirselo a un hackeo de "del
imperio".
En sus ambiciones desmedidas fracturaron la unidad familiar, y
más de tres millones de venezolanos han tenido que emigrar frente a la
barbarie, y a muchos de los que se quedaron los están obligando a tomar agua
del Guaire, con todas las consecuencias de insalubridad que ello implica. Nos
prometieron un río con playa y nos dieron y bebedero contaminado.
Hablan de
soberanía pero la aventura cubana está enquistada en las actividades de
inteligencia y contrainteligencia de la República. Hablan de la integridad
territorial y simultáneamente, sustentan la tesis que el diferendo del Esequibo
es hijo de posiciones imperialistas. "El sol nace en el Esequibo",
pero nuestro petróleo alimenta a quienes sostienen que ese territorio es de
Guyana.
En 20 años han sido incapaces de estimular la producción y nunca lo
harán porque les da escozor todo aquello que implica trabajo; se apoderan de
centros de producción para consumir sus inventarios y luego se inicia el
desmantelamiento de la infraestructura para sacarle provecho hasta a la última
lámina de zinc.
Ante esa sombría realidad la sociedad venezolana está
legitimada para la aplicación del artículo 350 constitucional, declarándose en
desobediencia civil y solicitar solidaridad y ayuda a la comunidad
internacional en los términos preestablecidos para la defensa de los Derechos
Humanos
Adolfo Ramírez Torres
@Fiforamirez
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