Cuando el presidente chileno Sebastián Piñera canceló el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que iba a realizarse este mes en Santiago dijo que esto fue “una decisión difícil que nos ha causado mucho dolor”.
El dolor para la economía más exitosa de América Latina solo está empezando. Las negociaciones con los terroristas y sus representantes políticos rara vez terminan bien. Sin embargo, eso es lo que el presidente Piñera parece tener en mente. Abrió la puerta para reescribir la constitución intentando complacer las demandas de los socialistas, comunistas, y otros en la izquierda.
Si la historia de Latinoamérica sirve como guía, la redacción de una nueva constitución despojará a los chilenos de sus derechos políticos y económicos, concentrará el poder, empobrecerá al país y lo hará más injusto. Los más grandes perdedores serían los pobres con aspiraciones, a quienes se le negará el acceso a una vida mejor en lo que se ha convertido una de las economías con mayor movilidad social del mundo. La movilidad social es un mejor indicador de la justicia económica que las diferencias de ingresos.
Los chilenos eligieron al centro-derechista Piñera en diciembre del 2017 con su promesa de fortalecer la economía de mercado. El cumplimiento de esa promesa ahora está en duda debido a las semanas de violencia por parte de los extremistas de izquierda, quienes exigen concesiones a cambio de deponer sus armas.
El 26 de octubre, en un esfuerzo para lograr la reconciliación, Piñera le pidió a su gabinete que renunciara. No obstante, como informó The Guardian, “nuevas batallas callejeras e incendios” estallaron horas más tarde. “Videos de bandas de jóvenes saqueando camiones en la principal vía norte-sur del país circulaban en las redes”, reportó el periódico británico, “mientras que en Santiago el ruido de sirenas se prolongó durante la noche”.
Piñera ha aceptado conversar con los “ciudadanos” cuyos intereses están supuestamente representados por quienes incendian y saquean. La semana pasada anunció que no descartaría ninguna “solución” o “reforma estructural”. El día miércoles Karla Rubilar, portavoz del gobierno, dijo respecto de una nueva constitución que “no hay nada escrito en piedra”.
Esto es una concesión sorprendente y no es de extrañar que sólo parezca haber despertado el apetito de la izquierda radical.
Piñera puede afirmar que está respondiendo a la marcha del 25 de octubre en Santiago en la cual más de un millón de personas se manifestaron. Sin embargo, no hubo un consenso en cuanto a sus demandas, y muchos, aunque no todos, eran partidarios de la izquierda y no votaron por él.
Como político, el presidente naturalmente quiere abordar las quejas. No obstante, Chile tiene elecciones y el presidente tiene responsabilidad ante los que no están en las calles y, adicionalmente, de defender la ley. Aceptar una nueva constitución debido a la violencia y la intimidación sería un acto de cobardía.
No todas las expectativas insatisfechas pueden ser resueltas por el Estado. La pérdida de cohesión social vinculada a la modernización tiene consecuencias en la sociedad. Como observa el periodista Timothy P. Carney en su libro Alienated America, la incapacidad de alcanzar el sueño americano es un acontecimiento social, no un fracaso económico. Podría decirse que algo similar ha ocurrido en muchos otros países de Occidente.
Lo que no es discutible son las ganancias económicas generalizadas que el modelo de mercado ha logrado. Menos del 9% de la población nacional vive ahora en la pobreza. En un informe de la OCDE titulado “¿Un ascensor social descompuesto? Cómo promover la movilidad social” (2018), Chile se destaca por su movilidad social. Según estos datos, el 23% de los hijos cuyos padres se encontraban en el cuartil inferior de los asalariados logran llegar al cuartil superior. Según esta medida, Chile tenía la mayor movilidad social entre los 16 países de la OCDE que participaron en el estudio.
Los opositores de la libertad hablan de desigualdad de ingresos como si ser pobre estuviera bien, siempre y cuando todos los demás también sean pobres. El izquierdista colombiano Iván Velásquez —quien notoriamente pisoteó el Estado de Derecho en Guatemala como fiscal de las Naciones Unidas— denunció a Chile en un tweet el 25 de octubre por su posición en el ranking de desigualdad de ingresos. En el mismo tweet criticó la distribución de ingresos en Guatemala y Colombia, dos países que repetidas veces han frustrado a la izquierda en las urnas.
El señor Velásquez estaba tan ocupado sembrando envidia y resentimiento que no mencionó que la desigualdad en Chile ha estado cayendo durante los últimos 20 años. Aún más, como ha informado el economista chileno Claudio Sapelli, los cambios en las oportunidades económicas son más claramente visibles cuando separamos los resultados por generaciones. Debido a que Chile ha hecho un buen trabajo mejorando el acceso a la educación a través de las clases socio-económicas, las generaciones más jóvenes ahora experimentan mayor movilidad y menor desigualdad de ingresos que sus padres. El porcentaje de la población chilena cursando educación post-secundaria es de los más altos en el mundo.
La política pública chilena puede mejorar en muchos frentes. Por ejemplo, aunque el acceso a la educación es alto, es necesario mejorar su calidad. En las pruebas internacionales de aptitud, Chile ocupa un lugar destacado en América Latina pero no a nivel global. Aún así, problemas como este no serán resueltos por el socialismo porque este no produce riqueza. Eso es algo que el presidente Piñera debe considerar antes de ayudar a la izquierda a destruir un modelo que funciona.
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 3 de noviembre de 2019.
Mary Anastasia O'Grady
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