En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, y son instrumento fundamental para la participación política. Venezuela, muy por el contrario, ha venido siendo conducida en los últimos diez (10) años hacia un unipartidismo hegemónico en “democracia”, a la luz de la existencia, para efectos electorales, de otros partidos distintos al oficialista, pero sin ninguna oportunidad de ganar; con la obvia intención por parte del régimen de intentar mantenerse eternamente en el poder con la finalidad, no de gobernar, sino para, por una parte, apropiarse de la riqueza nacional, y por otra parte para mantenerse como una segura ruta para el narcotráfico internacional; en razón de lo cual le niegan a la sociedad civil la posibilidad de organizarse y prepararse para exigir sus derechos políticos, muy especialmente en lo que se refiere a la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas mediante una fluida participación de los partidos políticos en pro de fortalecer los valores democráticos.
La estrategia de aniquilar los partidos políticos de oposición instrumentada por el narco régimen venezolano, se materializa a pesar de existir una Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (de 1964 y reformada parcialmente en 2010) que en su Art 25 establece: “Los partidos políticos nacionales, renovarán en el curso del año que comience cada periodo constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%)”. De igual modo, en las Normas para la Renovación de Nominas de Inscritos en las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, se estableció que las Organizaciones Nacionales que no obtuvieron el uno por ciento del total de votos válidos en las elecciones parlamentarias de 2015, así como aquellas que no participaron en los dos procesos electorales inmediatamente anteriores “debían renovar sus nóminas de inscritos ante el CNE, a los fines de mantener su vigencia”; siendo que hasta la fecha se han efectuado dos (2) procesos para la renovación de partidos políticos (2011 y 2017), y un proceso de eliminación automática (luego de mayo 2018).
El proceso de renovación 2011 (entre febrero y septiembre), fue convocado para aquellos partidos políticos que no obtuvieron el uno por ciento (1%) de los votos emitidos en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 ¡hubiesen o no participado!; para lo cual dichos partidos debían consignar una nómina de adherentes mayor al 0,5% de los electores inscritos en el Registro Electoral; nomina que luego de verificada y “evaluada” (reducida) por el CNE era devuelta a los respectivos partidos a efectos de validar presencialmente una determinada cifra de firmantes (acorde a cada entidad); hasta que finalmente el ente comicial (léase “verdugo electoral”) decidía sobre la validación o no de cada organización política. El proceso de renovación 2017 (07 de febrero), fue convocado por el CNE luego de una “sentencia” del tsj (minúsculas intencionales): 878 del 21/10/2015, donde sostuvo que debían renovar su nómina todas aquellas organizaciones que no obtuvieron el 1% de los votos en las elecciones a la Asamblea Nacional (06/de diciembre 2015); una convocatoria salpicada de malicia implícita al soslayar que una significativa cantidad de los partidos políticos del bloque opositor habían postulado sus candidatos en torno a la tarjeta de una sola organización política; a pesar de lo cual dicha renovación de un número apreciable de partidos políticos debía realizarse ¡en un lapso de “90 días”! (la sala constitucional del tsj extendió hasta seis (6) el lapso) evento donde 62 organizaciones manifestaron su intención de participar durante 10 fines de semana continuos entre el 04 de marzo y el 28 de junio 2017; siendo que finalmente participaron 59 organizaciones. Con posterioridad, y luego de la segunda validación automática 2018, quedaron legitimadas para participar en el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 (“elecciones” presidenciales para el periodo 2019-2015) un total de ¡21 partidos políticos nacionales!: 10 afines al oficialismo, 2 de tendencia opositora, y 8 de “otras” tendencias.
A manera de una conclusión anticipada, vale resaltar que desde el año 2011 momento cuando el narco régimen inició la estrategia de eliminación de los partidos políticos opuestos al oficialismo hasta el año 2018, el número total de organizaciones se redujo desde 59 a 21, o lo que es lo mismo en ¡7 años eliminaron el 65% de los partidos políticos! hasta configurar el siguiente ecosistema: 10 afines al oficialismo (PSUV, MEP, SV, MPAPC, ORA, PCV, PODEMOS, PPT, TUPAMARO, Y UPV); 3 de independencia funcional (COPEI, MAS, y UPP89); 5 de reciente creación (CMC, ACEP, FDC, LAPIZ, y SOLUCIONES); 2 afines al bloque opositor (AVANZADA PROGRESISTA y MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA); 1 Grupo de electores (EL CAMBIO: afín a Javier Bertucci).
En lo referente a la estupidez humana, ha de entenderse, siguiendo a Carlo M. Cipolla, 1998, que un individuo estúpido es aquel que causa pérdidas a otros, perjudicándose a la vez a sí mismo; autor que igualmente formuló las denominadas Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana: Primera Ley: Siempre e inevitablemente todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación; Segunda Ley: La probabilidad de que cierta persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona; Tercera Ley: Una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona o grupo de personas sin obtener ninguna ganancia para sí mismo e incluso incurriendo en pérdidas; Cuarta Ley: Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas; Quinta Ley: La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe.
Por extensión, aunque resulte una manifiesta obviedad, puede afirmarse que la estupidez está presente en todo el espectro social, con marcada relevancia en el político-electoral.
Reflexión final: Asumiendo como válida, la información estadística según la cual “durante los últimos tres meses, la cantidad de personas que dice que votaría por Guaidó pasó de 77% en febrero hasta 81,9% en abril” al punto de ser considerado como el “líder con mejor valoración entre los votantes venezolanos” (Eugenio Martínez, Diario Las Américas, 09 de junio de 2019); no ha de existir duda alguna en el bloque opositor: 7 partidos según la validación diciembre 2017 (AD, AP, IPP, MUD, PUENTE, PJ, y VP), en una mayoría de las 5 partidos recién creados (CMC, ACEP, FDC, LAPIZ y SOLUCIONES), y en algunos de los 3 partidos de independencia funcional (COPEI, MAS y UPP89) en relación a quien debe ser el candidato en una muy próxima elección presidencial; y en todo caso la complicación estaría centrada en sobre cuáles de esos partidos estarían dispuestos a postular a Juan Guaidó. Tal aparente “nudo gordiano”, debe desatarse con inteligencia haciendo uso de viejas y nuevas estrategias tal como unas elecciones primarias, que a nuestro parecer tendría unos obvios resultados en favor de Juan Guaidó; así como aquella que sugería que el Presidente Electo (Candidato Electo para el caso en comento) fuese liberado o renunciara a la disciplina partidista, teniendo como norte la amplitud y la unidad. Nos parece que actuar en contrario, dificultaría la selección, sin traumas, de un Candidato Opositor por Consenso habida cuenta que difícilmente los 15 partidos (no oficialistas) potencialmente facultados para postular candidato ¡renunciarán a ello en favor de Voluntad Popular!
No escoger un Candidato Opositor por Consenso (libre de disciplina partidista), implica simplemente elevar la usual estupidez electoral que ha contribuido a la ¡destrucción del pluralismo político!
Jesús Alexis González
@jesusalexis_gon
No hay comentarios:
Publicar un comentario