Comenzamos la cotidianidad del nuevo año
con elección de nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. De igual modo el
próximo jueves se juramentará el ilegítimo ante la ilegítima asamblea nacional
constituyente. Dos actos políticos írritos que tendrán consecuencias en el
desarrollo y culminación de la Crisis Nacional. Los dados (¿cargados?) están
rodando y veremos ineluctablemente los primeros resultados.
He citado en muchas oportunidades que los
hechos históricos significan (por lo menos) un antecedente que es necesario
tomar en cuenta en las coyunturas políticas que se presentan. Se trata de una
referencia importantísima para ponderarla con sindéresis.
El año 2002 fue testigo inédito de la
inusitada presencia popular en las calles de Venezuela donde se testimoniaba la
protesta activa por parte de la ciudadanía ante los potenciales ataques
totalitarios emprendidos por el gobierno. Potenciales porque significaron el
inicio de lo que sería conducta habitual de la dictadura emergente.
En aquel año la toma de la calle de manera
protestataria no tenía ningún parangón en la historia política. Lo más parecido
sucedió con las manifestaciones callejeras presentadas en el primer semestre de
1936 a raíz de la muerte del dictador de entonces. En aquellos primeros meses
naufragaron las legítimas pretensiones del pueblo venezolano de obtener un
auténtico régimen republicano y democrático a carta cabal y sin eufemismos.
Naufragó (como lo señaláramos en el artículo de la semana anterior) como
consecuencia del diálogo y negociación política emprendida entre los emergentes
dirigentes políticos jóvenes con la cabeza del poder ejecutivo. Aquella inútil
e infructuosa negociación significo que el gobierno ganara tiempo para
solidificarse a cabalidad. La oscura transición duró diez años.
Los críticos al proceso iniciado el 18 de
octubre de 1945 señalan que el golpe militar, o “revolución”, impidió que la
transición (mediante el voto popular) se realizase en 1950. Es decir, quince
años después de la desaparición física de Gómez. Esta pretendida transición
defendida por los áulicos defensores del régimen derrocado no está
verdaderamente documentada. Se trata de simples suposiciones. Lo cierto fue que
en 1945 se fraguó la implementación constitucional del voto global y
republicano para los mayores de 18 años; hombres y mujeres, independientemente
de que supieran leer y escribir. El primer gobierno producto de ésta inequívoca
voluntad popular apenas duró 8 meses. El gobierno fue derrocado por muchos
milicos que tuvieron actividad importante a partir de octubre de 1945. La
dictadura militar emergente duró casi diez años. Fue, a su vez, derrocada por
el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales actuando al alimón y en concordancia
plena.
Todos sabemos que los espejos tienen como
función principalisima la de reflejar el rostro de quien da la cara. Los
compatriotas tenemos en este importante y esperanzador mes de enero nuevas
expectativas para afrontar la insostenible crisis económica, política y social
que nos mantiene sumidos en el pantanoso “hábitat” de miseria y mal vivir.
Cuando concluyo estas líneas no se ha
manifestado ninguna opción o propuesta política concreta emanada por partidos u
organizaciones opositoras para enfrentar la conocida juramentación del inefable
dictador. Cuyo continuismo (por ahora) deberá finalizar en enero de 2025. Me
parece que más que una insensatez –por parte de la oposición organizada- es una
auténtica irresponsabilidad de quienes se auto arrogan la condición de líderes
populares. Esta irresponsabilidad no es otra cosa que la reiteración de
continuos errores políticos cometidos. Realizados por causa y falta de
idoneidad, conformismo o de mera y simple cobardía. En cualesquiera de sus
formas. Bien sea por acción, u omisión.
Nos encontramos entonces a apenas tres
días para la coronación de la ignominia. He venido, de manera recurrente,
planteando la necesidad de ejercer una acción política viable. El llamamiento o
declaratoria de una Huelga General y/o Paro General de veinticuatro horas para
hacer patente el profundo desagrado de la ciudadanía. La oposición al
continuismo madurista se encuentra tan generalizada que no hace falta rebuscar
sesudas argumentaciones para promover la huelga. Las “condiciones objetivas”
–ya lo hemos reiterado en innumerables ocasiones- están dadas. No es necesario
lucubrar ni exprimir la “sesera” con la finalidad de parir exquisitas
argumentaciones.
Si en definitiva la actual dirigencia
política opositora se abstiene de promover alguna actividad combativa y cívica
para enfrentar la tiranía. Cediéndole la iniciativa (tal como ha ocurrido en
los últimos 18 años) a las huestes gobierneras; no le quedará otra opción, a la
ciudadanía, que la de promover y alentar nuevos liderazgos. Contentivos de
capacidad política a todo evento. Con resolución para confrontar al miedo a
través de la gozosa audacia de vencerlo. Perder el miedo significa -entre otras
cosas- enfrentar la asesina y cotidiana represión gubernamental. Con el
agravante -en ciernes- de ser profundizada. Pero también significa señalar con
valentía que la actividad de los opositores que promueven el diálogo y la
negociación política con el gobierno (en esta etapa) como única vía para
enfrentar al despotismo; no es otra cosa, que una docilidad vergonzante ante el
dictador. Un craso error político (por acción u omisión) cuya adjetivación no
puede ser otra que la de “colaboracionismo” pura y simple. Muy similar, (el
término y las consecuencias) a la asumida por el gobierno francés del Mariscal
Pétain, ante los nazis, una vez ocupada y vencida Francia por la tropas del
Tercer Reich en la II Guerra Mundial.
Es tan lóbrega la situación venezolana que
ha pasado “bajo la mesa” una noticia que no ha merecido comentario alguno por
parte de la opinión pública. Se trata de una información suministrada por el
representante de la Defensa del Reino Unido. Donde señala que el gobierno de
ese país está estudiando la factibilidad de procurar e instaurar –nuevamente-
la presencia de la Flota Inglesa en diversas áreas del mundo. En Particular en
el Caribe. En una especie de rediviva acción geopolítica tendente a resucitar
el caduco imperialismo inglés luego de su desaparición casi forzosa aunque
natural por obsoleta. Señala que la presencia en “el Caribe” sería en territorio
guyanés. No sé si el vocero de la “Pérfida Albión” sabe que Guyana no está
propiamente en el Caribe. Sino en costa atlántica. Aunque esa pretendida base
militar -de constituirse- podría actuar
de manera jaquetona en el área del Caribe. Apuntala, de paso, la
usurpación de soberanía que mantiene en las Islas Malvinas y cuya legitimidad
corresponde a la Argentina. En todo caso, es un propósito que no puede pasar
desapercibido por parte de los venezolanos y del gobierno -cualesquiera que
sea- que nos represente como Estado.
Esta hipótesis está indisolublemente
consustanciada con el rol asignado a la Fuerza Armada Nacional. Si el gobierno
guyanés accede a permitir la construcción de una base militar inglesa en su
territorio; sería, en principio, un tema susceptible a ser ponderado por
Venezuela. Si la construcción de la precitada Base, por lo contrario, se hace
en el Esequibo; entonces, este si sería un acto no solamente inamistoso; sino
de guerra tácita subyacente. La única opción para Venezuela sería la de ocupar
militarmente el Esequibo para impedir el inaceptable despropósito. Cuyas
consecuencias son perfectamente predecibles. Por lo demás sería, de igual modo,
un craso desconocimiento a lo aceptado por el gobierno inglés en las clausulas
contentivas del Laudo Arbitral suscrito el pasado siglo con motivo a la
independencia de Guyana.
La inclusión de los dos últimos párrafos
anteriores en el artículo fue debidamente ponderada. Aparentemente constituiría
un error señalar en este escrito dos aspectos importantes pero no recomendables
por razones de “conveniencia política”. Decidí hacerlo -sin embargo- por la
sencilla razón de que se trata de dos amenazas gravísimas. Una –hay que
reiterarlo- se encuentra en pleno desarrollo. El comienzo del fin será
formalmente dentro de tres días. Es decir el 10 de enero. La resolución
definitiva del problema habrá de acontecer en el transcurso del año. El segundo
aspecto podría también producirse en este lapso. Ambos poseen una intimidación
que incide de manera global sobre la Soberanía Nacional. El primero abarca la
“soberanía republicana”. Donde está en juego la concepción del Estado como está
pautado en la Constitución Nacional (Artículos 333 y 350). El segundo vulnera
la “soberanía territorial”. En ambos le corresponde al Estado actuar en
consecuencia (Título VII. De la seguridad de la Nación. Capítulos I, II, III y
IV. Artículos 322 al 332. Constitución Nacional)… En la resolución de estos
cometidos juega un importante rol la Fuerza Armada Nacional.
Cheye36@outlook.com
https://jravendanotimaurycheye.wordpress.com
@CheyeJR
No hay comentarios:
Publicar un comentario