El reciente trabajo del periodista Orlando Avendaño en el portal PanamPost, acerca de los supuestos manejos dolosos en los que se habría incurrido con recursos destinados a la ayuda humanitaria recaudada en el concierto de Cúcuta, desató una pequeña tormenta. El gobierno de Nicolás Maduro habló de corrupción y señaló a Juan Guaidó y a Voluntad Popular como responsables del desaguisado. Jorge Rodríguez se deleitó hablando de cómo ellos, castos angelitos, estaban conmovidos por la crueldad con la que actúa la ultrederecha, insaciable cuando de dinero se trata. El complaciente fiscal Tarek William Saab, al día siguiente de haber declarado Rodríguez, imputó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, comisionados de Guaidó, por los delitos de corrupción. Algunos supuestos opositores al régimen de Maduro montaron en cólera. Las redes reventaron exigiendo que los responsables fuesen condenados sin apelación de ningún tipo. A los corruptos hay que castigarlos, se vistan del ropaje que se vistan. Los colaboracionistas son iguales al gobierno.
A medida que han ido apareciendo informaciones fidedignas, el sonado caso se ha ido despejando. Aid Live Foundation publicó un comunicado en el cual señaló que los fondos no han sido utilizados. Con lo cual dejó claro que no habían podido ser malbaratados. La plataforma informática impedía tener acceso a esos recursos. Las posteriores declaraciones de Gaby Arenas, directora ejecutiva de ALF, reafirmaron esas apreciaciones. La rueda de prensa de Lester Toledo y Francisco Sucre limaron asperezas. Posteriormente, el mismo portal PanamPost atenuó la denuncia inicial. Tomaron conciencia de que, sin proponérselo, habían provocado un escándalo que favorecía al gobierno más corrupto e incompetente que ha tenido la historia nacional.
La corrupción hay que denunciarla y combatirla en todos lados. Es probable que Cúcuta se cometieran excesos y desmanes que deberán ser esclarecidos por las investigaciones. El caso se encuentra en la Fiscalía colombiana. Juan Guaidó y Humberto Calderón Berti actuaron con celeridad. Exigieron que los hechos se aclararan. Guaidó separó de sus cargos a Barrera y a Rojas. Nada de complicidad. Ninguna solidaridad mecánica con los señalados. Ese comportamiento es el adecuado ante casos que comprometen el futuro de una lucha tan ardua como la que se libra y frente a dineros destinados a aliviar la miseria de la población y de los militares que se encuentran en Colombia. En el plano ético y político resulta saludable.
Sin embargo, en un ambiente tan crispado e intervenido por imponderables, como el que impera en Venezuela, nada puede descontectualizarse. El régimen cuenta con un poderoso aparato de propaganda que trabaja todo el día para desprestigiar, intimidar e inhibir a sus adversarios.
Con relación a lo ocurrido en febrero en Cúcuta se produjo un viraje que debe diagnosticarse. Cuando el concierto estaba desarrollándose, las informaciones transmitidas por el régimen señalaban que la cita era un fracaso de concurrencia y recaudación. Apenas habían asistido unas pocas miles de personas y sólo se habían recaudado unos cuantos miles de dólares. Se intentó desvirtuar la realidad, minimizando lo sucedido. Lo que había sido un fiasco total era el concierto convocado por Maduro. Fue concebido para que durara tres días, y no sobrevivió sino unas pocas horas.
Ahora se les presentó la oportunidad de vengarse. No les importa incurrir en contradicciones flagrantes. ¿Cómo es eso de que el concierto fue una decepción y, no obstante, la oposición incurrió en el despilfarro de millones de dólares provenientes de la recaudación? Se trata de una incongruencia. El objetivo luce claro: el régimen trata de sembrar dudas sobre la administración de los fondos con el fin de evitar que se repitan concentraciones gigantescas como la del 23 de febrero. Si la oposición queda como una banda de hampones que se burla de la buena fe de las miles de personas que aportaron dinero para auxiliar a los más necesitados del país, perderá toda credibilidad y le será imposible repetir el éxito de esa extraordinaria jornada.
Su imagen como opción también queda lesionada. La oposición no puede ser una alternativa de cambio porque incurre en los mismos vicios que el régimen que pretende sustituir. La honestidad no forma parte de los principios que la animan. Este es el juego del gobierno. La guerrilla comunicacional busca desmontar la alternativa democrática. El G2 cubano y todo el andamiaje propagandístico del madurismo se alinearon tras esa meta: horadar y degradar la oposición.
Conclusión: la oposición no está integrada por ángeles; al igual que cualesquiera otros ciudadanos, quienes cumplen labores de coordinación, administración y conducción deben ser objeto de vigilancia y control; si incurren en delitos, deben ser castigados; todo hay que examinarlo en el contexto de un régimen que saqueó y arruinó al país, y pretende perpetuarse en el poder destruyendo física y moralmente cualquier opción de cambio.
Trino Márquez
@trinomarquezc
No hay comentarios:
Publicar un comentario