La familia Verde, de la que provengo por parte paternal con filiación Morillo, no tenía profesionales en su haber, todos los miembros que conocí en mi infancia eran artesanos excepto mi bisabuela María Concepción Verde (Concha Verde) una nonagenaria ciega que vivía de sus ahorros juveniles administrados por su única hija Hildebranda Verde quien era cocinera, fabricaba: empanadas, mandocas, tortitas dulces de masa de maíz, bollitos pelones de carne, pollo, etc. Transcurrieron los años 40-50 bajo regímenes dictatoriales y nunca, mis parientes tuvieron casa propia, vivían alquilados en una calle del llamado empedrado del casco urbano de Maracaibo, la calle Triana.
Mis abuelos María Chiquinquirá (Chinca Verde) oficio doméstico y Manuel Morillo (Cubillán) albañil, vivían en la calle Jugo de la misma parroquia. Casaron a su “único” hijo Manuel Segundo Morillo (Manuelito), con mi madre Josefina Antúnez, del distrito Bolívar (Puerto escondido) nacida en casa propia construida por mi abuela materna Asunción Antúnez –con sus propias manos- a la orilla de una playa del pueblo en el Lago de Maracaibo.
Transcurrieron nueve años de vida, sobreviviendo del trabajo de mi padre, obrero de la cervecería Zulia, sin muchas restricciones económicas, pero siempre viviendo en casas alquiladas. Con el proyecto habitacional de los años tempranos de la democracia a partir de los años 60 en Venezuela mi padre obtuvo dos créditos para vivienda, uno de Ivima que luego pasó a ser Inavi para una casa en la Urb. San Miguel de Maracaibo y otro de materiales para hacer por él mismo una nueva casa en un terreno cedido por el gobierno en el barrio Raúl Leoni del 18 de octubre en Maracaibo también.
Antes de yo tener conciencia de las vicisitudes y aconteceres políticos, sociales y económicos de nuestro país a lo largo de más de 40 años, Venezuela había pasado por diversos procesos políticos, todos enmarcados en un concierto antropológico caracterizado por el manejo de élites, tanto del sector económico como del sector militar y, en conjunto de ellas. Durante las dictaduras de lo tachirenses Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez el recurso artesanal de La Petrolia tachirense cuya producción se enfoca en abastecer de bitumen para el calafateo de embarcaciones de madera y para alumbrar las calles con candelabros de kerosene y producción de trementinas, dio un vuelco extraordinario con el reventón del pozo Barroso I, en la localidad de La Rosa en Cabimas, a partir de entonces las concesiones foráneas de distintas empresas explotadoras de petróleo vieron en las tierras zulianas un potencial inmenso de producción petrolera venezolana.
Ante esto, el gocho Gómez tuvo el acierto de regular, aunque con muchas imperfecciones, el manejo de la industria por parte de tales empresas. Por lo cual, se creó la primera ley de hidrocarburos de Venezuela (1920) impulsada por Gumersindo Torres ministro de fomento del régimen de J.V. Gómez. Ley que sufrió cambios en los años 1923, 1948 entre otros y más recientemente en el año 1976.
De Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt el día de su sepelio (17-06-1947) en acto de presencia dijo lo siguiente:
“Fue ese gesto mío una forma de testimoniar reconocimiento del país, representado por el jefe del Poder Ejecutivo, a un funcionario que procuró la defensa de los Intereses de la Nación, en época en que el subsuelo de Venezuela era subastado en las peores condiciones entre los miembros de la internacional del petróleo”
A partir de estos años la producción de petróleo generó un cambio de actitud en la sociedad venezolana, una parte del pueblo, principalmente el habitante de los campos, tales como obreros, jornaleros e incluso, parientes de propietarios de granjas, haciendas y conucos vieron en la industria petrolera la oportunidad de acceder a un estatus mejor que el de la vida del campo, aunado a esto la migración de trabajadores del mar, pescadores de las costas Caribes de oriente del país, margariteños y sucrenses se vieron enamorados de las oportunidades de trabajo marino ofrecidas por las empresas ubicadas en las inmediaciones del Lago de Maracaibo.
Por este boom petrolero aparecieron también diferentes empresas de toda clase de productos que se ubican principalmente en las localidades de los estados centrales principalmente en el Distrito Federal para entonces capital Caracas y sus adyacencias.
La diáspora de gente de los estados orientales y del campo o llanos centrales y orientales no se hizo esperar, de modo que la situación habitacional se vio en un momento desesperante en las adyacencias de las empresas, algo que alarmó tanto a los gobiernos de la dictadura de Gómez como a la de M. Pérez Jiménez pasando por los gobiernos cortos de López Contreras, Medina Angarita, Rómulo Gallegos etcétera, por lo cual se impusieron regulaciones y prohibiciones de ocupar ciertas zonas como las colinas de Ávila y las adyacencias de la ciudad de Caracas. Para resolver este problema el gobierno de Marcos Pérez Jiménez creó un proceso urbanístico inmenso en todo el país patrocinado entre otros por el Banco Obrero, uno de los primeros proyectos fue el del "Urbanización 2 de diciembre" para evitar la invasión que, posteriormente, desde los años sesenta -con la derrota de la dictadura- cundió en el desorden urbanístico de los cerros de Caracas y de grandes bloques de terrenos ejidos ubicados en diferentes ciudades del país donde se instalaron también zonas industriales. Desde entonces el barrio fundado de principio como 2 de diciembre cambió de nombre a 23 de enero conmemorando la derrota de la dictadura. Luego de esto, un proceso de urbanismo emprendido por municipios con sede en concejos municipales de todo el país dio a la tarea de fundar recursos habitacionales mediante instituciones fundadas para crear y construir urbanizaciones. Entre ellos, el de la ciudad de Maracaibo con Ivima (instituto vivienda Maracaibo) y la anuencia del gobierno de Rómulo Betancourt. Por otro lado, se otorgaron terrenos sin costo alguno a cualquiera que se presentaba como necesitado de vivienda, incluso a extranjeros indocumentados, de esta forma aparecieron los invasores de terrenos y las mafias constructoras de ranchos para la venta de los mismos a bajo costo a parejas que necesitaban de un techo para vivir. Así se creó la industria del rancho y se hicieron ricos muchos a costa de las dádivas sin control que hacían sindicalistas inescrupulosos y políticos como parte de un proselitismo descarado y sin control alguno.
Actualmente existen dueños de inmensa cantidad de bienes habitacionales, incluso extranjeros, que construyeron tales edificaciones con dinero de los gobiernos de turno durante el periodo democrático imperfecto desde 1960 hasta 1999 que no invirtieron ni pagaron un centavo, ni en materiales, ni impuestos de ninguna especie y quienes viven cómodamente de sus rentas; esa fue la consecuencia de la industria del rancho. Una actividad que desangró las arcas nacionales agravadas con los despilfarros más recientes de los años de dictaduras del Chavismo-madurismo y sus misiones habitacionales fraudulentas.
Así como sucedió en Maracaibo ha sucedido en toda Venezuela
Joise Morillo
@kao_joi_lin
Venezuela-USA
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