El pensador chileno Humberto Maturana destaca con lucidez que la democracia no reside meramente en la elección de representantes: la democracia está en una convivencia en la cual todos los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a la cosa pública y la cosa pública son los temas que interesan a todos los ciudadanos como coparticipantes de una convivencia en una comunidad. En Venezuela, el proyecto liderado por Chávez defendió la democracia participativa y protagónica, y así en nuestra Constitución se explicita, entre otros derechos, que “la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo” (artículo 62).
Pero el Gobierno es cada vez más opaco: su gestión permanece en la oscuridad. Puede comprenderse que frente a las criminales sanciones externas ha de reservarse cierta información, especialmente económica. Pero en educación se puede y se debe informar. Y necesitamos datos claros y completos, no nos basta con anécdotas sobre la actuación de un maestro en Nueva Esparta, o sobre cómo en el Amazonas al estudiantado “le gustan más” las clases por radio. El Ministerio de Educación, a través de sus dependencias y las de otros entes públicos, está en la obligación de recoger toda la información necesaria y presentarla luego a la ciudadanía. De esta manera salimos de la minusvalía, y podemos controlar, proponer y actuar.
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