ROMÁN IBARRA: ELECCIONES UNIVERSITARIAS

 A propósito de la sentencia No. 0324-2019 del 27 de agosto del ¨Tribunal Supremo de Justicia¨, en la cual, se ordena la realización de elecciones de las autoridades rectorales en las universidades autónomas del país, en abierta violación al dispositivo Constitucional del 109 del texto fundamental, así como de la Ley de Universidades, debemos estar alertas y acompañar de manera irrestricta a nuestras autoridades, quienes emitieron su opinión en la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela.

La posición fijada al respecto por el CU de la UCV en fecha 25 de septiembre 2019, luego de amplias consultas con sus asesores, así como la opinión de otros relevantes juristas del país, es muy clara; Primero: ¨Que la decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incurre en graves e irreparables vicios de nulidad absoluta constitutivos de violaciones constitucionales y de derechos fundamentales, razón por la que se respaldan las acciones legales de oposición a la medida cautelar, y la Recusación a los magistrados de la Sala Constitucional, emprendidas en defensa de la institucionalidad académica y democrática¨.  

Segundo: ¨Exigir a los organismos del Estado el respeto a la institucionalidad y normal desenvolvimiento de la vida académica, derecho a la educación y a la formación del ser humano inspirado en el principio de la democracia, justicia social, solidaridad, y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal¨.

Tercero: ¨Elevar el presente documento ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes vinculadas a la educación universitaria y a los derechos humanos¨.

Cuarto: ¨Denunciar el artificio de la falsa decisión que declara parcialmente con lugar la medida cautelar de suspensión del numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, toda vez, que lo acordado de oficio por la Sala Constitucional fue la suspensión de los artículos 31, 32, y 65 de la Ley de Universidades, lo que hace nugatorio el derecho demandado, y constituye una sentencia anticipada que resuelve el fondo de la demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Educación¨.

Como se recordará, la Ley Orgánica de Educación Superior, fue el mecanismo que encontró el Atracador Eterno en 2010, para intentar someter a las universidades autónomas pasando por encima de la Constitución de la República, y la Ley de Universidades, luego de derrotado en su propuesta de reforma constitucional de 2007. Gracias al contundente rechazo del sector universitario y del país entero, en enero de 2011 el propio Chávez vetó ese proyecto.

En esta oportunidad y en plenas vacaciones judiciales se atreven a emitir este absurdo judicial, para arremeter nuevamente contra la autonomía universitaria, y con ello, el asalto final a la golpeada institucionalidad del país.

El sector universitario todo ha sido contundente en el rechazo a semejante intención, y se prepara para seguir respondiendo de manera democrática, y firme a la pretensión totalitaria de la barbarie que hoy (des) gobierna.

Pero si se atrevieron a ello, es porque están dispuestos a todo y poco les importa la Constitución y la Ley. Es más que un asunto jurídico; se trata de un asunto de carácter político cónsono con el pensamiento comunista y totalitario. Necesitan controlar el sector y para ello nos dividen.

Debemos acompañar a nuestras autoridades sin esguinces, y dar la pelea jurídicamente, como no, pero también en la protesta popular nacional e internacional, y sobre todo salir a conquistar la voluntad de administrativos y obreros igualmente empobrecidos por este régimen, para derrotarlos incluso electoralmente, si lograran imponer su sentencia contra natura.

No debemos ceder ningún espacio, y aún en condiciones adversas, derrotarlos con votos. De lo contrario, en la abstención, se apropiarán de nuestras universidades sin esfuerzo.  

Román Ibarra

@romanibarra

HÉCTOR FAÚNDEZ: CRÍMENES Y FOTOS

En su edición del 13 de septiembre de este año, el periódico El Mundo, de España, difundió un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), indicando que, en el año 2005, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó “combatir a Estados Unidos inundándolo de cocaína”. Según dicho reportaje, luego de una primera reunión en la residencia oficial del jefe del Estado, se habrían realizado reuniones mensuales, con el propósito de adoptar las medidas indispensables para ejecutar esa orden. Para este efecto, de manera coordinada con las FARC, que sería la que suministraría la droga, se estudiaron las rutas terrestres y marítimas para el traslado de dicha droga a Estados Unidos, se acordó la forma en que se repartirían las ganancias y, como compensación adicional, se dispuso el suministro de armas a la guerrilla colombiana. El referido informe indica los nombres de quienes habrían participado en esas reuniones, todos ellos políticos relevantes, que continúan teniendo importantes cargos en la cúpula que hoy rige los destinos de Venezuela.

A pesar de la gravedad de estas acusaciones, que provienen de un órgano técnico encargado de combatir el tráfico de drogas, y que parecen estar suficientemente sustentadas en pruebas testimoniales y documentales, hasta el momento, no ha habido una reacción oficial de Maduro o de quienes le rodean. Ninguno de aquellos altos funcionarios de gobierno que estarían involucrados en estos delitos se han dado por enterados. Nadie del oficialismo ha intentado proporcionar alguna explicación razonable en relación con los hechos antes referidos, y nadie ha renunciado a su cargo, como es usual que ocurra en cualquier gobierno responsable.

No obstante tratarse de un hecho noticioso, que supone la realización de diversas actividades criminales valiéndose del aparato del Estado, este reportaje tampoco encontró eco en los medios de comunicación controlados por el régimen. Después de todo, para eso es para lo que se quería “la hegemonía comunicacional”; para controlar el tipo de información a la que podemos tener acceso, silenciar cualquier información que pueda poner en duda la honorabilidad de los que mandan, y controlar el debate político sobre lo que se está haciendo en nombre de la nación.

La Fiscalía General de la República, que ha acusado a estudiantes y opositores políticos por el mero hecho de protestar, tenía muchos elementos para haber ordenado una inmediata investigación sobre los hechos referidos en el informe de la DEA. Pero ya sabemos que no tenemos nada que esperar de una institución secuestrada por el chavismo y al servicio de sus intereses políticos. No esperábamos que, sin una investigación previa, se dieran por ciertos hechos tan graves como estos; pero no ha habido ninguna declaración del fiscal general manifestando siquiera su “profunda preocupación” por estas graves acusaciones, y ordenando realizar las investigaciones correspondientes. No es que tengamos confianza en la seriedad de la Fiscalía General para investigar supuestos delitos cometidos por el régimen, y menos si se trata de delitos cometidos nada menos que por “el comandante eterno”. Ya sabemos en lo que concluyeron las “investigaciones” ordenadas para averiguar las circunstancias de la muerte del concejal Fernando Albán o del capitán Acosta Arévalo; también sabemos cómo han terminado todas las denuncias de corrupción en contra de “la revolución bonita”. Pero el fiscal general podía disimular un poco, tratando de presentarse ante el mundo como un funcionario digno y responsable, dispuesto a hacer respetar el imperio de la ley.

No pasó nada de lo que, frente a un informe tan demoledor, podía pasar en cualquier país con instituciones sólidas, independientes e imparciales. Como única respuesta, al día siguiente de ese reportaje de El Mundo (reproducido en otros medios internacionales), se publicó un par de fotografías de Juan Guaidó, tomadas en Colombia, el 23 de febrero pasado, cuando éste fue a recibir la ayuda humanitaria enviada a Venezuela; en dichas fotografías, Guaidó aparece junto a unas personas que pertenecerían a grupos paramilitares colombianos, y que estarían involucradas en el narcotráfico. No es agradable ver a un defensor de la democracia fotografiado con unos delincuentes; pero no se ha aportado ninguna evidencia indicando que Guaidó estaba advertido de los antecedentes de esos personajes. En todo caso, después de haber guardado esas fotografías durante más de seis meses, la pregunta es: ¿no tenían nada mejor para tratar de desviar la atención del informe de la DEA y las órdenes que habría dado Hugo Chávez para inundar de cocaína un país cualquiera? El hecho de aparecer en esas fotografías, que no constituye prueba de ningún delito, ¿es comparable a tener tratos con un grupo narcotraficante y a proporcionarle armas a quienes iban a entregar la cocaína con la que se pretendía inundar a los Estados Unidos? Posar para una foto no es lo mismo que conspirar para cometer graves delitos; el fiscal general debería saberlo.

Héctor Faúndez L.

AVEDI

@asovedi·

https://www.elnacional.com/opinion/crimenes-y-fotos/

JOSÉ TORO HARDY, LEGITIMIDAD … ¿CON QUÉ SE COME ESO?

Cada vez son más frecuentes las advertencias de Almagro, Secretario General de la OEA con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Reiteradas son también las de otros gobernantes, entre las cuales recordamos las de presidentes como Macri de la Argentina, Luis Guillermo Solis de Costa Rica, Manuel Rajoy de España o  Manuel Valls Primer Ministro de Francia. Hemos sido testigos de los señalamientos de las cancillerías de Brasil, de Uruguay o Paraguay, también de los reclamos de 35 expresidentes iberoamericanos y premios Nobel de la Paz.

El Art 3 de la Carta Democrática Interamericana,  dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”,  cuando el mundo entero reclama la libertad de unas 8 decenas de presos políticos. Las elecciones mal pueden ser una expresión de soberanía popular cuando se tratan de contrarrestar sus resultados con vericuetos como los de la Sala Electoral.

 Mal puede hablarse de legitimidad de desempeño cuando el Estado viene desconociendo de manera sistemática  -en al menos 17 casos diferentes- los veredictos condenatorios que en su contra emanan de la CIDH. Se trata de veredictos inapelables.

 “Le pouvoir arrête le povoir” sostenía Montesquieu. “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿está el Poder Judicial frenando al Poder Ejecutivo en el caso de decisiones como la sentencia sin pruebas contra Leopoldo López o la detención de Antonio Ledezma o tantos otros casos?

¿Dónde queda el equilibrio de los poderes cuando los ministros reciben órdenes de no concurrir a una interpelación a la cual están obligados por preceptos constitucionales?

La Asamblea Nacional tomó la decisión de rechazar el Decreto de Emergencia. ¿Cómo podía no hacerlo? El pueblo le dio un claro mandato en las elecciones del 6D. Lo que el Gobierno proponía en ese Decreto no era más que una profundización del modelo que ha llevado al país al desastre. Aprobarlo hubiese sido una cachetada al mandato popular. Hubiese equivalido a inyectarle dosis masivas a Venezuela  de la misma bacteria que le está provocando una septicemia.

El gobierno se mantiene aferrado al discurso de que el empobrecimiento sin precedentes de la población es culpa de una guerra económica producto de su calurienta imaginación o a la caída de los precios del petróleo.

Quien esto escribe fue miembro del Directorio de PDVSA cuando los precios petroleros alcanzaron a 7 dólares el barril por allá en 1997. ¿Recuerda alguien que se formaran colas como las que hoy existen en los automercados?

Hoy los precios rondan los 20 dólares. En aquellos tiempos eso hubiese lucido como un sueño dorado.  No, no son los precios la única razón de lo que ocurre.  Es la aplicación de un modelo que ha llevado a una destrucción profunda del aparato productivo. Es la angustia de que ese modelo lleva a instituciones como el FMI a estimar que en el 2016 la inflación podría superar el 720%. 

La crisis, la inflación, la escasez, la inseguridad fueron las causas de la aplastante derrota que sufrió el modelo en las elecciones parlamentarias. Ese fue el verdadero derrotado: el modelo.

Lamentablemente no hemos tocado fondo. La crisis se va a profundizar a una velocidad creciente. Si nada la detiene en su vertiginosa carrera se corre el riesgo de una ruptura del tejido social. En medio de una situación así, bien haría el gobierno en aferrarse a la legitimidad. La misma  constituye la única credencial ética para mandar y ser obedecido.

 Existe el temor de que cualquier exceso podría enfrentar al gobernante a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que colocaría al gobierno ante la pérdida final de legitimidad.

La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste a la imposición de los hombres. Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se  utilizan  para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, se corre el riesgo de quedar sometidos no al imperio de la ley, sino a la voluntad de un autócrata.

Y todavía algunos se preguntan, ¿con qué se come eso de la legitimidad? La legitimidad es el cemento que mantiene unida a la sociedad.  Sin ella el paso siguiente sería una crisis de gobernabilidad, porque si bien el poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no.

Jose Toro Hardy

petoha@gmail.com

@josetorohardy

Miranda – Venezuela