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domingo, 13 de marzo de 2016

GEN CARLOS PEÑALOZA, EL FRAUDE DEL CAMBIO PROTEGIDO

En Venezuela, las actividades económicas más rentables son el acceso al cambio protegido y el narcotráfico. El cambio diferencial es un sainete que simula que el grueso de las divisas del Estado son destinadas a la inversión social, cuando en realidad es la forma más fácil de robar impunemente. La tajada mayor de los dólares preferenciales se asigna en teoría a la compra en el exterior de alimentos y medicinas, pero el destino principal es una asquerosa operación de saqueo financiero.

Este jueves el régimen anunció la creación del DIPRO, el último alias dado a esta fuente de enormes fortunas ilegales que es la mampara tras la cual operan los carteles de la seguridad alimentaria. El DIPRO recibe una asignación de las divisas represadas  en el exterior para importar alimentos y medicinas. Buena parte se usa para sobornar a líderes de países amigos, pagos ocultos de campañas electorales y financiar obras en otras naciones sin autorización. Parte se emplea para gastos menores en deportes, investigaciones  científicas, estudiantes y pago a pensionados y jubilados en el exterior. Otro empleo es el pago a decenas de miles de cubanos castristas que pululan en Venezuela. Esos espías prestan servicio en diferentes áreas, incluyendo salud, deportes, inteligencia y el área militar.  Por último una fracción se destina al pago de funcionarios diplomáticos, militares y de los cuerpos de seguridad y espías del régimen en misión secreta en el extranjero.
         Mientras el precio del petróleo se mantuvo alto, el ingreso de divisas fue elevado. Con estos fondos inmensos el régimen pudo mantener la política de canalizar miles de millones de dólares a la importación de alimentos, medicinas. Más de 2/3 de esos recursos fue robado por administradores del sistema cambiario y funcionarios corruptos. La compra de productos vencidos, o cercanos a vencerse, a fracciones de su precio internacional es práctica regular. La sobrefacturación a precios de productos de primera calidad es otra estafa. Finalmente los dólares sobrantes, entre 60% y 70% del monto asignado, se cambian en el mercado paralelo generando ganancias astronómicas. Hasta hace poco los “importadores” en la movida recibían dólares preferenciales a $6,30. Una fracción de ese dinero fue utilizado para importar y el resto es cambiado a Bs. 1,200 en el mercado paralelo o depositado en cuentas secretas en paraísos cercanos. Este negocio sucio genera una astronómica ganancia cercana al 20 mil por ciento sin requerir inversión. La caída del precio del petróleo y la corrupción secaron esa teta.
         Un ejemplo reciente permitirá visualizar mejor el saqueo. En noviembre del 2015 la empresa mayorista CASA, encuadrada en el Ministerio de Alimentación, recibió 21.200.000 dólares preferenciales para comprar alimentos en Uruguay. Parte de la compra incluía 525 toneladas de queso colonia, similar al queso holandés tipo Edam. Este es un queso gourmet de alto costo. Una copia de este queso es fabricado en los estados de Vermont y Wisconsin  se vende al detal en los supermercados de EEUU en AMAZON por $12/Kg. Su precio en fábrica es cercano a $7. Quesos cercanos a su vencimiento se venden con descuento a $3 o $4.  El precio unitario CIF la Guaira contratado al por mayor por CASA  con la empresa uruguaya “PILI” fue de $5,12/Kg (32,27 Bs/Kg). Esto es un indicio que el queso comprado en Uruguay estaba cercano a su vencimiento. Desconozco el precio al cual fue vendido por CASA a los supermercados del gobierno y privados para  su venta al detal, pero es fácil estimarlo.
Buena parte del queso uruguayo fue vendido por CASA a Abastos Bicentenario. El precio al público ofertado por esta cadena de supermercados del gobierno fue cercano 1.800 Bs/Kg. Si este era el “precio justo”, Bicentenario debe haber comprado a CASA a un precio unitario de alrededor de 1.200 Bs/Kg. Al cambio preferencial de 6,30 Bs/$, 1.200 Bs equivalen a unos $190. Como CASA compro a $5,12 CIF la Guaira, su sobreprecio a Bicentenario fue un astronómico 3.719%. La ganancia de CASA fue obscenamente especulativa estafando al pueblo con una gansteril “soberanía alimentaria”. El monto cargado a Bicentenario fue casi 40 veces superior al costo CIF original. Los gastos de trasporte, almacenamiento, refrigeración y distribución no pueden haber sido tan elevados, pero la historia no termina allí. La posibilidad que Bicentenario, y no CASA, hay sido la causante del enorme sobreprecio la considero inconcebible.
Dado que el queso estaba a punto de vencerse y que el costo de refrigeración era elevado, la gerencia de bicentenario decidió vender el remanente de su inventario, antes que se pudriera. Al efecto vendieron 300 toneladas restantes a una empresa de Barquisimeto distribuidora de delicatesen y charcutería fina a un costo unitario de 1.339,28 Bs/Kg. Tengo en mi poder la factura de venta de la empresa uruguaya de quesos y la de venta de Abastos Bicentenario de 300 toneladas. La Presidente y varios gerentes de bicentenario y empleados del comprador fueron detenidos recientemente acusados no por el sobreprecio sino por haber vendido a un distribuidor. Extrañamente el ministro del Interior armo u escándalo hecho de twitter ignorando que Bicentenario está autorizada para hacer venta a minoristas pequeños. Sospechosamente los jefones en Min Alimentación y CASA, casi todos oficiales de alto rango del Ejército,  que son cómplices no fueron ni indiciados ni investigados y siguen libres.  Esas facturas pueden verse en mi página Gen. Carlos Peñaloza. El escándalo del fraude alimentario es pavoroso y debe investigarse. El cambio protegido es uno de los robos más flagrantes y obvios. Bicentenario es un chivo expiatorio con el cual se busca desviar la investigación y evitar dejar en evidencia a los verdaderos culpables.  
Carlos Julio Peñaloza
genpenaloza@gmail.com
@GenPenaloza
Estados Unidos

martes, 17 de noviembre de 2015

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, CARCELIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El pasado 10/11/15, el Ejecutivo Nacional vía Ley Habilitante y en aras de, sostienen, consolidar el orden económico socialista, aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos, motivado fundamentalmente, afirman, a que “El Gobierno revolucionario se encuentra impulsando la continuidad de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, como alternativa al sistema capitalista (…)  los efectos perversos de un esquema mercantilista e injusto, que durante muchos años ha sido la regla de la llamada “mano invisible del mercado” (…) que así funcionó entre gobiernos irresponsables y los “empresarios apátridas” en medio de una cultura especulativa….”.
En la Reforma en comento, se aumentan las sanciones y penas con especial énfasis en la prisión de acuerdo a: Especulación:8 a 10 años; Alteración fraudulenta:5 a 10 años; Acaparamiento:8 a 10 años; Boicot:12 a 15 años; Reventa de productos:3 a 5 años; Contrabando de extracción:14 a 18 años; Usura:5 a 8 años; Alteración fraudulenta de precios:8 a 10 años; Corrupción entre particulares:4 a 6 años; Difusión fraudulenta de precios:2 a 4 años. Es de destacar, que los delitos de especulación, acaparamiento, boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en los procesos judiciales, ni en el cumplimiento de la pena; con el añadido que este esquema carcelario es aplicable a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas en el territorio  venezolano, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos; dejando sentado que los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídicas, así como medios de comunicación social, páginas web y otros medios públicos serán personalmente y solidariamente responsables por ante la justicia venezolana de los delitos cometidos por las empresas que representan, teniendo como destino la cárcel en su doble función: castigar y rehabilitar, agrupados por afinidad de delitos cometidos tal como la de Ramo Verde perfilada para “conspiradores” donde existen celdas de aislamiento sin ventanas donde apenas cabe un colchón,  en flagrante violación al Artículo 272 Constitucional en cuanto a que “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.
 El mandato Constitucional antes citado, está muy alejado de su potencial aplicación en razón a la presencia de un “sistema carcelario” que para 1998 tenía una capacidad para 17.000 internos y una  población de 25.000; en 2015 la población penitenciaria es de unos 55.000 reclusos en una capacidad carcelaria de 19.000 personas para un hacinamiento del 190% muy por encima del 30% que se considera crítico. Se desprende, que no es por casualidad que en las cárceles de Venezuela mueren más reclusos que en todas las prisiones juntas de América Latina. Siendo así, cabe preguntarse sobre la intención gubernamental de aumentar el hacinamiento carcelario con la presencia de muchos actores del hecho económico y del tejido empresarial en camino a la denigración y perdida de la dignidad y el honor,  cuyas indebidas acciones (¿delitos?) emanan, en su gran mayoría, de un complejo proceso de apropiación gubernamental de la economía en tránsito al socialismo que ha colocado en situación de minusvalía al sector productivo privado, impidiéndole poder cumplir los roles que les son inherentes; pero al mismo tiempo ese “fracaso” de la actividad privada revestida de una supuesta “guerra económica” es utilizada mediáticamente por el oficialismo para desviar la verdadera razón de la crisis: pésimas políticas económicas al margen de una economía política.
Venezuela, gracias a la tendencia creciente de los ingresos petroleros (¡hasta ahora!), expandió el gasto público en los últimos años al tiempo de crear un tejido de empresas públicas cuya gran mayoría provienen de la nacionalización (expropiación) de muchas empresas del sector privado, e igualmente instrumentó transferencias directas a personas a través de las misiones. Ante la presunción de permanentes altos ingresos petroleros,  el país no acumuló ahorros para enfrentar contingencias futuras y muy por el contrario incurrió en un continuo financiamiento de déficits fiscales a través de la  política monetaria cuando dichos ingresos cayeron, en paralelo con la instauración de controles y regulaciones de precios y de perturbar la participación del sector privado en la oferta de bienes, todo lo cual propició que la inflación para agosto 2015 se situara sobre un 150%. Es claro, que las medidas cambiarias y la regulación de la participación del sector privado en la producción y distribución de algunos bienes, ha generado una gran escasez de productos básicos, mayores presiones inflacionarias y problemas de suministro ante un aparato productivo dependiente de las importaciones en un país con deficientes reservas internacionales, hasta configurar una situación de estanflación (mínimo crecimiento con alta inflación) propiciando una caída persistente del PIB ( 8% en 2015).
En resumen, la LO de Precios Justos facilita calificar como delincuente desde los dueños de empresas hasta al más humilde de sus trabajadores, en tránsito a la cárcel no con un propósito de rehabilitación sino de ¡inhabilitación!; de allí nos emerge una percepción según la cual se está utilizando la “prisionizacion” de los industriales, empresarios, comerciantes y trabajadores como una ofrenda populista para satanizar el “capitalismo” en favor del “socialismo”, al tiempo de seguir pidiendo más paciencia y sacrificio al “pueblo” hasta tanto se acabe, dicen, con la “guerra económica” propiciada por la burguesía criolla con apoyo de EEUU, y se alcance un mundo de justicia; y en el infinito transcurrir mientras se logra esa utopía, el pueblo sufre crisis hambruna y de colas cuya esencia la manipulan oficialmente como ¡culpa de los empresarios privados!
Jesús Alexis González    
jagp611@gmail.com     
@jesusalexis2020
Miranda - Venezuela