Cap.II. Los conspiradores cierran filas ante el derrocamiento del dictador
Y así, en medio de este caos, arribamos al 23 de enero, el día cuando el dictador se vio obligado a renunciar, producto de las presiones y circunstancias adversas que ese día se desataron. En el seno de la corporación militar se mantuvieron alerta los diferentes grupos aspirantes a mantener en sus manos el control de la situación. Los militares leales al dictador fueron los primeros que salieron a dar la cara en defensa de su jefe y su gobierno. Un grupo de estos se presentó en el palacio de gobierno donde se refugiaba el presidente y le solicitaron su autorización para actuar y “aplastar a sangre y fuego la rebelión. Sólo le pedimos un plazo de dos horas (expresó el vocero del grupo). A las cuatro de la madrugada estaremos aquí para informarle que la misión ha sido cumplida”. La solicitud fue denegada por Pérez Jiménez. El asistente del general, teniente coronel, Carlos Pulido Guerra, fungió de intermediario entre el presidente y el grupo de militares leales allí presentes. Entra y sale varias veces del despacho presidencial. Hasta que finalmente informa al insistente grupo militar: “El general les manda otra vez las gracias, que nunca los olvidará que la orden que les da es que cada uno de ustedes se reintegre a sus unidades y espere los acontecimientos”. Pocos minutos después de las tres de la madrugada del día 24 de enero sale del país el general Pérez Jiménez acompañado por su esposa e hijas, y de un pequeño grupo de allegados. El avión en el que escapa se dirige a República Dominicana donde el dictador Rafael Leónidas Trujillo lo espera para darle refugio.
Para la corporación militar, la caída de Pérez Jiménez no significaba que sus efectivos renunciaran al control de la dirección política del país. El derrocamiento de su colega era una circunstancia especial, un hecho previsible y probable. Lo que no era previsible ni probable ni mucho menos aceptable era que ellos perdieran la conducción de los destinos del país. Demasiado tiempo tenían haciendo esto para que lo entregaran sin rechistar. Además, en los hechos del 23 de enero los militares jugaron un rol sobresaliente. Tales hechos fueron en verdad “la suma de varias
conspiraciones, que sólo al final pudieron coordinar sus acciones, y como no encontraron oposición fue creciendo y casi sumó a toda la institución armada, incluidas sus más altas jerarquías (…) Los oficiales superiores de las cuatro fuerzas apoyan la integración de la Junta, donde se han conservado los principios de jerarquía y antigüedad” (Eleazar Díaz Rangel1998. 231).
Por ese papel preponderante de los uniformados en los acontecimientos fue que la conformación de la primera Junta de Gobierno, constituida a las cuatro de la madrugada del día 24 de enero, una hora después de la huida de Pérez Jiménez, la integraron militares exclusivamente. La poderosa influencia de la corporación armada se hizo sentir en esa hora crucial de la historia venezolana. Sus pretensiones de permanecer hegemonizando el poder político del país se pusieron en evidencia sin ambages en ese momento. Allí estaban para demostrarlo los cinco miembros de las fuerzas armadas venezolanas seleccionados para gobernar el país: por la Marina, su Comandante en Jefe Contralmirante Wolfgang Larrazábal; por las Fuerzas Armadas de Cooperación, su comandante el coronel Carlos Luis Araque; por la Escuela Superior de Guerra, el coronel Pedro José Quevedo; además de los coroneles Roberto Casanova por el Ejército y Abel Romero Villate por la Aviación, estos dos últimos connotados pérezjimenistas.
Nadie más fue considerado. Nadie más fue tomado en cuenta. La corporación militar asumió los hechos que condujeron al derrocamiento de Pérez Jiménez como un golpe de estado militar y sus efectivos actuaron en consecuencia. Sustituyeron al militar derrocado, por otro gobierno integrado por cinco hombres suyos. Así, con ese criterio exclusivista lo hicieron a pesar de la relevante participación que en las acciones conducentes al derrocamiento de Pérez Jiménez tuvieron otros sectores sociales, como fueron los estudiantes, el liderazgo de los muy golpeados partidos políticos, la iglesia católica, los empresarios, los sindicatos y gremios. Pero ninguno de estos fue invitado al negocio. Los eternos mandantes del país no tenían en sus planes compartir con ningún civil del país la conducción del gobierno nacional.
Esa madrugada del 24 las reuniones se multiplicaron en Caracas. En Miraflores se reunió un grupo militar; en la Planicie, sede del Estado Mayor, otro grupo de estos;
en la Escuela Militar otros uniformados; en el Paraíso, sede de la Comandancia de las FAC, otro grupo de oficiales; y en la sede de Radio Caracas Televisión se reunió un grupo conformado por líderes políticos, encabezado por el Presidente de la Junta Patriótica, Fabricio Ojeda. La composición del nuevo gobierno era el tema central que se abordaba en todos los casos, pero los grupos militares aventajaban a cualquier otro para decidir efectivamente al respecto. En primer lugar, como gobernantes del país gozaban de una situación privilegiada en el manejo de información y en el monitoreo de los acontecimientos que se desarrollaron ese día; tenían vasta experiencia en golpes de estado y sabían cómo manejarlos; no tenían escrúpulos para actuar y tomar decisiones contrarias al deseo e interés mayoritario de la población. Y con todos estos elementos a su favor actuaron primero que cualquier otro sector y se instalaron en Miraflores.
Pero, esa composición del nuevo gobierno, con presencia incluso de consabidos pérezjimenistas, generó descontento e inconformidad tanto en el seno de las fuerzas armadas, como en el amplio sector democrático ligado a los partidos políticos, integrados en la junta Patriótica. Estos temían con razón que ese gobierno juntista, salido de un conciliábulo exclusivamente militar, remozado con nuevas caras, fuera continuidad del viejo régimen dictatorial. Por tanto, la protesta de este sector no se hizo esperar. Redactan entonces un manifiesto que su Presidente hace público el mismo día 24 de enero. La parte sustantiva de este documento decía lo siguiente: “Para que se consolide la confianza y se consolide el júbilo de los primeros momentos de este memorable 23 de enero, es indispensable que el gobierno provisional esté constituido por verdaderos exponentes de las nuevas corrientes civiles y militares, sin figuración alguna de quienes predican tener responsabilidad como lugartenientes del pérezjimenismo fenecido” (Historia Gráfica de Venezuela. Caracas, Tomo IV, 1963. P 27).
La presión pública surte efecto y a media mañana del día 24, luego de reuniones, negociaciones, amenazas, presiones, manifestaciones populares, son expulsados de la Junta los militares Romero y Villate, quienes saldrán del país en las horas siguientes, pertrechados cada uno con la suma de cien mil dólares entregados por
el gobierno entrante, justificados en ese momento, por los servicios prestados a la nación por ambos militares. Para llenar el vacío dejado por ambos uniformados fueron designados Eugenio Mendoza y el ingeniero Blas Lamberti, dos hombres ligados al mundo empresarial venezolano. Con esta nueva composición interna la Junta consigue el respaldo militar y civil mínimo necesario para iniciar su gestión de gobierno, que no estará exento de amenazas de golpe, de sobresaltos, de incertidumbre. En esa Venezuela personalista, caudillesca, militarizada, carente de instituciones democráticas, era previsible que también esta Junta sufriera las embestidas de los abundantes conspiradores que pululaban en el seno de la corporación militar.
Sigfrido Lanz Delgado
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Venezuela
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