Numerosos reportajes indagan en el elenco de obras inconclusas durante la administración chavista. Desde sencillos trabajos de mantenimiento periódico que no se han hecho, hasta parques eólicos en Paraguaná, la destrucción de la infraestructura venezolana pica y se extiende. Pero no hay peor lesión al patrimonio que el daño moral infligido a la clase obrera trabajadora. A los millones de hombres y mujeres que de manera activa o pasiva conforman ese capital humano venezolano del que hasta hace muy poco se enorgullecía el mundo entero; hoy nos tratan como gusanos por una sola causa: la pobreza.
Chávez acabó con la política salarial venezolana, fundada en un principio capital defendido por los partidos de centro: la teoría tripartita. El salario mínimo se fija mediante una negociación política entre el empresariado, representantes de los trabajadores y el estado que actúa como mediador. Una práctica que debemos recuperar cuanto antes porque el éxodo migratorio y el deslave de personal cualificado en el sector público, principalmente en escuelas y hospitales del país, es la demostración más fehaciente del atropello sistemático de los derechos humanos en Venezuela, como lo muestra el informe y las sucesivas declaraciones de la Bachelet.
Derecho laboral efectivo
Saliendo del plano puramente teórico, la democracia cristiana liderada por Rafael Caldera propició la legislación en materia laboral eficiente, porque sentó las bases institucionales que permitieron afrontar la diversidad de cuestiones sociales que afecta a los trabajadores. Frente a la solución marxista y a los problemas de injusticia social que perfilaba el estado de las cosas luego de la dictadura militar, la doctrina social de la iglesia planteaba nuevos esquemas de reflexión doctrinal en torno a la dignidad de la persona y su irrenunciable derecho al trabajo.
El camino del derecho laboral venezolano lo inauguró Caldera desde los veinte años de edad. Con el doctor Alonso Calatrava dirigió la primera Oficina Nacional del Trabajo, levantada en una Venezuela sumida en el atraso y la ignorancia, a escasos meses de la muerte del general Gómez. Reconocer derechos a los trabajadores y promulgar una ley del trabajo constituía el paso decisivo para entrar en una dinámica democrática y modernizadora del estado venezolano. En palabras de David Blelloch, Caldera fue “un promotor bien enterado y dinámico de aquella especie de legislación del trabajo efectiva que yo también deseaba promover”. De los aportes de Caldera al derecho laboral latinoamericano sobran testimonios muy elocuentes.
Los esfuerzos de Caldera en materia laboral efectiva lo acompañaron toda su vida. En 1985 dirigió la comisión bicameral para la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo que sustituiría la antigua Ley del Trabajo a partir de 1990. En 1999, siendo presidente de la república dictó el reglamento de la ley orgánica del trabajo. Huracanes de revolución acechaban sobre materia tan digna: el derecho al trabajo y su justa remuneración.
Sueldos de hambre
Chávez satanizó a Fedecámaras y a la CTV como parte de la cúpula podrida que traicionaba al pueblo y acordaba sueldos míseros. Con el paro, golpe y resurrección de Chávez (2002) la comisión tripartita es sepultada para siempre. La reforma de la ley orgánica del trabajo del 2012, elimina formalmente la mesa tripartita, y con ello todo intento de desideologizar el tema salarial. La revolución asume la causa de los trabajadores, “yo soy el pueblo, trabajador, obrero, artesano” y la destruye, como viene haciendo con todo lo que expropia. El esquema personalista asfixiante de padre de la patria sancionada y sobreprotector de los trabajadores es criminal porque, al igualar al salario mínimo a todos los jubilados y pensionados de la república, lo que era una fiesta se convirtió en una auténtica desgracia de hombres y mujeres paupérrimos, arruinados, sin ahorros, sin hospitales, sin medicinas, sin tratamientos médicos, sin visa ni divisas, con escasa o ninguna capacidad laboral que hoy mueren de mengua o sobreviven tristemente gracias a las remesas pero alejados de sus seres más queridos en el momento en que más los necesitan.
Empresariado privado hace un desmedido esfuerzo por pagar muy por encima del salario mínimo, con bonos en dólares y aumentos continuos . Las prestaciones sociales han perdido absolutamente su sentido por el proceso inflacionario que estamos padeciendo. El gobierno también hace esfuerzos por compensar el salario, pero lo hace de forma discriminatoria dejando por fuera a millones de jubilados y pensionados cada vez que se le antoja. Se comporta como el “Señor de los Elefantes blancos” de la leyenda tailandesa, que sólo el rey podía poseerlos; se los regalaba a los súbditos que consideraba inútiles para que el costoso mantenimiento de las bestias sagradas, y el nulo provecho que se podía extraer, terminara por arruinar a quienes recibían el monstruoso obsequio.
Mercedes Malavé
@mercedesmalave
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