UN DESASTRE ANUNCIADO
Ha transcurrido más de la mitad del periodo de 180 días acordado para la
“dejación” de armas, la total desmovilización de las Farc y su reintegración a
la vida civil y el horizonte de ese proceso es una densa y oscura nube tipo
nimbus.
Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera
a decirle al mundo la mentira de que se había acabado la última guerra civil en
América Latina, la procastrista guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos
recordaron, matando soldados y policías, que aquí no se ha terminado ninguna
guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los últimos años que no es
otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel Pécaut,
“una guerra contra la sociedad”.
Que el gobierno nacional haya sido incapaz de exigirle a los elenos el
cese de los ataques y hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más
que la repetición de la política de humillación del Estado puesta en marcha en
las conversaciones de La Habana.
Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo
final va mal, pero no por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque
simple y llanamente todo o casi todo se pactó con desmesuradas e injustificadas
ventajas para las Farc y porque no ha respondido a las expectativas de paz de
los colombianos.
Santos, Jaramillo, De la Calle y sus defensores no quieren reconocer que
estamos en presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo
como dijo en tono insolente el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el
país.
Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por
ejemplo, que de buenas a primeras, el triunfo del pueblo en el plebiscito haya
sido convertido en derrota, se perpretó un golpe de estado sin despliegue
militar, sin violencia sin empleo de la fuerza, bastó el engaño, el ardid, la
trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus funciones al
Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la
del pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años.
Y así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay
intelectuales que creen, a lo Supermán, que pueden hacer girar la tierra en
sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas pues retuercen el sentido de la
Justicia y de los Derechos Humanos como se retuerce el hierro en las acerías,
diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de
Paz. Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en
la que Cuba y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea
garante de nada, que las Farc no hayan entregado todos los menores de edad, que
sus jefes se reúnan con quienes van a nombrar los jueces de la JEP, que no
habrá registro ni testimonios independientes sobre la supuesta “dejación de las
armas”.
Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y
exitoso en la lucha contrainsurgente y antiterrorista, la institución más
apreciada por los colombianos, hoy tenemos dos ejércitos y el comandante del
oficial hace loby en el Congreso para que los congresistas aprueben leyes que
igualan a los militares con los guerrilleros y los obligaría a declarase
culpables para salvarse de purgar largas penas.
Tendremos dos sistemas de Justicia pues estamos a un paso de la
aprobación, vía fast track, de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a
miles de empresarios, militares y políticos “responsables”, según la “verdad”
de las Farc, de la violencia paramilitar.
Y estamos perdiendo la República unitaria en la medida en que se han
consagrado zonas, territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las
guerrillas. Lo que le ocurrió al gobernador de Antioquia es una muestra de
ello.
Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de
concentración donde le fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta
fue respondida con las mismas palabras entreguistas de siempre por el
irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas zonas no podían entrar
civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política y
administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura.
Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso les dio de
nuevo la razón, dejando en claro que esas zonas en esencia funcionan como las
repúblicas independientes de ingrata recordación de los años sesenta.
De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a
través de las encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1 de abril en
las calles, su descontento y desengaño con lo que está ocurriendo.
Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
Colombia
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