Las universidades venezolanas han sido protagonistas de los grandes procesos de cambio social y político ocurridos en Venezuela, y ese protagonismo de vanguardia ha estado respaldado por su carácter autonómico. La autonomía universitaria, en este sentido, ha sido un fuero para el cultivo del pensamiento crítico de las generaciones en proceso de formación, de la difusión de los principios y valores de la libertad y la democracia en la sociedad venezolana. La Autonomía Universitaria ha servido para reafirmar la definición de la universidad como el espacio de encuentro del pensamiento universal, de la libertad de pensamiento, de la tolerancia y el respeto a la pluralidad.
En Venezuela los gobernantes actuales se han declarado socialistas en sus planes de gobierno y en sus leyes que sustentan sus acciones gubernamentales, por cierto, casi todas son inconstitucionales. Entre esas acciones de gobierno, en la educación venezolana, se desarrolla un proceso de adoctrinamiento de niños y adolescentes para formar el “Hombre Nuevo” en la búsqueda de consolidar la Sociedad Socialista. La educación superior no escapa de este proceso de adecuación institucional hacia la sociedad socialista, en este sentido, el gobierno ha creado un sistema de educación superior paralelo al existente denominado Misión Sucre, donde se improvisan instituciones de educación universitaria para simular la masificación y la expansión de la educación superior, instituciones sin investigación, dedicadas exclusivamente a la docencia con fuertes carencias de bibliotecas, laboratorios y deficiente formación de sus profesores, entre otras tantas debilidades.
Esta estrategia lejos de fortalecer el subsistema de educación superior lo ha perjudicado ya que en vez de invertir y fortalecer las universidades existentes ha creado una competencia desleal entre universidades oficialistas y universidades autónomas, en cuanto a la asignación de los presupuestos públicos. En consecuencia, las universidades autónomas venezolanas viven uno de los momentos más difíciles de su historia, mueren de mengua y están a punto de cerrar sus puertas por falta de un presupuesto justo y oportuno, por los míseros salarios que devengan todos los miembros de la comunidad universitaria, pero sobre todo, por el despojo de competencias propias de la universidad que son amparadas por el fuero autonómico y que ahora se pretende manejar desde el gobierno de manera impositiva y discrecional.
Recordemos que el gobierno, en la presidencia de Hugo Chávez, presentó una ley de educación universitaria para el debate nacional, este proyecto de ley fue rechazada por inconstitucional, por desconocer la institucionalidad universitaria y pretender imponer un modelo de universidad socialista, de pensamiento único y de un control absoluto por el Estado Docente, figura ya aprobada anteriormente, en otra ley inconstitucional, la Ley Orgánica de Educación.
Luego del rechazo y retiro de la Asamblea Nacional de esta ley de educación universitaria el régimen no presenta de nuevo el proyecto de ley, pero comienza mediante decretos a transformar la esencia de la universidad, imponiendo sus designios que son el de convertir a la universidad venezolana, por tradición y por mandato constitucional democrática, autónoma y libre, en un modelo de universidad controlada por el gobierno, que contribuya a la construcción y fortalecimiento de la sociedad socialista que rezaba en la abortada ley de educación universitaria: la educación universitaria debe contribuir a formar el hombre nuevo con valores socialistas y, con ello, contribuir a la construcción de la sociedad socialista.
Sin tener una ley que rija el subsistema de educación superior, pues la ley de universidades vigente es obviada, el gobierno comienzo a desarrollar una relación de Universidad-Estado impositiva, de dominación y de coacción, desconociendo el carácter autonómico de las universidades, imponiendo desde el Ministerio Popular para la Educación Universitaria, un modelo de distribución territorial de las instituciones de educación universitaria soslayando la experiencia y el desarrollo de la regionalización de la educación superior hasta ahora desplegada y con gran impacto en el desarrollo nacional y regional; un modelo de formación profesional decretado en un Plan Nacional de Formación Socialista; imposición de líneas de investigación prioritarias y de contribución al fortalecimiento de la sociedad socialista excluyendo otras visiones de creación de conocimiento .
Se ha impuesto un sistema de ingreso estudiantil para favorecer el ingreso de los egresados de las misiones educativas (Misión Ribas) que son programas sociales-educativas de carácter remedial excluyendo, con ello, un alto porcentaje de la población proveniente de la educación formal, obviando, de esta manera, los sistemas de selección e ingreso de las universidades como parte de sus competencias. Se ha decretado un sistema de elección de las autoridades universitarias y gremial controlado por el Consejo Nacional Electoral; han impuesto un sistema de gestión del personal donde despoja a la institución universitaria de su carácter patronal para ser transferido al Ministerio PPEU, mediante un Contrato Colectivo Universitario Único. Así mismo; han aplicado un progresivo proceso de judicialización de las decisiones universitarias, intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los actos jurídicos universitarios, despojando de autoridad y competencias a los órganos de cogobierno universitarios como Consejos Universitarios y Consejos de Facultad.
A este proceso de intervención universitaria se agrega el cerco financiero-presupuestario, donde desde hace más de 10 años se han venido entregando a las universidades venezolanas presupuestos deficitarios que en un entorno económico nacional, con la inflación más alta del mundo y en medio de una crisis de desabastecimiento, hace que lo asignado solo alcance para costear el 35% del funcionamiento anual, en consecuencia, se han venido arrastrando y acumulando un déficit financiero muy significativo que se refleja en edificaciones derruidas, bibliotecas desactualizadas, laboratorios con tecnologías obsoletas y sin insumos para desarrollo investigativo y para las practicas experimentales, carencia de materiales didácticos , parálisis del transporte, de los talleres gráficos y de los servicios de apoyo a la academia, por falta de repuestos e insumos. Evidentemente esto trae como consecuencia grandes restricciones para que las universidades venezolanas cumplan con su misión de formar los profesionales de muy alto nivel y la base científica y tecnológica para el desarrollo nacional, y muy especial, formar la conciencia crítica de la sociedad venezolana
Todo lo expuesto ha producido en un país donde se gozó de inmensos recursos financieros proveniente del ingreso petrolero que fueron despilfarrados por un régimen donde su carácter militarista y su abierta estrategia de imponer su modelo educativo socialista ha conllevado a destruir progresivamente una de las obras más importantes de la democracia (1959-1999): LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA VENEZOLANA.
Antonio José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
Este documento, responde a una muy legítima inquietud que ha despertado en el profesorado de la ULA la necesidad de internacionalizar el conflicto que vive la Universidad venezolana. Por ello, debo aclarar que su elaboración fue producto de una análisis realizado por varios profesores universitarios. Es decir, no es de mi autoría, aunque lo comparto plenamente. Sólo aproveché el canal del republicano liberal.blogspot.com para solicitar su publicación. Muchas gracias. AJMonagas
ResponderEliminarToda la razón asiste a Antonio José Monaga.
ResponderEliminarUn artículo que muestra el interés del gobierno en destruir las Universidades. No saben el valor histórico, presenta y para el futuro, de esas instituciones para el bienestar del país.
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