En el ya casi remoto pasado del período democrático, el Ministerio de Relaciones Interiores era conducido por un civil. Generalmente estaba en el cargo un miembro fundamental del partido gobernante. Un dirigente con aspiraciones y posibilidades de ser candidato presidencial del oficialismo. Se entendía que fuese así porque el jefe de ese despacho llevaba las relaciones con las instancias endógenas del poder nacional y con los factores y fuerzas sociales internas. El ministerio proporcionaba una plataforma para proyectar la imagen de estadista del titular y permitía que este conociera los intrínculis del Estado. La presencia de un líder político en ese era símbolo de la catadura civil del Estado y del Gobierno. Ni siquiera en los momentos más ásperos del enfrentamiento con Fidel Castro y la guerrilla que este promovió y financió, a Rómulo Betancourt o a Raúl Leoni se les ocurrió designar a un militar activo para esa cartera.
Con el actual régimen se produjo un cambio radical. Los ministros del Interior, Justicia y Paz, como se les denomina desde hace algún tiempo, son militares activos, para que quede claro que el actual es un gobierno militar-cívico, en ese orden, a pesar de que a México sólo se trasladaron civiles en representación del Ejecutivo. Que no haya dudas ni nadie se haga el sorprendido. El despacho de Carmelitas se le concedió al almirante en jefe Remigio Ceballos como premio de consolación; no pudo desplazar del Ministerio de la Defensa al eterno y en apariencia imprescindible general Vladimir Padrino López.
Antes había estado al frente la almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ahora aspirante a la alcaldía de Caracas. Con el almirante Ceballos hay que destacar un detalle: mientras ejerció el cargo de jefe del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, fue sancionado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, por ‘violación de derechos humanos’, entre otras acusaciones. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz -tal cual lo destaca Control Ciudadano- es un bastión clave para el dominio de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Dependen de ese ministerio, entre otros órganos, la Policía Nacional Bolivariana, la supervisión de todas las policías regionales y municipales; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Nacional de Identificación, Migración y Extranjería; la Oficina Nacional Antidrogas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No es poca cosa la que maneja ese ministerio.
Otro despacho emblemático, que en la era democrática estaba a cargo de un civil, es el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Por allí pasaron figuras ejemplares como Ramón J. Velásquez y Simón Alberto Consalvi. Con la nueva casta gobernante, el presidente electo en comicios populares designa como su mano derecha a un militar, quien además despacha directamente desde Miraflores. Fusión extraña. Podría decirse que servil. Para el cargo fue nombrado Jorge Eliéser Márquez, general de la Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos que con mayor brutalidad se ha ensañado contra los venezolanos.
En el Ministerio para el Desarrollo Minero se designó al almirante William Serantes Pinto. Con este nombramiento -de acuerdo también con Control Ciudadano- se le otorga una parcela de poder económico clave al sector militar, fortaleciendo su control sobre la pequeña, mediana y gran minería, fundamental en esta etapa en la que Estados Unidos mantiene estrictas sanciones contra el gobierno de Maduro.
Algunos de los otros ministerios en los cuales fueron designados militares como titulares son Agricultura y Tierras, Alimentación, Habitad y Vivienda, Obras Públicas y Energía Eléctrica. Esos nombramientos, desde luego, no se realizaron con la finalidad de elevar la eficacia de la gerencia pública ni la eficiencia del Estado.
Es proverbial la ineptitud de los militares maduristas al frente de organismos y empresas del Estado. Vimos de lo que fue capaz el general Manuel Quevedo en Pdvsa: casi la quiebra. Los militares que han dirigido la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han sido de una ineptitud inaudita. La mayoría de las centenares de empresas estatizadas, que les han sido entregadas a militares activos o en condición de retiro para que las administren, se encuentran en bancarrota. Ninguno de los gobernadores que forman parte de ese cuerpo se ha destacado por el brillo de su gestión. El manejo de los asuntos civiles les resulta extraño e incómodo.
En la militarización del Estado y el Gobierno también se evidencia el fracaso del PSUV y del proyecto hegemónico iniciado hace más de dos décadas, dirigido a destruir la democracia. Este dato hay que tomarlo en cuenta en México.
Trino Márquez
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
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