La responsabilidad del Gobierno de España en su gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 puede dividirse en dos partes. La primera, hasta el 9 de marzo, está vinculada a su pasividad negligente a la hora de tomar medidas de distanciamiento social que dificultaran la propagación del virus. La segunda, a partir del 9 de marzo, está asociada a su incapacidad de acelerar el regreso a una cierta normalidad social y económica mediante la adquisición de aquel material sanitario que permita prevenir la propagación del virus (mascarillas) y detectar precozmente a los contagiados (test). Cuanto más tardemos en disponer de un suministro amplio de estos bienes, tanto más tardaremos en poner en marcha la economía y, por consiguiente, tanto más nos empobreceremos.
Pero ¿por qué razón el Ejecutivo está fracasando estrepitosamente a la hora de abastecer el país con los test y las mascarillas que necesitamos? ¿Por qué el Gobierno tiene que aplazar 'sine die' sus cruciales 60.000 análisis aleatorios por “problemas logísticos” y por qué algunas autonomías han llegado a tener que repartir vergonzosas mascarillas de papel? ¿Por qué, en suma, después de un mes de estado de alarma todavía no disponemos de los enseres básicos?
De entrada, es cierto que los mercados globales de este tipo de material sanitario se hallan enormemente tensionados: casi todos los países del mundo han disparado simultáneamente su demanda, mientras que la oferta no es que no haya podido crecer igual de rápido, sino que en muchos casos se ha paralizado, o ralentizado, por el coronavirus. Y cuando la demanda crece muchísimo más que la oferta, los precios tienden a aumentar de manera muy considerable (dejando desabastecidos a aquellos que no pueden o no quieren pagar tales precios). Por consiguiente, es verdad que la coyuntura internacional no contribuye a facilitar un suministro amplio ni de test ni de mascarillas.
Ahora bien, las dificultades globales no explican por entero el fracaso gubernamental, pues otros países sí cuentan con disponibilidades de ambas mercancías; e incluso en España hay empresas, hospitales y laboratorios privados que sí han sido capaces de proveerse con el pertinente material sanitario. ¿Por qué entonces el Gobierno lo está haciendo tan mal a este respecto? Pues, en esencia, por dos motivos.
El primero es la falta de experiencia del Ejecutivo y del conjunto de la Administración para adquirir este tipo de material a muy gran escala: a diferencia de aquella parte del sector privado que ya dispone de sus propias redes comerciales así como de unos departamentos de gestión de compras habituados a negociar con proveedores extranjeros, el sector público carece de esa formación y de esa información, de modo que avanza dando tumbos. La propia ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, llegó a reconocerlo en una entrevista para Radio Euskadi: “No estamos necesariamente muy acostumbrados a comprar en China: es un mercado que nos es un poquito desconocido. Entonces, hay muchos intermediarios que te presentan, que nos ofrecen gangas y luego evidentemente resulta que eso no son gangas”.
Pero existe un segundo problema, acaso más profundo y más preocupante, que son los incentivos perversos de este Gobierno a anteponer su dogmatismo ideológico sobre la realidad del mercado. Tanto los miembros del PSOE como, sobre todo, los de Unidas Podemos están obsesionados con impedir que haya agentes económicos que se lucren vendiendo material sanitario a precios anormalmente altos. De ahí que el encarecimiento mundial de estos bienes —algo del todo razonable, dada la explosión de su demanda frente a una oferta a medio gas — es visto como una inaceptable trampa especulativa con la que el Gobierno no puede colaborar de ningún modo.
Por ejemplo, en su última entrevista en 'eldiario.es', Iglesias describía las actuales condiciones del mercado internacional de material sanitario como “especulación repugnante”; asimismo, Irene Montero, en una conversación con Alfredo Serrano (el asesor económico de Maduro, que sumió a Venezuela en la hiperinflación y miseria actuales), también descalificaba la presente escalada de precios como “mercado salvaje y especulación salvaje”. Pero acaso lo peor no sea que la gente de Podemos muestre una absoluta incomprensión de lo que está sucediendo en el mundo, sino que los miembros del PSOE también lo hacen. Así, en palabras de González Laya en la ya referenciada entrevista: “Especulan los intermediarios y especulan los productores: cuando hay más demanda que oferta, pues evidentemente los precios pueden subir, que es lo que está ocurriendo ahora”.
Para el Gobierno PSOE-Podemos, por consiguiente, cualquier aumento significativo del precio de las mascarillas y de los test por encima de su precio habitual merece ser considerado como “especulación”. Como es lógico, un Gobierno que, emborrachado en sus dogmas ideológicos, rechaza alimentar las “ganancias especulativas” de productores e intermediarios será un Gobierno del todo incapaz de abastecerse en las presentes condiciones internacionales: aquellos agentes económicos —incluyendo gobiernos— que no estén dispuestos a abonar los precios de mercado del escaso material sanitario a la venta se quedarán sin él (porque otros agentes sí los abonarán) y, por consiguiente, a este Ejecutivo solo le quedará buscar tramposas y peligrosas gangas —de las que hablaba González Laya—, que generalmente terminan saliendo fatal.
En definitiva, la mezcla de incompetencia y fanatismo ideológico no puede más que alumbrar una incapacidad radical en lograr por sí mismos un suministro abundante de material sanitario con el que relanzar la sociedad y la economía. Pero es que, además, esa incapacidad radical del Gobierno en abastecerse de material sanitario suficiente lo lleva a querer incautárselo desaforadamente a todas aquellas empresas o autónomos que sí han conseguido adquirirlo (porque saben dónde comprarlo y porque, además, están dispuestos a pagar precios de mercado). Y como cada vez más empresas y autónomos devienen conscientes de que, si osan importar mascarillas o test, el Gobierno puede terminar requisándoselos incluso en la misma aduana, cada vez son más los que rechazan destinar su capital a tan arriesgada operación.
Al final, pues, la incompetencia y el sectarismo del Gobierno no solo lo incapacitan a él mismo para conseguir el material sanitario que necesitamos, sino que también terminan impidiendo que los particulares lo logren por sus propios medios. El dirigismo gubernamental y los controles artificiales de precios siempre acaban provocando el desabastecimiento generalizado que presuntamente pretendían combatir: pero en la actual situación de emergencia sanitaria y económica, semejante desabastecimiento sí es, en palabras de Iglesias y Montero, una repugnante salvajada.
Juan Ramon Rallo
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@juanrallo
Instituto Juan de Mariana
Desde España
Este artículo fue publicado originalmente en el blog Laissez Faire de El Confidencial (España) el 15 de abril de 2020.
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